Gael Arturo García Silva

Expediente 1190/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1190/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2022

Partes del expediente

  • Gael Arturo García Silva

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese sin mayor proveído, al expediente electrónico y físicamente a los autos, el ocurso por el que *** se apersona al juicio en su carácter de tercero interesada, señala domicilio procesal, autoriza a diversas personas, y señala un usuario; lo anterior, toda vez que no tiene reconocido el carácter de parte en el juicio de amparo en que se actúa, pues mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico una vez que las labores del Juzgado lo permitan para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por el Actuario adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por el cual comunica el auto de diecisiete de los cursantes, emitido en la queja 283/2021, del que se desprende que requiere a este Juzgado, a fin de que se informe si el recurso de queja interpuesto por el quejoso, contaba con una foja con el arábigo ocho, al ser presentado. Atento a ello, con todo respeto y atención, hágase del conocimiento de la Superioridad, que tal y como se presentó ante este Juzgado el referido escrito, le fue remitido; de ahí que no obre en resguardo foja alguna, al no haberse presentado la foja marcada con el número ocho. Por otro lado, con idéntico fundamento, y para los mismos efectos, agréguese el escrito signado por la parte quejosa, por el cual solicita se requiera a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, para que informe a que órgano, turnó el recurso de queja por él interpuesto, dado que refiere desconocer su paradero. Sin que haya lugar a acordar de conformidad su petición, dado lo acordado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en que se recibió el oficio por el que la Superioridad comunicó la admisión del referido recurso, aunado a lo establecido en párrafos precedentes, a lo cual deberá estarse el promovente. AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Nótifiquese.

  3. Principal

    MESA III. RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********** en representación de su menor hijo de identidad reservada G.A.G.S. (cuyo nombre se omite en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de resguardar la privacidad de las infantes), contra actos del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1190/2021-III. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: El convenio celebrado en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable; y, El auto dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, en la que ordenó la activación de la alerta Amber y Nota Amarilla y la búsqueda, localización y/o presentación de su menor hijo de identidad reservada. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, cabe destacar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se celebró una audiencia dentro del expediente 865/2018, del índice estadístico del Juez responsable, donde Citlally Malinalxóchitl Silva Vergara y Arturo Argenis García Blancas (progenitores del menor de identidad reservada G.A.G.S.), celebraron convenio. Hecha tal precisión, es dable establecer que respecto de acto reclamado que se hizo consistir en el convenio realizado en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, este Órgano Jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, para reclamar el convenio celebrado en la audiencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, en la cual el promovente de la demanda compareció a la misma y tuvo conocimiento del acto que se duele el veintidós de octubre mismo. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la parte quejosa no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, el quejoso contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda manifestó en como primer acto reclamado: "A).- Todo lo realizado en audiencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, incluida la parte en que se realizó un convenio entre CITLALLY MALINALXOCHITL SILVA VERGARA y ARTURO ARGENIS GARCÍA BLANCAS dentro del expediente 865/2018 radicado ante el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, México;.", y como se advierte, el promovente tuvo conocimiento del acto que se duele al momento de haber comparecido a la audiencia mencionada. Manifestación que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." También es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Ahora bien, precisado lo anterior conviene citar el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que señala: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación." Luego, conforme a lo establecido en al artículo 1.149, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el plazo para combatir la audiencia de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, transcurrió con exceso, dado que a la parte quejosa como quedó precisado en párrafos precedentes compareció a la audiencia que estipuló como acto reclamado, sin tomar en cuenta para dicho cómputo los días inhábiles, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Aunado a que como quedó precisado en la certificación de cuenta, se radicó en el índice de este Juzgado el Juicio de Amparo 355/2021-I, el cual fue promovido por Arturo Argenis García Blancas, en representación del menor de iniciales G.A.G.S., en el que controvirtió el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, en la que ordenó la activación de la alerta Amber y Nota Amarilla y la búsqueda, localización y/o presentación de su menor hijo de identidad reservada, el cual se emitió precisamente en cumplimiento del referido convenio que pretende combatir en la presente instancia constitucional, sin que en el aludido procedimiento de amparo, haya controvertido el aludido convenio, del cual evidentemente tenía pleno conocimiento el progenitor del quejoso, quien lo representa en el presente juicio. De ahí que, al haberse presentado la demanda de amparo -origen del presente sumario- hasta el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, como se desprende de la Papeleta de Turno, resulta irrebatible que se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues aquélla se promovió en forma extemporánea; esto es, fuera del término de quince días a que se refiere el artículo 17 del ordenamiento legal en estudio, toda vez que en términos de lo dispuesto en el diverso artículo 18 de la legislación de amparo, el plazo para su presentación ocurrió en exceso. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En diverso orden de ideas, respecto del acto reclamado consistente en el auto dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, en la que ordenó la activación de la alerta Amber y Nota Amarilla y la búsqueda, localización y/o presentación de su menor hijo de identidad reservada, este Órgano de Control Constitucional advierte que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues en torno al acto que por esta vía se combate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, como a continuación se expone. En efecto, la fracción X del artículo en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)"" Lo anterior, pues el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se radicó en la estadística de este juzgado el diverso juicio de amparo indirecto 355/2021-I, el cual fue promovido por Arturo Argenis García Blancas, en representación del menor de iniciales G.A.G.S., contra el mismo acto y autoridades responsables señaladas en este asunto; es decir, en el citado juicio de amparo, el promovente reclamó del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades: "a) La determinación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Tercero Familiar de Toluca, con sede en Metepec, en la que ordenó la activación de la alerta Amber y Nota Amarilla y la búsqueda, localización y/o presentación de su menor hijo de identidad reservada. b) El auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno dictado por el Juzgado Tercero Familiar de Toluca, con sede en Metepec, en la cual inadmitió el recurso de revocación hecho valer por el aquí quejoso en contra de la determinación de veintitrés de abril de la presente anualidad." Sumario que fuera resuelto mediante sentencia de trece de agosto del año que transcurre, la cual no ha causado ejecutoria, dado que la tercera interesada de dicho sumario Citlally Malinalxóchitl Silva Vergara, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia, la cual está pendiente de resolverse por el Tribunal Colegiado de Circuito. Lo cual constituye un hecho notorio para este Juzgador, de conformidad con lo que establece el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 285, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2007, Novena Época, con número de registro 172215, que establece: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por ende, se pone en evidencia que en el diverso juicio de amparo 355/2021-I, así como en el que se actúa, a saber, 1190/2021-III, del índice de este órgano de control constitucional, existe litispendencia, toda vez que fueron promovidos por el mismo promovente, a saber: Arturo Argenis García Blancas, en representación del menor de iniciales G.A.G.S., contra las propias autoridades responsables, esto es, el Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, autoridades a las que en ambos asuntos se les reclama el auto dictado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 865/2018, del índice estadístico del Juzgado responsable, en la que ordenó la activación de la alerta Amber y Nota Amarilla y la búsqueda, localización y/o presentación de su menor hijo de identidad reservada. Por ello, es evidente que en el presente asunto 1190/2021-III, se actualiza la causa de improcedencia examinada, pues como quedó precisado, la parte quejosa se duele del mismo acto reclamado que ya fue combatido previamente en el diverso juicio de amparo 355/2021-III, del índice de este órgano jurisdiccional, respecto del cual se resolvió mediante sentencia de trece de agosto del año en curso, la cual está pendiente de quedar firme, hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Citlally Malinalxóchitl Silva Vergara. Es aplicable la jurisprudencia P./J 24/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 265, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, con número de registro 2006145, que dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Lo anterior es así, ya que si bien es cierto, mediante proveído de cuatro de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo 355/2021-III, del índice estadístico de este juzgado, resolvió mediante sentencia de trece de agosto del año en curso, y toda vez que, está pendiente de quedar firme, hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada Citlally Malinalxóchitl Silva Vergara, la resolución de mérito no ha causado ejecutoria y es por ello que no puede considerarse como cosa juzgada. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 y, además, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Arturo Argenis García Blancas, en representación del menor de iniciales G.A.G.S., contra actos del Juez Tercero Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras autoridades, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio proporcionado el escrito que se provee. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Ahora, y en atención a la certificación de cuenta, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la petición del quejoso, relativa a la autorización de la consulta del expediente electrónico, toda vez que se encontró registrado el usuario "03351320", en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); por lo que, se comisiona al Analista Jurídico Sise de esta adscripción para que aperture los campos necesarios para tal fin. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada a Norma Angélica Burgos Palacios, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas restantes, hasta en tanto registren su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". AUTORIZACIÓN DE ACUERDO. Realícese la autorización previa y definitiva de este auto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y una vez que las labores del juzgado lo permitan, se ordena imprimir y agregar el presente acuerdo al expediente físico a fin de favorecer el trabajo a distancia, como establece el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV-2 y los subsecuentes. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

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