Gabriela Yuritza Santiago Aguilar

Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
78/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/02/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Yuritza Santiago Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    SENTENCIA Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo ********************promovido por ********************, por propio derecho******************** y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México******************** ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades siguientes: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA: C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DEL ORO (sic), MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO... AUTORIDAD EJECUTORA: C. EJECUTOR DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE EL ORO, MÉXICO, CON RESIDENCIA EN ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO... IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN DE QUE (sic) CADA AUTORIDAD SE RECLAME: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA Sentencia Interlocutoria de fecha 13 de enero de 2023, que me fue notificado el día 16 de enero de 2023, dictado dentro de los autos del expediente número ********************, que se le (sic) ventila en este H. Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de el Oro (sic) con residencia en ********************, sobre Juicio Especial de Desahucio.". Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que registró la demanda con el número ********************y previa aclaración, por auto de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite******************** se requirió a las autoridades su informe justificado, ordenó emplazar a la parte tercera interesada******************** y, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede******************** y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente legalmente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República******************** 1°, fracción I******************** 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo******************** 48 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente con anterioridad a las reformas del siete de junio de dos mil veintiuno, y con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se reclama un acto atribuido a una autoridad judicial de carácter civil con ejecución dentro del territorito donde este órgano de control ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa******************** lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada ******* "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados******************** asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda de amparo inicial y de las constancias de autos, se concluye que la quejosa reclama de la Juez y del Ejecutor, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, la interlocutoria de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio especial de desahucio ********************, que confirma el auto de doce de diciembre de dos mil veintidós, por el que se tuvo por exhibido el oficio de la Jefa del Departamento de Catastro Municipal y se turnaron los autos al Ejecutor de su adscripción a fin de dar cumplimiento a la diligencia de veintiocho de junio de ese año, en la que se ordenó el lanzamiento de la parte demandada del bien arrendado y, su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez y del Ejecutor, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México , toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que adjuntó la juez responsable a dicho informe, de donde se advierte la existencia de la resolución de trece de enero de dos mil veintitrés, dictada en el juicio especial de desahucio **************************************** a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Consideración que, además, se apoya en la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, localizable en el Apéndice de 1995, materia común, Tomo VI, página 153, registro digital 394182, con el rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgador en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, de una anterior conformación del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 272, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, VIII Parte, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso particular, las partes no hicieron valer alguna causa de improcedencia, y de igual manera, este Juzgador no advierte el análisis oficioso de alguna de ellas, y por tanto se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mayor claridad, de las constancias remitidas por la juez responsable como apoyo al informe justificado, se advierte lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintidós, ********************, demandó en la vía especial de desahucio a ********************. 2. Por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Juzgado Segundo Civil de El Oro, con residencia en ********************, radicó la demanda con el número ********************, y turnó los autos al ejecutor de su adscripción, para que requiriera a la demandada ******************** en el domicilio indicado para tal efecto, con el fin de que justificara encontrarse al corriente en el pago de las rentas reclamadas o en el acto de la diligencia hiciera pago de ellas, y para el caso de no hacerlo, le previniera para que desocupara el inmueble arrendado en el plazo de treinta días naturales, apercibida que de no hacerlo sería lanzada a su costa. De la misma forma, le fue otorgado un plazo de cinco días para dar contestación a la demanda instaurada en su contra. Y se ordenó embargar bienes suficientes para garantizar las rentas señaladas como vencidas por la cantidad de ********************. 3. Previa aclaración de domicilio, el dos de mayo de dos mil veintidós, se turnaron los autos al ejecutor, a efecto de que se constituyera en el domicilio y diera cumplimiento a la diligencia ordenada en términos del proveído de diecinueve de abril de dos mil veintidós. 4. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, el funcionario designado asentó razón de imposibilidad para llevar a cabo la diligencia ordenada. 5. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se turnaron los autos al ejecutor para que diera cumplimiento a la diligencia ordenada el diecinueve de abril anterior, en el domicilio laboral de la demandada, por así haberlo señalado la parte actora. 6. Previo citatorio, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la diligencia ordenada con antelación, por conducto de ********************, quien se ostentó como compañera laboral de la demandada ********************, donde se trabó formal embargo sobre la cuenta bancaria que señaló el apoderado legal de la parte actora, para garantizar el monto adeudado. 7. Por auto de dos de junio de dos mil veintidós, ******************** contestó la demanda instaurada en su contra, con la que se ordenó dar vista a la parte actora. 8. El actor ********************, por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, solicitó a la Juez de origen que se turnaran los autos para ejecutar el lanzamiento conforme a lo siguiente: "Que por medio del presente escrito y visto el estado procesal en que se encuentra el expediente en estudio, toda vez que ha fenecido el término de los TREINTA DÍAS naturales, posteriores a la diligencia de requerimiento de pago, y que hasta el día de hoy la demandada, no ha hecho pago de las rentas reclamadas en mi escrito inicial, solicito a este Órgano Jurisdiccional, se turnen los autos al ejecutor adscrito a este Juzgado, para proceder al lanzamiento de la C. ******************** del inmueble a su costa, solicitando la autorización, intervención y auxilio de la fuerza pública, por lo que solicito se giren los oficios correspondientes a la COMISARÍA MUNICIPAL DE ATLACOMULCO, ESTADO DE MÉXICO, así como también se autorice el rompimiento de cerraduras, para los efectos legales conducentes a que haya lugar." 9. Atento a lo anterior, por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, la juez responsable acordó: "ACUERDO.- ATLACOMULCO, MÉXICO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. A sus autos el escrito presentado por ********************, visto su contenido y la certificación Secretarial que antecede, como lo solicita el promovente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos ***324 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, toda vez que ha transcurrido el plazo concedido a la parte demandada, para justificar encontrarse al corriente del pago de las rentas reclamadas o haber hecho pago de ellas, ni ha indicado haber desocupado el inmueble rentado, por ende se hace efectivo el apercibimiento decretado por auto de fecha diecinueve de abril del presente año, por ende se ordena su lanzamiento a su costa, por lo tanto, túrnese los autos al Ejecutor para que se constituya en el domicilio en que se ubica el inmueble motivo del presente asunto y requiera a la demandada o persona que se encuentre en dicho inmueble, entienda la diligencia, haga entrega a nombre del demandado, de dicho bien a la parte actora, con el apercibimiento que de no hacerlo o exista oposición a la diligencia, se hará uso inmediato de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si necesario fuera." 10. Inconforme con tal determinación, mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintidós, la demandada promovió recurso de revocación, que fue resuelto el catorce de julio de dos mil veintidós, en el que se determinó: "RESUELVE. Primero. Han sido infundados e inoperantes los motivos de inconformidad que hace valer la recurrente. Segundo. Se confirma el auto impugnado." 11. Inconforme con lo anterior, ********************, promovió juicio de amparo que correspondió conocer a este juzgado con el número ********************, y por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se negó la protección constitucional. 12. Seguida la secuela procesal, previa solicitud del actor, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos al ejecutor del Juzgado del conocimiento, para que diera cumplimiento a la diligencia ordenada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, es decir al lanzamiento de la parte demandada del domicilio del inmueble motivo del juicio. 13. En cumplimiento a lo ordenado, el doce de octubre de dos mil veintidós, el ejecutor responsable se constituyó en el domicilio ubicado en ********************, donde fue informado por vecinos del lugar que la vivienda ********************, era habitada por ********************, quien, días previos, sacó sus muebles y se despidió de ellos, por lo que asentó su imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado, al advertir que el domicilio se encontraba vacío, aunado a que refirió que éste difería del indicado en autos para tal efecto. 14. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la parte actora hizo del conocimiento que en el contrato de arrendamiento realizado entre ******************** y la demandada ********************, se estableció como domicilio del inmueble arrendado el ubicado en ********************, sin embargo, con el cambio de nomenclatura actualmente ese domicilio era ********************, por lo que atento a la diligencia de doce de octubre de dos mil veintidós, solicitó se turnaran nuevamente los autos al ejecutor para que diera cumplimiento a los autos de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de dos mil veintidós y se autorizara el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras a efecto de ingresar al domicilio y estar en condiciones de observar el estado en que se encontraba. 15. Con lo anterior, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte contraria, a efecto de que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. 16. Previo desahogo de vista, mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el actor exhibió constancia de identificación de veinticinco de octubre de ese mismo año, donde aclaró el domicilio señalado en autos dado el cambio de nomenclatura por lo que era éste igual al manifestado en el escrito inicial de demanda, y solicitó se turnaran los auto nuevamente para que se diera cumplimiento a los autos de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de dos mil veintidós, así como se autorizara el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para poder ingresar al domicilio en comento. 17. Con motivo de la anterior solicitud, el doce de diciembre de dos mil veintidós, la juez dictó el auto siguiente: "ACUERDO.- ATLACOMULCO, MÉXICO, DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. A los autos el escrito presentado por ********************, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el promovente y por exhibido el oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Catastro Municipal, y toda vez que dicho oficio, se advierte que la nomenclatura de ubicación del bien inmueble motivo del presente asunto cambió, sin embargo, atendiendo a la clave catastral, se trata del mismo bien motivo del arrendamiento cuyo juicio de desahucio se demandó, por lo tanto, con fundamento en los artículos 1.134, 1.135, 1.138, 2.312, 2.315, 2.317, 2.318 y 2324 del Código de Procedimientos Civiles, una vez que ha quedado identificado el inmueble motivo del presente asunto, túrnense los autos al Ejecutor de la adscripción a fin de dar cumplimiento a la diligencia ordenada por auto de fecha veintitrés de septiembre del presente año, tomando en consideración el anterior y actual domicilio del (sic) dicho inmueble." 15. En contra del auto anterior, la demandada ********************, promovió recurso de revocación, el cual fue resuelto el trece de enero de dos mil veintitrés, cuyos puntos resolutivos fueron los siguientes: "Primero. Han sido infundados e inoperantes los motivos de inconformidad que hace valer la recurrente. Segundo. Se confirma el auto impugnado." Resolución interlocutoria que se reclama en esta vía. Hasta aquí lo antecedentes de los actos reclamados. SEXTO. Conceptos de violación y fijación de la litis. No es necesaria la transcripción de los conceptos de violación expresados por el accionante del juicio constitucional, de acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia número 58/2010,***** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio del concepto de violación. La quejosa afirma que se violan sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, ya que la responsable calificó como infundados e inoperantes los agravios formulados, bajo la consideración de que se limitaron a realizar manifestaciones subjetivas sin acreditar la ilegalidad del auto y sin atacar la resolución impugnada. Agrega que se hizo valer que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento que prevén los artículos 1.134 y 1.135 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, al omitir dar vista con el documento presentado por el actor ya que el domicilio donde se pretende llevar a cabo la diligencia es diverso al que se proporcionó en la demanda inicial y diversos escritos de desahogo de prevención, por lo que conceder eficacia probatoria a un documento con el que no se le da vista, violenta el principio de igualdad y seguridad jurídica, ya que cada prueba nueva que surja durante el procedimiento se tiene que hacer del conocimiento pleno de las partes para que puedan controvertir o alegar. Concepto que resulta fundado pero inoperante, atento a las siguientes consideraciones. En primer lugar, conviene traer a colación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene que el juicio especial de desahucio tiene la finalidad de determinar, en esencia, si el arrendatario está al corriente en el pago de las rentas pactadas, para que a su vez resulte o no operante la providencia de lanzamiento donde válidamente se pueden oponer excepciones distintas a la de pago, como la falta de legitimación. Lo anterior tiene como apoyo en el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen *** "DESAHUCIO, JUICIO DE. LA LEGITIMACION DE LA ACTORA SE FUNDA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, BASE DE LA ACCION. El juicio especial de desahucio tiene la finalidad de determinar, en esencia, si el arrendatario está al corriente en el pago de las rentas pactadas, para que a su vez resulte o no operante la providencia de lanzamiento prevista en los artículos 489 y 492 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, y aunque válidamente se pueden oponer excepciones distintas a la de pago, como la falta de legitimación, porque la actora no era propietaria del bien arrendado, o porque no participó en el contrato de arrendamiento la propietaria ni autorizó a la actora para celebrarlo, debe considerarse que tales argumentos no desvirtúan la legitimación de la actora, si ésta se funda en un contrato de arrendamiento base de la acción. En efecto, conforme al artículo 1797 del Código Civil aplicable, la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes, y si en un caso específico, la reconocida como arrendadora concedió el uso y goce de parte de un inmueble y la arrendataria se obligó a pagar por ese uso y goce un precio cierto, por lo que una vez pactada por las partes interesadas la materia del arrendamiento y su contraprestación, surte todos sus efectos para aquéllos y legitima a la arrendadora para hacer valer los derechos que al respecto le corresponden." Sobre este tipo de procedimiento, los artículos 2.309 a 2.325 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, establecen la tramitación del juicio sumario de desahucio, al tenor literal siguiente: "CAPITULO V Del Desahucio Procedencia del juicio de desahucio Artículo 2.309.- El juicio de desahucio procederá cuando se reclama la desocupación de un inmueble por falta de pago de más de dos mensualidades. Posibilidad de reclamar rentas Artículo 2.310.- Podrá reclamarse el pago de las rentas vencidas y las que se sigan venciendo hasta que tenga verificativo el lanzamiento. Exhibición del contrato de arrendamiento o su equivalente Artículo 2.311.- A la demanda se acompañará el contrato de arrendamiento o documento justificativo del mismo. Auto de ejecución Artículo 2.312.- Al admitirse la demanda, el Juez ordenará requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique estar al corriente en el pago de las rentas reclamadas o haga pago de ellas. No haciéndolo se le prevenga que dentro de treinta días, si el inmueble es para habitación, o de sesenta días si es para giro mercantil o industrial, o de noventa días si fuere rústico, proceda a desocuparlo, apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa. Estos plazos se computarán por días naturales y son irrenunciables. En el mismo acto se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a exponer las excepciones que tuviere. Requerimiento de embargo de bienes Artículo 2.313.- Si lo pide el actor, en el acto de requerimiento se ordenará que se embarguen bienes para garantizar las rentas vencidas. Domicilio del arrendatario Artículo 2.314.- Será domicilio legal para hacer el requerimiento, el inmueble arrendado. Requerimiento y emplazamiento Artículo 2.315.- Si en el acto de la diligencia exhibe el arrendatario el importe de las rentas reclamadas, se suspenderá la diligencia, se mandará entregar al actor y se dará por terminado el procedimiento. Exhibición de justificantes de pago de rentas Artículo 2.316.- Si exhibiere recibos u otros justificantes de pago de las rentas reclamadas, después de hacer constar esa circunstancia en el acta y agregar los justificantes, se le emplazará. Pago de rentas debidas Artículo 2.317.- Si en el plazo fijado para el desahucio, exhibe el inquilino el importe de las rentas debidas, dará el Juez por terminado el juicio, sin condenación en costas. Extemporánea exhibición de rentas Artículo 2.318.- Si la exhibición del importe de las pensiones se hace fuera del plazo señalado para el desahucio, también se dará por concluida la providencia de lanzamiento, pero se condenará al inquilino al pago de las costas causadas. Excepciones oponibles en el desahucio Artículo 2.319.- En los juicios de desahucio, son oponibles toda clase de excepciones. Pero para no pagar la renta, sólo serán admisibles las fundadas en el hecho de que al arrendatario se le impida el uso total o parcial******************** por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por reparaciones ordenadas por el arrendador. No serán admitidas las defensas y excepciones que oponga, si no se acompañan con sus pruebas. Son improcedentes la reconvención y la compensación. Vista al actor Artículo 2.320.- En caso de que se admitan excepciones, con ellas se mandará dar vista al actor por tres días, quien en ese plazo podrá ofrecer pruebas. Conclusión del juicio por documentos no objetados Artículo 2.321.- Si en el plazo de desahogo de la vista sobre las excepciones, el actor no objeta los documentos con los que el arrendatario pretende justificar el pago de las rentas, se dará por concluida la providencia. Audiencia de pruebas, alegatos y sentencia Artículo 2.322.- El Juez, transcurrido el plazo de la vista, citará a una audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, de alegatos y sentencia, que se efectuará antes del vencimiento del plazo fijado para el lanzamiento. Apelación de la sentencia Artículo 2.323.- La sentencia que decrete el desahucio será apelable sin efecto suspensivo y se ejecutará sin necesidad de otorgamiento de garantía. La que lo niegue, será apelable con efecto suspensivo. Diligencia de lanzamiento Artículo 2.324.- La diligencia de lanzamiento se entenderá con el ejecutado, en su defecto, con quien se encuentre en el inmueble arrendado, y no habiendo ninguna persona se procederá a su práctica, rompiendo las cerraduras en caso necesario. Los muebles u objetos que se encuentren, si no hubiere persona de la familia del inquilino que los recoja, u otra autorizada para ello, se remitirán por inventario a disposición de la Presidencia Municipal o algún almacén de depósito, dejándose constancia en autos. Vía de apremio Artículo 2.325.- Ejecutado el lanzamiento, y en caso de que se hayan embargado bienes, previa liquidación de las rentas adeudadas, se procederá en la vía de apremio." De los preceptos legales transcritos, se aprecia que la acción de desahucio debe fundarse en la falta de pago de dos o más mensualidades (rentas)******************** y, será necesario anexar al ocurso inicial el contrato de arrendamiento o documento justificativo del mismo. Presentada la demanda con el documento o la justificación correspondiente, el juez dictará auto en el que ordene requerir al arrendatario para que en el acto de la diligencia justifique estar al corriente en el pago de las rentas y, no haciéndolo, se le prevenga para que dentro de treinta días (si la finca sirve para habitación), o dentro de sesenta días (si sirve para giro mercantil o industrial), o dentro de noventa (si fuere rústica), proceda a desocuparla apercibido de lanzamiento a su costa si no lo efectúa******************** de igual forma, en ese mismo acto, se le emplazará para que dentro de cinco días ocurra a oponer las excepciones que tuviere, con la posibilidad de que a petición del actor se embarguen bienes para garantizar las rentas vencidas. Con las excepciones que oponga el demandado se mandará dar vista al actor por el término de tres días, trascurrido ese plazo, el juez citará a una audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, alegatos y sentencia, la que tendrá verificativo antes de que fenezca el término para el lanzamiento. Como se ve, en el caso concreto la legislación procesal civil del Estado de México contiene dispositivos que regulan el juicio sumario de desahucio, cuyo fin se centra en obtener la disposición inmediata del inmueble arrendado ante la falta de pago de rentas, por lo que se busca que la audiencia de desahogo de las pruebas admitidas, alegatos y sentencia se verifique antes de que venza el plazo concedido en el auto de ejecución previsto en el artículo 2.312 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Ahora bien, en el caso particular es dable recordar que en el índice del Juzgado Segundo Civil de El Oro, con residencia en ********************, se tramita el juicio ********************, en el que ********************, demandó en la vía especial de desahucio a ********************. Una vez radicada la demanda, por auto de diecinueve de abril de dos mil veintidós, se turnaron los autos al ejecutor adscrito al juzgado responsable a fin de que requiriera a ********************, en el domicilio indicado para tal efecto, cito en ********************, para que justificara encontrarse al corriente en el pago de las rentas reclamadas o en el acto de la diligencia hiciera pago de ellas, y para el caso de no hacerlo, le previniera para que desocupara el inmueble arrendado en el plazo de treinta días naturales, apercibida que de no hacerlo sería lanzada a su costa. Seguida la secuela procesal, una vez contestada la demanda, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, y alegatos, la que no se concluyó con motivo del ofrecimiento y preparación de la prueba pericial en materia de grafoscopía ofrecida por la demandada. Posteriormente, a pesar de no haberse dictado sentencia, pero sí transcurrido el plazo de treinta días para que hiciera entrega del bien inmueble, la parte actora solicitó se turnaran los autos para proceder al lanzamiento de ******************** del inmueble arrendado. En ese sentido, el veintiocho de junio de dos mil veintidós, la juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado en el auto admisorio, ordenó el lanzamiento de la demanda y turnó los autos al ejecutor de su adscripción para que se constituyera en el domicilio arrendado y requiriera a la demandada hiciera entrega a nombre del demandado de dicho bien, con el apercibimiento que de no hacerlo o existiera oposición a la diligencia, se haría uso inmediato de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Inconforme con lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de revocación, que confirmó el auto impugnado, determinación en contra de la cual la parte demandada promovió juicio de amparo que correspondió conocer a este juzgado con el número ********************, y por sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, se negó la protección constitucional. Seguida la secuela procesal, previa solicitud del actor, el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se turnaron los autos al ejecutor del Juzgado del conocimiento, para que diera cumplimiento a la diligencia ordenada el veintiocho de junio de dos mil veintidós, es decir el lanzamiento de la parte demandada del domicilio del inmueble motivo del juicio. En cumplimiento a lo ordenado, el doce de octubre de dos mil veintidós, el ejecutor responsable se constituyó en el domicilio ubicado en ********************, donde fue informado por vecinos del lugar que la vivienda ********************, era habitada por ********************, quien, días previos, sacó sus muebles y se despidió de ellos, por lo que asentó su imposibilidad para dar cumplimiento a lo ordenado, al advertir que el domicilio se encontraba vacío, aunado a que refirió que éste difería del indicado en autos para tal efecto. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la parte actora hizo del conocimiento que en el contrato de arrendamiento realizado entre ******************** y la demandada ********************, se estableció como domicilio del inmueble arrendado el ubicado en ********************, sin embargo, por virtud del cambio de nomenclatura, actualmente ese domicilio era ********************, por lo que atento a la diligencia de doce de octubre de dos mil veintidós, solicitó se turnaran nuevamente los autos al ejecutor para que diera cumplimiento a los autos de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de dos mil veintidós y se autorizara el uso de fuerza pública y rompimiento de cerraduras a efecto de ingresar al domicilio y estar en condiciones de observar el estado en que se encontraba. Con lo anterior, por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte contraria, a efecto de que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. Previo desahogo de vista, mediante escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, el actor exhibió constancia de identificación de veinticinco de octubre de ese mismo año, donde aclaró que el domicilio manifestado en el escrito inicial de demanda era coincidente con el mencionado por el Ejecutor adscrito al Juzgado responsable, por lo que solicitó se turnaran los auto nuevamente para que se diera cumplimiento a los autos de veintidós de septiembre y veintiocho de junio de dos mil veintidós, así como se autorizara el auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras para poder ingresar al domicilio en comento. Con motivo de la anterior solicitud, el doce de diciembre de dos mil veintidós, la juez acordó tener por hechas las manifestaciones vertidas por la parte actora y por exhibido el oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Catastro Municipal, y toda vez que dicho oficio advirtió que la nomenclatura de ubicación del bien inmueble motivo del asunto cambió, sin embargo, atendiendo a la clave catastral, indicó se trataba del mismo bien motivo del arrendamiento cuyo juicio de desahucio se demandó, por lo tanto, turnó los autos al Ejecutor de la adscripción a fin de dar cumplimiento a la diligencia ordenada por auto de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. En contra del auto anterior, la demandada ********************, promovió recurso de revocación, en el que hizo valer como agravios los siguientes: "AGRAVIO PRIMERO: Lo hago consistir en que el acuerdo de fecha doce de diciembre de dos mil veintidós, fue dictado en contra de lo previsto por los artículos 1.134 y 1.135 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, que a la letra dice: "...Artículo 1.134.- En la substanciación de todas las instancias, los Jueces guardarán y harán guardar con la mayor exactitud los trámites y plazos marcados por la ley, cualesquiera que sean las disposiciones anteriores, doctrinas, prácticas y opiniones en contrario. Artículo 1.135.- Los Jueces no permitirán que una parte sea inoportuna e intempestivamente sorprendida por la otra con cuestiones no formuladas en la oportunidad correspondiente dentro de los términos de ley, ni que de cualquier otro modo se altere el método y orden del procedimiento." En el caso concreto, su señoría omite dar vista a la suscrita, respecto al documento que fue presentado por el actor ********************, violando el principio de igualdad y seguridad jurídica, toda vez que era obligación fundamental por igualdad procesal ponerme a la vista el documento con número de folio 2455/12/2022, expedida a favor de la señora ********************, quien ni si quera es parte de juicio (sic), a efecto de hacer pronunciamiento de acuerdo a mis intereses respecto a esa documental, dejándome en el más completo estado de indefensión, no pasa por alto manifestar a su señoría que los artículos 2.100, 2.101, 2.103 y 2.104 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, que establecen con claridad y precisión cuándo y en qué momento se deben presentar los documentos en que se funda la acción o las excepciones en su caso******************** la parte actora desde el inicio de su acción, debió haber presentado el documento que exhibe en su promoción 15999/2022, o bien manifestar bajo protesta de decir verdad no tenerlo hasta este estadio procesal, ya no es dable ni congruente aceptar documentos para corregir los errores de la demanda inicial, tan es así que hasta antes del auto admisorio de la demanda, se le previno a la parte actora, que aclarara cuál era el domicilio motivo del arrendamiento, al desahogar la prevención manifestó en forma categórica que era el inmueble ubicado cerrada (sic) Iturbide ********************, ********************, municipio de ********************, el domicilio donde se pretende llevar a cabo la diligencia es un domicilio diverso al que se proporcionó en la demanda inicial y diversos escritos de desahogo de prevención, en tal virtud, al concederle eficacia probatoria al documento del cual no se me da vista, se violenta el principio de igualdad y seguridad jurídica, motivo por el cual debe ser procedente el recurso de revocación que se interpone a efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y no exista desigualdad en el trámite del presente proceso. AGRAVIO SEGUNDO: Causa agravios la ponderación y valoración incorrecta del documento expedido por la JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL C. ********************, con número de folio 2455/12/2022, documento que debió haberse acompañado al presentar la demanda y no en la actualidad tratando de confundir la buena fe de este H. Juzgador, esto tal y como lo prevé el artículo 2.104 Código (sic) de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de México, de donde se desprende la correcta exhibición de documentos, la parte actora pretende incorporar datos que no se señalaron en el escrito inicial de demanda, ni mucho menos en la prevención que se le hiciere hasta antes del auto admisorio, no pasa por alto hacer del conocimiento de su señoría que en dicho documento hace referencia a dos domicilios y manifiesta que es el mismo bien inmueble, pero no con las características del bien inmueble motivo del presente juicio y nomenclatura, ni mucho menos se trata de la persona quien funge como arrendador en el contrato base de la acción, si bien he (sic) cierto, es potestad de su señoría ponderar lo (sic) derechos de ambas partes, conforme al principio de método y orden como el de igualdad procesal, dándome vista con este documento a fin de manifestar lo que a mi derecho compete, en el caso concreto esto no aconteció, se está aceptando un documento de manera extemporánea y del cual no se me da vista, por lo que a todas luces estamos ante la presencia de una inexacta aplicación de la ley, por ello se solicita pondere los derechos de ambas partes y se deje sin efecto el acuerdo de fecha 12 de diciembre de 2022 porque me causa los agravios que se hacen valer." Por su parte, la responsable al resolver el recurso de revocación interpuesto, declaró infundados e inoperantes los motivos de inconformidad, con los argumentos siguientes: Que los argumentos expresados no constituían un agravio propiamente dicho, pues se limitaban a realizar manifestaciones subjetivas, sin acreditar la legalidad del auto impugnado, aunado a que tampoco atacó las consideraciones que sustentaron la resolución impugnada. Ello, porque mediante diligencia de doce de octubre de dos mil veintidós, el Ejecutor de su adscripción hizo constar que se encontraron constituidos en el domicilio: ********************, ********************, situada sobre la calle ********************, en la ********************(siendo esto coincidente con el domicilio proporcionado por la parte actora y contrato de arrendamiento)******************** asimismo, lo describió y asentó que tal inmueble estaba situado al interior de una pequeña calle cerrada en donde se encontraba inscrito el nombre de: "********************", advirtiéndose en las placas, nomenclaturas situadas en la calle principal ********************, que se encontraba en la ********************, no obstante ello, los vecinos de la ******************** le refirieron que la vivienda cinco, era habitada por la señora ********************, y que observaron que el fin de semana pasado se mudó a otro domicilio, ya que estuvo sacando sus muebles y se despidió de ellos******************** es decir, en tal diligencia el Ejecutor había realizado una descripción objetiva de las características físicas del lugar en el que estaba constituido para la práctica de la misma, siendo estos elementos suficientes para identificar el inmueble y ubicarlo, lo cual fue robustecido con la entrevista a los vecinos describiendo su media filiación correspondiente, así como con las impresiones fotográficas que mediante escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, la parte actora exhibió en dicho juzgado y que concordaron con dicha descripción, mismas que no fueron controvertidas por la demandada y ahora recurrente, a fin de acreditar que el domicilio descrito y contenido en las impresiones fotográficas no era el que corresponde al inmueble materia del juicio de desahucio******************** es decir, con esa actuación judicial que fue convalidada por las partes, dicho tribunal encontró elementos suficientes para presumir que el lugar donde se llevó a cabo la diligencia, corresponde al inmueble objeto del arrendamiento. Que no obstante ello, mediante escrito de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, a solicitud de dicho Tribunal, el actor exhibió una constancia de identificación catastral, emitida por la Jefa del Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento de ********************, a la que se adjuntó copia simple del instrumento con que ********************y ********************, acreditaron la propiedad del inmueble que dio origen a la clave catastral **************************************** luego que por escrito de nueve de diciembre de dos mil veintidós, la misma parte actora exhibió una constancia de identificación catastral, emitida por el mismo departamento, en la que medularmente se precisó que el inmueble controlado con la clave catastral antes señalada, ubicado en ********************, ********************, ********************, en el Municipio de ********************, de acuerdo al documento que acreditó la propiedad, el domicilio se señaló como ********************, ********************, ********************, sobre la calle ********************, actualmente ********************, derivado del cambio de nomenclatura******************** sin embargo se trataba del mismo inmueble******************** es decir, dichas documentales únicamente robustecían lo asentado en la diligencia antes analizada para inferir que no se trata de inmuebles distintos, precisando que tales documentales no eran documentos fundatorios de la acción del actor, como lo refería la demandada, pues su solicitud derivó de actuaciones posteriores, encontrado ese Tribunal sustento para ello en el artículo 1.125 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la Entidad, sin que hubiera lugar a otorgarle a la demandada la vista que aludía, pues con ella o sin ella, de tener la certeza que se trataba de inmuebles distintos, tenía expedito su derecho para hacerlo valer y acreditarlo conforme a derecho. También que no debía perderse de vista que el lanzamiento ordenado tenía por objeto el bien dado en arrendamiento, del que las partes tenían plena certeza cuál era, por lo que no podía sostenerse que en base únicamente a argumentos esgrimidos por la recurrente, no pudiera darse cumplimiento a la diligencia ordenada por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, al existir un contrato celebrado que aún no había sido declarado nulo, por lo que la aclaración no le causaba a la demandada estado de indefensión que pudiera trascender en su perjuicio, por lo que sus argumentos no podían ser materia de justificación para no llevar a cabo la diligencia encomendada, porque no constituía un presupuesto procesal que condicionara dicha actuación judicial tendente a obtener el lanzamiento de la demandada, máxime que el funcionario judicial en la diligencia respectiva, además de considerar las constancias del juicio, deberá cerciorarse por los medios que se encuentren a su alcance que se ubica en el domicilio correspondiente al inmueble materia del juicio a efecto de no vulnerar derechos de terceros. Establecido lo anterior, se concluye que el concepto de violación resulta fundado pero inoperante, en virtud de si bien es cierto que la autoridad responsable no dio respuesta eficaz a su agravios******************** también lo es que a ningún fin práctico conduciría otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se pronunciara al respecto, merced a que este Juzgado de Distrito advierte que en nada causa perjuicio a la quejosa que con motivo de la exhibición de una constancia de identificación catastral, emitida por emitida por la Jefa del Departamento de Catastro Municipal del Ayuntamiento de ********************, se determinara que se trataba del mismo inmueble, ello es así, pues dicha documental únicamente robusteció lo asentado en la diligencia antes analizada para inferir que no se trata de inmuebles distintos, para estar en condiciones de efectuar la diligencia ordenada. Aunado a que la omisión de dar vista a la quejosa con la constancia de identificación catastral exhibida por el actor ********************, no contraviene el principio de igualdad y seguridad jurídica, y de ninguna manera la deja en estado de indefensión, ya que el objeto de dicha documental era constatar que el inmueble en donde se llevaría a cabo la diligencia de lanzamiento ordenada en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se efectuara en el domicilio correcto, pues atento a las razones asentadas por el fedatario adscrito al juzgado responsable, éste había sufrido un cambio de nomenclatura, ello a efecto de no vulnerar derechos de terceros. También no puede pasarse por alto que el fin del juicio sumario de desahucio, se centra en obtener la disposición inmediata del inmueble arrendado ante la falta de pago de rentas, de ahí que con independencia de lo que pueda manifestar respecto la constancia de identificación catastral exhibida por el actor, ello no impide que pueda darse cumplimiento a la orden de lanzamiento ordenada. Aunado a lo anterior, contrario a lo que indica la quejosa, la referida constancia de identificación catastral no constituye un documento fundatorio de la acción, toda vez que el fin de ésta fue determinar que el domicilio del contrato de arrendamiento y el en que se pretende llevar a cabo la orden de lanzamiento, es el mismo, por lo que en ningún momento ello constituye que se acepten documentos al actor parea corregir errores de la demanda inicial. De la misma forma, la parte actora al momento de presentar su demanda inicial no contaba con la constancia de identificación catastral, debido a que resulta un hecho notorio que las parte sujetas al contrato de arrendamiento de manera indubitable conocen el bien que dio origen al juicio especial de desahucio, el que con posterioridad a la razón asentada por el fedatario adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, en donde refirió haberse constituido en el domicilio ubicado en ********************, y fue informado por vecinos del lugar que la vivienda ********************, era habitada por ********************, quien, días previos, sacó sus muebles y se despidió de ellos, de ahí que se encontró imposibilitado para dar cumplimiento a lo ordenado, al advertir que el domicilio se encontraba vacío, aunado a que refirió que éste difería del indicado en autos para tal efecto, por un cambio de nomenclatura, lo que generó la necesidad de verificar que se trataba del mismo bien inmueble, para no poner en riesgo derechos de terceros. En ese sentido, es que si bien la autoridad responsable no dio respuesta eficaz a su agravios, también lo es que resulta ocioso otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se pronunciara, dado que el fondo del asunto sería el mismo, y tal como se indicó iría en contra del principio de economía procesal. Tiene aplicación la Jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gacet*** "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS PERO INOPERANTES. DEBEN DECLARARSE ASÍ, CUANDO EXISTA SEGURIDAD ABSOLUTA EN CUANTO A LA IRRELEVANCIA DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO SEA NECESARIO SUSTITUIRSE EN SU ARBITRIO PARA DEFINIR CUESTIONES DE FONDO. Conforme a la jurisprudencia de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.", cuando en un juicio de amparo se considere fundado un concepto de violación por razones de incongruencia por omisión, pero a la vez se advierta que tal cuestión no es apta para resolver el asunto en forma favorable a los intereses del quejoso, el concepto aducido, aun cuando sea fundado, debe declararse inoperante, por razones de economía procesal, atendiendo a que a nada práctico conduciría conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se analizara una cuestión innecesaria, dado que el sentido del fondo del asunto seguiría siendo el mismo, en detrimento del principio de economía procesal y la pronta administración de justicia que establece el artículo 17 constitucional. Sobre esas bases, el tribunal de amparo debe pronunciarse respecto de los puntos que no fueron abordados por la autoridad de la instancia, porque de concederse la protección federal para que se subsanen no cambiaría el sentido del acto reclamado. Por tanto, es improcedente esa declaración de inoperancia cuando no existe la seguridad absoluta de la irrelevancia de la omisión en que haya incurrido la autoridad común al ser necesario el ejercicio de su arbitrio jurisdiccional para dilucidar aspectos de fondo, ya sea en valoración de pruebas, apreciación de hechos, interpretación y aplicación de normas o de contratos, porque en estos supuestos invariablemente corresponde a la autoridad ocuparse del análisis de las cuestiones omitidas, pues de lo contrario, la potestad de amparo podría dejar inaudita a una de las partes******************** de ahí que la determinación de que un concepto de violación es fundado pero inoperante, únicamente es adecuada ante una clara y evidente solución del asunto, pero no cuando se requiere de mayores reflexiones en ejercicio del aludido arbitrio jurisdiccional." Así, ante lo ineficaz de los argumentos de disconformidad, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** 61, 74, 75, 76, 78, 79, 124, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto de los actos atribuidos a la Juez y al Ejecutor, adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, por las razones expuestas en último considerando de la presente sentencia.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que la resolución de ocho de febrero del año en curso, fue notificada el nueve siguiente a la parte quejosa; en consecuencia, el plazo de cinco días otorgados en esa actuación a fin de que exhibiera garantía, transcurrió del trece al diecisiete del mes y año que trascurre, sin que así lo hiciera. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en esta fecha deja de tener efectividad la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa, por lo cual, queda expedita su facultad para ejecutar los actos reclamados; ello con entera independencia de que, mientras no se ejecuten aquellos, la parte agraviada podrá exhibir la garantía con la cual volverá a tener efectividad la medida suspensional.

  3. Incidental

    Toluca********************Estado de México********************quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por la quejosa********************a través del cual solicita una prórroga para exhibir la garantía requerida en la audiencia incidental de ocho de febrero de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior********************con apoyo en el artículo 136 de la Ley de Amparo********************no ha lugar a acordar favorable su petición********************en virtud de que de la parte quejosa obtendría un beneficio excesivo a través de la prórroga instada********************lo que generaría un desequilibrio entre las partes que intervienen en la presente incidencia; no obstante********************se hace de su conocimiento que a la fecha en que se actúa se encuentra transcurriendo el plazo para exhibir la misma********************además de que una vez fenecido el término concedido puede exhibir el concepto requerido para garantizar la suspensión definitiva********************siempre y cuando la autoridad no ejecute el acto de molestia.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO Agréguense los informes justificados que rinden la Jueza y el Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de Estado de México; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. PRUEBAS Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las documentales relativas a la copia certificada del juicio especial de desahucio ********************, la cuales se tuvieron por recibidas en proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés; mismas que, dada su propia y especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia de ley.

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