Gabriela Yuritza Santiago Aguilar

Expediente 1088/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1088/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
29/08/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Yuritza Santiago Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, con relación al punto 8.1.2 apartado 2. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, este expediente es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental. Asimismo, de conformidad con los numerales 18, fracción I, inciso a), y 7.1.1 apartado 2, de los citados ordenamientos, el original del incidente de suspensión es depurable, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva. Una vez que transcurran seis meses, de acuerdo con el artículo 20 fracción II, inciso a), del referido acuerdo, destrúyase el duplicado del incidente. Devolución de anexo Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, la copia certificada del juicio especial de desahucio 341/2022, de su índice, que remitió al juicio; sin que haya lugar a solicitar acuse por su recibo, en virtud de que obra en reproducción certificada. ***

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Informes justificados Intégrese los oficios signados por la Jueza y Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, a través de los cuales rinden su informe justificado y ofrecen como prueba copia certificada del juicio especial de desahucio 341/2022, de su índice. Asimismo, en cumplimiento al requerimiento de cuatro de agosto del año en curso, informan que enviaron las constancias que relativas al acto reclamado. Fórmese el anexo respectivo. Acto reclamado Ahora bien, es dable recordar que la quejosa Gabriela Yuritza Santiago Aguilar reclama de la Jueza y Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, el acto siguiente: El auto de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el juicio especial de desahucio 341/2022, a través del cual, se ordenó el lanzamiento de la parte quejosa así como la entrega del inmueble ubicado en cerrada de Iturbide sin número, código postal 50453, Colonia Centro, Municipio de Atlacomulco, Estado de México. Sobreseimiento fuera de audiencia En tal sentido, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Del dispositivo transcrito se aprecia que el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causal de improcedencia citada debe entenderse en dos supuestos, a saber: a) Por revocación o derogación; y, b) Por sustitución. La primera hipótesis se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se da por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Se invoca en apoyo, la tesis I.2o.P.4 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, registro electrónico 2013461, de título, subtítulo y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Puntualizado lo anterior, conviene retomar que, en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa consiste en el auto de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el juicio especial de desahucio 341/2022, a través del cual, se ordenó el lanzamiento de la parte quejosa así como la entrega del inmueble materia de la Litis. Sin embargo, a la óptica del suscrito ha cesado en sus efectos la determinación que por esta vía combate la quejosa, ya que de las constancias relativas al juicio especial de desahucio 341/2022, se advierte que el treinta de junio del año en curso, la aquí peticionaria del amparo interpuso recurso de revocación contra el acuerdo de veintiocho de junio del año en curso -acto aquí reclamado-. Así, por auto de uno de julio siguiente -foja 175, ídem-, se admitió a trámite el medio de impugnación y sustanciado en sus etapas, el catorce de julio del año en curso, resolvió lo siguiente-fojas 191a 194, ídem-: "Primero. Han sido infundados e inoperantes los motivos de inconformidad que hace valer la recurrente. Segundo. Se confirma el auto impugnado." En consecuencia, resulta evidente que el acto reclamado, ha sido sustituido procesalmente por la determinación que resolvió el recurso de revocación, pues a pesar de que no logró conseguir la reparación del derecho que aduce violado, es claro que tal resolución sustituyó procesalmente a la determinación primaria. En efecto, no obstante que pudiese subsistir la violación de derechos, el primer acto ya no es susceptible de ser materia de examen en el juicio de amparo biinstancial, sino que en su caso debe ser la resolución dictada con motivo del medio de impugnación que interpuso la propia quejosa ante la autoridad de instancia. Sirve de apoyo la jurisprudencia III.2o.C. J/22, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1579, tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En tales condiciones, es inconcuso que se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Bajo ese contexto, el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.9/98, visible en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y tenor literal es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." No pasa desapercibido al suscrito que en esta fecha se tuvieron por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, sin que se diera vista a las partes con el contenido de éstos, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin embargo, a nada práctico llevaría tal actuación pues a pesar de agotar el término que prevé dicho numeral, no se llegaría a diversa conclusión, es decir, la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, háganse las anotaciones respectivas.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, no han rendido el informe justificado solicitado mediante oficios 22014/2022 y 22015/2022, de cuatro de julio del año en curso. Lo anterior, no obstante de encontrarse debidamente notificadas para ello, como se aprecia de los acuses de recibo respectivos -foja 15 y 16-, en los que consta el sello de recepción de cinco de julio de dos mil veintidós. Presunción En consecuencia, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto atribuido a las citadas autoridades, en el ámbito de sus atribuciones. No pasa desapercibido al suscrito que dentro del periodo que comprende el plazo de quince días con que cuentan las citadas autoridades para rendir su informe justificado, éstas gozaron de su primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintidós; sin embargo, tal circunstancia no es atribuible a los justiciables y puede ser previsible, por ende, debieron adoptar las medidas a su alcance para cumplir con la rendición de su informe de ley, previo al inicio de su receso vacacional. Sirve de apoyo -por identidad de razón- la jurisprudencia P. /J.1/2022 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2024510, Undécima Época, Libro 12, Abril del 2022, Tomo I, página 12, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título, subtitulo y texto siguientes: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables." Requerimiento En tales condiciones, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las responsables Juez y Ejecutor adscritos al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas a partir de su notificación, remitan copia certificada, ordenada y legible de la totalidad de constancias que integran el juicio especial de desahucio 341/2022, de su índice, a fin de resolver la presente controversia constitucional. Resulta aplicable, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 17/97, registro digital 199454, visible en la página 108, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con título, subtitulo y contenido siguientes: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de ser omisas a lo anterior, o manifestar el impedimento legal para hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se les impondrá de manera individual una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Diferimiento Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las once horas con diez minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, para su verificativo. ***

  4. Incidental

    Certificación Asimismo, el Secretario certifica: que la autoridad responsable Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, fue omisa en rendir su informe previo, a pesar de encontrarse legalmente notificada, como consta del acuse de recibo del oficio 22020/2020. El Juez acuerda: Ténganse por relacionadas las constancias de mérito. Tocante a la omisión del Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, en esta entidad, en rendir su informe previo, tómese en consideración al momento de resolver la presente incidencia. Periodo probatorio A continuación, se abre el período de pruebas y el Secretario hace constar que las partes fueron omisas en ofrecer medio de convicción alguno, con lo cual se cierra este periodo. Periodo de alegatos Se abre la fase de alegatos en el que el Secretario hace constar que las partes se abstuvieron de formularlos, con lo cual se cierra dicha fase. Al no haber promoción o diligencia pendiente de acuerdo o desahogo, se da por concluida la presente y se procede a dictar la siguiente resolución. Resolución Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1088/2022-IV-B; y, R e s u l t a n d o: Único. Tramite del cuaderno incidental. Por auto de cuatro de julio del año en curso, se ordenó formar el incidente de suspensión; se requirió sus informes previos a las responsables y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que precede. C o n s i d e r a n d o: Primero. acto reclamado. La quejosa ***, en calidad de parte demandada en el juicio especial de desahucio ***, reclama: El auto de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el juicio especial de desahucio **, a través del cual, se ordenó el lanzamiento y la entrega del inmueble ubicado en ***. Segundo. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, en esta entidad, aceptó la existencia del acto reclamado, en el ámbito de sus atribuciones. Por otra parte, el Ejecutor adscrito a ese órgano judicial, fue omiso en rendir su informe previo, pese a estar debidamente notificado del oficio por el que se le requirió; por tanto, lo procedente es presumir cierto el acto que se le atribuye, en el ámbito de sus atribuciones en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. Tercero. Determinación de la suspensión definitiva. Con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la quejosa, para que no sea lanzada del bien inmueble ubicado en ***, con motivo del auto de veintiocho de junio del año en curso, dictado en el juicio especial de desahucio ***; ello, hasta que las autoridades responsables reciban notificación sobre la ejecutoria que cause la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva la presente incidencia. Lo anterior no significa que este juzgado se pronuncie en relación con el fondo del asunto, pues su propósito es cumplir con el objeto de la suspensión del acto reclamado, que es el de mantener viva la materia del amparo y evitar a la agraviada el perjuicio de la ejecución del mismo, hasta en tanto se resuelve y dicta la sentencia definitiva que decida sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, impidiendo, además, que el acto que la motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para la parte quejosa la protección de la justicia federal, cuando en un Estado de derecho, debe promoverse la tutela cautelar como condición para la eventual restitución real en caso de que un acto de autoridad resulte inconstitucional. Garantía En consecuencia, dicha suspensión surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa dentro del plazo de cinco días no otorga garantía por la cantidad $ 40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional), en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo, para garantizar los posibles daños y perjuicios que pueda ocasionarse a la parte tercera interesada por el otorgamiento de la medida cautelar. La cantidad de la garantía se fija de manera discrecional, conforme al artículo mencionado, en virtud de no contar con datos precisos sobre el monto al que asciende el pago de renta mensual del inmueble motivo del juicio de origen. Es oportuno destacar que por auto de cuatro de julio del año en curso, se requirió a las autoridades a efecto de que al momento de rendir sus informes previos precisaran el monto total al que asciende el pago de renta mensual que se tuvo por cierto dentro del expediente ***; no obstante fueron omisas en aportar tal dato, de ahí, que se resuelva con base al citado numeral 132 de la ley de la materia. Se hace del conocimiento de la quejosa que la suspensión concedida surte sus efectos desde este momento, pero si transcurre el término otorgado, sin que se haya exhibido la garantía fijada, la medida cautelar dejará de surtirlos, quedando expedita la jurisdicción de las responsables para ejecutar el acto reclamado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Único. Se concede a ***, la suspensión definitiva contra el acto y autoridades precisados en los considerandos primero y segundo, en términos y para los efectos expuestos en el considerativo ultimo de esta resolución.

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