Gabriela Rojas Merlos

Expediente 1530/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1530/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Rojas Merlos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1530/2023-II; y, ... En las circunstancias relatadas, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente la determinación de ********************, dictada en el juicio laboral ********************; únicamente en lo relativo al señalamiento de fechas y horas para el desahogo de las confesionales e inspección ocular ofrecidos en dicho sumario; y Emita otra en la cual se apegue estrictamente a lo establecido en el artículo 237, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y señale nuevas fechas para el desahogo de los medios probatorios relativos, dentro de los plazos establecidos en dicho ordenamiento. En el entendido de que una vez que emita la determinación respectiva y la informe a este juzgado, con las constancias que lo acrediten, se tendrá por cumplida la sentencia, sin que sea materia del otorgamiento las subsecuentes actuaciones que con motivo de su dictado le sigan. Lo anterior es así, pues los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, como lo estableció la Segunda Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 2a. CV/2013 (10a.). Finalmente, se insiste en que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia no ha concluido la vista otorgada a las partes para que se impusieran del contenido del informe justificado; en virtud a que es inconcuso que la presente sentencia no afecta a la quejosa, mientras que la autoridad responsable no está legitimada para combatir la decisión aquí adoptada. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el último considerando de esta resolución. ¿.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Intégrese el oficio signado por la autoridad responsable, a través del cual, rinde su informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Pruebas En ese orden, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia certificada que adjunta y dada su naturaleza se tiene por admitida y desahogada, debiendo dar cuenta con ella en la audiencia constitucional. Transferencia de audiencia Por otra parte, del estado procesal de autos, se advierte que el presente sumario se encuentra debidamente integrado para el dictado de la resolución correspondiente, en virtud de que se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable. En ese contexto, a efecto de velar por el derecho de las partes a una impartición de justicia pronta y expedita, como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la audiencia constitucional inicialmente prevista para las diez horas con catorce minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se difiere anticipadamente y en su lugar, se fijan las diez horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la tesis I.5o.C.1 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 2, que dice: "Audiencia Constitucional. Su Diferimiento Anticipado Oficiosamente No Constituye una Violación Procesal en Perjuicio de las Partes. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados".

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, a través del cual remite el testimonio de la resolución engrosada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial ********************, de su índice, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "ÚNICO. Se declara competente al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México." Háganse las anotaciones respectivas, acúsese recibo y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 19, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran seis meses de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia que carece de relevancia documental. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de la autorizada de la parte quejosa por medio del cual refiere que el usuario correcto para notificarle es "Rosalbagm", no así el el usuario "3299645", pues a éste último no lo señaló para oír y recibir notificaciones. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se regulariza el procedimiento, en el sentido se tiene al "Rosalbagm" como domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto se deja sin efectos la notificación realizada vía electrónica cinco de los actuales y se ordena notificar el auto de veintinueve de septiembre de este año al usuario "Rosalbagm". EN CUMPLIMIENTO AL PROVEÍDO DE ESTA FECHA, SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA, EL DIVERSO AUTO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Toluca, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Radicación y registro Vista la demanda promovida vía electrónica por Rosalba González Martínez, quien se ostenta como apoderada legal de Gabriela Rojas Merlos, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, regístrese con el número de expediente 1530/2023-II. PREVENCIÓN Ahora, en términos del artículo 108, fracción I y V, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se previene al promovente de amparo para dentro del término de cinco días, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Deberá acreditar fehacientemente la personalidad con que se ostenta, esto es, como apoderada de la directa quejosa Gabriela Rojas Merlos. Lo anterior, pues si bien es cierto que adjuntó -carta poder-, también lo es que no se encuentra cabalmente cumplido lo previsto en el artículo 12, inciso f), párrafo segundo del "Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) y al Expediente Electrónico", cuyo contenido es: "Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. (.) f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso;" Es decir, la promovente omitió manifestar "bajo protesta de decir verdad" que el documento con el que pretende acreditar la personalidad con que se ostenta en la presente instancia constitucional, es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Además, lo anterior se corrobora con el contenido del Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Federal, que regula la integración y Trámite de Expedientes Electrónicos y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en su artículo 3 del capítulo primero, estipula lo siguiente: Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios. II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. III. La servidora o servidor público fedatario responsable de verificar la coincidencia de contenidos del expediente impreso y del electrónico deberá validar que: (i) toda documentación recibida por vía electrónica se imprima y agregue al expediente impreso, en su caso, con la evidencia criptográfica de la firma respectiva y sin necesidad de certificación o actuación judicial; y (ii) la documentación recibida en formato impreso se digitalice e ingrese al expediente electrónico respectivo mediante el uso de la FIREL, ya sea por parte de la OCC, de la Oficialía de Partes o de la servidora o servidor adscrito al órgano jurisdiccional a quien se haya designado para tal efecto. IV. En el caso de los medios de control de constitucionalidad promovidos contra lo resuelto en juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al PJF, se procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables, particularmente mediante la celebración de convenios de interconexión. En caso de que lo anterior no sea posible, dicha digitalización se realizará conforme a las cargas de trabajo lo permitan por el personal de las OCC o por el adscrito a los órganos jurisdiccionales que eventualmente conozcan de dichos medios de control. V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor que los impresos. VIII. Las características de los documentos que podrán ingresarse a un expediente electrónico se sujetarán a los lineamientos que emita la DGGJ, con opinión de DGTI, sobre el formato y tamaño de aquéllos. IX. La información relativa a los expedientes electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del CJF se alojará dentro de su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos. X. El Sistema Electrónico del PJF llevará un registro puntual de los certificados digitales de Firma Electrónica mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante para el mejor funcionamiento de los sistemas correspondientes. Lo resaltado es propio de este órgano jurisdiccional. De ahí que -se insiste- si la promovente omitió establecer "bajo protesta de decir verdad", que el documento correspondiente a la carta poder que adjuntó vía electrónica a su escrito inicial de demanda, para acreditar la personalidad con que se ostenta, es copia íntegra e inalterada del documento impreso; resulta evidente que no se cumplió a cabalidad con lo establecido en las porciones normativas que se citaron con antelación. Resulta de oportuna aplicación, la jurisprudencia 43/96 visible en la página cuarenta y ocho, tomo IV, julio de mil novecientos noventa y seis, novena época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA CREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". COPIAS Asimismo, deberá exhibir, las copias necesarias de su escrito inicial de demanda y del ocurso en que desahogue la prevención de mérito, en términos de lo que establece el numeral 110 de dicha normatividad. APERCIBIMIENTO Apercibido que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio, acceso y notificaciones electrónicas Se autoriza la consulta del expediente en su versión electrónica a través del usuario "********************", por encontrarse registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el usuario "********************", no así el domicilio físico que proporciona, lo anterior, en aras de favorecer una justicia pronta y expedita, a través del uso de medios digitales. En ese sentido, se comisiona al oficial judicial "A", para que actualice los campos respectivos a fin de que la citada parte procesal pueda acceder al expediente electrónico. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciada o licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Expedición de copias Desde este momento se autoriza a las partes la obtención de impresiones con firma criptográfica, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. Consulta de expediente Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, así como en el Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que al consultar en los dispositivos electrónicos, eviten alterar las actuaciones que integran el expediente físico y electrónicamente, así como, afectación en los equipos de cómputo, en las constancias y/o alteración en las determinaciones, con el apercibimiento que de hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda a la investigación de hechos conforme lo prevé el artículo 211 Bis 1, del Código Penal Federal. Exhorto a las partes Se exhorta a las partes, para que se transite de la tramitación del expediente físico hasta la actuación electrónica, obligadas a llevar a cabo la presentación de promociones y/o recursos por la misma vía, de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."

Quedan 1 actuación en este expediente

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