Gabriela Yazmin Montufar Manzo

Expediente 848/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
848/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Yazmin Montufar Manzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que por una parte se negó y por otra se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable las documentales que allegó al presente asunto, misma que obra en dos discos compactos, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta minutos del siete de enero de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 848/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó a juicio el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da nueva cuenta con los formulados por la Agente del Ministerio Público adscrita y hace constar que las demás partes no los formularon. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la fiscal adscrita y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Alfredo Anguiano García y Gabriela Yazmín Montufar Manzo, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 848/2021, se admitió mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno (foja 7); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Finalmente, seguido el juicio por su cauce legal, el veinte de diciembre del año pasado, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad judicial que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: El acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno pronunciado dentro de la causa penal 131/2020, en la que se impuso a los quejosos, una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como medida de apremio derivado de su incomparecencia a la audiencia de formulación de imputación que se había programado para el catorce de septiembre del mismo año. El cual atribuyó a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán (foja 18), manifestó que no es cierto el acto que se les atribuye respecto de la quejosa Gabriela Yazmín Montufar Manzo, ya que el medio de apremio consistente en la multa solo se impuso a su asesor jurídico Alfredo Anguiano García, debido a que, derivado de su inasistencia no se pudo desahogar la audiencia de formulación de imputación. Además, señaló que en términos del artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es necesaria la presencia de la víctima para la celebración de esa audiencia. No obstante lo anterior, la promovente del amparo Gabriela Yazmín Montufar Manzo, no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendidos por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Se justifica lo señalado, porque además de que la existencia del acto reclamado fue negada de forma lisa y llana, dicha aseveración tampoco generó motivo alguno para que en suplencia de la queja deficiente este juzgador conminara a la autoridad responsable a probar su dicho, en este caso, la negativa del acto a ella atribuido, porque la naturaleza de su aseveración la liberó de la carga probatoria y la trasladó a la inconforme, quien afirmó la transgresión a sus derechos, a partir de la actuación de ese ente de gobierno, por eso a la quejosa correspondía la acreditación de sus argumentos. Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado atribuido a la responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a la quejosa Gabriela Yazmín Montufar Manzo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por lo que corresponde al quejoso Alfredo Anguiano García, ya que como quedó precisado en la consideración que antecede, en el informe justificado, la juez responsable señaló que impuso al referido peticionario del amparo, medio de apremio consistente en la multa equivalente a 20 unidades de medida y actualización, debido a que, derivado de su inasistencia no se pudo desahogar la audiencia de formulación de imputación; asimismo, señaló que el apercibimiento de ese medio de apremio quedó determinado desde el auto de once de mayo de dos mil veintiuno. Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte del mismo, consistente en dos discos que contienen, uno el registro audiovisual de la audiencia de catorce de septiembre de dos mil veintiuno en la que se impuso la multa, y otro, la carpeta digital administrativa correspondiente a la causa penal ZAM/131/2020; con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado por el quejoso Alfredo Anguiano García. Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. I. La Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo (falta de interés), porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por lo tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos (foja 38 reverso). Sin embargo, no procede atender el alegato relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye toralmente, la multa que se le impuso en la causa penal de origen. Al no existir más causas de improcedencia que las partes hayan hecho valer y dado que este juzgado tampoco las advierte de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; por tanto, se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil veintiuno pronunciado dentro de la causa penal 131/2020, en la que se impuso al quejoso Alfredo Anguiano García, una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 104, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como medida de apremio derivado de su incomparecencia a la audiencia de formulación de imputación que se había programado para el catorce de septiembre del mismo año. La parte quejosa en su escrito de demanda hizo valer los conceptos de violación, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así en sus conceptos de violación, el peticionario de la tutela constitucional aduce que: La multa reclamada es ilegal en la medida que no le fue notificada en tiempo y forma la fecha señalada para la audiencia de imputación y lo que sí aconteció fue que en la propia fecha de la audiencia, siendo las trece horas con treinta minutos, recibió una llamada a su celular por parte de la auxiliar de la sala, en la que se le hizo del conocimiento del diferimiento de la audiencia y de igual forma, en la llamada se le notificó la imposición de la multa por su incomparecencia; y, Que el acuerdo reclamado viola sus garantías de fundamentación y motivación, porque el mismo carece de las mismas. Conceptos de violación que es infundado el establecido en el inciso a), como a continuación se demostrará; para hacerlo, en primer término, debe señalarse que como quedó precisado anteriormente, en la resolución que constituye el acto reclamado, la juez responsable determinó imponer al quejoso Alfredo Anguiano García medio de apremio consistente en la multa equivalente a 20 unidades de medida y actualización, debido a que, derivado de su inasistencia no se pudo desahogar la audiencia de formulación de imputación. De la misma forma, se tiene que la juez responsable señaló que previo a la imposición de esa multa, el apercibimiento de ese medio de apremio quedó determinado desde el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, el cual se emitió en los términos que se anotan: / Como se observa de la imagen inserta, desde el proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, se reprogramó la celebración de la audiencia de imputación y se fijaron las trece horas del catorce de septiembre de dos mil veintiuno; adicionalmente, en ese mismo proveído, se ordenó notificar a las partes que deberían de comparecer puntualmente y que de no hacerlo, se les impondría una multa equivalente a veinte unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 104, fracción II, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, además que se procedería conforme al tercer y cuarto párrafo del numeral 57, del propio ordenamiento legal. Ahora, el argumento toral del quejoso en el que descansa la ilegalidad de la multa que se le impuso, es que no se le notificó oportunamente la fecha señalada para la audiencia; pese a ello, de las constancias que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal 131/2020, se advierte que contrario a lo que afirma, quedó notificado de la determinación de once de mayo de dos mil veintiuno, en la propia fecha: / Como se ve, la notificación del proveído de once de mayo de dos mil veintiuno que contenía la determinación que reprogramó la audiencia de formulación de imputación, se le notificó vía correo electrónico en esa misma fecha, a las 19:27 horas, al cual se adjuntó el documento en PDF que contenía la propia determinación. Notificación la anterior, que en términos de los artículos 82, fracción I, inciso b) y 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe considerarse legal, por dos aspectos, el primero, porque la ley faculta la realización de las notificaciones personales por algunos de los medios tecnológicos señalados por el interesado, como en el caso, el correo electrónico; y el segundo, porque el promovente del amparo, no impugnó la validez de esa notificación en términos del referido numeral 88. Por ello, dicha notificación exhibida en copia certificada tiene valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por constituir una actuación emitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, por lo que tiene la eficacia suficiente para demostrar y generar convicción al suscrito juzgador que el quejoso tuvo conocimiento del auto de once de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se reprogramó la audiencia de formulación de la imputación, en esa misma fecha; de ahí, lo infundado del concepto de violación que se estudia en este apartado. En otro aspecto, es inoperante el concepto de violación en el que el quejoso aduce que el acuerdo reclamado viola sus garantías de fundamentación y motivación, porque el mismo carece de las mismas; así es, porque el quejoso omite señalar las causa o motivos por los que a su consideración se actualizan esas deficiencias, y únicamente se limita a referir en forma genérica que, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, pero omite señalar la parte de la determinación o los motivos, por los que a su parecer la juez responsable los actualizó. Lo anterior quiere decir que, el quejoso en ese concepto de violación solo se limita a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento y no expone razonadamente por qué estima que el acto reclamado adolece de fundamentación y motivación; y por ello, este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de su planteamiento, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de su argumento. Sin que sea impedimento para realizar la anterior calificación de inoperancia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Finalmente y con relación a los dos criterios que invocó el quejoso con temática de la "multa excesiva" y "fundamentación y motivación"; aun cuando no formuló argumento alguno para justificar la aplicación de los mismos al asunto que se resuelve, este juzgador procede a pronunciarse con relación a la aplicabilidad del que contiene el tópico de la multa excesiva, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 32/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2016525, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 847, que dice: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." No así, del relativo a la fundamentación y motivación, dado que, en párrafos precedentes, se calificó inoperante el concepto de violación referente a ese tópico. Por ello, por lo que se refiere a la jurisprudencia P./J. 7/95, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 200348, Novena Época, Materias(s): Constitucional, Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995, página 18, que dispone: "MULTA EXCESIVA PREVISTA POR EL ARTICULO 22 CONSTITUCIONAL. NO ES EXCLUSIVAMENTE PENAL. Es inexacto que la "multa excesiva", incluida como una de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, deba entenderse limitada al ámbito penal y, por tanto, que sólo opere la prohibición cuando se aplica por la comisión de ilícitos penales. Por lo contrario, la interpretación extensiva del precepto constitucional mencionado permite deducir que si prohíbe la "multa excesiva" como sanción dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical dentro de las conductas prohibidas normativamente, por extensión y mayoría de razón debe estimarse que también está prohibida tratándose de ilícitos administrativos y fiscales, pues la multa no es una sanción que sólo pueda aplicarse en lo penal, sino que es común en otras ramas del derecho, por lo que para superar criterios de exclusividad penal que contrarían la naturaleza de las sanciones, debe decretarse que las multas son prohibidas, bajo mandato constitucional, cuando son excesivas, independientemente del campo normativo en que se produzcan." Se considera inaplicable y que por ello, la multa impuesta no es excesiva, en la medida que el apremio al que se hizo acreedor por el equivalente a 20 unidades de medida y actualización, es el mínimo que establece el artículo 104, inciso b), del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala: Multa de veinte a mil días de salario mínimo vigente en el momento y lugar en que se cometa la falta que amerite una medida de apremio. Tratándose de jornaleros, obreros y trabajadores que perciban salario mínimo, la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de trabajadores no asalariados, de un día de su ingreso. Por tanto, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación planteados y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Sexta. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Yazmín Montufar Manzo, en términos del considerando tercero de esta resolución. Segundo. La Justicia de la no Unión ampara ni protege a Alfredo Anguiano García, contra el acto reclamado a la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral, Región Zamora, Michoacán, descrito en el considerando quinto de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Morelia, Michoacán, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente del estado procesal que guardan los autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días, previsto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa acreditara ante este Juzgado de Distrito que garantizó el importe de la multa impuesta por la autoridad exactora, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el citado precepto legal la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa en la referida interlocutoria, deja de surtir efectos hasta en tanto cumpla con tal requisito. Hágase del conocimiento a la autoridad responsable que la parte quejosa no cumplió con el requisito referido al momento de concederle la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que están en condiciones de llevar a cabo la ejecución del mismo hasta que se le informe lo contrario. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulado el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a este Juzgado. Ahora bien, en virtud de la solicitud que realiza la agente en cita, para que se le expida copia de la sentencia, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Hágase nueva relación de dicho pedimento en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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