Gabriela Saavedra Herrera

Expediente 481/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
481/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Saavedra Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase al Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, la documental que anexó como soporte de su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cuarenta minutos del once de julio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 481/2023, sin la comparecencia de las partes. Esta característica es muy importante, por cuanto ella permite determinar la cuantía atendiendo al uso del servicio prestado a cada contribuyente y, consecuentemente, el monto de la contribución a pagar. Apoya lo anterior, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.1/98, publicada en la página 40 del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 1998, Materias Administrativa-Constitucional, Novena Época, registro 196395, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". Vinculado con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio que el análisis del principio de proporcionalidad y equidad tratándose del cobro de derechos por servicios se rigen por un sistema distinto al de los impuestos, ya que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se deben tomar en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos, pero no así para el cobro de derechos, dado que la cuota relativa, como se ha mencionado, se deberá fijar atendiendo al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y las cuotas relativas deberán ser fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Cobra vigencia al respecto la jurisprudencia número P./J. 2/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 41 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, a cual es del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Una vez establecido lo anterior, este juzgador determina que resulta inoperante el concepto de violación hecho valer por la accionante del amparo en el que en -en esencia- señala que el artículo 20, fracción II, inciso a), es violatorio del principio de proporcionalidad y cita las tesis de rubros "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD." y "SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR, INSCRIPCIÓN Y REFRENDO ANUAL. EL ARTÍCULO 276, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, AL ESTABLECER DIVERSAS CUOTAS PARA EL PAGO DE LOS DERECHOS RELATIVOS, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA". Así se considera, porque respecto del principio de proporcionalidad, la parte quejosa señala que la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, específicamente en su artículo 20 fracción II, inciso A), lesiona el derecho de proporcionalidad establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al establecer el pago de uno cuota excesiva, abusiva, y eminentemente recaudatoria, notoriamente superior al costo que al gobierno estatal le significó la adquisición de la dotación de placas así como holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación. Señala que la razón de lo anterior es porque, como se advierte de la Licitación Pública Estatal Electrónica CADPE-EM-LPE-124/2021 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, el Estado invierte la cantidad de cuatro pesos con cincuenta centavos por el refrendo anual de calcomanía y la incluye en la Ley de Ingresos en su artículo 20, fracción II, inciso A), en la cantidad de mil cincuenta y seis pesos, lo que resulta a todas luces una violación a las garantías de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como a los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, ya que no está cobrando un derecho fiscal para recuperar la cantidad que erogó para prestar el servicio sino una cantidad excesiva con fines de recaudación que afecta su economía y patrimonio. También señaló que la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, no solo funciona para trámites vehiculares, por lo cual se le asigna una partida presupuestal establecida en el paquete fiscal, para el pago de su personal y adecuado funcionamiento, y de igual forma el equipo de cómputo que utilizan también es para dar diversos servicios como altas de vehículos, baja de los mismos, cambios de propietario, expedición de licencias de conducir, reposición de tarjetas de circulación y placas, por los cuales se establecen diversos derechos fiscales e impuestos como el de enajenación de vehículos de entre otros más servicios que presta, y como ya se dijo para lo cual se le asigna partida presupuestal de operación y funcionamiento, lo cual al estar contemplado en la legislación fiscal, no requiere ser probado por los quejosos, menos aún en el presente ejercicio fiscal donde se ha anunciado el cobro por el canje de placas, como una medida recaudativa que contraviene los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Concluye, señalando que el cobro del derecho reclamado es inconstitucional porque implica un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio, ya que si se tratara de un derecho fiscal, todos los vehículos automotores sin distinción alguna, ya sean motocicletas, automóviles, camiones o autobuses, pagarían lo mismo. Para evidenciar dicha calificativa conviene recordar que el artículo reclamado por la parte quejosa regula un derecho por servicio, que lo constituye el registro y control vehicular de transporte particular. Asimismo -como se acaba de resumir- como la parte quejosa señala que el artículo 20, fracción II, inciso A), es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria debe traerse a glosa el criterio emitido al respeto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis 2a. CX/2013 (10a.), publicada en la página 1589 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Materia Constitucional, Décima Época, registro 2005254, de rubro y texto: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen". En ese contexto, es evidente que, tratándose de servicios para analizar su proporcionalidad, contrario a lo que sostiene la quejosa, necesariamente se involucran cargas probatorias, porque para poder determinar si la porción normativa reclamada es violatoria o no de dicho principio, de inicio la parte quejosa debe aportar elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, en el caso, que el costo del holograma es mucho menor al establecido en el artículo 20 fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés; y por su parte, las autoridades responsables deben de desvirtuar la afirmación de la parte quejosa. Así, de lo dispuesto por el artículo de 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la quejosa, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la legalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la legalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. Es la quejosa quien -de inicio- debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora del principio de proporcionalidad tributaria, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Toda vez que a partir del planteamiento que realice el gobernado en su demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículos de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. En el caso, la parte quejosa para acreditar que el cobro del servicio recibido es superior al costo que ese mismo servicio tiene en el mercado, ofreció licitación pública estatal electrónica CADPE-EM-LPE-124 de treinta de diciembre de dos mil veintiuno y lo "declarado ante todos los medios de comunicación" por el titular del ejecutivo de que con el reemplacamiento recaudará más de mil cuatrocientos millones de pesos. Adicionalmente, dijo que de las pruebas allegadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, se podrá evidenciar que los gastos realizados exclusivamente en el área de registro y control vehicular, que incluyen altas, bajas, multas, recargos, cambios de propietario, impuestos por enajenación de vehículos, demuestran que el cobro realizado es totalmente inconstitucional, por violentar los principios de equidad y proporcionalidad tributarios. Ahora, aunque el Director de Recaudación del Estado de Michoacán, no rindió su informe justificado, se tienen a la vista en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por constituir hechos notorios, las constancias que dicha responsable ha remitido, así como las manifestaciones que ha formulado en otros juicios de amparo sujetos al conocimiento del suscrito, respecto del mismo decreto reclamado, en los que ha manifestado que contrario a lo señalado por la parte quejosa, el cobro contenido en el artículo reclamado se encuentra justificado, ya que existe un razonable equilibrio entre la cuota cobrada al usuario y el costo para el Estado en la prestación de servicio, atendiendo a la estructura administrativa, operativa, funcional desplegada y la durabilidad del servicio, además del material y servicios empleados, directos e indirectos para satisfacer la necesidad colectiva e individual de los ciudadanos, para el servicio de control vehicular. En efecto, en esos asuntos el Director de Recaudación del Estado de Michoacán ha remitido copia certificada del documento denominado determinación del costo unitario del servicio de refrendos digitales que comprende el periodo del dos de enero al veintiocho de febrero de dos mil veintitrés: Con esa documental, la mencionada autoridad responsable ha acreditado que los montos tanto de las placas como del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación están justificados, ya que para el servicio de registro y control vehicular de transporte particular, no solo se tenía que tomar en cuenta los costos de las placas y calcomanías, sino también los costos que para el Estado tiene la ejecución de dicho servicios, como lo son el pago de por conceptos como papelería, renta, servicios de desinfección y fumigación, servicios de vigilancia, de recaudación, traslado y custodia de valores así como la nómina del personal involucrado. De ahí la inoperancia del concepto de violación en estudio, toda vez que la parte quejosa no acreditó que los costos contenidos en la porción normativa reclamada por los conceptos de dotación de placas y del holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación fueran excesivos con relación a lo erogado por el Estado. Por otro lado, es infundado el concepto de violación en el que la quejosa aduce que el cobro del derecho reclamado es inconstitucional, porque contempla un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio, ya que si se tratara de un derecho fiscal todos los vehículos automotores, sin distinción alguna, ya sean motocicletas, automóviles, camiones o autobuses, pagarían lo mismo. Así es, porque como se dijo en párrafos precedentes, tratándose de derechos por servicios, lo relevante en el hecho imponible es que se individualice al usuario del servicio de que se trate, en unidades de consumo o de uso, es decir, que para la determinación de las cuotas a pagar por tal concepto no se tomen en cuenta elementos que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, puesto que tal sistema es aplicable únicamente a los impuestos y sobre todo, que las cuotas relativas sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Partiendo de lo anterior, quien resuelve estima que contrario a la apreciación de la parte quejosa, el hecho de que el derecho impugnado se encuentre previsto con diferentes tarifas para diversas categorías de los vehículos automotores, no implica un trato indistinto o desigual respecto del mismo servicio. Ello, porque las cantidades fijadas en cada una de las categorías, esto es, las que comprenden autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas pagan el importe de $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), mientras que las que comprenden las motocicletas, efectúan un pago de $575.00 (quinientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y aunque ciertamente hay una diferencia en el pago del derecho, también cierto es que, se trata de categorías distintas, pero que contienen una cuota única. Esto porque todos los usuarios de una misma categoría, independientemente de si son propietarios de autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, pagan la cuota única de $1,905.00 (mil novecientos cinco pesos 00/100 M.N.), sin que se atienda al fijar esa cuota única, a elementos particulares que reflejen la capacidad contributiva del gobernado, pues si fuera el caso, se consideraría por ejemplo, al valor de los vehículos; lo que pone de manifiesto que el cobro del servicio prestado respeta los principios de equidad y proporcionalidad tributaria. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que al estar categorizado en diversos padrones, esto es, "vehículos automotores" y "motocicletas", no pueden estar sujetos a una misma tarifa, ya que por principio, el servicio y lo que implica su prestación no suponen el mismo costo para su mantenimiento. Lo que es razonable si se considera que el registro de vehículos automotores es notoriamente superior, al que corresponde por motocicletas, lo que se advierte como hecho notorio porque la experiencia empírica conduce a esa conclusión, pues la cantidad de vehículos automotores (autos, camionetas, camiones, etcétera) que se ven circulando es mucho mayor a las motocicletas circulantes; lo que ya implica la primera diferencia entre ambos servicios, pues para su prestación el correspondiente a vehículos requiere un mayor número de personas contratadas y una mayor infraestructura dedicada a los automotores que a las motocicletas. Aunado a ello, como lo dijo la responsable, las dimensiones físicas de los hologramas y placas son diferentes entre unos y otros, pues los correspondientes a las motocicletas son de menor tamaño a los de los vehículos automotores, sumado a que en las motocicletas solo se otorga una placa trasera, en oposición a la placa delantera y trasera que se otorga para los vehículos automotores; de ahí, lo infundado de su argumento. Cita de tesis. Finalmente, respecto al primero de los criterios invocados por la parte quejosa ["DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD"], no es aplicable. Lo anterior es así, toda vez que los preceptos a los que hace referencia el criterio invocado por la parte quejosa, establecen que el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, será cuantificado mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferenciados de los vehículos; lo que no ocurre en el caso a estudio, toda vez que, en el artículo 20, fracción I, inciso A) y fracción I, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del año dos mil veintitrés, establece el monto del pago del servicio de registro y control vehicular de transporte particular, por concepto de dotación de palcas o por holograma de circulación, o refrendo anual de calcomanía de circulación, será de acuerdo a si se trata de autobuses, camiones, camionetas, automóviles o pipas; si se pide un número específico de placa; si se trata de vehículos de servicio particular adaptados, o de uso para personas con discapacidad; remolque; motocicletas, cuatrimotos; placas para demostración; por la reposición de placas, por extravío, robo, deterioro o destrucción, entre otros. Además, respecto de los criterios citados, debe decirse que si bien su cita es causa de pedir, lo cierto es que en amparo contra leyes dicha causa de pedir no es suficiente tomando en cuenta la presunción de constitucionalidad de que gozan las normas, motivo por el cual le correspondía a la parte quejosa, exponer las razones por las cuales estima inconstitucionales los actos reclamados y no sólo citar tesis. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 121/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Novena Época, Materia Común, registro digital 177264, de rubro y texto: "LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejosos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstitucionales los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por tanto, al haber sido inoperantes e infundados los conceptos de violación, no se demostró que las leyes impugnadas infrinjan en perjuicio de la quejosa los derechos fundamentales consignados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Saavedra Herrera, por los actos atribuidos al Secretario de Gobierno y a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán por las razones contenidas en el considerando tercero y quinto de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriela Saavedra Herrera, por propio derecho, por los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Director de Recaudación del Estado de Michoacán, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tienen por recibidos los oficios firmados electrónicamente por el Director de lo Contencioso adscrito a la Dirección General Jurídica, en representación del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán y en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado que rinde la autoridad responsable de referencia; asimismo, téngase por recibidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las documentales adjuntas al mismo, así como a las que hace alusión en el segundo de sus ocursos, en vía de alcance, con las que se ordena formar un tomo de pruebas, quedando bajo el resguardo de esta secretaría. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, en atención a la información remitida por la autoridad responsable, es dable establecer que en términos del artículo 1° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este órgano jurisdiccional es sujeto obligado a proveer lo necesario para garantizar el derecho de acceso a la información pública, por lo que es necesario traer a cuenta el artículo 97 de la ley antes referida, la cual establece lo siguiente: "Artículo 97. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán, además de lo establecido en el Título Sexto de la Ley General, las disposiciones de la presente Ley. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información previstas en el presente Título y deberán acreditar su procedencia, sin ampliar las excepciones o supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes, de conformidad con lo establecido en la Ley General. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen documentos o expedientes como reservados, ni clasificar documentos antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información. La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño." Atento a lo anterior, este órgano federal procede a clasificar las constancias, para lo cual es necesario tomar en consideración lo establecido en la fracción I, 113 de la ley en cita, que dice: Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; (.)" De lo anterior, se advierte que se considerará información confidencial aquella que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, tal como en la especia sucede con las constancias anexas al informe de ley. Consecuentemente, este órgano federal protegerá la información reservada o confidencial en torno a su publicidad, según el caso concreto, ya que también resulta como sujeto obligado en términos de las disposiciones legales referidas. Finalmente, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado y documental antes indicado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se desprende que aún no obra el acuse de recibo ni el informe justificado solicitado al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. En virtud de lo anterior, para dar lugar a que la autoridad de referencia se encuentre en aptitud de rendir su informe respectivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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