Gabriela Rivera Rivera

Expediente 406/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
406/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Rivera Rivera
  • Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado y en el sistema SISE, el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso b) de la ley de amparo.

  2. Principal

    El secretario certifica: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia emitida en autos, pues dicho término transcurrió del veintidós de agosto al cuatro de septiembre del presente año tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes de conformidad con los artículos 19 y 22 de la Ley de Amparo; sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que en el presente expediente se exhibieron documentos originales por el quejoso, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 406/2019, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en la que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que por una parte se sobreseyó y por otra se negó la protección constitucional solicitada. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Finalmente, como de autos se advierte que obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto décimo primero del Acuerdo General en cita requiérasele para que dentro del plazo de noventa días acuda ante este juzgado a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo en dicho plazo, los documentos correrán la misma suerte que tenga el presente expediente. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 2-86), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, Gabriela Rivera Rivera y Ricardo Hurtado Gómez, por conducto de su apoderado jurídico José Luis Nieto Millán, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Actos que estimaron violatorios de los artículos 14°, 16, 17 y 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta de abril de dos mil diecinueve -previo cumplimiento a requerimiento- se admitió a trámite la presente demanda de amparo; se registró en el libro de gobierno con el número 406/2019; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. El diez de junio de dos mil diecinueve (foja 136), se reconoció el carácter de terceros interesados al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que la omisión y el auto reclamado se atribuyen a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, los actos reclamados por los quejosos, consisten en: Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán: La omisión y dilación de notificar y emplazar al Ayuntamiento de Maravatío, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. La omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, pruebas, alegatos y resolución prevista por los artículos 99, 103 y 114 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus municipios. Acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el cual no admitió la demanda en contra del Municipio de Maravatío, Michoacán. Del Actuario del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo: La omisión y dilación de notificar y emplazar al Ayuntamiento de Maravatío, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Del Actuaria de la Junta Especial Número 10 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zitácuaro, Michoacán: La omisión y dilación de la autoridad responsable de notificar y emplazar al Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán. Todo ello dentro del juicio ordinario laboral 388/2018. Tercero. Inexistencia de los actos consistente en: la omisión y dilación de emplazar al Ayuntamiento de Maravatío atribuido a la Actuaria de la Junta Especial número 10 de la Local de Conciliación y Arbitraje; y, la omisión y dilación de emplazar al Instituto Mexicano del Seguro Social atribuido al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán y a la Actuaria adscrita al mismo. La Actuaria adscrita a la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyeron, consistentes en la omisión y dilación de la autoridad responsable de notificar y emplazar al tercero interesado Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán. Ahora bien, toda vez que los actos analizados en el presente considerando son omisiones, debe precisarse que -en ese caso- no basta que las autoridades nieguen los actos, sino que deberán acreditar que no incurrieron en las omisiones atribuidas. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 104/2018 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Penal del Segundo Circuito], publicada en la página 926 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, materia común, Décima Época, registro 2018110: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". En ese contexto, de las constancias que remitió el Tribunal responsable se advierte que en proveído de treinta agosto de dos mil dieciocho (foja 107), dicha autoridad ordenó emplazar al H. Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán, para lo cual envió el oficio TCA/SA/730/2018, de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, a la Junta Especial Número 10 de la Local de Conciliación y Arbitraje de Zitácuaro, Michoacán. También se puede constatar que por oficio 388/2018 de uno de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió las constancias relativas al exhorto 10C-214/2018, de las que se advierte que el diverso TCA/SA/730/2018 fue recibido el veinticuatro de septiembre de dicho año y la diligencia encomendada se efectuó el veintiocho siguiente (foja 116). De ahí que sea evidente que la Actuaria adscrita a la Junta Especial número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, no incurrió en la omisión ni dilación atribuida por los quejosos, pues a ella le fue ordenado realizar el emplazamiento del H. Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán en auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho y lo acató dos días después, esto es, el veintiocho siguiente. Por otro lado, tanto el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán como la actuaria Actuaria adscrita al mismo, al rendir sus respectivos informes justificados fojas (35 y 72), manifestaron que eran parcialmente ciertos los actos reclamados, sin especificar respecto de cuáles actos negaron y por cuales aceptaron. En relación la omisión de notificar y emplazar al Instituto Mexicano del Seguro Social el tribunal adujo El tribunal adujo que en auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, ordenó notificarlo y emplazarlo; y, el actuario que ya lo había emplazado; por lo que puede concluirse que negaron la existencia de dichos actos. Calificativa que es legal, porque de las constancias que remitió el Tribunal responsable se observa que, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la Actuaria adscrita al mismo, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho (foja 110) notificó por medio de instructivo al Instituto Mexicano del Seguro Social el auto de treinta de agosto del mismo año y le corrió traslado con copias de la demanda, lo que ocurrió antes de que la parte quejosa promoviera la presente demanda de amparo (once de abril de dos mil diecinueve). Atento a lo anterior, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda -once de abril de dos mil diecinueve- no existía la omisión atribuida a las mencionadas responsables. En tales condiciones, procede sobreseer en el juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de las constancias remitidas por la responsable aparece claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Es aplicable la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, Materia Común, Quinta Época, registro 324127, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley". Cuarto. Certeza de los actos reclamados consistentes en la omisión de notificar y emplazar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución y en el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán así como la Actuaria adscrita al mismo, al rendir sus respectivos informes justificados, manifestaron que eran parcialmente ciertos los actos reclamados, sin especificar cuáles actos negaron y cuáles aceptaron. (fojas 35 y 72). Sin embargo, de la lectura de dichos informes se puede concluir que aceptaron la existencia de los actos consistentes en: omisión de notificar y emplazar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores; omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; y, el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho. Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio la autoridad responsable en cita, consistente en las copias certificadas del expediente laboral 388/2018, promovido por los aquí quejosos frente al H. Ayuntamiento de Maravatío. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, entre las que se encuentra el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho y se advierten las omisiones reclamadas. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II Procesal-Constitucional 1, Común Primera Parte, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815, la cual el del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a la autoridad responsable, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, este juzgador advierte que respecto de los actos reclamados consistentes en la omisión de notificar y emplazar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores atribuido tanto al Tribunal de Conciliación y Arbitraje como a la Actuaria adscrita al mismo; y, en la omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución atribuida únicamente al referido Tribunal, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esto es, la que instituye que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ello, porque de las constancias que adjuntó el Tribunal responsable al rendir su informe justificado como de las diversas que remitió por oficio TCA/AMP/2822/19 presentado el trece de agosto del año en curso, se advierte lo siguiente: El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 112), la Actuaria del Tribunal responsable, notificó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho y le corrió traslado con copias de la demanda. El cuatro de julio de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Por tanto, resulta claro que dichas actuaciones tienen como consecuencia que los actos consistentes en la omisión de notificar y emplazar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en la omisión y dilación de llevar a cabo el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución cesaran en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Constancias de las cuales se anexó copia debidamente certificada al oficio de cuenta y a las que se les otorga valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. De ahí que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a la autoridad responsable a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija, cuando como en el caso, el acto reclamado sea de carácter omisivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte DE Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, registro 193758, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En esas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto de los actos analizados en este considerando. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, registro 196820, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". No es obstáculo a lo anterior, que se hubieren tomado en consideración constancias remitidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional del juicio de amparo que se resuelve [las remitidas por el Tribunal responsable], pues las mismas tienen valor probatorio pleno y sirven para demostrar el motivo de sobreseimiento invocado en esta sentencia. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1279 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, registro 2000902, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Ahora bien, toda vez que respecto del acto consistente en el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el cual la responsable no admitió la demanda laboral respecto del Municipio de Maravatío, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho pronunciado en el expediente laboral 338/2018. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por los quejosos, sin que en el caso se advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V de la Ley de Amparo. En relación al acto en estudio señala la parte quejosa que la responsable al emitir el auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho, en el que desechó y desestimó la demanda laboral en contra del Municipio de Maravatío, Michoacán, violó en su perjuicio los artículos 14, 16, 17 y 123 constitucionales, por los motivos siguientes: A. Demandaron al Municipio de Maravatío, Michoacán, diversas prestaciones laborales; y, B. La responsable al desechar la demanda adujo que el llamamiento al Municipio de Maravatío, era innecesario; por lo que la autoridad debió haber admitido la demanda. Motivos de disenso que como se adelantó son carentes de razón. En efecto, si bien es cierto que de la demanda de origen se advierte que los aquí quejosos reclamaron tanto al Ayuntamiento como al Municipio de Maravatío diversas prestaciones laborales, también lo es que, como legalmente lo determinó el Tribunal Responsable era innecesario tener a este último como parte demandada, pues era suficiente con que tuviera al H. Ayuntamiento de Maravatío, Michoacán con tal carácter. Ello, porque de conformidad con los artículos 111, 112, 113 y 123, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Michoacán; 2 y 11, Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, el Estado adopta como base de sus división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre, que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento, que es facultad de éste representar jurídicamente al municipio, que el ayuntamiento es el órgano responsable de gobernar y administrar cada Municipio y representa la autoridad superior en el mismo. Por lo que, si la responsable admitió la demanda respecto del ayuntamiento -como correctamente lo determinó- era innecesario admitirla también respecto del Municipio. No pasa inadvertido para este juzgador que la responsable únicamente refirió que no había lugar a admitir la demanda en contra del Municipio porque de conformidad con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley de Los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, resultaba innecesario; sin expresar mayor argumento. Sin embargo, como se estableció en líneas precedentes, dicha determinación fue legal, por lo que este juzgador estima que sería ocioso conceder el amparo únicamente para que la responsable exprese las razones por las que consideraba innecesario tener también como parte demandada al Municipio de Maravatío, si quedará subsistente la determinación de no admitir la demanda respecto de municipio. En consecuencia, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por los quejosos. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gabriela Rivera Rivera y Ricardo Hurtado Gómez, respecto de los actos y por los motivos contenidos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Gabriela Rivera Rivera y Ricardo Hurtado Gómez, en contra del auto de treinta de agosto de dos mil dieciocho dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por los razonamientos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que a las once con cincuenta minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se celebró la audiencia constitucional, relativa al juicio de amparo 406/2019. Atento a ello, fórmese cuaderno de antecedentes con la promoción de cuenta, así como el presente acuerdo y téngase por recibido el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, celebrada el cuatro de julio del presente año. Una vez que se dicte sentencia glósese el presente cuadernillo sin mayor proveído al juicio principal. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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