Gabriela Torres Durán

Expediente 947/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
947/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Gabriela Torres Durán

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 03 DE DICIEMBRE DE 2018, QUE REZA; Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (f. 16-22). II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Sí obran documentos originales. Se desechó la demanda de amparo. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones de conformidad con la fracción II, artículo vigésimo primero; hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Devolución de documentos. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA GABRIELA TORRES DURÁN, EL PROVEÍDO DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato; catorce de noviembre de dos mil dieciocho. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 947/2018-II. II. Parte quejosa. Gabriela Torres Durán. III. Autoridades responsables. Juez Noveno Menor Civil del Partido Judicial de León, Guanajuato y otra. IV. Precisión del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que en la presente instancia constitucional se reclama esencialmente por parte de la quejosa lo siguiente. 1). El embargo trabado sobre bienes de su propiedad dentro del juicio ejecutivo mercantil 1504/2018-M. 2). Los actos tendentes a privarla de la propiedad y posesión de sus bienes embargados, entre éstos, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el que se ordena el cambio de depositario de los bienes embargados. V. Se desecha la demanda de amparo. En virtud de lo anterior y vista la demanda de amparo y los documentos que se adjuntan a la misma, cabe precisar que: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. VI. Se desecha la demanda de amparo en relación al acto reclamado descrito en el orinal 1 (extemporaneidad). Bajo ese contexto, esta Juzgadora estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se advierte que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Ahora, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en la demanda de amparo presentada, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda es extemporánea, por lo que respecta al acto reclamado consistente en el embargo trabado sobre bienes de su propiedad dentro del juicio ejecutivo mercantil 1504/2018-M, toda vez que si bien la propia parte agraviada afirmó, en el apartado relativo que tuvo conocimiento del acto reclamado el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, lo cierto es que con posterioridad a ello en el capítulo atinente a los conceptos de violación "bajo protesta de decir verdad" sostuvo que el diez de octubre de dos mil dieciocho, ella atendió la diligencia relativa al embargo que ahora reclama; de ahí que esta Juzgadora estime que fue en esa data cuando la quejosa conoció del acto que ahora se analiza (embargo). Por ende, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del once de octubre al cinco de noviembre de la anualidad que transcurre dado que: 1. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente hábil al que se hizo sabedora del acto reclamado, a saber, el diez de octubre del año en curso; y 2. Fueron inhábiles los días doce, trece, catorce, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de octubre, así como el uno, dos, tres y cuatro de noviembre todos de dos mil dieciocho; por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo, por haber sido sábados, domingos e inhábiles, respectivamente. De ahí que si presentó la demanda que se analiza el doce de noviembre del año actual en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, es axiomático que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; porque el acto reclamado en análisis fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Por las razones jurídicas que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO." VII. Se desecha la demanda de amparo en relación al acto reclamado descrito en el orinal 2 (derivado de consentido). En otro orden de ideas, tocante al diverso acto reclamado consistente en los actos tendentes a privarla de la propiedad y posesión de sus bienes embargados, entre éstos, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el que se ordena el cambio de depositario de los bienes embargados, en el caso, también se materializa la diversa causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XIII, de la Ley Normativa del Juicio de Amparo, precepto que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Sobre el particular, es necesario referir que de la fracción en comento, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen dicho consentimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que para tener consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En el entendido, de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; o cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 2) Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. En tanto que las condiciones necesarias para reputar a un acto como derivado de otro consentido, son precisamente, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél. Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio de la Séptima Época, sustentada por la otrora Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el Semanario Judicial de la Federación, volumen veintitrés, séptima parte, página catorce, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es cierto que el concepto de consentimiento definido por el artículo 1803 del Código Civil Federal, sea el que pueda servir para determinar cuándo un acto ha sido consentido expresa o tácitamente, para fines del sobreseimiento, así se esté ante un criterio comparativo por algún autor sobre la materia. Y no debe ni puede privar ese concepto civilista, porque además de que en él campea un sentido que rige para el derecho privado, tan ajeno a la teoría del amparo, hay en la especie norma expresa al respecto en la ley reglamentaria del juicio de garantías, que hace inaplicables criterios ajenos o diversos al contenido directamente en la ley que debe regular y determinar la noción del consentimiento en cuanto a la improcedencia de la acción constitucional de amparo (artículo 73, fracciones XI y XII). La improcedencia del amparo es una cuestión que no fue acogida, en sus albores, por las leyes reglamentarias del juicio constitucional. No la consagra, para nada, la ley del 30 de noviembre de 1861, primigenia, en un orden cronológico, como tampoco contiene causales de improcedencia la Ley Orgánica Constitucional del 20 de enero de 1869 que sí menciona el sobreseimiento del amparo, aunque como causa de responsabilidad. En cambio, la Ley Orgánica de los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal de 1857, datada el 14 de diciembre de 1882, sí trata la materia del sobreseimiento en su artículo 35, al prescribir en la fracción VI del mismo artículo 35, que se sobreseerá el amparo, cualquiera sea el estado del juicio, cuando el acto hubiere sidoconsentido y no versare sobre materia criminal. No define, esa ley de 1882, en qué estriba ese consentimiento y otro tanto harán los artículos 702 y 779 del Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897 y del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 que se concretan, al través de su fracción V, a consignar que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos, siempre que éstos no importen una pena corporal o algún acto de los prohibidos por el artículo 22 de aquella Constitución de 1857. La doctrina del acto consentido es elaborada por la ley del señor presidente Carranza, la del 18 de octubre de 1919, que sí contempla la improcedencia del amparo en ese aspecto, y, por ende, define que se entiende por consentido un acto contra el que no se haya interpuesto amparo dentro de los quince días siguientes al en que se haya hecho saber al interesado, a no ser que la ley conceda expresamente término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley del señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el 30 de diciembre de 1935, complementa esta doctrina cuando en las fracciones XI y XII de su artículo 73 desenvuelve, cabalmente, la teoría de la improcedencia del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73, fracción XI), habiendo consentimiento tácito, si el juicio de garantías no se promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley en cuestión (artículo 73, fracción XII). La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados, en el juicio de garantías, conduce a formular estas nítidas proposiciones: 1) Hay consentimiento expreso del acto reclamado, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; 2) Hay consentimiento expreso, también, del acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y 3) Hay consentimiento tácito del acto reclamado cuando el juicio de amparo deja de promoverse dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria." Así como la diversa tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Semanario Judicial de la Federación 139-144 Primera Parte, Séptima Época, de rubro y texto: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento del acto reclamado no debe hacerse en forma aislada, es decir, que debe vincularse con los actos emitidos por la autoridad señalada como responsable, anteriores al que se reclame y que tengan relación con el mismo, para así poder establecer si dicho acto reclamado deriva de otro que se haya consentido. En consecuencia, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido, y el acto derivado, para así poder determinar si el consentimiento ya expresado alcanza al nuevo acto combatido. En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoya esta consideración, la tesis sustentada por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." En la especie, debe decirse que el acto reclamado que se estudia en este apartado consistente en los actos tendentes a privarla de la propiedad y posesión de sus bienes embargados, entre éstos, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el que se ordena el cambio de depositario de los bienes embargados, tuvo su antecedente en el embargo de diez de octubre de dos mil dieciocho, que personalmente atendió la quejosa y en contra del cual como se advierte en párrafos anteriores, también promovió el presente amparo; el cual resultó improcedente al haber presentado la demanda en forma extemporánea, por lo que se tiene que el acto en análisis se consintió tácitamente. Lo anterior debe entenderse que implícitamente la promovente aceptó las consecuencias que derivaron del embargo. Luego, no es posible analizar en el presente juicio de amparo, actos que surgen de otros diversos que al haber sido consentidos, implica que también se consienten sus consecuencias. Suponer lo contrario equivaldría permitir a la quejosa que impugnara en cualquier tiempo los actos contra los que no se inconformó oportunamente, pues los actos que son consecuencia natural de éstos, se sustentan en las mismas bases jurídicas, de manera que al ser estudiados en una instancia de amparo, se estarían analizando aquéllos de los que surgen; pues la falta de impugnación del acto del que deriva el reclamado constituye una manifestación de la voluntad que entraña también la conformidad en éste, como consecuencia lógica y natural de aquél. Además, los actos tendentes a privarla de la propiedad y posesión de sus bienes embargados, entre éstos, el auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, por el que se ordena el cambio de depositario de los bienes embargados, no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto consentido previamente <embargo>. Se asevera lo anterior porque, aun cuando con posterioridad al embargo se dictó un auto en el que ahora se ordena el cambio de depositario de los bienes que le fueron embargados y refiere que a partir de ese momento es cuando se le está causando el agravio del que se duele, lo cierto es que el agravio ocurrió desde el momento en que se trabó el embardo de los bienes que aduce son de su propiedad y no a partir del diverso de veinticuatro de octubre del año en curso, donde se ordenó el cambio de depositario de dichos bienes. Por tanto, si el embargo de diez de octubre de dos mil dieciocho, vedó la posibilidad de tramitar el juicio de amparo indirecto, entonces, la misma suerte corren los actos que se analizan en este apartado, al ser una consecuencia natural y legal del acto reclamado como destacado (embargo). En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo descritos en el en el ordinal 2. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 116, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Así como la tesis sin número, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tercera Parte, LXXXVII, pagina 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro consentido ha de entenderse, para los efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero y lleva implícito o comprendido a este último. De aquí que, cuando el acto haya sido dictado por aplicación de una ley o, de un reglamento administrativo, no se está en presencia de un acto propiamente derivado de la norma general, sino de un acto que por sí mismo es autónomo, ya que aquella sólo es la razón jurídica que la justicia legalmente, pero no la causa inmediata de su existencia real, que puede o no estar fundada en derecho. Es, pues, cuestión de fondo la de decidir si tal acto es o no legal, constitucional, para los efectos del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostradas las causales de improcedencia reguladas por las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". VI. Domicilio. Con con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda. VII. Autorizados. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos restringidos de la parte final del artículo 12 de la Ley de Amparo a Tito Pablos Madrigal, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional, acorde con lo dispuesto por el acuerdo general 24/2005 del Consejo de la Judicatura Federal que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, limitación que subsistirá hasta en tanto acredita contar con dicho registro. VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Comuníquese a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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