Gabriela Selene Plascencia Solorio
Expediente 552/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 552/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Juez de Control de Oralidad Penal En León, Guanajuato
- Gabriela Selene Plascencia Solorio
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, a dos de agosto de dos mil veintiuno. I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Jesús Gutiérrez Luna, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/921/2021, de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión, quien actúa ante José de Jesús Rodríguez Montiel, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 02/08/2021 , EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "I. Causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, por lo que dicha determinación ha causado firmeza procesal. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, ya que: Se desechó de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. III. Devolución de documentos. Se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado Federal a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirán junto con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 08 DE JULIO DE 2021, QUE REZA: I. Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libelo de gobierno respectivo con el número 552/2021-II, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes. II. Parte quejosa. - - - - - - . III. Autoridad responsable. Juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad. IV. Fijación de la litis. Ahora bien, vista la demanda de amparo presentada, se advierte que la quejosa reclama: La resolución dictada en audiencia de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, en la que el juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa de ampliar el término de investigación complementaria, con el fin de aportar datos de prueba por parte de la defensa en la causa penal - - - - - - - - , de su índice. V. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. Así también, la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el asunto que nos ocupa, se surte la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Ahora bien, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es importante hacer hincapié que en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se establecía que el amparo se pediría ante el Juez de Distrito "contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación". De antaño, el legislador no definía lo que debía entenderse por imposible reparación, de ahí que en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban esa ley, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, se situaban como tales, tanto los que afectaran derechos sustantivos, como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior. Un ejemplo de lo anterior, es la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, cuyo texto y rubro es como sigue: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Ahora bien, lo reseñado con antelación pone de manifiesto que, en la nueva ley de la materia, quedaron incorporados diversos criterios jurisprudenciales que se habían venido utilizando en la práctica y permitían interpretar a la Ley de Amparo abrogada, no obstante ello, en el actual precepto 107, fracción V, de la ley de la materia, quedó redactado que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que sean de imposible reparación, dándole ahora esta connotación únicamente a los que afecten derechos sustantivos, no obstante de la existencia de los criterios orientadores que interpretaban lo que debía entenderse por ese tipo de actos (afectación a derechos sustantivos o a derechos adjetivos o procesales que causaran afectación exorbitante o en grado superior); por lo que se limitó el sentido que debía dársele, en donde ya no se pueden comprender los de naturaleza adjetiva o procesal que causen afectación exorbitante o en grado superior; por tanto, ese tipo de violaciones procesales ya no son factibles combatirlas a través del amparo indirecto. No es óbice el hecho de que el artículo 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, establezca que cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, solo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva; en tanto ese numeral contiene una regla específica en amparo directo y en especial, tratándose de normas generales, por lo que su contenido no puede dar margen a estimar que en amparo biinstancial se aplique para estimar procedente el estudio de violaciones procesales relevantes. Luego, si tratándose de actos emitidos dentro de juicio, la Ley de Amparo prevé en diversos artículos las reglas que hay que observarse en el caso de amparo indirecto como en el directo, entonces debe estarse a las establecidas en cada uno de ellos; consecuentemente, no es dable aplicar al primero de los amparos citados, lo que regula en relación al segundo de ellos, específicamente en cuanto a las cuestiones que surjan dentro de juicio sobre constitucionalidad de normas generales. Entonces, como ya se precisó en párrafos anteriores, el concepto de irreparabilidad ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación para efectos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate; b) No pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y, reparables, si el afectado obtiene una sentencia favorable. De esta forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que un acto dentro del juicio es de "ejecución irreparable" cuando afecta de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que solo afecta derechos adjetivos o procesales, de tal forma que cualquier violación procesal, sea cual sea, debe ser impugnada únicamente en el momento en que se promueva el amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Debe entenderse como derechos adjetivos aquellos que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal dentro del procedimiento; por lo que si la parte que se dice afectada con el acto intraprocesal obtiene sentencia favorable, aquellas eventuales violaciones procesales se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En consecuencia, como la Ley de Amparo vigente, para la procedencia del amparo indirecto, considera que los actos emitidos dentro de juicio que resultan ser de imposible reparación sólo son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, entonces no queda comprendido en esa connotación, la resolución dictada en audiencia de fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, en la que el juez de Control de Oralidad Penal de esta ciudad, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra de la negativa de ampliar el término de investigación complementaria, con el fin de aportar datos de prueba por parte de la defensa en la causa penal 1P2020-1343, de su índice; lo anterior es así, pues dicha determinación únicamente produce efectos procesales en el juicio de origen, los cuales pueden ser reparados si se obtiene una resolución favorable. Ello estima de esa manera, porque el acto aquí reclamado no tiene el carácter de "imposible reparación", debido a que no viola de modo directo e inmediato derecho sustantivo alguno de la parte quejosa, pues versa sobre la negativa a ampliar el plazo para la investigación complementaria. En efecto, el dispositivo 107, fracción III, incisos a), primer párrafo, y b) de la Carta Magna, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y (.)". Por su parte el artículo 173 de la Ley de Amparo, en la parte que aquí resulta aplicable, dispone lo siguiente: "Artículo 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando:. [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [.] V. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones; [.] X. No se reciban al imputado los medios de prueba o pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; [.] XIX. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del Órgano jurisdiccional de amparo." Como se puede advertir, por regla general, las violaciones relativas a la defensa en igualdad de condiciones, ofrecimiento de pruebas o al tiempo concedido para tal efecto, constituyen violaciones procesales, sólo reclamables mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, salvo que tenga una ejecución de imposible reparación. Empero, del análisis integral de la demanda de amparo resulta patente que los efectos del acto reclamado no son de imposible reparación, pues no produce una afectación material e inmediata a los derechos sustantivos del justiciable, al no impedirle el libre ejercicio de alguno de estos derechos en forma presente; por tanto, en su contra es improcedente el juicio de amparo indirecto. Es así, porque la negativa a ampliar el término para la investigación complementaria, en relación con el derecho de defensa, únicamente incide en derechos procesales relacionados con la defensa en igualdad de condiciones y el plazo otorgado para la investigación complementaria, de acuerdo con la norma procesal aplicable consistente en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que evidentemente es una trasgresión procesal susceptible de ser reparada al dictarse una sentencia definitiva, la cual, incluso puede ser favorable a los intereses de la peticionaria del amparo, pues nada asegura que la ampliación o no de la investigación trascienda al resultado del fallo; requisito indispensable para considerarlo susceptible de análisis constitucional. Cobra aplicación, la tesis jurisprudencial 613, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada a foja 678, Tomo II, del Apéndice de 2011, Octava Época, registro 1002680, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." No pasa inadvertido que el proceso penal acusatorio se divida en diversas etapas que son independientes entre sí, ya que ello no puede servir de sustento para afirmar que la negativa para ampliar el plazo de la investigación complementaria transgrede derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales el procedimiento penal comprende tres etapas: I) La de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; II) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y, III) La de juicio, que inicia desde que se recibe el auto de apertura y concluye con la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Asimismo, el artículo 334 del citado código dispone que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y la admisión de los medios de prueba ?también comprende la exclusión de éstos?, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio, y que consta de dos fases, una escrita y otra oral, siendo que la segunda inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Sin embargo, las etapas en cita no son el punto de partida para determinar si un acto es o no de imposible reparación; esto es, no se analiza el acto reclamado atendiendo a la etapa en que fue emitido o si ello implica reponer actuaciones ante diverso órgano jurisdiccional, para poder concluir si se van a afectar derechos sustantivos o no, por el contrario, se estudia el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas hacia los derechos fundamentales que cuenta la parte quejosa, con independencia de la etapa donde se emita, pues lo relevante para la procedencia del amparo es poder afirmar si la ampliación del plazo de investigación complementaria es de imposible reparación o no, siendo que como sucede en los diversos procedimientos jurisdiccionales, el tema de los plazos procesales no viola derechos fundamentales-sustantivos de los inconformes. Es decir, la conclusión sobre la decisión adoptada en la etapa de investigación complementaria únicamente incide sobre derechos adjetivos, lo que se confirma al considerar que su perjuicio se desvanecería por completo si el acusado obtuviera una sentencia favorable (sentencia absolutoria). Lo dicho, porque si el recurrente viera satisfecho su interés material al quedar libre de condena, se tornaría irrelevante el plazo otorgado o ampliación para la citada investigación, y como consecuencia, no habría alguna violación al derecho sustantivo de defensa adecuada o debido proceso. Apoya lo anterior, en lo conducente, el criterio contenido en la tesis aislada 1a. LIII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra a foja 958, del Libro 55, Junio de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2017055, Materias Constitucional, Penal, de voz: "DIFERENCIAS EN EL DEBATE PROBATORIO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL EN RELACIÓN CON LA VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES. El objeto del debate probatorio durante la etapa intermedia y el juicio oral es distinto pero complementario. En la etapa intermedia se discute si de los datos que arroja la investigación se advierte una violación a derechos fundamentales que dé lugar a la exclusión de algún medio de prueba del material probatorio que se va a desahogar en el juicio oral. En cambio, la finalidad de esta última etapa consiste en esclarecer los hechos sobre la existencia de un delito y la responsabilidad del acusado en su comisión a partir de los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia. Así, en atención al principio de continuidad previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, la exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral. Con todo, aunque el debate sobre la exclusión probatoria deba agotarse en etapa intermedia, es incuestionable que en el juicio oral la defensa puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteadas en etapas previas. Esto último puede ocurrir especialmente cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que efectivamente existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión -por ejemplo, al advertirse durante el contrainterrogatorio o con algún otro medio de prueba que las autoridades mintieron o incurrieron en contradicciones en relación con lo que hubieren manifestado en etapas preliminares- o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales. En estos casos, el juez o tribunal de enjuiciamiento deberá tomar en cuenta esta cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva, sin perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. " Bajo ese contexto, se considera entonces que el acto aquí reclamado tiene un efecto meramente procesal; por tanto, dada su propia naturaleza, no genera contra la esfera jurídica de derechos de la quejosa una ejecución que sea de imposible reparación, pues como ya se dijo con antelación, la determinación reclamada constituye un aspecto meramente procedimental que podría tener trascendencia en todo caso al dictarse sentencia en el juicio de origen, lo que incluso se corrobora con lo dispuesto por el artículo 173, apartado B, fracción X, de la Ley de Amparo -antes transcrito-, que establece expresamente como violación reclamable en amparo directo, la falta de recepción de pruebas y la inadmisibilidad del recurso, de ahí que, se insiste, el amparo indirecto es improcedente en casos como el que nos ocupa. Así, se determina que el acto reclamado que se analiza, por su alcance y contenido natural, no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al no tener una ejecución de imposible reparación; ello en atención al concepto de irreparabilidad antes mencionado, pues sus efectos y consecuencias únicamente se reflejan en el proceso penal de origen. Bajo esa condición, en atención a que el acto reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se determina desechar de plano la presente demanda, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis. La anterior determinación no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis de rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA.". VI. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Escobar Guerrero, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del mismo numeral y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo, a las demás personas que menciona en su escrito de demanda, por no contar con dicho registro. VII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. VIII. Instrucción para practicar notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. IX. Transparencia de las resoluciones judiciales y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. X. Se exhorta a las partes. Por otra parte, a fin de cumplir con lo establecido en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. XI. Acuerdos generales. De igual manera, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, que en su caso se apertura, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el seis de julio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento.
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