Gabriela Ramírez Mosqueda
Expediente 1168/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1168/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriela Ramírez Mosqueda
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONCLUYÓ EL PLAZO DE IMPUGNACIÓN DEL PROVEÍDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. SE DETERMINA DESTRUIR LA PRESENTE PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Gabriela Ramírez Mosqueda, a través del cual cumple con el requerimiento efectuado en proveído de seis de septiembre del año actual (foja 10), y al respecto manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado fue el siete de agosto del año actual. Se desecha demanda de amparo. En virtud de lo anterior y vista la demanda de amparo y el escrito aclaratorio cabe precisar que: A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquéllos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ.". Ahora, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en el escrito que se acuerda, a la que se le otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la propia parte agraviada afirmó, que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de agosto del año actual; por tanto, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, Por ende, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del ocho al veintiocho de agosto de la anualidad que transcurre dado que: I. El aludido plazo se computó a partir del día siguiente hábil en que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el ocho de agosto del presente año; y II. Fueron inhábiles los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del año que transcurre, por disposición del artículo 19 de la Ley de Amparo de actual vigencia, por haber sido sábados y domingos, respectivamente. De ahí que si presentó la demanda que se analiza el cuatro de septiembre del año actual (foja 2) en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es axiomático que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Por las razones jurídicas que informa, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, primera parte de los Tomos 193-198, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, de rubro que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado Cuauhtémoc Israel Flores Méndez, Secretaria judicial, quien autoriza y da fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, seis de septiembre de dos mil diecisiete. Cuenta. En seis de septiembre de dos mil diecisiete, el licenciado Cuauhtémoc Israel Flores Méndez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, da cuenta a la juez, con el escrito de demanda presentado por Gabriela Ramírez Mosqueda, con número de registro 23197, a fin de que se sirva determinar lo procedente. Conste. León, Guanajuato, a seis de septiembre de dos mil diecisiete. Parte quejosa. Gabriela Ramírez Mosqueda. Autoridades responsables. Juez Primero Menor Civil, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Registro en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 1168/2017-II. Prevención. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112 y 114, fracción II y IV, en relación con el numeral 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte promovente para que dentro del término legal de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la misma, "bajo protesta de decir verdad" cumpla con lo siguiente: Precise la fecha de conocimiento del acto reclamado, toda vez que de la demanda se obtiene que tuvo conocimiento el seis de agosto por investigación propia; sin embargo ese día es domingo; y, Asimismo, manifieste de manera clara y cronológica los antecedentes del acto reclamado, debiendo especificar el contenido del auto de tres de julio de dos mil diecisiete, o bien anexe copia de la misma a su escrito aclaratorio; lo anterior al ser necesario para proveer sobre la admisión de la demanda. Hágase del conocimiento de la promovente que dentro del término concedido deberán exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, toda vez que el mismo es parte integral de la demanda de amparo. Apercibida que de no cumplir con los anteriores requerimientos, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley del ramo. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco I. Madero, número 219, interior 508, zona centro en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios a del artículo 12 de la Ley de Amparo a Francisco Felipe Ángel Rodríguez en virtud de contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos a Carlos Humberto Zaragoza Arias y César Márquez Acosta por no cumplir con el requisito antes citado. VI. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente. Así, lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistida del licenciado Cuauhtémoc Israel Flores Méndez, Secretaria adscrita a la Sección de Amparo de este propio órgano jurisdiccional, quien autoriza y da fe."
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