Gabriela Rivas Godínez
Expediente 642/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2022
Partes del expediente
- Gabriela Rivas Godínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la promovente de amparo, ya que fue a esta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, ya que si bien se sobreseyó en el juicio, también se emitió proveído en el que concedió la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa; empero, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Razón actuarial Intégrese la razón actuarial suscrita por la fedataria judicial de la adscripción, a través de la cual, manifiesta su imposibilidad para entregar los oficios 15993/2022 y 15994/2022, de doce de mayo del año en curso, dirigido a las autoridades responsables Coordinador de la Policía de Aprehensiones del Valle de Toluca, Estado de México (Al***, Gafete PL-805, respectivamente. Lo anterior, en virtud de que fue informada que dichas denominaciones resultan inexistentes en el organigrama de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. No obstante, dado que de autos se desprenden sus informes justificados (fojas 58 y 59), reenvíense las citadas misivas por conducto la Coordinación General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a efecto de que dichas autoridades tengan conocimiento del proveído de veintiocho de marzo del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. OFICIO Intégrense los oficios signados electrónicamente por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo de los recursos de queja hechos valer por la parte quejosa contra las interlocutorias de veintiocho de marzo y de siete abril, ambos de la presente anualidad, e informa que se admitieron con los números 401/2022 y 402/2022 respectivamente. En ese sentido, este Juzgado toma conocimiento de lo informado por la superioridad y se está a la espera de las resoluciones que en su momento se emitan sobre los medios de impugnación en comento.
- Principal
Toluca, Estado de México, dos de mayo de dos mil veintidós. ESTADO PROCESAL Y RECEPCIÓN DE ESCRITOS DE DESAHOGO DE PREVENCIÓN Agréguese a los autos los escritos de desahogo firmados por los promoventes de los menores quejosos en los juicios de amparo que enseguida se relacionan: JUICIO DE AMPARO PROMOVENTE MENORES DE INICIALES 1 EDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO) ***** En consecuencia, ténganse por satisfechas las prevenciones de que fueron objeto y se dejan sin efectos los apercibimientos con que se les conminó. Con fundamento en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, y la obligación que el suscrito tiene de precisar el acto reclamado con base en el estudio íntegro de las demandas e incluso la totalidad de las constancias existentes en ellas, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", se sigue que los quejosos reclaman lo siguiente: La omisión del Secretario de Salud del Estado de México de aplicar a los menores quejosos la vacuna contra el virus SARS-cOv-2 PARA LA PREVENCIÓN DE LA covid-19. Sin que en el caso resulte dable precisar como acto destacado la omisión legislativa consistente en no integrar a los menores al grupo etario de 5 y hasta 17 años. Es así, porque su pretensión la sustancian con base en el interés legítimo, sin embargo, a juicio del suscrito los quejosos sólo tienen un interés simple, tal como enseguida se justifica: En efecto, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Además, la Sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio: INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. ****. Conforme a ello, si bien los quejosos pretenden reclamar la omisión de integrar al grupo etario de niños de cinco a once años, en la Política Nacional rectora de vacunación con el Sars-Cov-2; lo cierto es que esa pretensión se justifica en un interés simple, ya que al obtener la vacuna se ve satisfecha su pretensión y por ende dejará de producir afectación la omisión que destacan. En efecto, el hecho de que los quejosos como ciudadanos del Estado Mexicano se encuentren preocupados porque la Política de Vacunación resulte violatoria de derechos humanos, no les otorga un interés legítimo, sino simple, toda vez que los menores representados por sus padres ya se ordenó mediante autos de diecinueve y veinte de abril actual, se presenten el veintiséis de abril próximo a la aplicación de la primera dosis de la referida vacuna y, por lo tanto, con ese acontecimiento no resentirán afectación ante el plan de vacunación. Lo anterior, revela que el interés que ostentan los peticionarios en este asunto es un interés simple, derivado de su condición de ciudadanos del Estado Mexicano, es decir, tienen un interés igual al resto de la generalidad de los gobernados, pero no reúnen las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover este juicio, como lo es no recibir el probiótico contra el virus SARS-Cov-2. En tales condiciones, los quejosos carecen de interés legítimo en tanto que su pretensión se basa en un mero interés simple, el cual corresponde a todo miembro del Estado Mexicano, ya que todo gobernado tiene interés en que las autoridades cumplan con su obligación de garantizar los derechos humanos, con apego a los principios constitucionales, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo o jurídico que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Es aplicable al presente asunto, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 18, mayo de 2015, tomo I, página 448, de rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL.- ****. ACUMULACIÓN Del análisis comparativo de los juicios de amparo señalados en párrafos precedentes, se desprenden elementos suficientes e idóneos que demuestran la identidad y conexidad esencial que existe entre las demandas de amparo relacionadas que hacen procedente su acumulación de oficio, ya que se trata de juicios de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, promovidos por diversos quejosos, contra similares autoridades responsables y a quienes se les reclaman esencialmente los mismos actos. En esa tesitura, si bien es cierto que la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, también lo es que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de siete de septiembre de dos mil quince, la Contradicción de Tesis 27/2015, determinó que sí procede la acumulación de dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio. Como lo informa la jurisprudencia**** , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, página 19, de rubro y texto siguientes: ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. ****. Criterio que en términos del artículo 217 de la legislación de la materia, es de observancia obligatoria para este Juzgado de Distrito y dado que conforme a las constancias de autos, en los casos antes enlistados, se cumplen los extremos que ameritan la acumulación puesto que en todos ellos, como ya se dijo, se reclama esencialmente el mismo acto, respecto de similares autoridades responsables, resulta conveniente y necesario decretar la acumulación ya anunciada, para la más pronta solución de los asuntos sometidos al conocimiento de este juzgado federal, evitando además el riesgo de dictar sentencias contradictorias entre sí. En dicho contexto, con fundamento en los artículos 72, 73 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal, y atendiendo además a la regla relativa a que la acumulación se hará del asunto más nuevo al más antiguo, así como a que todos los juicios en cita se tramitan ante este órgano jurisdiccional, de oficio se decreta la acumulación del juicio de amparo 644/2022-V-A al diverso 642/2022-III-A en que se actúa, para tramitarlos y resolverlos en un solo expediente. Cabe precisar que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea de los juicios de que se trata, éstos conservan su individualidad, es decir, sus características propias. DESECHAMIENTO DE MENOR G.P.R., QUEJOSO EN EL JUICIO DE AMPARO 642/2022-III-A Este juzgador, considera actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 3044/98, determinó que para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia debe tenerse presente que la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo. Y dijo que entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que impiden la materialización de sus efectos se encuentra la prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada (de contenido idéntico a la que se estudia), en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de derecho humano que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, el juicio de amparo es improcedente cuando el mundo fáctico que rodea al acto reclamado se ha modificado de manera que es imposible que éste surta efectos que deban repararse. Dentro de la clasificación de los actos reclamados en un juicio de amparo, por el tipo de conducta que despliega la autoridad, se encuentra la de actos positivos y actos negativos. Los primeros implican una conducta de hacer, mientras que los segundos constituyen una conducta cuya esencia se caracteriza por la omisión o abstención de la autoridad; de tal suerte que mientras los primeros representan un despliegue de actos que se materializan en el mundo fáctico, los segundos son precisamente la antítesis de los anteriores, la evidencia de la abstención de la autoridad. En este caso, la parte quejosa se duele en esencia de la omisión de que se les aplique la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19 en México, pues no se encuentran incluidos dentro de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. Antes de patentizar la causal de improcedencia, debe decirse que es del dominio público que, el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad Covid-19 deben calificarse como una pandemia, y realizó un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas. Esta enfermedad es motivo de preocupación mundial y ha sido declarada una emergencia de salud pública de importancia internacional. Además, se ha propagado rápidamente y tiene consecuencias directas para la salud, pero también sociales y económicas. Con motivo de esta enfermedad, la Organización Panamericana de la Salud ha declarado como prioridades salvar vidas, proteger a los trabajadores de salud y aplanar la curva epidemiológica para extender en el tiempo la propagación de la enfermedad, a fin de evitar que se sobrecarguen los servicios de salud y se pierdan vidas por falta de los cuidados que se necesitan. Esto significa que existe una preocupación internacional por la propagación de la enfermedad causada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), de tal manera que se han establecido diversas medidas de prevención y control de la epidemia, de donde se destaca la creación de las vacunas por parte de diversos laboratorios de reconocimiento internacional, tendentes a controlar dicha pandemia mundial. Parte de las medidas de control para enfrentar la COVID-19, se encuentra la aplicación de una vacuna efectiva contra esta enfermedad y disminuir su impacto en la salud, la economía y la sociedad; sin embargo, la creación, aprobación, adquisición y aplicación de la vacuna no ha sido un tema en absoluto sencillo a nivel mundial, pues cada uno de esos rubros ha representado de manera individual retos y complejidades a los cuales los diferentes gobiernos se han tenido que enfrentar hasta la fecha, entre ellos, México. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destaca la importancia de la cooperación internacional para lograr la inmunización contra el COVID-19 del diez por ciento (10%) de la población de cada País para septiembre pasado, como propuso la ONU desde que se autorizaron las inmunizaciones, el organismo mundial en conjunto con su agencia sanitaria especializada presentó una Estrategia Global de Vacunación, cuya meta es alcanzar al cuarenta por ciento (40%) de las poblaciones nacionales para fin de año y al setenta por ciento (70%) para junio del siguiente. Es así que, de acuerdo a la información visible en el portal oficial de internet Inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Estados Unidos (france24.com), información que representa un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, invocado con antelación, según la tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.) de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Se destaca que, desde la segunda quincena de diciembre de dos mil veinte, en los Estados Unidos de América comenzaron las labores de vacunación contra el Covid-19, para tres millones de ciudadanos en su primera dosis. Entre tanto, Canadá adelantó la recepción de un lote del antídoto que espera empezar a aplicar por las mismas fechas, esto es, Estados Unidos fue el primer país en esta parte del mundo, junto a Canadá, en recibir lotes de la vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech. Mientras tanto, en México, como en diversos países de tercer mundo, su aplicación es un tema sumamente complejo, en la medida en que ello depende de distintos factores como su aprobación clínica, la existencia de distintas vacunas seguras y eficaces capaces de responder a la demanda nacional, así como el mecanismo de adquisición implementado. Concretamente, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en que se adoptaron las medidas mínimas sanitarias para proteger a la población mexicana del COVID-19, hasta la fecha han ocurrido una serie de eventos que han potencializado el aludido virus, hasta denominarlo como la Tercera Ola de contagio COVID, sin que se tenga noticia de cuándo se 'aplane', esto es, de junio a agosto, el incremento semanal de casos en menores de edad de esta capital ha aumentado, pues la variante "Delta" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo. En relación a ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió el comunicado 23/2021, visible en el portal oficial de internet de la citada dependenciahttps://www.gob.mx/cofepris/articulos/cofepris-emite-modificacion-a-la-autorizacion-para-uso-de-emergencia-de-vacuna-fizer-biontech-permitira aplicacion-a-partir-de-12-anos?idiom=es, información que representa un hecho notorio para la suscrita, en los términos ya precisados. Del citado comunicado 23/2021, de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, de rubro "COFEPRIS EMITE MODIFICACIÓN A LA AUTORIZACIÓN PARA USO DE EMERGENCIA DE VACUNA PFIZER-BIONTECH; PERMITIRÁ APLICACIÓN A PARTIR DE 12 AÑOS"; se destaca lo siguiente: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), ha dictaminado procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los 12 años. El biológico cuenta con autorización para uso de emergencia desde el 11 de diciembre de 2020, cuando fue sometida a consideración para su aplicación a mayores de 18 años. El Comité de Moléculas Nuevas (CMN), sesionó sobre esta ampliación de grupo etario el 11 de junio de 2021, y por unanimidad sus integrantes emitieron una opinión favorable. El 22 de junio, la farmacéutica Pfizer S.A. de C.V., presentó a Cofepris, a través de la Comisión de Autorización Sanitaria, la información de modificación, la cual fue dictaminada por expertas y expertos utilizando criterios técnicos y científicos, incluyendo la opinión no vinculante del CMN. Esta autorización de uso de emergencia y su respectiva ampliación certifican que el biológico cumple los requisitos de calidad, seguridad y eficacia necesarios para su aplicación a personas de 12 años en adelante. La vacuna Pfizer-BioNTech es la primera en ser autorizada por la autoridad sanitaria del gobierno federal para su aplicación en adolescentes. Cofepris recuerda a la población que el suministro de la vacuna preventiva contra COVID-19 es universal y gratuita, y que se aplica en seguimiento a la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México disponible en ***. -lo destacado es propio de este juzgado-. De la anterior transcripción se advierte que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios determinó procedente la modificación a las condiciones de autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer-BioNTech, ampliando la indicación terapéutica para su posible aplicación a partir de los doce años de edad, no obstante, hace del conocimiento al país que el suministro de inoculación preventiva contra COVID-19 se aplica con base al seguimiento de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la Prevención de COVID-19 en México. En este sentido, de lo manifestado por ****, se observa que su hijo de iniciales G.P.R. se encuentran dentro del rango de edad a que hace referencia el comunicado 23/2021 de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que autoriza para uso de emergencia la vacuna Pfizer-BioNTech. Corolario a lo anterior debe decirse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. De tal manera que, tomando en cuenta que la aplicación de la vacuna que contrarreste la intensidad del virus SARSCoV2 (COVID-19), es para los menores cuyos nombres se omiten en atención a los puntos 9 y 10, capitulo III, de las Reglas de Actuaciones Generales contenidas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niños, niñas y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de doce años de edad, se debe tener en cuenta que el artículo 4º Constitucional, en lo conducente, establece: .En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En armonía con lo anterior, el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Estado Mexicano y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno) dispone, en lo conducente, lo siguiente: Artículo 24. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para: [.] b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; [.] En concordancia con lo anterior, el artículo 50, fracción IX, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone lo siguiente: Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se coordinarán a fin de: [.] IX. Fomentar y ejecutar los programas de vacunación y el control de la niñez y adolescencia sana para vigilar su crecimiento y desarrollo en forma periódica; Los Sistemas Nacional y estatales de Salud deberán garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la salud atendiendo al derecho de prioridad, al interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva y la no discriminación, así como establecer Acciones afirmativas a favor de niñas, niños y adolescentes. [.]. Los anteriores normativos son contundentes en privilegiar, por mandato Constitucional, el principio de interés superior del menor en materia de salud, el cual es eje rector en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Acorde con dicho principio, el Gobierno Federal y Estatal están obligados a proteger y salvaguardar primordialmente los derechos de salud de los menores y más en un estado de emergencia sanitaria, como el que se presenta en la actualidad con el virus SARSCoV2 (COVID-19) y aún más en esta Tercera Ola de contagio COVID, pues las variantes "Delta y Omicron" y la falta de vacunación son dos factores de riesgo, que exponen a la población infantil de nuestro país, lo cual debe ser una prioridad en los planes de política pública contenidos en cualquier ordenamiento legal. En esa circunstancia, si bien, la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARSCoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", versión 7.0, de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, publicada en la página de internet oficial www.coronavirus.gob.mx, que constituye el documento rector que contiene las directrices bajo las cuales México desplegará sus acciones en lo relativo a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19, se advierte -en lo que aquí interesa- que el apartado "PRIORIZACIÓN DE POBLACIÓN A VACUNAR" contempla un apartado relativo a "Personas menores de edad", en el que establece que las personas menores de edad no constituyen un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, lo cierto es que la política pública que implica una decisión que ha asumido el Estado mexicano, en lo relativo a la vacunación de la población para prevenir y atemperar los efectos de la enfermedad COVID-19, a partir del diseño y ejecución de una estrategia conformada por reglas determinadas, pasos a seguir, así como parámetros y temporalidades que observar, a fin de tutelar el cuidado y preservación de su población frente a la situación de emergencia que se vive a nivel mundial con motivo de la epidemia en comento. Además es conveniente precisar que en términos del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna, como lo es el derecho a la salud contenido en el invocado artículo 4º de la Ley Fundamental, lo que implica que la política pública en materia de salud contenida en la "Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México", debe proteger de igual manera a los menores de edad, al encontrarse en igual riesgo que un adulto, de contraer el virus de COVID-19. En tal virtud, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, la declaración realizada el veintiséis de abril de dos mil veintidós, por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud (Hugo López Gatell Ramírez), en el sentido de que a partir del viernes veintiocho de abril de dos mil veintidós se abriría el pre-registro para vacunar a menores 12 años en adelante sin conmorbilidades, en todo el país a través del sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Lo anterior se ha anunciado por distintos medios de comunicación, entre ellos en la página oficial del Presidente de la República,a saber, https://presidente.gob.mx/anuncian-vacunacion-contra-covid-19-para-ninas-y-ninos-de-12-anos-declaran-fin-de-epidemia-en-mexico/, donde se observa lo siguiente: *** Lo anterior demuestra que efectivamente es posible realizar el registro de personas que deseen vacunarse, menores de edad de doce años en adelante. Por lo que, a partir del veintiocho de abril del año en curso se activó un registro para ese grupo de menores de edad y posteriormente se irán abriendo las unidades de vacunación en todo el País para que reciban las dosis correspondientes. Así se obtiene, que a partir del veintiocho de abril de dos mil veintidós en el portal https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, inicio el registró de menores de edad de doce años en adelante, para la vacunación contra el virus SARS-CoV-2. **** Sobre esa tesitura, si se toma en consideración que el directo menor quejoso G.P.R., a la presente fecha, cuenta con trece años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo por su progenitor legal y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquella). Es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye el acto reclamado esencial del presente juicio de amparo. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de doce años en adelante sin comorbilidades, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo proteger la vida y supervivencia de la directa parte quejosa menor de edad. Por lo que, la parte quejosa deberá realizar los pasos que se establecen en dicha página y que más adelante se expondrán, a fin de realizar el trámite correspondiente; de igual forma deberá de estar informada de los comunicados que emitan las autoridades locales de su entidad y municipalidad, así como, de aquellos que emita el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) o la Secretaría de Salud del Estado de México para las fechas y módulos de aplicación de la vacuna BioNtech Pfizer, contra el virus SARS-CoV-2 para la Covid-19, en el municipio que radique, para que le sea aplicada la primera y segunda dosis del multicitado biológico que requiere. Con dicho anuncio, se cambia la estrategia de vacunación del Gobierno federal, pues tal eventualidad permite establecer que, si bien, la parte quejosa señaló como acto reclamado una conducta negativa (por omisión), y que hasta este momento los menores quejosos no han sido vacunados; lo cierto es que ya se han programado, por parte del Gobierno Federal y la Secretaría de Salud, la aplicación de vacunas en personas menores de edad a partir de los doce años, lo que implica incluir en la política nacional de vacunación a los niños de dos año en adelante, con o sin comorbilidades, en todo el País; sector de la población al que pertenecen los menores peticionarios del amparo, lo cual se acredita en términos de la acta de nacimiento a nombre del menor de iniciales G.P.R.. Por ende, se estima que si bien la omisión reclamada existe, lo cierto es que ya han cambiado las circunstancias fácticas imperantes al momento de promover el presente juicio de amparo, porque en la actualidad ya se ha incluido a los menores de doce años en adelante, en la política nacional de vacunación, lo que indudablemente actualiza la causal de improcedencia en estudio, pues aun cuando subsiste el acto reclamado, esto es, la falta de vacunación de los menores quejosos, lo cierto es que ha dejado de surtir efectos, al ser incluidos en el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, lo que aconteció al haberse iniciado el registró de menores de doce años en adelante en el sitio en internet mivacuna.salud.gob.mx. Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley federal invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por **** en representación de su menores hijo de identidad reservada de iniciales G.P.R. . DESECHAMIENTO PARCIAL DEMANDAS 642/2022-III-A y 644/2022-V-A, PROMOVIDAS POR LOS MENORES D.P.R., ASÍ COMO, P.S.C.S. Y A.I.C.S., RESPECTIVAMENTE. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se realiza un análisis íntegro a los escritos de demanda 642/2022-III-A y 644/2022-V-A, y tomando en cuenta que los promoventes esencialmente reclaman: La omisión en que han incurrido las autoridades señaladas como responsables de incluir en la "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la Covid-19 en México" y aplicar a las menores de edad con iniciales D.P.R., P.S.C.S. y A.I.C.S. la vacuna BioNtech Pfizer (en sus dos dosis), contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la Covid- 19 y cualquiera de sus variantes, cuya ejecución compete única y exclusivamente al Secretario de Salud del Estado de México, se provee: El suscrito advierte la actualización de la causa de improcedencia, contendida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll (aplicado a contrario sentido), ambos de la legislación de la materia, respecto al señalamiento de autoridades responsables, a saber: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México 4. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 5. Secretario de Salud del Estado de México. 6. Presidente del Consejo de Salud del Estado de México. 7. Coordinador de Salud del Instituto de Salid del Estado de México. 8. Delegada de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México. 9. Director del Instituto de Salud del Estado de México. Lo anterior, pues dichos artículos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Ahora, del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoquen los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificaron las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso, que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución, establecieron diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes : "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. ***." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Así, como se adelantó, dada la naturaleza del acto reclamado (la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS-COV2 y cualquiera de sus variantes, a los menores quejosos), en el caso es autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo, el Secretario de Salud del Estado de México; a quien, los solicitantes del amparo señalaron de manera idéntica y correcta como responsable en el capítulo denominado: "AUTORIDADES RESPONSABLES", en la demanda de amparo. Se aduce lo anterior, en atención a que dicha responsable, conforme a las atribuciones que le fueron conferidas, es la encargada de ejecutar, por conducto de las dependencias correspondientes, el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2, identificar los diferentes tipos de candidatos vacunales, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación. Así las cosas, las restantes instituciones señaladas por los promoventes como autoridades responsables, no tendrán intervención directa en el acto aquí reclamado, dado que tal y como se expuso en párrafos precedentes, es la precisada la encargada de coordinar la ejecución del programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 o cualquiera de sus variantes, en los términos indicados. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo respecto de las autoridades señaladas como: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud de México 4. Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 5. Secretario de Salud del Estado de México. 6. Presidente del Consejo de Salud del Estado de México. 7. Coordinador de Salud del Instituto de Salud del Estado de México. 8. Delegada de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México. 9 Director General del Instituto Salud. Por tanto, en el presente asunto y sus acumulados, únicamente se proveerá respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud del Estado de México. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por los promoventes, se retardaría la integración del asunto que se provee. ADMISIÓN Hecho lo anterior, con fundamento en el numeral 112 de la Ley de Amparo, se admite a trámite las demandas de amparo promovidas por: JUICIO DE AMPARO PROMOVENTE MENORES DE INICIALES 1 EDAD (ACREDITADA CON COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE NACIMIENTO) **** Únicamente respecto de los actos reclamados al Secretario de Salud del Estado de México, en el entendido que deberá hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito, si en su caso, corresponde a diversa autoridad la intervención o en su caso llevar a cabo las consecuencias de la omisión que por esta vía se reclama. SUSPENSIÓN DE PLANO Por lo que hace a los menores de identidad reservada de iniciales D.P.R., P.S.C.S. y A.I.C.S., se concedió la suspensión de plano en autos de veintiséis y veintisiete de abril del año en curso, la cual se reitera. MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Dese intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación por lo que se deja a disposición copia de la demanda en la sección de actuaria y se autoriza la consulta del expediente electrónico referente al presente sumario con el nombre de usuario "DAVIDNAVAT" (en atención a que lo ha solicitado de manera diversa en diferentes juicios de la estadística de este juzgado). AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo. Sin que por el momento sea necesario que la referida audiencia de ley se desahogue por videoconferencia en términos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ya que del estadio procesal no se advierte la necesidad de realizar de esa forma dicha diligencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá de realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por medio de videoconferencia. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES Con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. En la inteligencia de que en un sólo comunicado deberá informar lo requerido respecto de todos los menores quejosos, es decir, se deberá dirigir el oficio al juicio de amparo 642/2022-III-B y su acumulado 644/2022-V-A. En el entendido de que podrán rendir el citado informe y anexos en un plazo menor al señalado, lo cual contribuirá en una pronta impartición de justicia en favor de los justiciables, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 constitucional. Bajo apercibimiento que, de ser omisas en rendir el informe conforme a los lineamientos antes detallados, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización. Por otra parte, de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato; en caso de no hacerlo se hará acreedora a una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 251, del ordenamiento invocado. La información puede ser enviada al fax 722 2.36.05.00, extensión 3253 o VÍA INTERNET, al correo electrónico oficial tramite3@correo.cjf.gob.mx; confirmando a la extensión 3252. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES Se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos de los artículos 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, y los restantes por oficio. En apoyo se invoca la jurisprudencia ****, visible en la página 1253, enero de dos mil trece, tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". TERCERO INTERESADO Ahora bien, dada la naturaleza del acto reclamado se estima que en el presente asunto no existe tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos y admitidos los medios de convicción ofertados, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de éstas en la audiencia constitucional. EMISIÓN DE OFICIOS Se instruye al oficial judicial "C" encargado del trámite de este expediente, así como al secretario de acuerdos y en su momento al proyectista, para que vigile la emisión de los oficios respectivos a las autoridades responsables o cualquier otra autoridad que tenga intervención en este asunto, así como los anexos respectivos que deriven de esa determinación. De igual forma, se requiere al Secretario y Oficial Judicial "C", para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. APARTADO ESPECIAL ACTUARIOS Asimismo, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. ESCRITO Por otra parte se tiene a *** y a****, progenitoras de los menores quejosos, informando que sus menores hijos de identidad reservada de iniciales D.P.R, P.S.C.S. y A.I.C.S., respectivamente, fueron vacunados con la primera dosis de vacuna Pfizer-BioNtech; asimismo, remite copia simple de los comprobantes de vacunación. Atento a ello, téngase por satisfecho el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad y déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. En tal virtud, requiérase al Secretario de Salud del Estado de México, para que una vez que cuente con la fecha en que tendrá lugar la aplicación de la segunda dosis de la vacuna que nos ocupa, en el término de veinticuatro horas computadas legalmente, lo haga del conocimiento a este juzgado. Bajo el apercibimiento que de ser omiso dentro del término concedido, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo, una multa equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización, ello de conformidad con los artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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