Gabriela Minerva Hernández Puch

Expediente 1944/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 25 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1944/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Minerva Hernández Puch
  • Congreso del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días que señala el artículo 202 de la Ley de Amparo, el cual establece el plazo para que las partes se inconformaran o no, con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo, y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el original del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. En el entendido de que el duplicado será destruible en un plazo de seis meses, en términos de lo dispuesto en el artículo 19, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obra el oficio suscrito por la Apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y anexo que acompañó, mismo que ya obra glosado a los presentes autos, con el cual informó lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de doce de septiembre del presente año, se dio vista a la parte quejosa con el oficio remitido por la citada autoridad, para que dentro del término de tres días hábiles, manifestara lo que a sus derechos conviniera; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva de quince de noviembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a los quejosos FANNY ISABEL LOPEZ CANUL, ABRIL DE MARIA CHABLE RIOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, MARIA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTINEZ YUPIT y FLOR YAMILE CAUICH DURAN. Inconforme con dicha determinación, ALEJANDRO ALBERTO BURGOS JIMENEZ, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, la Directora Jurídica del Poder Legislativo del Estado, el Consejero Jurídico como representante del Gobernador del Estado y la apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto. Siendo que mediante acuerdo de uno de septiembre del presente año, se tuvo por recibido el testimonio judicial de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 131/2023, ejecutoria en la que aparece que la citada Superioridad en su primer punto resolutivo, desecha el recurso de revisión interpuesto por el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN; en su segundo punto, modifica la sentencia recurrida; en el tercer punto resolutivo, determinó sobreseer el juicio de amparo promovido por GABRIELA MINERVA HERNANDEZ PUCH, MARIA ELIZABETH DEL ROCIO MUÑOZ GONZÁLEX, IGNACIA PLACIDA ZUM POOL y FLOR ELENA PALOMO VAZQUEZ; en el cuarto punto declara que la JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a FANNY ISABEL LOPEZ CANUL, ABRIL DE MARÍA CHABLE RIOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, MARIA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTINEZ YUPIT Y FLOR YAMILE CAUICH DURAN; y en su quinto punto resolutivo, la JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a FANNY ISABEL LÓPEZ CANUL, ABRIL DE MARIA CHABLÉ RÍOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ, MARÍA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTÍNEZ YUPIT y FLOR YAMILE CAUICH DURAN, por lo que en esa misma fecha, se requirió a la responsable su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, respecto de las fracciones XIX y XXI del artículo 3 de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, relacionada con el numeral séptimo transitorio de la propia legislación, en las porciones normativas que precisan "Salario regulador: equivale al 85% (ochenta y cinco por ciento) del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador en una o más entidades públicas, previa actualización con base en el índice nacional" y "El salario de cotización mensual en ningún caso podrá ser menor que el salario mínimo general mensual ni mayor a $43,876.35 pesos mensuales de 2022, esta cantidad se actualizará anualmente mediante el índice nacional", para el efecto de que las autoridades responsables: No apliquen a la parte quejosa, las disposiciones declaradas inconstitucionales, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas; y, El otorgamiento de una pensión de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios, de cesantía en edad avanzada, de invalidez o de muerte cuando se coloque en el supuesto respectivo y satisfagan los requisitos necesarios, se calculará considerando el promedio mensual de todas percepciones computables al servidor público, correspondiente a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en que laboraba el trabajador, así como tomando en consideración la cuota diaria de jubilación o pensión que en ningún caso será mayor de ocho veces el salario mínimo general vigente a la fecha de jubilación, conforme a los numerales 70, 71 y 73 de la otrora Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. En otro orden de ideas, debe precisarse que si bien la tutela protectora alcanza a las diversas autoridades responsables Gobernador y Congreso de Yucatán, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron y promulgaron el decreto reclamado; sin embargo, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la Apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria, y para ello, remitió el oficio número ISS/SPGF/JP/1268/2023, suscrito por el Jefe del Departamento de Jubilaciones y Pensiones de ese Instituto, mediante el cual le informa que con relación a los aquí quejosos FANNY ISABEL LOPEZ CANUL, ABRIL DE MARÍA CHABLE RIOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, MARIA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTINEZ YUPIT Y FLOR YAMILE CAUICH DURAN, hasta la presente fecha no obra solicitud de pensión presentada ante ese departamento. En virtud de lo anterior, tal como lo desprende la información antes mencionada, se aprecia que la responsable ha dado cumplimiento a la sentencia amparadora, cuenta habida que informó que para el caso de los quejosos, se estará a lo dispuesto en la parte considerativa de la sentencia a cumplimentar, esto es, para que no se le aplique la disposición declarada inconstitucional, hasta en tanto no sean abrogadas o reformadas. De ahí, que con las actuaciones de la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por la Apoderada del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado y un anexo, con el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este acuerdo, para que manifieste lo que a sus derechos convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, esta Juzgadora resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido y agréguese el oficio, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, al que adjunta un anexo consistente en el expediente original del presente juicio de amparo y copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 131/2023, del índice del referido Cuerpo Colegiado de este Circuito, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por GABRIELA MINERVA HERNANDEZ PUCH Y OTROS, contra la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito; del cual se advierte que, en su primer punto resolutivo, desecha el recurso de revisión interpuesto por el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN; en su segundo punto, modifica la sentencia recurrida; en el tercer punto resolutivo, determinó sobreseer el juicio de amparo promovido por GABRIELA MINERVA HERNANDEZ PUCH, MARIA ELIZABETH DEL ROCIO MUÑOZ GONZÁLEX, IGNACIA PLACIDA ZUM POOL y FLOR ELENA PALOMO VAZQUEZ; en el cuarto punto declara que la JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE a FANNY ISABEL LOPEZ CANUL, ABRIL DE MARÍA CHABLE RIOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, MARIA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTINEZ YUPIT Y FLOR YAMILE CAUICH DURAN; y en su quinto punto resolutivo la JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a FANNY ISABEL LÓPEZ CANUL, ABRIL DE MARIA CHABLÉ RÍOS, WENDY GUADALUPE CRUZ HERNÁNDEZ, MARÍA LOURDES CANCHÉ PECH, MARCO ESTEBAN BOLIO EB, EUGENIA ANILU HEREDIA PÉREZ, HAYDEE GUADALUPE MARTÍNEZ YUPIT y FLOR YAMILE CAUICH DURAN. Se tienen por recibido, y acúsese recibo. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado De Yucatán, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; apercibida que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, no se requiere cumplimiento al Gobernador del Estado de Yucatán, Congreso del Estado de Yucatán y Director del Diario Oficial del Gobierno del Estado, todos con sede en esta ciudad, pues si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables legislativas, que en el ámbito de su competencia expidieron, aprobaron y promulgaron el decreto reclamado; sin embargo, ello no implica por parte de éstos la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al aprobar la tesis P CXXXVII/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, consultable en la página 135, cuyo rubro es: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN." Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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