Gabriela Guadalupe Pacheco Llanes
Expediente 1303/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1303/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela Guadalupe Pacheco Llanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia definitiva, pues si bien no obra en autos los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales se les comunicó la sentencia a las autoridades que tienen su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, si no únicamente a la directa quejosa, en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Ahora, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y definitiva; se determina que el original único del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ****************************************contra el acto que reclamaron del Presidente Municipal y Director Jurídico del Ayuntamiento de Mama********************Yucatán; por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar********************Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán********************asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote********************Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Incidental
La Jueza declara abierta la audiencia y el Secretario hace relación de la demanda y da lectura de las constancias existentes en autos y hace del conocimiento que las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Mamá, Yucatán y Director Jurídico de dicho municipio, no rindieron su informe de ley en el presente asunto, a pesar de estar debidamente notificados, según se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. Por otra parte, atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 138 y 141 de la Ley de Amparo, celébrese la presente audiencia para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de Pruebas y Alegatos, se hace constar que ninguna de las partes ejerció este derecho. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por perdido el derecho de las partes para formular pruebas y alegatos, ordenándose cerrar dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni alegatos de la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, la Jueza declara cerrada la audiencia y procede a dictar la resolución interlocutoria que sigue: Vistos, los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo VI-1303/2023, promovido por Gabriela Guadalupe Pacheco Llanes, contra los actos que reclama del Ayuntamiento Municipal de Mama, Yucatán, y de otra autoridad, por violación a los artículos 5, 14, 16 y 17, Constitucionales, y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. TRÁMITE DEL INCIDENTE. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar por duplicado el presente incidente de suspensión, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes previos, y previo diferimiento, se verificó la audiencia incidental, en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente, para conocer y decidir de la presente suspensión definitiva, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 130, de la Ley de Amparo, así como el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO: FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En principio, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda de amparo y su ampliación, así como de las constancias existentes en el incidente de suspensión, entre ellas, los informes previos de las autoridades responsables, pues la demanda y actuaciones constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa reclama, acorde con la tesis que se aplica por identidad jurídica substancial, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." De manera que la peticionaria de amparo reclamó en su demanda de amparo: La orden de clausura ordenada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mama, Yucatán y su ejecución, realizada sobre el negocio denominado "Expendio de carnes mamita", el cual se encuentra ubicado en el predio sin número de la calle veintiséis por las calles veintinueve y treinta y uno del municipio de Mama, Yucatán. TERCERO. NEGATIVA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Las autoridades responsables Ayuntamiento del Municipio de Mamá, Yucatán y Director Jurídico de dicho municipio no rindieron su informe de ley en el presente asunto, a pesar de estar debidamente notificados, según se advierte de las constancias de notificación que obran en autos; por ende, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se les reclama. Sin embargo, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado consistente en la orden de clausura ordenada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mama, Yucatán y su ejecución, realizada sobre el negocio denominado "Expendio de carnes mamita", el cual se encuentra ubicado en el predio sin número de la calle veintiséis por las calles veintinueve y treinta y uno del municipio de Mama, Yucatán; se niega dicha medida cautelar, por tratarse de actos consumados, habida cuenta que de hacerlo, dada la naturaleza de los mismos, equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva el presente incidente. Tiene aplicación al caso, por identidad de razón, la tesis de jurisprudencia con el rubro siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Ahora bien, por lo que ve a las consecuencias de los citados actos, que se traducen en la orden de clausura ordenada por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Mama, Yucatán y su ejecución, realizada sobre el negocio denominado "Expendio de carnes mamita", el cual se encuentra ubicado en el predio sin número de la calle veintiséis por las calles veintinueve y treinta y uno del municipio de Mama, Yucatán, no ha lugar a conceder dicha medida cautelar, atentas las consideraciones siguientes: En efecto, la suspensión es una providencia cautelar para preservar la materia del juicio de amparo, o bien, para evitar daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que su contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la litis constitucional. En el caso, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para el efecto de que se le permita continuar desarrollando las actividades propias del negocio denominado "Expendio de carnes mamita", el cual se encuentra ubicado en el predio sin número de la calle veintiséis por las calles veintinueve y treinta y uno del municipio de Mama, Yucatán, hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En el precepto analizado se consigna que en los casos en que proceda la suspensión, se otorgará cuando concurran los requisitos siguientes: I) que la solicite el quejoso; y II) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado el criterio consistente en que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de permitir el adecuado funcionamiento de la Administración Pública, de las instituciones de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. También se precisó que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Cabe puntualizar que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamente el acto sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Las leyes, en mayor o menor medida, responden a ese interés público, sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten irremediablemente derechos sustanciales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en el artículo 16 Constitucional, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Para aplicar el criterio de orden público e interés social debe sopesarse el perjuicio que podría sufrir el interés colectivo perseguido con los actos concretos de aplicación, con el perjuicio que podría afectar a la parte quejosa la ejecución del acto reclamado. Asimismo, en cuanto al tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 7/92,2 la cual se invoca de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, si bien ha sostenido que en tratándose de actos reclamados consistentes en clausura temporal, ejecutada, procede conceder la suspensión con el objeto de que el término por el cual se decretó la clausura no se extinga, de modo que no quede sin materia el amparo y se haga imposible la restitución de las cosas al estado que tenían antes de cometerse la violación, lo cierto es que deben concurrir los requisitos establecidos por el abrogado artículo 124 de la Ley de Amparo, particularmente los referentes al interés social y al orden público. Cabe precisar, que si bien lo anteriormente analizado surgió de la interpretación de lo dispuesto en relación con la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que resulta aplicable al caso concreto, por disponer ambas legislaciones (actual [artículo 128] y anterior [numeral 124]) contenidos esencialmente iguales en relación al otorgamiento de la suspensión. Luego, debe decirse que el quejoso únicamente anexó a su demanda de amparo, el original de la solicitud de giro mercantil de fecha diecinueve de julio de dos mil veintitrés y copia de la impresión digital de la actualización de situación fiscal. Sin embargo, dichos documentos son insuficientes para demostrar, aún de manera indiciaria, el interés suspensional que afirmó tener, dado que no exhibió documento alguno que le permita operar una negociación de ese tipo en el inmueble precisado. Esto es así, cuenta habida que era menester que hubiera presentado la licencia de uso del suelo y/o licencia de funcionamiento vigente, para que de forma presuntiva, acreditara que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que estima inconstitucional, lo que no se presenta en el caso, pues no basta afirmar que se tiene ese derecho e intentar demostrarlo con una licencia vencida; por tanto, se insiste, lo procedente es negar la suspensión definitiva del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 557, del Tomo X, Octubre de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE RESPECTO DE LA CLAUSURA DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, CUANDO LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NO HA SIDO REVALIDADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, constitucional, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto se proyecta sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. Ante tal requisito, si conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 82, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Distrito Federal, anualmente debe revalidarse la licencia de funcionamiento, manifestando bajo protesta de decir verdad que no se han cambiado las condiciones en que se otorgó aquélla originalmente y, ante la falta de esa revalidación, la delegación correspondiente debe, indefectiblemente, clausurar tales establecimientos, resulta inconcuso que la prerrogativa a desarrollar una actividad a través de un establecimiento mercantil en el Distrito Federal se encuentra condicionada tanto a la obtención de una licencia, como a su revalidación anual, pues de no realizarse esto último, se deberá proceder, forzosamente, a la clausura del local respectivo, de donde se sigue que por disposición del legislador el derecho al funcionamiento del establecimiento mercantil se interrumpe temporalmente, en tanto no se realice la revalidación en comento. Por tanto, resulta improcedente la suspensión respecto de la clausura de un establecimiento mercantil cuya licencia no ha sido revalidada, pues el titular de ésta carece del derecho que pretende preservar y la referida medida cautelar no puede tener por efecto, válidamente, constituir derechos de los que se carece; aunado a que, de concederse la medida cautelar, se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, pues la clausura que el legislador ha establecido ante la falta de revalidación de las licencias de funcionamiento, es reveladora de que la sociedad está interesada en que éstos funcionen con estricto apego al acto administrativo que permite su actividad." Sin que pase desapercibido para esta Juzgadora Federal, que en la impresión digital se refiere al predio donde se ubica el negocio comercial, y que motivó la suspensión total temporal de las mismas, es de diecinueve de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, es dable advertir, como ha quedado precisado en párrafos precedentes, la aquí quejosa no acreditó su interés suspensional, ni de forma indiciaria; por lo que, en las relatadas condiciones, lo procedente es negar la suspensión definitiva respecto de las consecuencias del acto reclamado, solicitada por la parte quejosa, en virtud de no cumplirse con el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 138 y 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a Gabriela Guadalupe Pacheco Llanes, la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados al Ayuntamiento del Municipio de Mamá, Yucatán y Director Jurídico de dicho municipio, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que hasta la presente fecha, las autoridades señaladas como responsables Ayuntamiento Municipal y Director Jurídico, ambas de la localidad de Mama, Yucatán, no han rendido sus respectivos informes previos, ni obran en autos los acuses de recibo de los oficios con el que se les requirió los rindieran; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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