Gabriela Russelby Uicab Chim
Expediente 34/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 34/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela Russelby Uicab Chim
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Umán, por medio del cual, solicita que se le remita la sentencia definitiva dictada en autos, en tal virtud, al no existir inconveniente alguno, como se solicita, remítase la sentencia definitiva dictada en autos para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia definitiva de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, que le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. En tal virtud, ante el sentido del fallo con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por lo que en términos del numeral 18 del citado Acuerdo, consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Asimismo, se hace constar que no obra en autos documento original susceptible de devolución a las partes, así como no se tramito incidente de suspensión. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es depurable, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en virtud de lo determinado en esta data, devuélvase a la autoridad responsable Juez del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, el disco DVD, que remitió en cumplimiento al requerimiento de este Juzgado; sin necesidad de que dicha responsable acuse el recibo de estilo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto, para resolver el presente juicio de amparo 34/2021-VIII, promovido por Gabriela Russelby Uicab Chim, por propio derecho, contra el acto del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Umán; y,R E S U L T A N D O:PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el doce de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Gabriela Russelby Uicab Chim, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto del Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en Umán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. Por auto de quince de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar a los terceros interesados, dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete, todo lo cual se hizo en sus términos, se dejó de tener a Luis Yeh, como tercero interesado ante su fallecimiento; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto en materia penal con ejecución en esta ciudad, que es donde tiene jurisdicción territorial este Juzgado.SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO".De manera que en el caso, la quejosa reclama del Juez del Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral el Cuarto Distrito Judicial con sede en Umán, Yucatán, el siguiente acto:La resolución dictada en la audiencia decontrol judicial celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, en el expedientillo 116/2020, en la que se confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal por la comisión de los delitos de despojo de cosa inmueble, falsificación de documentos en general en su modalidad de uso de documento falso, amenazas, injurias, difamación, ultrajes a la moral y a las buenas costumbres, calumnias, daño en propiedad ajena y fraude genérico, a favor de Abundio Gualberto Mut Martín Abundio Mut Martín, Carlos Federico Mut Martín Carlos Mut Martín alías "Calín", Amelia Mut Martín alias "Doña Chita", Luis Yeh, Jose Antonio Yeh Mut José Antonio Yah Mut Jose Yeh Mut alias "Keny", Ariel Alejandro Can Chím Ariel Alejandro Can, Andrea Noemí Yeh Mut Andrea NeomÍ Yeh Mut Andres y July Yeh Mut July, emitida por el Fiscal en Jefe de la Agencia Décimo Sexta del Fuero Común de Investigación y Litigación, con sede en Maxcanú, Yucatán, el once de noviembre de dos mil veinte, en la carpeta de investigación F6-F6/466/2016 en la cual la aquí quejosa fue denunciante.TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo aceptó el Juez responsable al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con el acta mínima de la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de dicha audiencia, remitidas por la Juez responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de las audiencias donde consta la resolución reclamada de confirmación del no ejercicio de la acción penalDebe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de las audiencias relativas al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y son accesibles para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes:"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente:"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causal de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, además de que ello no resulta necesario, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad.QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Son infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, como se explicará en líneas sucesivas.En primer lugar, para una mejor compresión del asunto, es necesario relatar algunos antecedentes de la determinación reclamada, los cuales se obtienen de las constancias remitidas por la responsable y de la audiencia celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.1) El once de noviembre de dos mil veinte, el Fiscal en Jefe de la Agencia Décimo Sexta del Fuero Común de Investigación y Litigación, con sede en Maxcanú, Yucatán, emitió resolución de no ejercicio de la acción penal por la comisión de los delitos de despojo de cosa inmueble, falsificación de documentos en general en su modalidad de uso de documento falso, amenazas, injurias, difamación, ultrajes a la moral y a las buenas costumbres, calumnias, daño en propiedad ajena y fraude genérico, en la carpeta de investigación F6-F6/466/2016 iniciada con motivo de denuncia presentada por la aquí quejosa contra Abundio Gualberto Mut Martín y otros 2) Inconforme con lo anterior, la denunciante, aquí quejosa, a través de su asesora jurídico, interpuso el medio de impugnación previsto en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del cual correspondió conocer a la autoridad responsable. 3) En audiencia de control judicial de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, el Juez responsable declaró infundados los agravios propuestos por la asesora jurídica de la denunciante y, en consecuencia, confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal. Esa resolución constituye el acto reclamado. En su demanda de amparo, a guisa de conceptos de violación, la quejosa afirma que la resolución reclamada, transgrede en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, ya que no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, porque la responsable no tomó en cuenta todas las anormalidades realizadas en su momento por la representación social, ya que se incumplió el artículo 21 de la citada Carta Magna. Señala que, contrario a lo que dice la autoridad, sí se aprecia la forma y fondo constitutivo del delito, pues desde el inicio expresó que los investigados entraron en su domicilio y se establecieron sin su consentimiento, el de su familia, ni el de su abuela Teofila Clara Barredo y que el argumento de los demandados (sic) consistente en que ésta último se los dio es falso. Agrega que, desde un principio acreditó su propiedad con el título trescientos treinta y dos, que obra inscrito y registrado desde dos mil ocho, pero que los investigados lo justificaron hasta dos mil diecinueve, es decir, tres años después de iniciada la investigación, y que Abundio Gualberto Mut Martin, únicamente exhibió copia certificada, pero en su comparecencia se reservaron el derecho a declarar porque no tenían título y el documento que tenían era falsificado por lo que temían exhibirlo. Que hasta el dos mil diecinueve, la citada persona realizó su supuesta escritura por medio de juicio de sucesión intestada ante el Juzgado de Paz de menor cuantía, el cual tenía varios desperfectos. Alega que, contrario a lo que señala el juez responsable, sí señaló modo, tiempo y lugar de ejecución del delito, pues en los puntos relativos a las observaciones aclaró el momento en que se le afecta, con detalles y que los hechos se agravaron en dos mil dieciséis, por ende, denunció; y que también acreditó y aclaró los datos que mencionó en su dicho, pero la fiscalía se encargó de enredar, complicar y confundir la situación para desacreditar sus manifestaciones. Que si bien señaló que Carlos Federico y Abundio Gualberto de apellidos Mut Martín terminaron de construir un cuarto, también dijo que la ocuparon de mala fe, siendo ese el motivo de la denuncia, ya que esa habitación que ocuparon corresponde a su predio 122-B de la calle 23, en Halachó, Yucatán, -en lo sucesivo el mencionado predio también se citará, sólo como 122 Bis-. Y que aclaró que se encuentra al fondo del predio que colinda con calle 25, además señala que los hechos se agravaron en dos mil dieciséis. Que el Catastro municipal de Halachó, Yucatán, informó que existen y obran registrados los predios 122-Bis y 124 de la calle 23, con sus respectivas medidas, que se observa que las del primero son mayores al segundo, por lo que se sobreentiende que el segundo se encuentra dentro del primero; pero para determinarlo ofreció una pericial en topografía, sin embargo el fiscal investigador señaló que más adelante acodaría lo conducente, pero no lo hizo y el Juez responsable pasó por alto esa anomalía. Expresa que, contrario a lo señalado en la resolución reclamada, sí existe el ánimo de posesión furtiva de los investigados, ya que al hacer su denuncia en dos mil dieciséis, aclaró que, los problemas iniciaron años atrás en dos mil once, sin lesionarla directamente, porque los demandados no habitaban el predio, venían por unos días y se iban a Cancún, Quintana Roo donde radicaban, por lo que al principio los problemas eran temporales, pero que en dos mil dieciséis, le afecta directamente y decide denunciar Que la fiscalía, acepta que hubo despojo de cosa inmueble, pues ella acreditó su título de propiedad y los investigados no. Que es incongruente la opinión del fiscal, pues si existe falsedad en una huella o firma es ilegal el documento, y no puede ser legal, si un estudio especializado determinó que la huella impuesta no coincide con la de la persona que se supone la estampó, lo que fue soslayado por la autoridad responsable. Alega que, son contrarias a derecho las afirmaciones del Juez de Control consistentes en que uno de los investigados sin decir cuál, tiene derechos sobre el predio, y que el delito prescribió; lo anterior, porque en cuanto a la primera, ninguno acreditó propiedad y respecto a la segunda, aunque al hacer su denuncia narró como antecedentes hechos que ocurrieron años atrás, también describió otros que le sucedieron en dos mil dieciséis y posteriormente, los suscitados durante el curso de la investigación. Finalmente, señala que, sí se demostró la existencia de todos los delitos; y que, la responsable transgrede su derecho de acceso a administración de justicia reconocido en el artículo 17 Constitucional. A fin de analizar los conceptos de violación, es preciso puntualizar lo siguiente. De conformidad con lo que dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público, lo que significa que salvo la acción penal particular, es el único órgano estatal competente para formular la imputación delictiva y en su momento la acusación, razón por la cual todos los actos que emita en relación a la facultad descrita, deben constreñirse en un principio y esencialmente a los lineamientos que al efecto establece la propia Constitución General de la República; por lo que la revisión de su actuar por la autoridad correspondiente, también debe observar tales parámetros. Es así, que la representación social, debe realizar una investigación completa y efectiva en que se pretenda perseguir un hecho señalado por la ley como delito, ya que la ausencia de una investigación completa y efectiva sobre éstos, constituye una violación a los derechos humanos de las víctimas, quienes tienen el derecho a conocer la verdad de los hechos denunciados, el cual se encuentra subsumido en el derecho de las víctimas directas o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento. Lo antes expuesto, encuentra contenido en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los diversos 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales., pues en tales numerales se encuentra tutelado el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado, el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y en caso de que no actualice delito alguno, decretar el no ejercicio de la acción penal. En ese orden de ideas, previo a exponer las razones y fundamentos por los que se estima que fue correcto que el Juez de control responsable confirmara la determinación de no ejercicio de la acción penal impugnada, conviene precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enfatizó que por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para introducir en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y que este nuevo modelo, está basado en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. CLXXVI/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, la oralidad constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, por lo que es incuestionable que los juzgadores deben dirimir verbalmente los conflictos que les sean planteados en el debate correspondiente por los intervinientes. Por tanto, si se reclama en el juicio de amparo indirecto una resolución regida por este sistema oral, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente por la autoridad de Estado. Por consiguiente, el ejercicio de ponderación correspondiente, debe llevarlo a cabo el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, al tener contacto directo con el debate correspondiente, respetando el equilibrio procesal entre las partes; esto es, pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, pues en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de invocarlos, controvertirlos o confrontarlos, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte. Precisado lo anterior, en el caso, en la audiencia videograbada de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, que contiene el acto reclamado materia de estudio, se aprecia lo siguiente. Denunciante a través de su asesora jurídica. (12:41.24) La asesora jurídica de la denunciante, expuso los antecedentes de la resolución que decretó el no ejercicio de la acción penal, en los que afirmó que desde que la querellante presentó su denuncia acreditó la propiedad del predio 122 Bis (ciento veintidós bis) de la calle 23 (veintitrés), entre calles 22 (veintidós) y 24 (veinticuatro), en Halachó, Yucatán, con dimensión de 28.60 (veintiocho metros con sesenta centímetros) por 53.20 (cincuenta y tres metros con veinte centímetros) de fondo. Asimismo, sustancialmente señaló que sí se acreditaron los delitos de despojo y falsificación de documento, porque los denunciados ingresaron al predio de su propiedad sin su consentimiento, ni el de su abuela y demás familiares que detentan la propiedad y que cuando inició la investigación en dos mil dieciséis, aquellos no exhibieron título de propiedad, porque no tenían, sino que hasta dos mil diecinueve, exhibieron sólo copia certificada para justificarlo, pero el documento que dio origen a la transmisión de la propiedad que detentan, tiene irregularidades pues se falsificaron las huellas de sus abuelos, así como la de Pedro Moo, en el documento realizado a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín Mendez otorgado por Pedro Moo de lo que se percató cuando Abundio Gualberto Mut Martín exhibió documento original sobre el predio 124 de la calle 23, en la localidad de Halachó, Yucatán, -en lo sucesivo el mencionado predio también se citará sólo como 124- ante el Juzgado Segundo de lo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial al promover diligencias de apeo y deslinde, pero lo cierto es que su abuela nunca dio consentimiento para que los investigados ocuparan el predio respectivo. Por lo anterior, señaló la posible existencia de fraude en el documento realizado a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín Méndez, otorgado por Pedro Moo, ya que la huella de éste no coincidía con la que obraba en el documento que la denunciante tenía en su poder que era de sus abuelos y que de igual forma observó que no coincidían las huellas de éstos que obraban en el documento exhibido por Abundio Gualberto Mut Martín, con las credenciales de elector que de ellos tenía en su poder. (12.45.25) Luego, que los resultados del dictamen practicado determinaron que en el documento donde adquiere dicho investigado, las huellas de sus abuelos son excluyentes, por lo que se demostró su falsedad. Que en veinte de febrero de dos mil diecisiete, promovieron juicio ordinario civil reivindicatorio contra Carlos Federico Mut Martín, Amelia Mut Martín y Andrea Noemí Yeh Mut, que eran las personas que en ese entonces, se encontraban en esa parte del predio del que los estaban despojando. Que en las diligencias de apeo y deslinde que promovió Abundio Gualberto Mut Martín, exhibió el documento de antecedente original del predio 124 y copia certificada del juicio intestado de menor cuantía en el que supuestamente adquiere dicho predio, para pretender acreditar la propiedad del 50% del mismo, sin exhibir título original, pero que esas diligencias caducaron. (12:47:50) Señaló que, dentro del predio 122 Bis, se encuentra el 124, toda vez que de acuerdo a las inscripciones vigentes que se analizaron, así como a la verificación de predio, se encuentran en la misma ubicación; y en sus descripciones el primero consta de 28.60 metros de frente por 53.20 de fondo y el segundo tiene 28.60 metros de frente por 24 de fondo. (12:49:05) Que al denunciar en dos mil dieciséis y en comparecencia dos mil diecinueve, aclaró que los problemas iniciaron años atrás, de manera temporal ya que los investigados no habitaban el predio, pues sólo estaban unos días y se iban a Cancún Quintana Roo, donde radicaban; pero que en los años dos mil once a dos mil trece, se quedaban por temporadas más largas, hasta que en dos mil trece, Carlos Federico y Abundio Gualberto de apellidos Mut Martín, se apoderaron de un cuarto que comenzó a construir el hermano de la denunciante, José Santiago Uicab Chim y que desde ese día se adentaron no salieron, por el contrario llegaron más personas de la familia de aquellos, quienes se negaron a salir, por lo que los problemas se agrandaron. (12:50:18) Expresó que, los imputados no tienen título para acreditar propiedad y fue hasta dos mil diecinueve, que Abundio Gualberto Mut Martín, realizó su supuesta escritura por medio de un juicio de sucesión intestada, con varios defectos, que fue inscrito de manera fraudulenta en dos mil once, pero que si llegaré a considerarse que acreditó su propiedad del predio 124, con medida es de 28 (veintiocho) metros) de frente por 24 metros de fondo, sería por el 50% (cincuenta por ciento), ya que su madre se encuentra como copropietaria del otro 50% de ese mismo predio. (12:52:00) Sin embargo, que los imputados pretenden adueñarse de mala fe hasta el fondo del predio, invadiendo el cuarto que su hermanito construyó en la parte del fondo que colinda con la calle 25, lo que demostraba con claridad que pretendían adentrarse al predio 122 Bis y no querer salir, ocupando los 53.20 metros de fondo. (12:52:55) Que la fiscalía admite de manera subjetiva que el delito de despojo sí existe y que acreditó que su título de propiedad obra inscrito desde dos mil ocho y que Carlos Federico y Abundio Gualberto de apellidos Mut Martín, al igual que los demás investigados ocupan parte de su bien inmueble y hacen uso de él, sin su consentimiento, por lo que le impiden materialmente su disfrute. (12:53:28) Que Abundio Gualberto Mut Martín, incurrió en el delito de falsificación de documentos en general, en su modalidad de uso de documento falso, ya que el documento donde adquiere Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut quienes fueron sus progenitores, fue falsificado, de lo que tenía conocimiento ya que sus abuelos, le dijeron que ellos nunca firmaron, ni huellearon documento alguno a él, ni a su familia, pero que el citado Abundio Gualberto hizo uso de ese documento, realizando la adjudicación a su favor. (12:54:34) Reiteró, que ni la denunciante, ni sus hermanos copropietarios del predio 122 Bis, otorgaron consentimiento a los investigados para ocupar su predio, sino que siempre hubo inconformidad porque el cuarto que utilizaron lo hicieron de mala fe y pertenece a su predio, es parte del fondo y colinda con la calle 25. (12:56:23) Señaló que, el Catastro municipal de Halachó, Yucatán, informó que existen y obran registrados los predios 122 Bis y 124 de la calle 23 con sus respectivas medidas, que el primero es de mayor dimensión al segundo, pero que son los mismos predios. Por lo que se sobreentiende que el segundo se encuentra dentro del primero, ya que éste en mayor en dimensiones; pero, para determinar lo anterior, ofreció una pericial en topografía, y la fiscalía dijo que se acordaría más adelante y no lo hizo. (12:58:18) Agregó que, el predio 124 tiene de fondo 24 (veinticuatro) metros de los 53.20 (cincuenta y tres punto veinte) metros de fondo que tiene el 122 Bis, por lo que éste último tiene un excedente en el fondo del mismo que colinda con la calle 25, en donde está la construcción que hizo su hermano, la cual están ocupando Carlos Federico y Abundio Gualberto de apellidos Mut Martín, con su familia, sin su consentimiento, por lo que su posesión es ilegítima, aun cuando éste último autorice a terceras personas para ocuparlo, ya que el nombrado Abundio Gualberto no es dueño de los 53.20 metros, pues en su caso su derecho de propiedad llegaría hasta los 24 metros de fondo del predio 124, como lo menciona la descripción del mismo. (12:59:32) Que el veintiséis de junio de dos mil trece, ante Juzgado de Paz, acudieron Jesús David Uicab Chim, así como su abuela Teofila Clara Barredo de Chim, a resolver la controversia con Carlos Federico Mut Martín, y éste respondió que no tenía documento del predio 124, cuando se suponía que el título ya existía, pues la adjudicación por herencia de su hermano fue en dos mil once y él aparentemente repudió la herencia. Además, que esa ocasión se firmó un acuerdo conciliatorio y el citado Carlos Federico aceptó retirarse del predio, ya que no logró acreditar propiedad. (13:02:45) Expresó que, en esa fecha comparecieron ante la Fiscalía Agencia XVI y se les pidió nuevamente a los señores Carlos Federico y Abundio Gualberto de apellidos Mut Martín, que desalojen el predio en cuestión, pero que ellos en rebeldía hasta la presente fecha no lo han hecho. (13.03:46) Señaló que, contrario a lo expresado por el fiscal en la resolución de no ejercicio, sí mencionó la fecha en que los imputados ocuparon ilícitamente una parte de su predio, pues fue el veinticinco de junio de dos mil trece, cuando Abundio Gualberto Mut Martín, con sus hermanos Carlos Federico y Rosendo, se apersonaron y de manera prepotente comenzaron a cortar árboles, lo cual enojó a su abuela y en ese momento se llegó a la Fiscalía. (13:05:20) Alegó que es incongruente la resolución, ya que el testigo Luis Manuel Juárez Santos, señaló con exactitud que eran copropietarios del predio 122 Bis, en el que todos viven hace cuatro años, pero que dentro de su lógica dijo un término aproximado que sí coincide con su versión, ya que desde dos mil once, comenzaron a llegar los imputados y adentrarse en forma prepotente hasta que en dos mil trece, se apersonaron se estabilizaron de mala fe, que no quisieron salir del predio hasta la fecha y que los conflictos son debido a la posesión de una parte del terreno de la denunciante, en donde Abundio Gualberto Mut Martín, construye un cuarto. (13:06:07) Que en múltiples ocasiones ha dicho que el conflicto se suscitó por la posesión de una parte del terreno que colinda en la calle 25 en el lado poniente que es de su propiedad, en donde Abundio Gualberto Mut Martín, construye un cuarto con bloques y que el frente quedó orientado por esa calle, pero afirmó que ese cuarto lo comenzó a construir su hermano, por lo que al llegar ellos, ven el inicio de la obra y la concluyen, fingiendo ante la sociedad que lo construyeron en su totalidad, pero que era información demasiado personal, por lo no era necesario que ella y su familia divulgaran qué parte del cuarto construyeron, pero lo que sí era claro, es que con independencia de quien lo haya construido, la obra está dentro de su predio. Y que su testigo también mencionó que Abundio Gualberto Mut Martín, ordena a sus parientes tomar posesión de su predio, ya que vio y escuchó que dichos ocupantes, en especial unos sobrinos de apodo "Keny" y "Andrea" dentro de sus ofensas y provocaciones, en varias ocasiones gritaron amenazando con quemar la cosa con intención de fastidiar, pues la casa no les interesaba lo hacían por orden de sus tíos "Calin" y Abundio que son Carlos Federico y Abundio ambos Mut Martín. (13:08:18) Que la testigo Maria Cecilia Tun Cauich, sí señaló que la ocupación de los investigados fue desde hace varios años, y aunque no señala fecha exacta y hablar en plural significa tres años, pues sería contradictorio que hubiese mencionado un año. Respecto a lo declarado por los testigos Jesús David y José Santiago de apellidos Uicab Chim, señaló que es falso lo que menciona el fiscal, pues ambos se refirieron al predio 124, por lo que sus versiones no son opuestas, ni incongruentes y el primero que los hechos ocurrieron en dos mil trece y el segundo relata varios hechos en dos mil once y dos mil trece. (13:11:32) En cuanto a la testigo Reyna Isabel Chim Barredo, mencionó que su declaración es actualizada, pues lo hizo de acuerdo a la lógica de la investigación realizada que ya llevaba tres años y expresó que es propietaria del predio 124, en virtud de que su padre antes de morir se lo otorgó en donación y de acuerdo a su título de propiedad, el cual menciona el 50% del predio total con dimensión de 28 metros de frente por 24 metros de fondo y de acuerdo a su percepción fue incluido dentro del predio 122 Bis, por lo que nunca negó, ni dijo algo diferente sino que admitió la posibilidad de un predio éste incluido en otro. (13:13:48) Por otro lado, señala que ninguna prueba debe pasar desapercibida, aun cuando sean fotografías, pues con ellas se comprueba su posesión del predio 122 bis, que en la parte de atrás colinda con la calle 25 y puede apreciarse la casa que comenzó a construir su hermano, lo que demuestra el delito, pues aparece Carlos Federico Mut Martín, señalando esa parte del predio, con sus objetos y artículos personales como refrigerador, mesa y estufa y que ello demuestra la posesión en su predio sin su consentimiento. (13:15:40) Que dentro de las copias certificadas de la sucesión de menor cuantía que promovió Abundio Gualberto Mut Martín, se observa ilegalidad ya que no obran elementos importantes, como patentes o libertad de gravámenes y plano. Asimismo que, las actas de nacimiento y defunciones, así como las credenciales de elector tienen emisión de fechas actuales entres dos mil trece y dos mil diecinueve, lo cual crea incógnita si el juicio realmente fue en el año dos mil once, porque las identificaciones y actas son posteriores. Que la opinión del fiscal sobre la falta de coincidencia en las huellas es incongruente, ya que si existe falsedad en una de ellas, el documento es ilegal. (13:24:00) Agrega que, desde un principio manifestó acciones de amenazas con provocaciones por parte de los investigados, por lo que compareció en diversas ocasiones ante la fiscalía solicitando medidas de protección, las cuales no le fueron otorgadas, y que siempre le atrasaban su procedimiento hasta abarcar cuatro de años en investigación. (13:26:50) Señala que, aunque se exime a Abundio Gualberto Tut Martin, de uso de documento falso, por su edad de once años, lo cierto es que desde que obtuvo en su poder la escritura respectiva y tuvo conocimiento y madurez sabía que era falsificado porque sus abuelos le dijeron a él y a los demás demandados que nunca firmaron algún documento, y que eso explica porque no lo habían exhibido en cualquier comparecencia que realizaron ante las autoridades años atrás. Fiscal investigador. (13:31:52) En su intervención, el Fiscal respectivo señaló que de la resolución de no ejercicio se apreciaba el estudio y análisis de los datos de prueba y éstos no eran configurativos de delito que señaló la denunciante en diversas comparecencias, menos los diversos de despojo de cosa inmueble, falsificación de documentos en general en su modalidad de uso de documento falso, amenazas, injurias, difamación, ultrajes a la moral y a las buenas costumbres, calumnias, daño en propiedad ajena y fraude genérico. (13:36:40) Lo anterior, ya que de los antecedentes de investigación por lo que se refiera al despojo de bien inmueble, no se advertían medios de prueba que permitieran establecer razonablemente la existencia del ilícito, toda vez que de autos se apreciaba que tanto el predio marcado con el número 124 de la calle 23, en Halacho, Yucatán como el 122 b de la calle 23 de esa localidad son el mismo y los investigados ocupan el predio de referencia con el consentimiento del copropietario del primer inmueble, razón por la cual su posesión que detentan no la tuvieron de una manera ilícita sino que la misma les fue otorgada por quien en virtud de un título de propiedad y con el conocimiento de tener derecho sobre el mismo, les dio su consentimiento para que llevasen a cabo la ocupación, por lo que no medió engaño o violencia alguna y tampoco se realizó de manera furtiva. Que para sustentar lo anterior, era necesario recordar la comparecencia de la agraviada quien manifestó, que era propietaria del predio ubicado en la calle 23 número 122 bis de la colonia San Cosme, en Halacho, Yucatán, junto con sus hermanos de nombres Luis Fernando, Carlos Armando, José Santiago, Jesús David de apellidos Uicab Chim y como usufructuarios sus padres Mario Arturo Uicab Dzub y Reina Isabel Chim Barredo; para acreditarlo exhibió el testimonio de la escritura trescientos treinta y dos, pasado ante la fe del Escribano Público único en Cenotillo, y que dicho predio tiene de frente tiene 28.60 (veintiocho metros con sesenta centímetros) de largo y 52 (cincuenta y dos) metros de fondo. Además, que desde hace un tiempo una parte de dicho terreno, de aproximadamente una extensión de 12 (doce) metros de frente, en donde se encuentra una casa de paja y dos piezas de material, estaban siendo ocupadas de manera ilegal por unos primos de su mamá de nombres Carlos y Amelia de apellidos Mut Martín, el esposo de ésta Luis Yeh y sus hijos Andres y July, quienes no habían salido del predio, ya que según ellos son los dueños de esa parte, porque su difunta abuela de nombre Teófila Clara Barredo Tun se los dio, pero en realidad no tienen ninguna escritura de propiedad y ese predio es el mismo que ocupa con su familia. (13:44:25) Señaló que, contrario a lo expresado por la agraviada la resolución impugnada se sustentaba en los siguientes datos de pruebas: Informe de nueve de noviembre de dos mil dieciocho suscrito por el ingeniero José Mariano Segovia Director del Catastro de Halacho Yucatán, -al que anexó copia certificado de parcela catastrales y dos cédula vigentes-, en el que expresó que, el predio urbano 124 de la calle 23, sección 03, de la manzana 15, municipio de Halachó, Yucatán, ex partida de Maxcanu, ha tenido las siguientes variaciones: fue inscrito como casa de embarro y palma, con extensión de 28 (veintiocho) metros de frente y 24 (veinticuatro) metros de fondo, y terreno con superficie de 672 (seiscientos setenta y dos metros cuadrados). (13:45:10) Que el primer propietario del predio urbano 124 de la calle 23, fue Silverio Escamilla; luego, aparece como tal Pedro Moo quien adquiere el veintitrés de diciembre de mil novecientos veinticuatro, con motivo de compraventa; posteriormente éste vende el 50% a favor de Clarita Barredo Chim y Gregorio Chim Chim, el tres de octubre de mil novecientos setenta y seis; y el otro 50% lo vende a Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut el trece de octubre de mil novecientos setenta y seis; y que éste 50% actualmente aparece a nombre de Abundio Gualberto Mut Martín, quien lo adquiere el cuatro de septiembre de dos mil once, por adjudicación de herencia. Y del otro 50%, Gregorio Chim Chim adquiere un 25% por adjudicación por herencia de tres de diciembre de dos mil quince. Y actualmente ese 50% está a nombre de Reyna Isabel Chim Barredo quien lo adquirió el veinte de diciembre de dos mil quince, por donación. Por tanto, que actualmente, el citado predio 124 de la calle 23, sección 03, de la manzana 15, municipio de Halachó, Yucatán, ex partido de Maxcanu, se encuentra el 50%, a nombre de Abundio Gualberto Mut Martín y otro 50% a nombre de Reyna Isabel Chim Barredo. Informe de dos de diciembre de dos mil dieciocho suscrito por el ingeniero José Mariano Segovia Director del Catastro de Halacho Yucatán, en el que indica que el predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, proviene de la división del tablaje catastral 2180 a nombre de Felipe Dzul Fernández en relación a la solicitud de cinco de julio de dos mil ocho y al oficio CMH/281/2008 de división de predio de doce de julio de dos mil dieciocho. Posteriormente, se urbanizó formando el citado predio 122 Bis de la calle 23, según boleta de inscripción de 15 de agosto de 2008 y actualmente se encuentra a nombre de la aquí quejosa Gabriela Russelby Uicab Chim, y sus hermanos Luis Fernando, Carlos Armando, José Santiago, y Jesús David de apellidos Uicab Chim, quienes lo adquirieron por compraventa el quince de agosto de dos mil ocho. Se anexaron planos, y esas personas aparecen como copropietarios sin haber hecho modificaciones a dicha propiedad. Además, que en ese informe, se indica que respecto del predio 124 de la calle 23, sección 03, de la manzana 15, municipio de Halachó, Yucatán, ex partido de Maxcanu, aparecen como copropietarios Reina Isabel Chim Barredo del 50% y Abundio Gualberto Mut Martín en un porcentaje del 50% sin modificaciones a dicha propiedad desde dos mil quince. Y que de Mario Arturo Uicab Dzub no obraba registro alguno. Que Luis Fernando, Carlos Armando, José Santiago, y Jesús David de apellidos Uicab Chim, son propietarios del predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, sin haber realizado modificaciones a ese predio, ni han realizado algún trámite sobre el predio 124 de la calle 23, sección 03, de la manzana 15, municipio de Halachó, Yucatán, ya que de éste no son propietarios. Oficio CMH/01/02/2019 de cuatro de febrero de dos mil diecinueve, José Mariano Segovia Director del Catastro de Halacho Yucatán, en el que rindió informe de verificación de medidas del predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, a fin de determinar si el diverso 124 invade el primero. Se realizó la medición partiendo del vértice del ángulo norte hacia el poniente, mide 28.60 metros sobre calle veintitrés, de éste al sur 52.70 metros, de éste punto al oriente 16.20 metros, de éste a norte 21.80 metros, de éste a oriente 4.4 metros y de éste al norte hasta cerrar el punto de partida y cerrar el perímetro 30.20 metros. (13:50.20) Que para determinar si había invasión, se tenía que medir el predio 124, pero en diligencia de verificación de medidas, el Catastro se percató que tanto el predio 124, como el 122 Bis de la calle 23, son los mismos predios. (13:50:42) Por lo que, de los resultados de los informes del historial registral, el fiscal estimó que el citado predio 124, de la calle 23, se encontraba a nombre de Reina Isabel Chim Barredo y Abundio Gualberto Mut Martín, cada uno respecto de un 50% y que éste lo adquirió el cuatro de septiembre de dos mil once, por adjudicación a título de herencia; y que en relación al predio marcado con el número 122 Bis de la calle 23, estaba a nombre de Gabriela Russelby, Luis Fernando, Carlos Armando, José Santiago, y Jesús David de apellidos Uicab Chim, quienes lo adquirieron por compraventa el quince de agosto de dos mil ocho. Además, que tanto la denunciante, como el imputado Abundio Gualberto Mut Martín contaban con título de propiedad que los amparaba como propietarios de un predio; pero al constituirse el personal del Catastro para realizar la verificación de medidas, se determinó que ambos predios 122 Bis y 124 de la calle 23, físicamente son el mismo, y que entonces, ello sustentaba que si bien los imputados ocupaban una fracción del predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, ello también implicaba que estuvieren en ocupación del predio 124, de esa calle y localidad, por lo que al tener la autorización del copropietario Abundio Gualberto Mut Martín, para ocupar éste último predio, entonces era evidente que la posesión de los imputados era legítima, pues no lo adquirieron mediante engaño, violencia física o moral, o furtividad y en cambio ambas partes ostentan un título que acreditaba la propiedad de una misma superficie con diferente nomenclatura, entonces ese conflicto debía ventilarse en una vía legal idónea distinta de la penal, dejándose a salvo derechos. (13:52:40) -Siguió expresando el fiscal que, obraban declaraciones testimoniales de Luis Manuel Juárez Santos, de treinta de julio de dos mil dieciocho, manifestó conocer a la denunciante desde la infancia ya que son vecinos, se lleva con su familia, sabe que ella y sus hermanos son copropietarios y sus padres usufructuarios del predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, que tiene aproximadamente 30 metros de frente y 50 de fondo, sabe que hace cuatro años tiene conflicto con sus primos a quienes conoce como Calin y Abundio, debido a la posesión de éstos de una parte del terreno de la denunciante del lado poniente donde éste construyó un cuarto de material de bloques, y quienes viajaban continuamente a Cancún, dejando en el terreno ocupado a su hermana a quien conoce como "doña Chita" y sus tres hijos, a quienes conoce como "Keny", y otros dos que solo los conoce de vista. Y el que citado "Keny" se junta con maleante de la colonia para meter relajo y fastidiar a la denunciante y su familia. Testimonial de María Cecilia Tun Cauich, de treinta de julio de dos mil dieciocho, quien se pronunció en términos similares ya que dijo conocer de vista, trato y comunicación a la denunciante, desde la infancia son vecinos, por la amistad que lleva con su familia, sabe que ya que sus progenitores de la denunciante, ésta y sus hermanos son propietarios del predio 122 Bis de la calle 23 municipio de Halachó, Yucatán, y que desde hace varios años sabe que tuvieron problemas con unos primos a quienes conoce como Kalin y Abundio y otro de vista que ocupan de manera indebida un parte del terreno de la ahora denunciante, levantaron una construcción, pues dicen que son propietarios, pero Abundio vive en Cancún y los otros en Halacho y dejan a una señora a quien conoce como "doña Chita", la cual no sabe si es su familiar, viven con su hija y su pareja y éstos constantemente se meten con la denunciante, con insultos y amenazan. Testimonial de Jesús David Uicab Chim, manifestó ser hermano de la denunciante y saber que ella y sus hermanos son copropietarios del predio relativo, que el veintitrés de junio de dos mil trece, alrededor de las dieciséis horas, Carlos Federico Mut Martín, prepotentemente entró al predio de su abuela Teofila Clara Barredo Tun, ubicado en la calle 23, predio 124, por calle 22 y 24, colonia San Cosme, municipio de Halachó, Yucatán, y empezó a talar los árboles, pero su abuela fue a su patio, le llamó la atención y le dijo que dejara de hacerlo, ya que no tenía nada que hacer ahí, pues ese predio es de su propiedad y aquel insultó a su abuela e intentó agredirla, por lo que al presenciar los actos, el testigo intervino y le dijo que no se atreviera a hacerle daño a su abuela, ya que si no tendría una disputa con él. Que luego, le enviaron una notificación para presentarse ante la Juez de Paz de Halacho, a quien le dijo que ese asunto con Carlos Federico Mut Martín, pasaba a segundo término, porque iba a exigir los derechos de su abuela, para que le entreguen una cédula catastral y un plano del predio 124, y que le mostró a la Jueza el documento de su propiedad del predio 122 Bis. Que posteriormente hizo una mediación con el citado Carlos Federico, para respetarse y le preguntó si tenía título del predio 124 y le respondió que no. (13:58:15) Testimonial de José Santiago Uicab Chim, de nueve de junio de dos mil diecinueve, manifestó ser hermano de la denunciante y saber que ella y sus hermanos son copropietarios del predio 122 Bis de la calle 23 citado, que siempre ha vivido en ese lugar, el cual antes era propiedad de su abuela Teofila Clara Barredo, y que ésta en el año dos mil once, le dio permiso de construir un cuarto sobre la calle veinticinco, pero en diciembre del año de dos doce, Carlos y Abundio Mut Martín, ocuparon el cuarto que estaba construyendo sin su consentimiento, le pusieron puertas y ventanas y lo ocupaban como bodega, el primero introduce su triciclo para vender tacos y en ocasiones el segundo lo ocupaba dos o tres días, pero se iba, ya que éste vive en Cancún Quintana Roo, y lo hicieron aprovechando que estaba trabajando en Mérida, Yucatán. Ante lo expuesto, acudió al Juzgado de Paz Halacho para demandar a esas personas, pues tiene título desde dos mil ocho, pero que la Jueza no quiso atenderlo, ni a sus hermanos, para aclarar esa situación, insistieron sin que los atendieran y que el dos de febrero de dos mil trece, lo detuvieron sin motivo y estando en la celda la Jueza ordena que firmara una hoja en blanco, pero se negó hacerlo por lo que se le priva de la libertad setenta y dos horas. Asimismo, relató que, el veinticinco de junio de dos mil trece, Carlos Mut Martín estaba cortando los árboles sobre el terreno del fondo, en el techo del cuarto que hizo, y que al llamarle la atención su abuela, aquel la amenazó y su hermano Jesús David lo encaró, por lo que el nombrado Carlos acude al Juzgado de Paz a manifestar los hechos y él y sus hermanos a su vez buscaron una explicación sobre su predio que estaba invadiendo y su hermano Jesús David presentó el original de la escritura del citado predio 122 Bis de la calle 23, pero la Jueza negó la existencia de ese predio, y se enojó al ver su escritura y llamó a dos policías para detener a su hermano aduciendo que la había agredido verbalmente, pero que no fue así. Por su parte, ellos pidieron que Carlos y Abundio Mut Martín presentaran su escritura original, y que en esa ocasión no se llegó a ningún acuerdo. Que al día siguiente, el veintiséis de junio de dos mil trece, él y sus hermanos acudieron a la Fiscalía a presentar su denuncia, en donde se levantó un acta conciliatoria en donde se les pedía a Carlos y Abundio Mut Martín, que desalojaran el predio en cuestión, pero que no lo han hecho. Y que siempre acudían con la Jueza de Paz de Halacho para resolver el problema, ya que el Catastro los turnaba ahí, porque les decía que ella tenía las cédulas y plano de ese predio. Testimonial de catorce agosto de dos mil diecinueve, de Reyna Isabel Chim Barreda, quien señaló que fue citada para acreditar la propiedad del mencionado predio 124 de la calle 23, por lo que exhibió el original del acta número 983 de treinta de diciembre de dos mil quince, pasada ante la fe del Escribano Público de la localidad de Ucu, Yucatán, que contiene el contrato de donación, de dicho predio, con una extensión de 28 metros de frente por 24 metros, superficie de 72 metros cuadrados, linderos al norte la calle 23, al sur la calle 28, al oriente predio 122, al poniente predio 126 y que le fue donado por Gregorio Chim Chim, exhibió cédula catastral y señaló que en ese predio nació y ahí sigue viviendo, con su esposo Mario Arturo Uicab Tzub y sus cinco hijos y aclaró que el cincuenta por ciento que le corresponde, donde vive físicamente fue incluido en la escritura del predio 122 Bis de la calle 23, relativo a la compraventa otorgada por el señor Felipe Dzul Fernández a favor de sus hijos, la nuda propiedad y a su favor de ella y su esposo el usufructo vitalicio. Luego, el Fiscal señaló que si bien en esas testimoniales se hicieron manifestaciones relacionadas con los hechos denunciados, no establecían una evidencia razonable de que aconteció una acción con la que se haya realizado el delito de despojo, porque tienen diversas contradicciones e incongruencias, pues la denunciada sin precisar fecha exacta, señaló que desde dos mil once, los imputados ocupaban ilícitamente una parte de su predio 122 Bis, y el primer testigo, señaló que, los hechos ocurrieron en dos mil catorce y la segunda no precisó desde cuándo y cómo aconteció la ocupación. (14:06:40) En cuanto a las testimoniales de los hermanos de la denunciada, que el primero relató hechos ocurridos el veintitrés de junio de dos mil trece, en el predio de su abuela número 124, pero es distinto al que acreditaron ser propietarios y sin especificar si es el mismo que habitan; y el segundo manifestó habitar el predio mencionado desde que tiene uso de razón que era propiedad de su abuela, pero que ambos refieren habitar el predio de su abuela y uno lo identifica como predio 124 y el segundo como 122 Bis, y son aseveraciones opuestas, ya que ellos se ostentan propietarios del 122 Bis a título de compraventa y nunca ha sido propiedad de Teófila Clara Barredo, por lo que había confusión en la nomenclatura de qué predio habita actualmente la parte agraviada y cual la imputada, lo que se robustecía con la declaración de Reyna Isabel Chim Barreado, porque a diferencia de los demás aclaró que el 50% que le corresponde y donde actualmente vive, físicamente fue incluido en la escritura del predio 122 bis, relativo a la compraventa de Felipe Dzul Fernández, a favor de sus hijos, por lo que esa testimonial no era útil y pertinente para acreditar el delito de despojo de inmueble. Agregó que, el dato de prueba sin precisar cuál, no permitía colegir objetivamente y con un alto grado de convicción la existencia de un actuar por la parte imputada que se traduzca en ocupar el predio en litis sin consentimiento de quien tenga derechos a otorgarlo y citó dos tesis relacionadas con la apreciación del dicho de testigos. (14:11:40) Por otro lado, señaló que obraban los informes policiales homologados de veintiocho de julio de dos mil dieciséis, suscritos por Jairo Ebeneser Sánchez, y el complementario de diecisiete de julio de dos mil dieciocho, por Jairo Levi Aguilar Manrique, agentes de la Policía Investigadora, en los que el primero entrevistó a la querellante como a los imputados Carlos Federico Mut Martín alías "Calín" y Amelia Mut Martín alias "Doña Chita" éstos en el predio 124 de la calle 23, y el segundo a los imputados Jose Antonio Yeh Mut, Jose Antoni Yah Mut o José Yeh Mut, alías "Keny" Ariel Alejandro Can Chim o Ariel Alejandro Can y Abundio Gualberto Mut Martín o Abundio Mut Martín, en el predio de la calle 23 sin número entre 22 y 24 de la Colonia San Cosme, Halachó, Yucatán; pero que, de esos informes no se corroboraba que los imputados sin obtener el consentimiento de la fracción correspondiente al 50% del predio de la agraviada marcado con el número 124 o 122 bis hayan logrado la ocupación del predio materia de la litis. Asimismo, señaló que no le pasaban desapercibidos los informes de inspección FGE/DSP/FOTO/8029/2016 y FGE/ICF/FOTO/6668/2018 de veintinueve de junio de dos mil dieciséis y nueve de octubre de dos mi dieciocho, sobre los predios 122 Bis y 124, respectivamente, en los que se tomaron fotografías en blanco y negro pues no podían imprimirse a color; la primera realizada con la agraviada y la segunda con la parte imputada, quienes proporcionaron la nomenclatura al perito, quien se limitó a verificar hasta donde le permiten acceder. Y que de ninguna manera se acreditaban actos ejecutivos de que los imputados hayan penetrado en el predio o fracción del mismo sin el consentimiento de quien deba otorgarlo, ya que no estaba establecido la identidad numérica verdadera o atribuible al predio materia de la litis. (14:14:18) Que también obraba el memorial recibido el catorce de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por Abundio Gualberto Tut Martín, con el que exhibió copia certificada del juicio intestado de menor cuantía, relacionado con el oficio de dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por la Juez Único de Paz de Halachó, con el que remitió el expediente completo de sucesión intestada de menor cuantía de los señores Tomas Mut Tun, alías Tomas Mut Fick y Onésima Martín Méndez, del que se advertía que tras el fallecimiento de éstos, en fecha uno de agosto de dos mil once, se inicia el juicio de sucesión intestada promovido por Tomas, Maria del Carmen, Abundio Gualberto, Francisco de Asis, Amelia, Rosendo y Carlos de apellidos Mut Martín, respecto del 50% del predio número ciento veinticuatro de la calle veintitrés, municipio de Halachó, Yucatán, como único caudal hereditario de los fallecidos. (14:15:30) Que de ese procedimiento se advertía que los imputados Amelia y Carlos Federico Mut Martín ya habitaban el predio materia de la litis y que se acreditaba que la ocupación de una fracción del predio 124, se adquirió con base a la autorización de quien tenía derecho a otorgarla, en este caso los padre de los imputados quienes adquirieron el predio desde el año de mil novecientos setenta y seis y sus hijos realizaron el trámite correspondiente para adjudicarse la propiedad al fallecer ambos y que dos de los imputados ya detentaban desde entonces la posesión del bien inmueble materia de la litis con conocimiento de los demás familiares, quienes no se opusieron a ese disfrute a pesar de repudiar la propiedad que quedó adjudicada a favor de Abundio Gualberto Mut Martín por lo que a él le correspondía otorgar la autorización a los ahora imputados de poseer o no el disfrute de su propiedad. También señaló el fiscal que obraba el oficio 144/2019 de veinte de febrero de dos mil diecinueve, por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con el que remitió copias certificadas del expediente 146/2017 relativo al juicio ordinario civil reivindicatorio promovido por Mario Arturo Uicab Tzuc, Reyna Isabel Chim Barredo, Gabriela Russelby, Luis Fernando, Carlos Armando, José Santiago y Jesus David de apellidos Uicab Chim contra Carlos Federico Mut Martín, Amelia Mut Martín y Andra Noemí Yeh Mut, del que se advertía que los promoventes se inconformaron ante autoridad judicial al considerar que se está afectando su derecho sobre el predio 122 Bis, el cual legalmente es diverso al 124 pero físicamente están ubicados en el mismo lugar, como se desprendía de la diligencia de verificación realizada por el Catastro municipal de Halachó, Yucatán; y que dicho juicio no había sido resuelto, estando glosada como última diligencia el auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho y que ese dato no resultaba idóneo para acreditar que los imputados detentaban ilícitamente la posesión del predio motivo de la litis. (14:18:26) Que recibió memorial de veinticinco de agosto de dos mil diecinueve, suscrito por Carlos Federico Mut Martín, con el que exhibió copia simple de la demanda del juicio Extraordinario Hipotecario Civil Verbal Contradictorio de Prescripción Positiva promovido por los señores Gregorio Chim Chim y Clarito Barredo de Chim del que se desprendía que los abuelos de la agraviada, el tres de abril de dos mil trece, promovieron un juicio por la propiedad del predio que identificaron como número 124 de la calle 23 es un 50%, teniendo conocimiento que el otro porcentaje le corresponde a la imputada, ya que en el hecho dos de la demanda, señalaron que adquirieron por compra del señor Pedro Moo el cincuenta por ciento de los derechos de propiedad del predio indicado y que los señores Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut, adquirieron el otro cincuenta por ciento de dicha persona, por escritura de trece de octubre de mil novecientos setenta y seis. Por lo que con esa prueba no era útil para acreditar el delito de cosa inmueble sino que se apreciaba el conocimiento de los abuelos de la querellante de que el predio 124 fue vendido en dos fracciones del 50% a diferentes personas. Que obraba también copia certificada del expediente 166/2017 del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial con sede en Uman, en el que Abundio Gualberto Mut Martín, promovió diligencias de apeo y deslinde del cincuenta por ciento del predio 124, cuyo documento original relativo a la compraventa del 50% del predio urbano 124, de la calle 23, cuartel 3, manzana 15, localidad Halachó, Yucatán, otorgado por Pedro Moo a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut, se encuentra en resguardo y que ese procedimiento concluyó por caducidad de la instancia en proveído de doce de octubre de dos mil dieciocho. (14:21:27) Finalmente, en cuanto al delito de despojo, dijo que obraba el oficio FGE/CF/DDP/DIC/291/2020, suscrito por el Maestro Héctor José Farías Echeverría, Director de Dictaminación Pericial quien adjuntó el dictamen en el que se analizó las huellas dactilares de Clarita Barredo de Chim y Gregorio Chim CHim que obran en el original del documento que contiene la compraventa del 50% del predio urbano 124 de la calle 23, Cuartel 3, Manzana 15, de la localidad y municipio de Halacho, Yucatán, de tres de octubre de mil novecientos setenta y seis y las huellas de los indicios uno y dos que contienen la impresión de la huella dactilar de las credenciales originales de Teofila Clara Barredo Tun y Gregorio Chim Chim cuyo resultado arrojó que las huellas dactilares de las imágenes fotográficas no correspondían con sus identificaciones oficiales; pero que ello en nada afectaba que los ahora imputados detentaran ilegalmente la posesión de predio en conflicto. Concluyó que, no se acreditó que la ocupación del inmueble en litis fue realizada motu proprio, sin consentimiento, furtivamente o mediante engaño, ya que no se acreditó que los imputados Abundio Gualberto Mut Martín (o) Abundio Mut Martín, Carlos Federico Mut Martín (o) Carlos Mut Martín alías "Calín", Amelia Mut Martín alias "Doña Chita", Luis Yeh, Jose Antonio Yeh Mut (o) José Antonio Yah Mut (o) Jose Yeh Mut alias "Keny", Ariel Alejandro Can Chím (o) Ariel Alejandro Can, Andrea Noemí Yeh Mut (o) Andrea NeomÍ Yeh Mut (o) Andres y July Yeh Mut (o) July, hubieren ingresado al predio que refiere la agraviada sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo, mediante engaño o de manera furtiva y que su actuar se traduzca en que hayan penetrado en el predio, que lo hayan invadido o que lo esté usando transitoriamente o no le permitan el uso material o que estén obstaculizando en forma física o material el goce o disfrute del predio en cita. Lo anterior, porque se advertía y quedó acreditado que los imputados tenían la posesión de buena fe del predio ubicado en la calle 23, número 124, por 22 y 24 de la colonia San Cosme de Halachó, Yucatán, por autorización de su copropietario, aunado a que también quedó demostrado que el predio que refiere la agraviada como número 122 Bis, de la citada calle, colonia y localidad, es el mismo predio que mencionan los imputados como 124, por lo que ambas partes están ocupando parte del mismo terreno, desvirtuando la teoría acusatoria de la querellante, ya que en forma alguna se acredita la invasión ilícita y mucho menos haber violentado la quita y pacifica posesión o propiedad que dice tener. Por otro lado, en cuanto al delito de falsificación de documentos en general en su modalidad de uso de documento falso el fiscal señaló que, si bien de dicha probanza se acreditaba que en el documento privado de compraventa del 50% cincuenta por ciento del predio urbano 124 de la calle 23 Cuartel 3, Manzana 15, de la localidad y municipio de Halacho, Yucatán de tres de octubre de dos mil novecientos setenta y seis a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut, las huellas de los copropietarios no correspondieron con las de sus identificaciones oficiales, ese dato de prueba por sí solo no resultaba útil e idóneo para acreditar que el imputado Abundio Gualberto Mut Martín haya tenido conocimiento previo de la falsedad del documento y sabiendo eso hecho lo exhibiera para promover el interdicto de Apeo y Deslinde ante el Juez Segundo Mixto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, en autos del expediente 166/2017. Lo anterior, porque la fecha en que se realizó la transacción de compraventa que originó la imposición de huellas, fue el trece de octubre de mil novecientos setenta y seis y el imputado contaba con once años, pues nació el once de julio de mil novecientos sesenta y cinco, aunado a que en autos no quedó acreditado el elemento del tipo penal de falsificación de documentos en general en la modalidad de uso de documento falso, consistente en que el activo haya tenido conocimiento previo de la falsedad del documento. Lo que se acreditaba con las testimoniales y demás datos de prueba que fueron enunciados al analizar si se configuraba un hecho que la ley señala como el delito de despojo, pues de éstos no se apreciaba alguno que pusiera de manifiesto que los imputados tuvieran previo conocimiento de la falsedad del documento privado de compraventa del 50% del predio urbano 124, de la calle 23 otorgado por el Pedro Moo, a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut y que con ese conocimiento el imputado lo exhibiera para promover ante el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Uman, el interdicto de Apeo y Deslinde del citado predio. Finalmente, el Fiscal señaló que no pasaba desapercibido que del cumulo de hechos señalados por la agraviada en sus comparecencias posteriores a la denuncia manifestó la posible comisión de conductas que pudieran configurar los delitos de Amenazas, Injurias, Difamación, Ultrajes a la Moral y a las Buenas Costumbres, Calumnias, Daño en Propiedad Ajena y/o Fraude Genérico, pero que tales señalamiento fueron realizados de manera genérica sin especificar o establecer circunstancias de tiempo, modo o lugar, las cuales no encontraron sustento en alguno de los datos de prueba, por lo que en la carpeta de investigación respectiva no se acreditó la comisión de esos antijurídicos. Por su parte, el Juez de control responsable, al momento de resolver, expuso, en esencia, lo siguiente (14:39:18). El Juez responsable señaló que, el Fiscal procedió de forma correcta al decretar el no ejercicio de la acción penal, ya que de los datos de prueba se apreciaba uno de los supuestos que permiten decretar el sobreseimiento, pues la asesora de la víctima al hacer uso de la voz, señaló que en su querella se apreciaba que la ocupación de una porción de un predio urbano en Halachó, Yucatán, y que se hizo un documento "supuestamente falso" para realizar una diligencias ante autoridad civil. Sin embargo, que como sostuvo el fiscal no se encontraban establecidos los hechos de los citados delitos. Señaló que había un dato de importancia que indicó el fiscal investigador que se logró establecer en todos esos hechos delictivos derivan de una cuestión civil, como es establecer un mejor derecho respecto del predio ocupado por los activos del delito, pues obraban informes de que se trataba de un solo predio y existe cierto derecho de uno de los activos, quien a su vez concedió autorización, por lo que más que una ocupación indebida, una acción con relación directa de quien cree tener mejor derecho y el cual se encuentra dilucidado ante la autoridad competente. Aunado a que no obran elementos de forma y términos en que se llevaron a cabo los supuestos hechos delictivos a fin de establecer alguno, por lo que quedaba aislada la denuncia, pero no estaba robustecida, pues los demás datos hacen referencia al supuesto conflicto sin señalar circunstancias de tiempo, modo y ejecución de los tipos penales. Que la asesora de la víctima al hacer uso de la voz, no desacreditó, ni controvirtió las manifestaciones del fiscal, sino sólo realizó manifestaciones subjetivas en torno a la denuncia sin dar datos de que el fiscal estaba erróneo. Además de los datos no se acreditaba el "ánimo" de posesión de los investigados, el cual era un elemento necesario para establecer el despojo, pues la asesora refirió que los hechos fueron entre el año dos mil once y dos mil trece, que entraban y salían los imputados, pero no dijo que hayan entrado y que hasta la fecha estén ahí para establecerse el ánimo de apropiación; asimismo, que se trataba del mismo predio y había una resolución que indicaba que uno de los investigados tiene derecho hacia la misma, por lo que no se puede hablar de una introducción ilegal al patrimonio, al existir dos derechos diversos. Que incluso, si los hechos fueron entre el año dos mil once y dos mil trece al presentarse la querella ya había prescrito conforme al numeral 121 del Código Penal del Estado, pues para los delitos a instancia de parte es de un año, cuando se tiene conocimiento de los hechos y los posibles inculpados Agregó que, la asesora sólo refirió lo relativo a los hechos de los delitos de despojo y uso de documento falso, sin señalar nada respecto de los demás hechos por los que se dictó el no ejercicio de la acción penal, y por ende, quedaban intocadas las conclusiones respectivas y la no justificación de los demás (de amenazas, injurias, difamación, ultrajes a la moral y a las buenas costumbres, calumnias, daño en propiedad ajena y fraude genérico). Respecto al delito de uso de documento falso, señaló que no se acreditaba, porque sólo había un dictamen que decía que tenía ciertas irregularidades, pero no se determinó su falsedad y que fuera empleado por el activo teniendo conocimiento o noticia de ello y aunque la asesora realizó apreciaciones del porqué el documento es falso, no tiene la calidad de perito en la materia para determinar las irregularidades. Por lo anterior, de conformidad con los artículos 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró improcedentes las manifestaciones de la asesora jurídica de la víctima y confirmó la resolución de once de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Fiscal en Jefe de la Agencia Décimo Sexta del Fuero Común de Investigación y Litigación, con sede en Maxcanú, Yucatán, en la carpeta de investigación F6-F6/466/2016. Conceptos de violación infundados. Ahora bien, se afirma que son infundados los conceptos de violación, toda vez que el Juez responsable actuó conforme a derecho al decretar el no ejercicio de la acción penal a favor de los imputados por los ilícitos descritos en la referida carpeta de investigación y por ende, no se transgreden los derechos que la quejosa estima violados. Es así, pues en lo relativo al despojo de cosa inmueble, se aprecia que la denunciante, ahora quejosa expresó en la audiencia de control, que en su denuncia y en diversas comparecencias que, los imputados invadieron y se apoderaron de un cuarto que empezó a construir su hermano, ubicado en el fondo del terreno del citado predio 122 Bis, que es de su propiedad y posesión, mismo que colinda con la calle 25 (veinticinco), de la colonia San Cosme, en Halachó, Yucatán; sin embargo, en modo alguno señaló de manera concreta con qué datos de prueba se demostraba que ella estuviera en posesión material o ocupara esa fracción, área o cuarto del inmueble respectivo. Ciertamente, en atención al ilícito de mérito, es necesario señalar que en la jurisprudencia 1a./J. 70/2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el tipo penal de despojo tutela la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión. El legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Además, consideró que para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. Asimismo, el Máximo Tribunal del País señaló que, si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejercía por virtud de un título de propiedad- debía estimarse que el activo procede antijurídicamente cuando no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer. Por lo que, aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente. La jurisprudencia 1a./J. 70/2011, de que se viene hablando, tiene registro digital: 16132, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materia(s): Penal, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 83, que señala "DESPOJO. SE ACTUALIZA ESTE DELITO AUNQUE EL DERECHO A LA POSESIÓN SEA DUDOSO O ESTÉ EN DISPUTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Los artículos 191, fracción I y 192, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, abrogado, y el numeral 222, fracción I, del mismo ordenamiento vigente, al prever que comete el delito de despojo el que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo o engañando a éste ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca, tutelan la posesión inmediata de los inmuebles, su propiedad y los derechos reales, lo cual conlleva implícita la figura de la posesión; y el legislador sanciona la sustracción del patrimonio por medios no legítimos, del corpus y del animus que integran la posesión y no sólo uno de esos elementos, pues ambos en conjunto forman la figura genérica de este delito. Ahora bien, para integrar el tipo penal del delito de despojo, es necesario que se presente la conducta dolosa de usurpar un derecho ajeno sobre un inmueble a través de su ocupación o uso, o de un derecho real, a fin de integrar la parte objetiva y subjetiva del tipo, expresada esta última en el querer y entender la conducta ilícita, esto es, la sustitución del poseedor en sus derechos. De manera que si se demuestra que en la fecha del hecho el pasivo estaba en posesión del inmueble -la cual ejerce por virtud de un título de propiedad- debe estimarse que el activo procede antijurídicamente si no obstante conocer tal circunstancia, dolosamente lo desconoce, realizando actos de ocupación sobre el inmueble, con independencia de ostentarse también como propietario, en tanto que los tribunales de materia diversa a la penal son los competentes para decidir a quién corresponde la propiedad del inmueble y, en consecuencia, el derecho a poseer; de ahí que aun ante la potencial existencia del derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, éste se actualiza ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien, en tanto que los artículos 192, primer párrafo, y 222, último párrafo, citados, prevén que las sanciones se impondrán aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sin que dicho supuesto sea un problema de naturaleza civil (por no tratarse de establecer el título de propiedad que debe prevalecer), porque la conducta del agente atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo que implica hacerse justicia por propia mano, lo cual está prohibido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que si el inculpado se estima con derechos sobre el inmueble, los tiene expeditos en la vía civil para exigirlos antes de obrar por cuenta propia, ocupando un inmueble en posesión de tercera persona, quien también cuenta con título que la ostenta como propietaria. La anterior jurisprudencia es aplicable al caso por identidad de razón, ya que el numeral 329 del Código Penal del Estado que tipifica el despojo es de similar contenido al interpretado por la Suprema Corte en el citado criterio. De modo que, con base en esa jurisprudencia, es claro que, el tipo penal de despojo lo que sanciona es la conducta del activo que atenta contra la posesión que la ofendida ejerce legítimamente, lo cual puede actualizarse aún ante la potencial existencia de un derecho de propiedad a favor del activo sobre el inmueble objeto del delito, pero lo cierto es también que, es condición sine qua non, para que se actualice tal tipo penal, la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien. Así, para que se actualice ese tipo penal resulta necesario que se realicen actos de ocupación sobre una parte del predio que en su caso tenga en posesión la denunciante, y además, siempre que los activos hayan conocido tal circunstancia y dolosamente lo desconocieron. Sin embargo, tal como se indicó, en el caso, la quejosa fue omisa en señalar de manera precisa y concreta con qué datos de pruebas se acreditaba que tuviera la posesión material del cuarto del predio 122 Bis que se dijo se encontraba en el fondo, específicamente que colindaba con la calle 25, el cual dijo que fue invadido por los imputados. Ciertamente, es menester puntualizar que, en la audiencia de control, la querellante, aquí quejosa, expresó en sus hechos de manera concreta que los imputados invadieron y se apoderaron de un cuarto que empezó a construir su hermano, ubicado en el fondo del terreno del citado predio 122 Bis, que era de su propiedad y posesión, mismo que colinda con la calle 25 (veinticinco), de la colonia San Cosme, en Halachó, Yucatán. Ese hecho es el que de manera concreta denunció en relación con el delito de despojo, por tanto, a fin de que se estableciera el citado ilícito era necesario poner de manifestó con qué datos de prueba se acreditó a) que los imputados invadieron esa parte del predio 122 Bis a que se refirió la denunciante, aquí quejosa, b) si ésta se encontraban en posesión del área respectiva y c) si los copropietarios aquellos desconocieron esa posesión y se introdujeron dolosamente a un área, fracción o cuarto del citado predio. Empero, en la audiencia no se revelaron datos de prueba, que permitan establecer lo anterior, específicamente que la quejosa era quien ocupa y tenía la posesión material de esa área o cuarto. Por el contrario, de lo expresado por la propia denunciante, en todo caso podría considerarse, que quien detentada la posesión de ese cuarto era su hermano, puesto que es él a quien atribuye que lo estaba construyendo, pero lo cierto es que los demás datos de prueba no acreditan que ella tuviera en posesión ese cuarto. Cabe recordar, la denunciante aquí quejosa, durante su intervención en la audiencia de veintiocho de diciembre de dos mil veinte, expresó que con independencia de que los imputados tuvieran derecho de propiedad lo cierto era que habían ingresado sin su consentimiento, a un cuarto construido que estaba dentro del predio 122 Bis, en la parte del fondo que colinda con la calle 25. Específicamente, (13:06:07) señaló que en múltiples ocasiones había dicho que el conflicto se suscitó por la posesión de una parte del terreno que colinda en la calle 25 en el lado poniente que es de su propiedad, en donde Abundio Gualberto Mut Martín, construyó un cuarto con bloques y que el frente quedó orientado por esa calle, pero afirmó que ese cuarto lo comenzó a construir su hermano, por lo que al llegar ellos, ven el inicio de la obra y la concluyen, fingiendo ante la sociedad que lo construyeron en su totalidad, pero que era información demasiado personal, por lo no era necesario que ella y su familia divulgaran qué parte del cuarto construyeron, pero lo que sí era claro, es que con independencia de quien lo haya construido, la obra está dentro de su predio. De lo anterior, se aprecia que la propia denunciante expresó que el referido cuarto lo empezó a construir su hermano, pero que luego lo terminó el imputado Abundio Gualberto Mut Martín, y que con independencia de quien lo haya construido, la obra estaba dentro de su predio; sin embargo, en modo alguno la denunciante afirma que ella era quien tenía la posesión material, cuando ya se vio que para que establezca el delito de despojo es necesario ante la demostración del hecho posesorio de la parte que se dice ofendida y también propietaria del bien. En otras palabras, no basta con señalar que el mencionado cuarto del predio 122 Bis que dijo fue invadido estaba dentro de su propiedad, sino que para ello era necesario la demostración de un hecho, en este caso, que ella estaba en posesión de esa parte del inmueble, pero lo cierto es que en modo alguno enunció datos de prueba que así lo pusieran en evidencia. Lo anterior, pues incluso el testigo Luis Manuel Juárez Santos, por una parte, señaló que el referido cuarto lo construyó Abundio Gualberto Mut Martín, es decir, no identificó la posesión del mismo por parte de la denunciante, así que tal declarante y la diversa testigo Maria Cecilia Tun Cauich no expresaron que la denunciante sea quien tenía la posesión material del mismo, puesto que, lo que esencialmente indicaron es que saben del conflicto de la querellante con sus primos (imputados) debido a la posesión de éstos de una parte del terreno de la denunciante del lado poniente donde éste construyó un cuarto de material de bloques. Lo anterior, refleja que los testigos señalaron conocer que los imputados tienen la posesión de una parte del terreno de la denunciante, pero no que ésta la tuviera anteriormente. Luego, los demás datos de prueba tampoco permiten advertir que la denunciante ahora quejosa, sea quien tuviera la posesión material de un cuarto que afirmó empezó a construir su hermano, ubicado en el fondo del terreno del citado predio 122 Bis, que colinda con la calle 25 (veinticinco), de la colonia San Cosme, en Halachó, Yucatán. En efecto, de los datos de prueba descritos en la audiencia de control, puede advertirse las siguientes situaciones: a) que los predios 122 Bis y 124, aunque tienen diferentes propietarios, forman uno solo o están en la misma ubicación; b) que la denunciante es propietaria del 122 Bis, y c) que el imputado Abundio Gualberto Mut Martín, así como Reyna Isabel Chim Barredo (madre de la denunciante) son los dueños el predio 124, cada uno con un porcentaje del 50%. Sin que esas circunstancias en modo alguno hayan sido desvirtuadas por la quejosa en su intervención o señalado en su caso con qué datos de prueba acreditaban un hecho distinto. Lo anterior se señala así, aunque en reiteradas ocasiones la denunciante, aquí, quejosa expresó que, los imputados entraron en el predio 122 Bis que es su propiedad, el cual aceptaba que se encuentra en la misma ubicación que el citado 124, que se establecieron sin su consentimiento, ni el de su abuela Teofila Clara Barredo y que hasta dos mi diecinueve, fue que aquellos acreditaron la propiedad del predio 124, pero que el título que presentaron es falso. Pues lo cierto es que, en que en no se aportaron datos de prueba de los que se advierta que alguna autoridad competente hasta la fecha de emisión del acto reclamado haya determinado la falsedad del título de propiedad del imputado Abundio Gualberto Mut Martín, sobre el predio 124, en su caso haya declarado la nulidad del juicio intestado en donde se afirmó adquirió la misma, o bien haya determinado un apeo y deslinde que identifique en su caso los límites de la propiedad de quienes la detentan como dueños de los predios 122 Bis y 124 que se afirmó se encuentran en la misma ubicación y forman uno solo. Además, no forma parte de la materia penal, ni de la investigación del delito de despojo, como lo advirtió el Juez responsable determinar quién es propietario o tiene un mejor derecho de propiedad, pues lo que es materia de la indagatoria, es determinar si la conducta del agente atentó contra la posesión que se aduce afectada para lo cual se requiere datos de prueba inequívocos de ese hecho. De modo que, mientras esas cuestiones sobre un mejor derecho de propiedad, apeo y deslinde o en su caso nulidad de juicio o falsedad de escrituras o títulos de propiedad, no sean declaradas por autoridad competente, lo que rige únicamente en el particular son los datos de prueba enunciados, de los que subyacen los hechos o situaciones descritas, por lo que con independencia de que la quejosa tenga la propiedad de ese predio 122 Bis, o si éste forma o no uno solo con el 124 o tengan o no las mismas dimensiones o ubicación o si los imputados sean o no propietarios del predio 124, ya se vio que para que exista despojo, lo que se requería era acreditar la posesión de hecho de ese cuarto, lugar o área que la quejosa dijo fue invadido, lo cual no sucedió. Pues aunque el derecho a la posesión sea dudoso o esté en disputa, sí resultaba menester acreditar que, previo a la ocupación que afirmó hicieron los imputados de ese cuarto o fracción, era ella quien estaba en su posesión, ya que es éste derecho que tutela el despojo; sin embargo al denunciante no expresó los datos de prueba que en su caso establecieran tal hecho; y de ahí que no se actualice ese ilícito, como lo consideró la autoridad responsable; resultando por ende, infundados los conceptos de violación respectivos. Sin perjuicio de lo expuesto y dado uno de los conceptos de violación expresados por la quejosa es atinente a combatir la figura de la prescripción, a fin de dar respuesta toma en cuenta lo siguiente. Si bien no escapa a quien esto resuelve que, en la resolución reclamada no fue el motivo toral de la confirmación de no ejercicio de la acción penal dicha figura, lo cierto es que el Juez responsable en parte de sus consideraciones, señaló la existencia de la prescripción, pues estimó que, si los hechos fueron entre el año dos mil once y dos mil trece al presentarse la querella en dos mil dieciséis, ya había prescrito conforme al numeral 121 del Código Penal del Estado, pues para los delitos a instancia de parte el plazo para presentarla es de un año, cuando se tiene conocimiento de los hechos y los posibles inculpados. Contra ello la quejosa sostiene que, son contrarias a derecho las afirmaciones del Juez de Control consistentes en que el delito prescribió, pues al hacer su denuncia narró como antecedentes hechos que ocurrieron años atrás, pero también describió otros que le sucedieron en dos mil dieciséis y posteriormente, los suscitados durante el curso de la investigación. Es infundado ese concepto de violación, pues tal como lo consideró el Juez, dado que en el caso los hechos que denunció la quejosa iniciaron entre dos mil once y dos mil trece, al momento en que presentó su denuncia en dos mil dieciséis, ya había transcurrido del plazo de prescripción que prevé el artículo 121 del Código Penal del Estado, aplicable al caso, dado que se trata de un ilícito perseguible por querella, conocía los hechos y las personas a quienes se les imputa y el delito de despojo es de consumación instantánea. En efecto, de conformidad con los artículos 10 del Código Penal del Estado, es delito instantáneo aquél cuya consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado sus elementos constitutivos. En el caso, el despojo delito es instantáneo, puesto que se consuma al momento de atentar contra la posesión del bien por el sujeto activo del ilícito, por lo que en ese instante se inicia el plazo de la prescripción. Ciertamente, sus elementos típicos se agotan en el momento en que el activo ejecuta el delito (ocupación de propia autoridad del inmueble por los medios comisivos previstos), aun admitiendo que sus efectos sean permanentes por extenderse de manera eventual en el tiempo la posesión ilícita del bien, para la prescripción de la acción penal, atendiendo a la característica descrita, basta el simple transcurso del tiempo a partir del momento de dicha consumación, esto es, de la invasión o ocupación de la posesión. Luego, como en el caso, la denunciante afirmó que la invasión u ocupación inició entre dos mil y dos mil trece, en ese momento se consumó el ilícito, y por ende, a partir de esa data comenzó el plazo de prescripción de un año, por lo que si su denuncia la hizo en dos mil dieciséis, tal como lo consideró el Juez responsable ya había transcurrido ese plazo; y de ahí lo infundado del concepto de violación en estudio. Sirven de apoyo a lo anterior las siguientes tesis. "DESPOJO, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). En razón de que el ilícito de despojo que prevé el numeral 408, fracción I, del Código de Defensa Social de la entidad, es de consumación instantánea, pues sus elementos típicos se agotan en el momento en que el activo ejecuta el delito (ocupación de propia autoridad del inmueble por los medios comisivos previstos), aun admitiendo que sus efectos sean permanentes por extenderse de manera eventual en el tiempo la posesión ilícita del bien, para la prescripción de la acción penal, atendiendo a la característica descrita, basta el simple transcurso del tiempo a partir del momento de dicha consumación, hasta aquel otro en que haya tenido conocimiento del mismo la autoridad investigadora, para que opere la extinción de la acción persecutoria por prescripción, atendiendo al plazo igual al máximo de la sanción corporal de la pena privativa de la libertad que la ley señala específicamente para la figura delictiva en comento. "DESPOJO. SIENDO UN DELITO DE NATURALEZA INSTANTÁNEA, ES SANCIONABLE LA CONDUCTA DELICTIVA, AUN CUANDO LA POSESIÓN DE LA COSA HAYA SIDO TEMPORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 408, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, que prevé y sanciona el delito de despojo, contempla dos figuras jurídicas, esto es, el despojo genérico y el despojo de uso; este último consiste en usar con carácter temporal sin consentimiento de su dueño o legítimo poseedor, un inmueble, sin el ánimo de apropiárselo. Por tanto, siendo el despojo un delito de naturaleza instantánea, se actualiza cuando el agente admite que sólo usó temporalmente el bien inmueble objeto del delito, por lo que dicha conducta es sancionable penalmente, aun cuando no tuviera la intención de apropiárselo de manera definitiva. "DESPOJO. PLAZO PARA QUE INICIE EL COMPUTO DE LA PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL EN EL DELITO DE. Al tener el despojo el carácter de instantáneo, el delito se consuma al momento de atentar contra la posesión del bien por el sujeto activo del ilícito, por lo que en ese instante se inicia el plazo de la prescripción." Luego, toda vez que no existen datos de prueba que demuestren la posesión material de cuarto del predio 122 Bis, cuya invasión alegó y, por tanto, como lo refirió el Juez responsable no se acreditó el "ánimo" de posesión de los investigados, el cual era un elemento necesario para establecer del despojo, quedando evidenciada, en todo caso la existencia de dos derechos en controversia; fue correcta la determinación de confirmación de no ejercicio de la acción por el ilícito referido, con apoyo en los numerales 255 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además de que, como se dijo, en el Sistema Procesal Penal Acusatorio, la oralidad constituye el instrumento que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, por lo que los juzgadores dirimen verbalmente los conflictos que les sean planteados en el debate correspondiente por los intervinientes, con base en los datos de prueba y en este caso en los agravios que enuncien las partes y únicamente por excepción cuando así lo requieran podrán solicitar se les ponga a la vista la carpeta de investigación para constatar alguna circunstancia, pero si las partes no invocan algún dato de prueba, no podrá ser tomado en cuenta. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis 65 P, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo III, página 1876, que establece: "AUDIENCIA DE IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EN ESTA DILIGENCIA EL JUEZ DE CONTROL, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN, SÓLO PUEDE DECIDIR SOBRE LO QUE ADUZCAN LOS ASISTENTES, RESPETANDO EL EQUILIBRIO PROCESAL ENTRE LAS PARTES. Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 se reformaron, entre otros, los artículos 16 a 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se introdujo en el orden jurídico nacional el sistema procesal penal acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; dicho modelo de enjuiciamiento se basa en una metodología de audiencias, cuyos ejes rectores se establecen en el artículo 20 de la Constitución Federal. Por tanto, tratándose de la audiencia de impugnación del no ejercicio de la acción penal determinado por el Ministerio Público, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez de control, con base en el principio de contradicción indicado, sólo puede decidir sobre lo que aduzcan los asistentes, respetando el equilibrio procesal entre las partes, esto es, únicamente está facultado para pronunciarse respecto de los argumentos jurídicos expuestos por éstas, quienes en su oportunidad tuvieron acceso directo a todos los datos de la carpeta de investigación, con lo cual, quedaron en posibilidad de controvertirlos o confrontarlos, así como de oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte; de lo contrario, es decir, que el juzgador se sustituyera a alguna de las partes para subsanar deficiencias técnicas, atentaría contra los principios señalados, en especial, el de contradicción." Así, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juzgador no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 23/2019 (10a.) Décima Época, Registro: 2019954 Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 66, Mayo de 2019, Tomo II, Materia(s): Penal. Página: 1112, que señala: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBE EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debe consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en dicha audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que la consulta debe limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Asimismo, la víctima u ofendido o su asesor jurídico debe exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que sea factible que lo hagan por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones. Porque este sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptan actuaciones escritas. Y porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precede al juicio. Lo que se robustece con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a la audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse." Luego, si un dato de prueba no es relevado al juez de control, es claro que éste no pudo tenerlo en cuenta al resolver y menos aún podrá ser tomado en consideración al resolver el juicio de amparo indirecto; de ahí que si no se describieron otros datos para acreditar la posesión del cuarto referido, no se acredita ese hecho necesario para establecer el delito de despojo. Por otro lado, respecto al concepto de violación relacionado con el delito de uso de documento falso, en el que la quejosa señala que es incongruente la opinión del fiscal, pues si existe falsedad en una huella o firma, entonces ya resulta ilegal el documento, y no puede ser legal, si un estudio especializado determinó que la huella impuesta no coincide con la de la persona que se supone la estampó, lo que fue soslayado por la autoridad responsable. Es infundado, toda vez que, el fiscal en la determinación de no ejercicio de la acción penal, que fue confirmada en la resolución reclamada, no concluyó que el documento al que se refirió la quejosa sea o no falso, sino que esencialmente señaló no se actualizaba el citado delito toda vez que no existían datos de prueba que permitieran establecer que el imputado al hacer uso del mismo conociera de su existencia. Ciertamente, en el caso, es menester señalar que, en la audiencia de control, la agraviada señaló que solicitó la prueba dactilar porque sabía que sus abuelos no habían firmado documento alguno a los investigados. Así, adujo que se falsificaron las huellas de sus abuelos, así como la de Pedro Moo, en el documento realizado a favor de Tomas Mut Tun y Onésima Martín Mendez otorgado por Pedro Moo de lo que se percató cuando Abundio Gualberto Mut Martín exhibió documento original sobre el predio 124 de la calle 23, ante el Juzgado Segundo de lo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial al promover diligencias de apeo y deslinde, en el expediente 166/2017. De lo anterior, se aprecia que la agraviada aseveró que, las huellas de sus abuelos Clarita Barredo de Chim y Gregorio Chim Chim, así como la de Pedro Moo fueron falsificadas en el documento en que el aparece que éste último realizó a favor de Tomas Mut Tun y Onésima Martín Mendez. Al respecto, el fiscal en su intervención señaló que la agraviada basó su acusación en el resultado del dictamen pericial realizado por peritos adscritos a la Fiscalía General del Estado, en el cual a petición de ella, se realizó una comparación física y valorar si eran útiles para cotejo las huellas dactilares de Clarita Barredo de Chim y Gregorio Chim Chim, que obran en el original del documento que contiene la compraventa del 50% (cincuenta por ciento) del predio 124 de la calle 23, Cuartel 3 Manzana 15, de la localidad y municipio de Halachó, Yucatán, de fecha tres de octubre de mil novecientos setenta y seis y las huellas de los indicios 1 y 2 que contienen la impresión de la huella dactilar de las credenciales de elector originales de Teofila Clara Barredo Tun y Gregorio Chim Chim. Señaló que, posteriormente se hizo un cotejo manual de las mismas, cuyo resultado arrojó que efectivamente las huellas que fueron aparentemente impuestas por los copropietarios Clarita Barredo de Chim y Gregorio Chim Chim en el documento privado de compraventa del 50% de citado predio realizado el tres de octubre de mil novecientos setenta y seis a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut, no correspondieron con las identificaciones oficiales de dichas personas. Al respecto, el fiscal señaló que, si bien de dicha probanza se acreditaba que en el documento privado de compraventa del 50% cincuenta por ciento del predio urbano 124 de la calle 23 Cuartel 3, Manzana 15, de la localidad y municipio de Halacho, Yucatán de tres de octubre de dos mil novecientos setenta y seis a favor de Tomas Mut Tun y Onesima Martín de Mut, las huellas de los copropietarios no correspondieron con las de sus identificaciones oficiales, ese dato de prueba por sí solo no resultaba útil e idóneo para acreditar que el imputado Abundio Gualberto Mut Martín haya tenido conocimiento previo de la falsedad del documento y sabiendo eso hecho lo exhibiera para promover el interdicto de Apeo y Deslinde ante el Juez Segundo Mixto de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, en autos del expediente 166/2017. Lo anterior, porque la fecha en que se realizó la transacción de compraventa que originó la imposición de huellas, fue el "trece de octubre de mil novecientos setenta y seis" y el imputado contaba con once años, pues nació el once de julio de mil novecientos sesenta y cinco, aunado a que en autos no quedó acreditado el elemento del tipo penal de falsificación de documentos en general en la modalidad de uso de documento falso, consistente en que el activo haya tenido conocimiento previo de la falsedad del documento. De lo anterior, se aprecia que el fiscal en modo alguno señaló que el dictamen respectivo haya determinado como falso el documento en cuestión. Por su parte, el juez responsable señaló que, no se actualizada dicho ilícito porque sólo había un dictamen que decía que el documento en cuestión tenía ciertas irregularidades, pero no se determinó su falsedad y que fuera empleado por el activo teniendo conocimiento. En ese sentido, no existe la incongruencia a que se refiere la quejosa, pues en modo alguno los datos de prueba, arrojan que el dictamen haya concluido la falsedad sobre el documento que fue objeto de su estudio. Luego, si en ese dictamen, ni en algún otro dato de prueba se concluyó o determinó la falsedad del documento, no resultaba factible que en la resolución reclamada se le diera ese carácter al documento en cuestión o se hiciera esa conclusión. Lo anterior, pues en todo caso, para realizar tal conclusión resultaba necesario que una autoridad competente previamente declarara la falsedad de ese documento o así se concluyera en algún dato de prueba situación que no sucedió. Ciertamente, el tipo penal de uso de documento falso requiere para su actualización entre otros elementos que exista un documento, objeto material del delito; y que sea falso, lo cual se refiere a una característica específica que debe tener el documento en cuestión, lo que se traduce en el elemento normativo. El artículo 284, fracción V, del Código Penal del Estado, dispone que incurrirá también en las sanciones señaladas en el artículo 283, quien: ". V. A sabiendas, hiciere uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio del mismo, sea público o privado". De lo anterior se sigue que dicha descripción, además de la conducta que constituye el verbo rector del tipo "usar", exige la presencia de un elemento subjetivo y otro objetivo que constituye el objeto material del ilícito y que resulta ser, precisamente, el documento "falso". Dicho objeto constituye un presupuesto para poder hablar, en su caso, del posible uso de él; sin embargo, en el precepto en cuestión, que constituye una equiparación del delito de falsificación de documentos, no se precisa la forma o criterio para determinar la falsedad o no del documento sujeto de "uso"; por tanto, lo lógico y legal, es atender a los criterios establecidos en el propio capítulo que regula ese precepto, específicamente las diversas fracciones del artículo 281 del mismo ordenamiento, que es donde se prevén las hipótesis en las que se considera la falsedad de documentos. Luego, las hipótesis mencionadas en dicho precepto, en modo alguno han sido probadas en el caso, pues no se expusieron datos que así lo revelen. Puesto que el documento cuyo uso falso planteó la denunciante fue presentado en un procedimiento ante el Juzgado Segundo de lo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial al promover diligencias de apeo y deslinde, en el expediente 166/2017 y no se dijo que se haya declarado su falsedad, ni que se haya decretado la nulidad del juicio por la falsedad del documento en cuestión, lo que revela que no hay una declaratoria de nulidad, ni falsedad y por ello no se puede hablar de documento falso, por lo que en todo caso, si se llega a emitir una determinación de nulidad o falsedad, la querellante estará en aptitud de denunciar ese ilícito, pues entretanto no se ha declarado esa nulidad. Sin perjuicio de lo expuesto, lo cierto es que tal como señaló el Juez responsable, de cualquier forma no se actualiza el ilícito en cuestión, puesto que no se expusieron datos de prueba que revelen que en su caso el imputado Abundio Gualberto Mut Martín, tenía conocimiento de que el documento original sobre el predio 124 de la calle 23, ante el Juzgado Segundo de lo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial al promover diligencias de apeo y deslinde, en el expediente 166/2017, era falso. Lo anterior, pues con independencia de la fecha que tenga el documento en cuestión, lo cierto es que hasta el momento en que fue presentado en el citado procedimiento 166/2017, esto es, en dos mil diecisiete, no había sido declarada su falsedad por una autoridad competente; y por otro lado, no se aprecia algún dato de prueba que revele lo que afirmó la quejosa, en la audiencia de control, esto es, que desde que obtuvo en su poder la escritura respectiva, tuvo conocimiento y sabía que era falsificado porque sus abuelos le dijeron a él y a los demás demandados que nunca firmaron algún documento, y que eso explica porque no lo habían exhibido en cualquier comparecencia que realizaron ante las autoridades años atrás. Es así, pues en modo alguno los testigos o demás datos de prueba revelan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que en su caso los abuelos de la denunciante le dijeron al citado imputado que nunca firmaron ese documento y luego que a sabiendas de ello, lo haya presentado en el citado expediente 166/2017; lo que evidencia que no se puso de manifiesto que, dicha persona haya hecho uso de un documento falso y tampoco que tuviera conocimiento de tal situación, motivo por el cual, tampoco es factible establecer ese ilícito como lo decretó la autoridad responsable y por ende, son infundados los motivos de disenso respectivo. Por otra parte, también son infundados los conceptos de violación en los que la quejosa señala que sí se acreditaron los demás delitos diversos a despojo y uso de documento falso. Es así, pues como lo indicó el Juez responsable y como se advierte de la relatoría precisada la asesora en su exposición sólo realizó manifestaciones y expuso circunstancias para combatir la resolución de no ejercicio respecto de los delitos de despojo y uso de documento falso, pero fue omisa en exponer las circunstancias concretas por las que en su caso se establecían los demás delitos de amenazas, injurias, difamación, ultrajes a la moral y a las buenas costumbres, calumnias, daño en propiedad ajena y fraude genérico, pues no señaló tiempo, modo y lugar de ejecución y menos aún expresó en su caso datos de prueba con los que pudiera establecerse hechos que la ley señale como esos delitos y en tal virtud, la determinación reclamada en cuanto a ese tópico debe seguir rigiendo en el mismo sentido ante lo infundado de los conceptos de violación. Finalmente, no se transgrede en perjuicio de la quejosa el artículo 17 Constitucional, puesto que precisamente, tuvo acceso a la administración de justicia al tener la oportunidad de combatir la determinación de no ejercicio de la acción penal, a través del medio ordinario de defensa a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por las consideraciones anteriores, al resultar infundados los conceptos de violación aducidos y no advertir la aplicación de la institución de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, así como no haberse acreditado la violación de los derechos humanos previstos en los artículos 14, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es NEGAR el amparo y protección de la Justicia Federal, a la quejosa. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gabriela Russelby Uicab Chim, contra actos de la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, precisado en el considerando segundo, en términos de lo dispuesto en el considerando quinto y por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS. Así lo resolvió y firma la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, hoy veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios remitidos por el Fiscal adscrito al Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial del Sistema de Justicia del Sistema Penal, Acusatorio y Oral del Estado y por Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de Maxcanú, Yucatán, mediante los cuales, en atención al requerimiento de quince de junio actual, informan que el tres de febrero y veintiocho de enero del año en curso, respectivamente, recibieron los oficios 313/2021 y 287/2021, de quince de enero del presente año, con el que se les hizo del conocimiento de la admisión del presente juicio; lo anterior, para los efectos legales que correspondan.
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