Gabriela López Belman
Expediente 249/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriela López Belman
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de veinticuatro de abril del año en curso, por el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir en el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, se requirió a la quejosa ********* para que, dentro del término de cinco días aclarara su demanda de amparo, en los siguientes puntos: " a) Manifieste si desea señalar alguna autoridad ejecutora que tenga competencia para cumplimentar el mandato de captura en el territorio donde ejerce jurisdicción este Tribunal, y de ser así especifique su denominación. b) Exhiba copias suficientes de su demanda para correrles traslado, en su caso. Por otro lado, también aluden a que pretendieron privarla de su libertad en su lugar de trabajo y señaló un diverso domicilio, sin que acrediten que, efectivamente, ahí labora. Por ende, también se le previene para que en el mismo plazo: c) Acredite en forma fehaciente que labora en el domicilio que refiere. En esa misma perspectiva, debe entenderse que el lugar de trabajo no se corresponde -necesariamente- con el diverso en el que tienen su domicilio y, eventualmente, el mandato de captura también puede ser cumplimentado ahí; por tanto, se le previene para que en el mismo término: d) Precise el domicilio en el que radica y lo acredite de manera fehaciente. Por otro lado, es obligación de los promoventes señalar las autoridades responsables, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo y, en el caso, en el capítulo correspondiente las mencionan de manera genérica como instituciones públicas (ejem. Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, etc.) en cuyo organigrama obran distintos cargos; sin que se desprenda cuáles de estos pretende que sean llamados, requiérasele para que en el mismo plazo: e) Aclare a qué cargo de las autoridades responsables se refiere. Esto es, deberá expresar qué funcionarios o, dicho de otro modo, la denominación de los cargos de quiénes pretende que sean emplazados." En dicho acuerdo fue apercibida que para el caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendría por no presentada la demanda de que se trata. Posteriormente, mediante escrito registrado con el número 3790, pretendió desahogar dicha prevención; sin embargo, en proveído de nueve de abril de la presente anualidad (fojas 14 y 15) le subsistió en lo tocante a los puntos identificados con los incisos c) y d), sin que a la fecha los hubiera desahogado. En tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de abril de dos mil diecinueve, y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Subsiste prevención.
- Principal
A sus autos la constancia asentada por el actuario adscrito de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiocho de marzo del año en curso, por las razones ahí expuestas. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese dicho acuerdo, el presente auto y los proveídos subsecuentes aún los de carácter personal, por medio de lista, en términos del numeral 29 del mismo ordenamiento legal. En cumplimiento a lo anterior se notifica el aludido proveído que en lo conducente dice:Vista la demanda de amparo formulada por ************, en contra de actos de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 249/2019-II. Previamente a proveer lo conducente, es necesario explicar lo siguiente: La competencia para conocer del amparo contra una orden de aprehensión se surte a favor del Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde la quejosa, bajo protesta de decir verdad, asegura que trata de ejecutarse; lo que se asume cuando se designa a una autoridad con tal carácter, con residencia dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción el tribunal al que acude, lo que en el particular no aconteció Así, la quejosa reclama la orden de aprehensión, reaprehensión, detención, comparecencia, localización, búsqueda o presentación girada en su contra, que manifiesta se pretende ejecutar en su lugar de trabajo ubicado en calle ***de Guanajuato de esta ciudad de Celaya, Guanajuato; sin embargo, es omisa en designar autoridades responsables con residencia en el territorio donde ejerce jurisdicción este Tribunal, que pudieran ejecutar el acto. Datos que resultan esenciales a fin de que este juzgado provea lo conducente respecto a su competencia. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia con número de registro 2004166, de rubro y texto: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." --Localización: [J] ; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XXIII, Agosto de 2013; Tomo 1; Pág. 383. 1a./J. 52/2013 (10a.) ? Prevención De esa guisa, con fundamento en lo dispuesto por en los artículos 108 fracción III, 110 y 114 fracción II de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad: a) Manifieste si desea señalar alguna autoridad ejecutora que tenga competencia para cumplimentar el mandato de captura en el territorio donde ejerce jurisdicción este Tribunal, y de ser así especifique su denominación. b) Exhiba copias suficientes de su demanda para correrles traslado, en su caso. Por otro lado, también alude a que pretendieron privarla de su libertad en su lugar de trabajo y señalaron un diverso domicilio, sin que acredite que, efectivamente, ahí labora. Por ende, también se le previene para que en el mismo plazo: c) Acredite en forma fehaciente que labora en el domicilio que refiere. En esa misma perspectiva, debe entenderse que el lugar de trabajo no se corresponde -necesariamente- con el diverso en el que tienen su domicilio y, eventualmente, el mandato de captura también puede ser cumplimentado ahí; por tanto, se le previene para que en el mismo término: d) Precise el domicilio en el que radica y lo acredite de manera fehaciente. Por otro lado, es obligación de la promovente señalar las autoridades responsables, en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo y, en el caso, en el capítulo correspondiente las menciona de manera genérica como instituciones públicas (ejem. Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, etc.) en cuyo organigrama obran distintos cargos; sin que se desprenda cuáles de estos pretende que sean llamados, requiérasele para que en el mismo plazo: e) Aclare a qué cargo de las autoridades responsables se refiere. Esto es, deberá expresar qué funcionarios o, dicho de otro modo, la denominación de los cargos de quiénes pretende que sean emplazados. Además, de no tener impedimento, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes; esto es, dieciséis para las autoridades responsables (más las que resulten según su designación), dos para el incidente de suspensión y una para el agente del ministerio Público de la Federación adscrita. Apercibida la quejosa que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propia quejosa, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal por falsedad que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA ? Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en calle ***de esta ciudad. Ahora, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizada únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. ? Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. ? Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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