Gabriela Isaura Villaseñor Montoya
Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gabriela Isaura Villaseñor Montoya
- Agencia del Ministerio Público Federal de Investigaciones, de Celaya, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó el amparo no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso B) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que trascurran tres años -contados a partir de que se ordena su archivo- puesto que se dictó resolución en la que se negó el amparo y no se formó incidente de suspensión debiéndose conservar, la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo del juicio en que se actúa como asunto totalmente concluido. Devolución de documentos y constancias. Sin que resulte necesario ordenar la devolución de documentos originales, atento a que no fueron ofrecidos por las partes. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de pruebas que el juez responsable allegó a su informe de ley, se ordena su devolución.
- Principal
VI S T O S, para resolver los autos que integran el juicio de amparo número 176/2021, promovido por ***********, por conducto de su mandatario judicial, **********; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiséis de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, que por razón de turno conoció este Juzgado Octavo, **********, por conducto de su mandatario judicial, **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del juez Cuarto de Partido Civil, residente en esta ciudad, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. En auto de treinta siguiente, se admitió la demanda. En ese mismo proveído se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable, dio intervención legal a la fiscal de la adscripción y mandó emplazar a las terceras interesadas, **********, ********** y ********** (apersonadas mediante escrito presentado el trece de abril pasado). Finalmente, se verificó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. La competencia territorial se surte conforme a la tercera regla del artículo 37 en mención, pues el acto reclamado carece de ejecución, además de que fue emitido en un juicio tramitado en esta ciudad en la que ejerce jurisdicción este Tribunal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias remitidas por las autoridades responsables, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se precisa el acto reclamado: La resolución dictada el dos de febrero de dos mil veintiuno que confirma el auto de seis de enero del mismo año, en el que se niega al quejoso-actor la ejecución de una medida de embargo en contra de las codemandadas. Lo anterior, dentro del juicio ordinario civil C-502/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Partido Civil, con sede en esta ciudad. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El juez responsable aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó. Por ende, se tiene como tal para resolver el presente juicio. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Antecedentes. De la copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario civil C-502/2020 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido, con sede en esta ciudad, a las que se confiere valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprenden diversos antecedentes que, enseguida, se citan: La quejosa, **********, demandó en la vía ordinaria civil el pago de daño moral a las terceras interesadas, **********, ********** y **********. En su escrito de demanda solicitó medida precautoria de embargo. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y, en lo que concierne a la medida solicitada, el juez expuso (foja 55, vuelta): "Ahora bien, se indica al ocursante que respecto a la medida de embargo que solicita, previo a decretarla deberá fijar el importe de la demanda a efecto de proveer lo conducente, a fin de dar cumplimiento a lo determinado por los artículos 401, fracción I, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles." A ese acuerdo recayó escrito de la quejosa, en el que explicó al juzgador que corresponde a él fijar el monto. También expuso que "si aun así, este Tribunal considera inatendible lo anterior, y con la finalidad de no entorpercer más este asunto, al efecto solicito se me tenga manifestando que la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) deberá considerarse como el monto discrecional para fijar el importe de la demanda y con ello Usía pueda determinar la cantidad que deba asegurarse con la medida solicitada" (foja 59). El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte se dictó un auto en el siguiente sentido (foja 61): "Téngase a la ocursante contestando en tiempo y forma el requerimiento formulado por este Tribunal mediante auto de fecha 18 del mes de noviembre del año en curso, en los términos a que se contraen en el escrito de cuenta. En consecuencia, previo a despachar la medida que solicita, se le requiere para que otorgue una garantía ante este Juzgado y a satisfacción del mismo, una garantía por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para garantizar los eventuales daños y perjuicios que con la práctica de la medida de referencia se pudiere causar a la parte demandada, lo que corresponde al 10% del valor predeterminado por la demandante, ello en atención a que este Tribunal no cuenta con diversos parámetros objetivos para fijar la garantía, por ende y con fundamento en el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles, se determina discrecionalmente." La actora-quejosa presentó un escrito en el que exhibió certificado de depósito por la cantidad de ********** pesos (foja 67). La promoción fue respondida por acuerdo de veintisiete de noviembre de dos mil veinte que, en lo conducente, dice (foja 69): "Téngase a la ocursante acompañando al escrito de cuenta, copia simple del certificado de depósito (.) que ampara la cantidad que se especifica, con el fin de garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar en el juicio que nos ocupa con la ejecución de la presente medida precautoria de embargo. (.) En virtud de lo anterior, se despacha medida precautoria de embargo en contra de **********, ********** y **********, sobre bienes suficientes de su propiedad a fin de garantizar el resultado del presente juicio, hasta por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional). Por consiguiente, se ordena requerir personalmente a **********, ********** y **********, por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar el resultado del presente juicio." El cuatro de diciembre se levantó razón de abstención respecto de la pretensión de emplazar a **********, al haber oposición (foja 72) y el siete siguiente en lo concerniente a **********, al no asistir la parte actora. El siete de diciembre de dos mil veinte se verificó diligencia en el domicilio señalado como de la codemandada, **********. En ese mismo acto, el fedatario le requirió el pago de la cantidad de ********** pesos "en virtud de la medida precautoria de embargo que se promueve", a lo que la demandada los exhibió y se entregaron a la parte actora (foja 78). El diez de diciembre de dos mil veinte, se dictó un auto requiriendo al actor la cantidad que le fue entregada, "a fin de dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 490 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado." (foja 87) La aquí quejosa cumplió con el requerimiento y exhibió certificado de depósito por la cantidad de ********** pesos. Además, solicitó: "una vez acordado lo anterior y una vez calificadas las tres diligencias practicadas, solicito por un lado se autorice el uso de la fuerza pública y cerrajero ante la oposición de la demandada **********, para la práctica de la diligencia respectiva y por otro lado, ante la razón de abstención levantada en relación con la co-demandada **********, se ordene de nueva cuenta se deje a disposición de esta parte la contraseñal respectiva." (Foja 91). A esa petición recayó el acuerdo de seis de enero de dos mil veintiuno. En lo que interesa, dice: "Ahora bien, respecto a su segunda petición, se indica al mandatario judicial de la parte actora que no ha lugar a autorizar fuerza pública y cerrajero, para ejecutar la medida de embargo (.) toda vez que la demandada **********, garantizó el resultado del presente juicio con la cantidad de $********** (.) por lo que se ordena remitir el presente a la Oficina Central de Actuarios a efecto de que el actuario designado en turno proceda únicamente a emplazar a **********, así como a **********." (Foja 96, vuelta). Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso recurso de revocación (Fojas 298 a 303), la cual fue fallada el dos de febrero de dos mil veintiuno, declarándose infundado dicho medio de impugnación. Este es el acto reclamado. QUINTO. Estudio de fondo. PREÁMBULO Son infundados los conceptos de violación. Debemos recordar que el juzgador responsable negó la petición de la quejosa, de mandar ejecutar medida precautoria de embargo en contra de dos de las tres codemandadas, bajo el argumento de que esa tercera ya había garantizado el resultado del juicio, equivalente a ********** pesos que fueron fijados en forma discrecional desde un auto previo. Inconforme con ello, la promovente interpuso recurso de revocación en el que hizo ver que, contrariamente a lo expuesto por el juzgador, cada una de las codemandadas debió garantizar en lo individual el resultado del juicio. El argumento jurídico que expuso fue, a la letra: ".es menester establecer que lo que se crea con la condena al pago de daño moral cuando la parte vencida se compone de varias personas, es que esta condena tiene la naturaleza de una obligación solidaria (solidaridad pasiva), ello es así porque debe ser cumplida acorde al derecho lesionado y su grado de responsabilidad de cada demandada y es susceptible de reclamarse de manera independiente, ya que con su pago se pretende resarcir a la parte vencedora (en este caso esta parte que represento) de los daños morales que se acrediten durante el juicio, y se haría nugatorio el derecho a ejecutar la medida precautoria decretada (embargo) si solo se exige a una de las demandadas, pues solo garantiza su posible condena, más no las de las demás demandadas. Por ello, todos los sujetos o personas que integran la parte demandada, resultan responsables en lo individual de los daños morales que su grado de responsabilidad sea, al ser una obligación individualizada. Sustenta lo anterior, el artículo 1475 del Código Civil vigente en el Estado, quien instituye que: "Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho a exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida." Luego, no es óbice de lo anterior lo dispuesto por el 1476 del mismo cuerpo de leyes, conforme al cual la solidaridad no se presume, sino que resulta de la ley o de la voluntad de las partes, y en el caso que nos ocupa, tal obligación será solidaria (al momento de dictarse la sentencia y cuyo objeto de la medida, que es vetado por Usía en el auto combatido, es el de garantizar su eficacia), pues así resulta de la ley, especificando en el artículo 1406-A del Código en cita. En esas condiciones, la obligación que nace por virtud de la condena al pago de daño moral es solidaria y no mancomunada, cuando la parte a quien se impone (demandada) está constituida por una pluralidad de sujetos, que deben cumplir en su pago de forma individualizada y acorde a su grado de responsabilidad de cada reo. Por tanto, en el caso concreto está demostrado que la parte demandada es conformada por una pluralidad de sujetos en número de tres, a quienes se les demandó de manera individual en este juicio, bajo la figura de la solidaridad pasiva; en esa virtud, obligadas todas ellas, en lo individual, a cubrir el monto de la medida de embargo decretada para garantizar el resultado del juicio." De la anterior transcripción se desprende el argumento de la quejosa, en el sentido de que cada una de las codemandadas está obligada a garantizar el resultado del juicio, al ser responsables solidarias en los términos que marca la ley. Ahora bien, en el fallo reclamado, la responsable hizo una relatoría de los actos acaecidos durante el procedimiento (similares a los antecedentes narrados en este fallo) para, finalmente, resolver: "CUARTO.- Así las cosas, se tiene que conforme a lo dispuesto por los numerales 401, fracción I, 402 y 403 de la ley instrumental de la materia, la medida precautoria de embargo de bienes suficientes para garantizar el resultado del juicio, se concederá a solicitud del interesado, quien deberá fijar el importe de la demanda, para establecer el monto de la garantía para que se responda de los daños y perjuicios que con ella se ocasionen a la parte contraria. En esa perspectiva, si la parte disidente fijó como monto en su demanda el de $********** (********** pesos 00/100 M.N.) sin precisar exactamente que esa suma debía replicarse por cada una de las demandadas y sobre esa cantidad fue despachada la medida precautoria de embargo en contra de las tres incoadas en la decisión firme de 27 veintisiete de noviembre del 2020 dos mil veinte; no obstante la solidaridad pasiva que refiere el impetrante, resulta inconcuso que si la demandada (.) garantizó el resultado del presente juicio con la cantidad de ********** pesos que fue secuestrada mediante diligencia de fecha 7 del mes de diciembre del año 2020, no deviniera procedente ya requerir de pago y/o embargar a las codemandadas (.) por un monto igual; y por tanto, contrario a lo aducido por el impetrante, no se actualice la vulneración a los preceptos legales invocados, ni a los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de su poderdante." RESPUESTA A CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Omisión de responder agravios. Infundado. Ahora bien, en su primera causa de pedir, la quejosa expresa que la autoridad fue omisa en responder sus agravios, pues "se concretó a dar argumentos del porqué y como había dictado el auto materia de impugnación del recurso de revocación, sin embargo, de esa sentencia no se aprecia que la responsable haya dado respuesta a los diversos agravios ante ella expuestos". Esta cuestión, meramente fáctica -en oposición a jurídica- se desestima bajo el contraste que se hace entre el único agravio hecho valer (relacionado con la naturaleza solidaria de las codemandadas) y el fallo reclamado, de lo que se concluye que sí le respondió. En efecto, la juzgadora confirmó la improcedencia de la medida precautoria de embargo en contra de dos de las tres codemandadas, bajo dos consideraciones: que, como la actora fue quien precisó ese monto acorde con su obligación legal, así se fijó desde el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte que ya se encuentra firme. Por ello, descartó la pertinencia de estudiar la naturaleza solidaria de la obligación. Sus argumentos fueron seguidos de la frase "no obstante la solidaridad pasiva que refiere el impetrante", lo que se entiende en el sentido de que aquellos son contrario a la pretensión de la recurrente o, expresado de otro modo, "a pesar" de su dicho; en tanto que la firmeza del auto, en ese momento procesal, tiene mayor fuerza que la naturaleza solidaria que, en su caso, pudieran tener las codemandadas. De ahí que, contrariamente a lo expuesto por la peticionaria, sí se le dio respuesta a su agravio. Indebida y unilateral revocación de una determinación previamente tomada. Infundado. Por otra parte, en su segundo concepto de violación, la quejosa expresa que se revocó una determinación que se había tomado previamente, sin tener facultades para ello. A la letra, que "no podía la juez responsable afirmar algo que no estableció en dicha determinación, bajo el pretexto de suponer que era responsabilidad de mi mandante expresar que esa suma a requerir debía replicarse por cada una de las demandadas, cuando era obligación legal de la responsable, en su caso, establecer qué cantidad (si iba a ser dividida la cantidad por mi mandante expuesta) debía cubrir por concepto de medida precautoria de embargo para garantizar el resultado del juicio cada demandada, pues de permitirse que quede al arbitrio judicial una modificación de la determinación ya dictada y firme es tanto como permitir que la responsable rebase el límite de sus atribuciones, violentando con ello los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, porque quebranta el principio relativo a que los juzgadores no pueden revocar sus propias determinaciones previsto implícitamente en el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles vigente, lo que no puede ni debe ser, pues no debe olvidarse un principio de justicia y de orden social, como lo es el de no poder revocar sus propias determinaciones (.) pues la juez (.) está revocando sus propias determinaciones ya ordenadas y firmes decretadas en el auto de fecha 27 de noviembre de 2020 ya citado." Es infundada su causa de pedir pues, contrariamente a lo que aduce, la responsable siempre sostuvo la obligación de pagar el importe de la demanda como genérica, lo que así reafirmó en el fallo reclamado; es decir, en ningún momento revocó una determinación previamente asumida ni tampoco ordenó requerir a cada una de las demandadas por la cantidad de ********** pesos, como lo pretende la parte quejosa. Basta traer a cuenta de, entre los antecedentes narrados, los conducentes: Así, en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda y, en lo que concierne a la medida solicitada, el juez expuso: "Ahora bien, se indica al ocursante que respecto a la medida de embargo que solicita, previo a decretarla deberá fijar el importe de la demanda a efecto de proveer lo conducente, a fin de dar cumplimiento a lo determinado por los artículos 401, fracción I, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles." Posteriormente, en el auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, acorde con la fijación del importe de la demanda propuesto por la propia actora (********** pesos), no se desprende expresamente ni es posible formular una interpretación en el sentido que pretende la quejosa. La lectura, por sí, permite advertirlo: "Téngase a la ocursante contestando en tiempo y forma el requerimiento formulado por este Tribunal mediante auto de fecha 18 del mes de noviembre del año en curso, en los términos a que se contraen en el escrito de cuenta. En consecuencia, previo a despachar la medida que solicita, se le requiere para que otorgue una garantía ante este Juzgado y a satisfacción del mismo, una garantía por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, para garantizar los eventuales daños y perjuicios que con la práctica de la medida de referencia se pudiere causar a la parte demandada, lo que corresponde al 10% del valor predeterminado por la demandante, ello en atención a que este Tribunal no cuenta con diversos parámetros objetivos para fijar la garantía, por ende y con fundamento en el artículo 403 del Código de Procedimientos Civiles, se determina discrecionalmente." Finalmente, en diverso proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, la autoridad expuso: "Téngase a la ocursante acompañando al escrito de cuenta, copia simple del certificado de depósito (.) que ampara la cantidad que se especifica, con el fin de garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar en el juicio que nos ocupa con la ejecución de la presente medida precautoria de embargo y para el supuesto de que los bienes que en su oportunidad llegaren a embargarse puedan quedar en depósito de persona distinta a la parte ejecutada. En virtud de lo anterior, se despacha medida precautoria de embargo en contra de **********, ********** y **********, sobre bienes suficientes de su propiedad a fin de garantizar el resultado del presente juicio, hasta por la cantidad de $********** ********** pesos 00/100 moneda nacional. Por consiguiente, se ordena requerir personalmente a **********, ********** y **********, por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional) para garantizar el resultado del presente juicio; en la inteligencia de que en caso de no hacerlo se procederá al embargo de bienes suficientes para caucionarla." De esa guisa, se insiste, la autoridad responsable emitió el acto reclamado en congruencia con los proveídos previos; esto es, tal como lo dijo en el fallo, "sin precisar que esa suma debía replicarse por cada una de las demandadas y sobre esa cantidad fue despachada la medida"; pues incluso en el proveído materia del recurso de revocación se despachó la medida precautoria de embargo en contra de las demandadas sobre bienes suficientes de su propiedad a fin de garantizar el resultado del presente juicio, hasta por la cantidad de ********** pesos. De ahí que carece de razón la peticionaria al afirmar que el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, deba entenderse en un sentido distinto al que la propia responsable reafirmó -indirectamente- en el recurso de revocación, lo que torna infundado el concepto de violación. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a **********, en contra del acto reclamado y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último.
- Principal
Visto el estado de los autos se advierte que feneció el plazo otorgado a la partes con excepción de la parte quejosa, mediante acuerdo de quince de abril pasado, para que entre otros puntos, informaran si contaban con herramientas tecnológicas para participar en la audiencia constitucional a través de una videoconferencia, o bien, manifestaran la imposibilidad que tengan para ello, sin que lo hayan hecho. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y se les tiene por desinteresados en asistir a la audiencia constitucional; lo anterior, sin perjuicio de que, en este mismo proveído se fijará la información para su acceso, en caso de que así lo estimen pertinente. En ese contexto, se provee, la forma en que habrá de celebrarse la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno: Toda vez que *****, en su calidad de mandatario judicial de la quejosa ****-mediante escrito registrado con el número 2291, acordado el quince de abril pasado-, manifestó su deseo de asistir a la audiencia constitucional, a fin de salvaguardar la salud del personal de este órgano jurisdiccional, las partes de este asunto y las diversas personas que tengan injerencia en el verificativo de la audiencia, además con el objeto de evitar concentración de personas en las instalaciones del juzgado federal, la misma deberá celebrarse mediante el formato comúnmente conocido como seminario o conferencia web o en línea, o "webinar", utilizando para tal efecto la aplicación innominada como "Cisco WEBEX Meetings", que autoriza el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, así como el diverso Acuerdo Plenario 12/2020. Para lo cual se proporcionan los datos de acceso siguientes: Se informa a las partes y al personal de este juzgado que intervendrá en la audiencia, que deberán acceder al sistema de videoconferencias con quince minutos de anticipación a la hora señalada, para que puedan prepararse para el desahogo de la audiencia e implementar la logística operacional. Sobre ese tenor, instrúyase a la coordinadora Técnica Administrativa de este órgano jurisdiccional, para que asista en la logística necesaria para el correcto verificativo de la audiencia, así como para que realice la grabación de la misma; ello, con independencia del acta que al efecto se levante. Se deja a disposición de las partes el número telefónico 461 191 0258 para cualquier duda relacionada con la forma en que deberá accederse al sistema para el verificativo de la audiencia citada. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para que haga del conocimiento del quejoso, en el correo electrónico que señaló para tal efecto, este proveído, a fin de que conozca el vínculo informático a través del cual podrá acceder a la audiencia. Escrito registrado con el número 3296. A sus autos el escrito con evidencia criptográfica de ****, en su calidad de mandatario judicial de la quejosa *****, por el cual solicita que se tenga por desinteresada a la parte tercera interesada en participar en el audiencia constitucional, y se acuerde lo conducente respecto del diverso ocurso que presentó, registrado con el número 2291; dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Vistas las constancias de autos, se advierte que no median ocho días a partir de la notificación a las partes respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, a la presente data.********************Por lo tanto, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se difiere para las catorce horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno.********************Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98PL entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y a la anterior Primera Sala, ambas del más alto Tribunal del País, de rubro: ********************"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."
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