Gabriela Guadalupe Gutiérrez Villalobos

Expediente 437/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
437/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Guadalupe Gutiérrez Villalobos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio signado por la jueza Quinta de Distrito en el estado de Guanajuato, residente en esta ciudad; atento a su contenido, se provee: En principio, el presente juicio de amparo fue admitido a trámite el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en este asunto el acto reclamado consistió en la falta de respuesta al escrito presentado quince de febrero de dos mil diecinueve, ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable de esta ciudad, a través del cual solicitó diversas documentales. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, pues la autoridad responsable dio respuesta a la petición aludida y la notificó a la parte quejosa. Determinación que causó estado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte. En tal virtud, como lo solicita la homóloga oficiante, remítasele copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en atención a que trascurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de veintitrés de octubre de dos mil veinte, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según el artículo 2°, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, incisos a), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Finamente, con fundamento el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que en copia certificada allegó al presente asunto, previa razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que, para la recepción de las citadas documentales, será necesario que la parte quejosa agende una cita en los términos indicados en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

  3. Principal

    Recepción de oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite la representante regional del Instituto Nacional del Suelo Sustentable en los estados de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí a través del cual manifiesta que se encuentra impedida material y jurídicamente para notificar el oficio número 1.8.11./309/2020 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte, a la ahora quejosa, debido a que esta no señaló domicilio alguno para tal efecto. Además, la oficiante informa que se comunicó vía telefónica con Guillermo Zapatero Saldaña, autorizado para recibir notificaciones de la ahora quejosa, quien indicó que se apersonaría a recoger el aludido oficio. Sobreseimiento fuera de audiencia. En tal virtud, este juzgado federal considera que en el presente juicio de amparo se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, numeral que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/993, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, la quejosa reclama la falta de respuesta al escrito presentado quince de febrero de dos mil diecinueve, ante el Instituto Nacional del Suelo Sustentable de esta ciudad, a través de la cual solicitó diversas documentales. Al respecto, debe señalarse que dicha omisión ha quedado subsanada, pues la autoridad responsable emitió respuesta a la solicitud formulada por el peticionario del amparo. Efectivamente, la autoridad responsable, al rendir su respectivo informe justificado allegó copia certificada del 1.8.11./309/2020 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veinte; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. De igual forma, manifestó el impedimento que tiene para realizar la notificación respectiva a la quejosa y que se comunicó vía telefónica con su autorizado, quien se comprometió a recoger la constancia descrita en el párrafo que antecede. De lo anterior se obtiene que han cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, pues ya se emitió una respuesta a la petición de la quejosa y se le hizo de su conocimiento. Cierto, la conducta omisiva de la autoridad responsable que motivó el presente juicio de amparo, cesó al haber pronunciado la contestación al escrito que planteó la quejosa, la cual se hizo de su conocimiento vía telefónica, debido a que no señaló algún domicilio en el cual se le pudiera notificar; además que también tuvo conocimiento de ella a través de la vista que de ella le fue otorgada en el presente juicio de amparo mediante auto de quince de octubre de dos mil veinte, cumpliéndose así las dos obligaciones previstas en el artículo 8º constitucional que toda autoridad a quien le sea formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. En tal sentido, el acto impugnado ya no agravia a la quejosa, habiéndose restituido las cosas al estado que guardaban con anterioridad a la violación, produciéndose el resultado que asigna a una sentencia protectora el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.- De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Bajo esa tesitura, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquella para resolver de la forma en que se hace, pues, como se expresó, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 constitucional, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En virtud de lo anterior, innecesario celebrar la audiencia constitucional programada para las trece horas con cuarenta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,427 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano