Gabriela Lara Razo

Expediente 2521/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 31 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2521/2022
Año
2022
Actuaciones
31
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Lara Razo
  • Angel Isaac Lara Muñoz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la determinación dictada el veintiuno de julio de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente sumario, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción lI, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, en virtud de que versa de una determinación en la que dio por concluido el presente asunto y carece de relevancia documental, toda vez que no encuadra en los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/1585/2023, de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con la Licenciada Yazmin Maribel Galaz Solís, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda este expediente, se acuerda: agréguense a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio ******************** signado vía electrónica mediante el uso de la FIREL del Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del Secretario de la Defensa Nacional, residente en la Ciudad de México, el cual remite en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, y en alcance a su informe justificado integrado en autos el veintiuno de abril del año en curso; sin que sea el caso ponerlo a la vista de las partes en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se exponen. Del informe de mérito, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, ********************por sí y en representación del menor********************, reclamando de las autoridades responsables lo siguiente: I.- Del Cor. Cab. D.E.M, Subjefe Admtvo. E.M., de la X Región Militar en Mérida, Yucatán, ********************: La emisión del oficio 4496 de nueve de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicitó remita la documentación que ampara la situación de retiro. II.- Del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con residencia en la Ciudad de México: a) La omisión de realizar ajustes al procedimiento señalado en la convocatoria de beca regular inclusiva y educativa especial año escolar 2022-2023, así como al procedimiento sistemático para operar (PSO), del programa de becas para hijas e hijos de militares en activo, el cual impide tener acceso a la beca para los hijos de militares en retiro. b) La omisión de supervisar la actuación de la Directora del Centro de Rehabilitación Infantil (C.R.I.), dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional, su participación en el procedimiento de becas, por la omisión de dar respuesta a sus solicitudes de cita para la renovación del certificado de discapacidad. III.- Del Director de Secobecas encargado de la Dirección y/o Subdirección de Becas para hijos de militares de la S-& (E.A Y D.M.) del E.M. C.D.N. Subdirección de becas, con residencia en la Ciudad de México, como ejecutor de la convocatoria: La omisión de elaborar convocatorias, normativas y lineamientos para militares en retiro con hijos con discapacidad. Actos respecto de los cuales se observa que se encuentran encaminados a la obtención de la beca solicitada a favor del menor quejoso. Sin embargo, de las copias certificadas de las constancias relativas que adjuntó la responsable oficiante a la misiva de cuenta, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que en fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, le fue otorgada al menor quejoso la beca inclusiva para cursar el segundo grado de preparatoria en la Escuela Modelo para el ciclo escolar 2022-2023; de ahí que, al concretarse la autorización de dicho beneficio, trae como consecuencia, necesariamente la cesación de los efectos de todos los actos reclamados. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se causa agravio alguno a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: del estado que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obran las constancias requeridas por auto de cuatro de julio pasado a la autoridad foránea señalada como responsable en el presente asunto: titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en la Ciudad de México, así como tampoco obra el acuse postal correspondiente al oficio con el que se efectuó dicho requerimiento. Por lo anterior, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por lo que se impone su diferimiento y se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: intégrese al sumario, para los efectos legales conducentes, el oficio AMP-XI-20768, acompañado de un anexo, remitido vía electrónica mediante el uso de la FIREL del Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en representación del titular de dicha dependencia, con residencia en la Ciudad de México. Misiva mediante la cual, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cinco de junio último, a lo cual remite las documentales solicitadas en términos del citado proveído Sin embargo, se desprende que la responsable en cita fue omisa en manifestar que los documentos electrónicos remitidos como anexo al oficio de cuenta, son copia íntegra e inalterada del documento impreso, de conformidad con el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la referida autoridad responsable, para que en el término de tres días, remita copia certificada y legible, de la totalidad de las constancias relativas al acto reclamado, incluyendo las relativas a la beca otorgada a la parte quejosa, debiendo observar la formalidad indicada en términos del presente proveído; toda vez que las referidas actuaciones se consideran necesarias para resolver adecuadamente en el presente asunto. Con el apercibimiento a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a $10,374.00 (diez mil, trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese y cúmplase.

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