Gabriela Hernández Hernandez

Expediente 367/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
367/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
04/10/2023

Partes del expediente

  • Gabriela Hernández Hernandez
  • Juez Segundo Oral Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada en el presente asunto, el trece de septiembre dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su primer punto resolutivo sobreseyó el juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracciones I y III, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción de ambos cuadernos, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Por último, toda vez que no existe motivo legal alguno para que siga al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado las copias certificadas, que en su totalidad integran el expediente 117/2018 del procedimiento de guardia y custodia, del índice de la responsable, en tal virtud, devuélvanse el anexo, sin que sea el caso solicitar el acuse de recibo de estilo, dado que se trata de copias certificadas. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se provee: agréguese a los autos la razón de dieciocho de septiembre de la anualidad, suscrita por la fedataria de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte tercero interesada la sentencia firmada el trece de septiembre del año en curso, en consecuencia: Con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a, notifíquese la sentencia en comento a la parte tercero interesada mediante la lista que se publica en los estrados de este órgano federal. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, deberán realizarse por la misma vía, hasta en tanto señale diverso domicilio para ello. Notifíquese por lista a la parte tercero interesada y cúmplase. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 367/2023-I-B, promovido por ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., contra los actos que reclama de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el nueve de marzo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario de guarda y custodia ********************, en el cual, se ordenó reanudar el régimen de convivencia entre la menor de iniciales ********************. y la señora ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 6143), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 194697, visible en la página 13, Tomo IX (enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aún de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El numeral transcrito establece que el juicio será improcedente, cuando el acto de molestia cese en sus efectos. Sobre ese tópico, ha sido criterio de los Tribunales Federales señalar que la mencionada improcedencia se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. En tanto que el segundo, opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, que se encontraban en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis I.3o.C.92 K, bajo el número de registro 165870, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, la parte quejosa reclama la parte conducente del acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, pronunciado por la jueza responsable en el juicio de origen ********************, en la que se estableció nuevamente como medida provisional respecto al régimen de convivencia en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, a favor de ********************, respecto de su menor hija de iniciales ********************.; las cuales habrían de desarrollarse en los términos siguientes: ".Ahora bien, atento al estado que guarda el presente asunto se advierte que mediante auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciocho se fijó como Régimen de Convivencia, para la citada ********************el día Sábado de cada semana en la modalidad de Visitas Supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, en un horario comprendido de las DIEZ a las DOCE horas, pero por la pandemia se suspendió; sin embargo, mediante oficio ********************de fecha catorce de noviembre del año pasado, recibido por la Licenciada TERESA DE JESÚS ANGUAS ZAPATA, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, informó a la suscrita, que las nuevas instalaciones del CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE YUCATÁN, son las ubicadas en la calle diecisiete letra c (17 C) diagonal número cuatrocientos sesenta y cuatro (464) por las calles treinta y seis (36) y treinta y cuatro (34) de la Colonia Juan Pablo II (antes CENDI 6 del ISSSTEY); y que el día dos de diciembre del año anterior, se iniciarán las actividades en la modalidad de VISITAS SUPERVISADAS; por lo tanto, se reanudan dicho régimen de convivencia mencionado, misma que comenzará cuando ambas partes se encuentren debidamente notificadas y se hace saber a la ciudadana ******************** también conocida como ********************, que deberá llevar a la menor de edad involucrada al mencionado Centro, en los días y horas de visita establecidos en dicho auto indicado, para cuyo efecto gírese atento oficio a la Coordinadora de dicho Centro de Convivencia Familiar, comunicándole lo antes acordado; con el apercibimiento para las citadas ********************también conocida como ********************y ********************, de no cumplir con lo antes ordenado, se procederá en su contra conforme a lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por desacato a un mandamiento judicial, consignándose al efecto tales hechos ante el Ministerio Público del Estado, para que el Fiscal General del Estado proceda conforme a sus atribuciones." Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dentro del juicio de origen ********************, se advierte que emitió una diversa determinación el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la parte conducente, en la que no admitió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del diverso auto de quince de febrero de la anualidad que transcurre, en los términos siguientes: ".En lo que toca al memorial, se tiene por presentada a la ciudadana ********************, también conocida como ********************, con el mismo, pretendiendo interponer el recurso de revocación en contra del auto de fecha quince de febrero del año en curso; tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por cuanto esta autoridad tiene la facultad de dirigir o conducir el proceso, aplicando la ley sea el caso, así como dirimir o solucionar el mismo, como también decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, por lo tanto, apegándose al citado numeral invocado, siendo que los argumentos en que se motiva dicho recurso, resultan inoperantes; toda vez, que de las fojas y circunstancias que señala (fojas 57, 58 y 59) del expediente no tiene relación con la denuncia que menciona máxime que de los autos que obran en el expediente no se advierte que se haya decretado la culpabilidad del delito alguno a la ciudadana ********************, por lo que es aplicable el principio de presunción de inocencia; tal como establece el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; "A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa"; situación que solo ha quedado en indicios, por lo que atendiendo al principio pro persona y de buen derecho así como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes está por encima del de su progenitores o de cualquier adulto involucrado en la contienda; tal como dispone los artículos 22 y 23 de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así mismo se desprende de las constancias del expediente que en auto de fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve, se motivó y se fundamentó que al no advertirse la existencia de peligro para la menor de edad ********************. de identidad reservada, no había lugar a suspender el régimen de visitas y convivencia de la menor de edad, con su madre la señora NATILUZ ********************, en la modalidad de Visitas Supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado; siendo que el mismo se realizó a través de vídeo-llamadas, por la pandemia (COVID-19); y no por los motivos que aduce; en consecuencia de lo anterior, se declara que no es de admitirse dicho recurso. [.]." En las relatadas consideraciones, es patente que el acto reclamado consistente en el auto dictado el quince de febrero de dos mil veintitrés fue sustituido procesalmente por el diverso acuerdo pronunciado el uno de marzo del presente año, en dicho expediente, en el cual no admitió el recurso de revocación intentado en contra del referido auto en el que reanudó el régimen de convivencia en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado por parte de la señora ******************** con su hija menor de identidad reservada ********************., explicando las razones de fondo por las que consideró que eran inoperantes sus agravios expuesto en dicho recurso. Se afirma lo anterior, porque el aludido recurso de revocación constituye el medio de defensa idóneo para combatir el referido auto, ya que esa determinación es un decreto no apelable, en términos de lo previsto en los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Así las cosas, es evidente que el referido auto ya fue sustituido procesalmente al haberse impugnado a través del indicado recurso de revocación y, por ende, cesaron sus efectos al haberse sustituido en sus consecuencias jurídicas, por lo que es el indicado auto de uno de marzo pasado, en el que no se admitió el medio de impugnación en cita, el que actualmente rige en el procedimiento. Se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 841, registro 2002188 que dispone: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).', al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". En esas condiciones, resulta infructuoso estudiar la constitucionalidad de unos actos que ya no inciden en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, al ser materialmente sustituido por una diversa determinación judicial. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al surtirse las causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63 del ordenamiento legal en cita. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., en contra del acto que reclamó de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino del Primer Departamento del Estado de Yucatán, con en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 367/2023-I-B, promovido por ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., contra los actos que reclama de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el nueve de marzo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, en el juicio ordinario de guarda y custodia ********************, en el cual, se ordenó reanudar el régimen de convivencia entre la menor de iniciales ********************. y la señora ********************. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 6143), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 194697, visible en la página 13, Tomo IX (enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aún de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El numeral transcrito establece que el juicio será improcedente, cuando el acto de molestia cese en sus efectos. Sobre ese tópico, ha sido criterio de los Tribunales Federales señalar que la mencionada improcedencia se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. En tanto que el segundo, opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, que se encontraban en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis I.3o.C.92 K, bajo el número de registro 165870, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, la parte quejosa reclama la parte conducente del acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, pronunciado por la jueza responsable en el juicio de origen ********************, en la que se estableció nuevamente como medida provisional respecto al régimen de convivencia en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, a favor de ********************, respecto de su menor hija de iniciales ********************.; las cuales habrían de desarrollarse en los términos siguientes: ".Ahora bien, atento al estado que guarda el presente asunto se advierte que mediante auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil dieciocho se fijó como Régimen de Convivencia, para la citada ********************el día Sábado de cada semana en la modalidad de Visitas Supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado, en un horario comprendido de las DIEZ a las DOCE horas, pero por la pandemia se suspendió; sin embargo, mediante oficio ********************de fecha catorce de noviembre del año pasado, recibido por la Licenciada TERESA DE JESÚS ANGUAS ZAPATA, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, informó a la suscrita, que las nuevas instalaciones del CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE YUCATÁN, son las ubicadas en la calle diecisiete letra c (17 C) diagonal número cuatrocientos sesenta y cuatro (464) por las calles treinta y seis (36) y treinta y cuatro (34) de la Colonia Juan Pablo II (antes CENDI 6 del ISSSTEY); y que el día dos de diciembre del año anterior, se iniciarán las actividades en la modalidad de VISITAS SUPERVISADAS; por lo tanto, se reanudan dicho régimen de convivencia mencionado, misma que comenzará cuando ambas partes se encuentren debidamente notificadas y se hace saber a la ciudadana ******************** también conocida como ********************, que deberá llevar a la menor de edad involucrada al mencionado Centro, en los días y horas de visita establecidos en dicho auto indicado, para cuyo efecto gírese atento oficio a la Coordinadora de dicho Centro de Convivencia Familiar, comunicándole lo antes acordado; con el apercibimiento para las citadas ********************también conocida como ********************y ********************, de no cumplir con lo antes ordenado, se procederá en su contra conforme a lo establecido en el artículo 84 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por desacato a un mandamiento judicial, consignándose al efecto tales hechos ante el Ministerio Público del Estado, para que el Fiscal General del Estado proceda conforme a sus atribuciones." Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dentro del juicio de origen ********************, se advierte que emitió una diversa determinación el uno de marzo de dos mil veintitrés, en la parte conducente, en la que no admitió el recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra del diverso auto de quince de febrero de la anualidad que transcurre, en los términos siguientes: ".En lo que toca al memorial, se tiene por presentada a la ciudadana ********************, también conocida como ********************, con el mismo, pretendiendo interponer el recurso de revocación en contra del auto de fecha quince de febrero del año en curso; tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 78, fracción III, del Código de Procedimientos Familiares del Estado, por cuanto esta autoridad tiene la facultad de dirigir o conducir el proceso, aplicando la ley sea el caso, así como dirimir o solucionar el mismo, como también decretar la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos, por lo tanto, apegándose al citado numeral invocado, siendo que los argumentos en que se motiva dicho recurso, resultan inoperantes; toda vez, que de las fojas y circunstancias que señala (fojas 57, 58 y 59) del expediente no tiene relación con la denuncia que menciona máxime que de los autos que obran en el expediente no se advierte que se haya decretado la culpabilidad del delito alguno a la ciudadana ********************, por lo que es aplicable el principio de presunción de inocencia; tal como establece el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; "A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa"; situación que solo ha quedado en indicios, por lo que atendiendo al principio pro persona y de buen derecho así como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes está por encima del de su progenitores o de cualquier adulto involucrado en la contienda; tal como dispone los artículos 22 y 23 de la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así mismo se desprende de las constancias del expediente que en auto de fecha doce de diciembre del año dos mil diecinueve, se motivó y se fundamentó que al no advertirse la existencia de peligro para la menor de edad ********************. de identidad reservada, no había lugar a suspender el régimen de visitas y convivencia de la menor de edad, con su madre la señora NATILUZ ********************, en la modalidad de Visitas Supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado; siendo que el mismo se realizó a través de vídeo-llamadas, por la pandemia (COVID-19); y no por los motivos que aduce; en consecuencia de lo anterior, se declara que no es de admitirse dicho recurso. [.]." En las relatadas consideraciones, es patente que el acto reclamado consistente en el auto dictado el quince de febrero de dos mil veintitrés fue sustituido procesalmente por el diverso acuerdo pronunciado el uno de marzo del presente año, en dicho expediente, en el cual no admitió el recurso de revocación intentado en contra del referido auto en el que reanudó el régimen de convivencia en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado por parte de la señora ******************** con su hija menor de identidad reservada ********************., explicando las razones de fondo por las que consideró que eran inoperantes sus agravios expuesto en dicho recurso. Se afirma lo anterior, porque el aludido recurso de revocación constituye el medio de defensa idóneo para combatir el referido auto, ya que esa determinación es un decreto no apelable, en términos de lo previsto en los artículos del 421 al 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán. Así las cosas, es evidente que el referido auto ya fue sustituido procesalmente al haberse impugnado a través del indicado recurso de revocación y, por ende, cesaron sus efectos al haberse sustituido en sus consecuencias jurídicas, por lo que es el indicado auto de uno de marzo pasado, en el que no se admitió el medio de impugnación en cita, el que actualmente rige en el procedimiento. Se cita como apoyo de lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 77/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 841, registro 2002188 que dispone: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 51/2004 y 1a./J. 97/2008, de rubros: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO." y "DENEGADA APELACIÓN. LA DETERMINACIÓN QUE DESECHA O DECLARA INFUNDADO ESE RECURSO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE PUEBLA).', al pronunciarse en torno a la naturaleza de la determinación que desecha un recurso de apelación o el diverso de denegada apelación, sostuvo que dichas decisiones constituyen resoluciones que ponen fin al juicio para efectos del amparo directo, lo cual se asemeja a los efectos de la sentencia dictada en el recurso de apelación, cuando en ella se confirma la de primera instancia declarando infundado el recurso intentado; de ahí que pueda afirmarse que una resolución impugnada queda sustituida procesalmente por la determinación que desecha un recurso idóneo (que tiende a modificar o revocar la resolución impugnada) interpuesto en su contra. Lo anterior es así, toda vez que el desechamiento del recurso y el efecto que éste genera, hacen que la resolución que se pretende recurrir quede firme, como si se hubiera confirmado de haberse admitido el recurso. En ese sentido, al sustituirse procesalmente la resolución impugnada por la determinación que desecha el recurso idóneo respectivo, deja de tener efectos legales propios, por lo que de reclamarse en un juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la ley de la materia, de manera similar a como ocurre con la sentencia de primera instancia cuando se dicta la de alzada; lo anterior, en el entendido de que dicha sustitución procesal opera exclusivamente tratándose de desechamientos de recursos idóneos, es decir, procedentes conforme a la ley, ya que cuando el medio ordinario de defensa se interpone contra una resolución irrecurrible, su desechamiento no actualiza la referida causal de improcedencia, debido a que por disposición de la ley aquélla se constituye en definitiva". En esas condiciones, resulta infructuoso estudiar la constitucionalidad de unos actos que ya no inciden en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, al ser materialmente sustituido por una diversa determinación judicial. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al surtirse las causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63 del ordenamiento legal en cita. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, también conocida como ********************, por propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ********************., en contra del acto que reclamó de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino del Primer Departamento del Estado de Yucatán, con en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, su oficio de cuenta, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada por ese Tribunal el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el toca 108/2023, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la tercero interesada Natyluz Pérez Lara, en contra del acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se admitió a trámite la demanda relativa a este asunto; determinación en que la Superioridad determinó la siguiente: "RIMERO.- Se declara infundado el recurso de queja. SEGUNDO.- Se confirma el auto recurrido." Acúsese el recibo de rigor vía interconexión y con apoyo en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha ejecutoria. SE REANUDA PROCEDIMIENTO En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en este asunto y se ordena continuarlo por su secuela legal. PROMOCIONES RESERVADAS Por otro lado, toda vez que por auto de treinta y uno de abril pasado, se reservó acordar lo relativo al informe justificado rendido la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del turno vespertino, residente en esta ciudad. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes; relaciónense en la audiencia constitucional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Finalmente, para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes Notifíquese personalmente y cúmplase.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano