Gabriela Guadalupe Sabido Rosado

Expediente 1335/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1335/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
07/01/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Guadalupe Sabido Rosado
  • Gobernador del Estado de Yucatan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por Fernando Antonio Gorocica Caballero Policía Primero de la Policía Estatal de Investigación adscrito a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita copias certificadas del presente juicio de amparo. En atención a su contenido, no habiendo impedimento legal alguno, una vez que las labores del juzgado lo permitan, remítansele dichas copias mediante oficio que se gire por conducto del Secretario de Seguridad Pública del Estado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de catorce de octubre de dos mil veintiuno, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1335/2021-IV-B, promovido por GABRIELA GUADALUPE SABIDO ROSADO, por derecho propio y a favor de su hija menor de edad de iniciales E.G.M.S.; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnada al día siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció GABRIELA GUADALUPE SABIDO ROSADO, por derecho propio y a favor de su hija menor de edad de iniciales E.G.M.S., a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que atribuyó a las siguientes autoridades responsables: 1.- Gobernador del Estado de Yucatán. 2.- Secretario de Seguridad Pública. 3.- Comandante de la Policía Estatal Investigadora Gabriel Ramírez. 4.- Comandante de la Policía Estatal Omar Herrera. 5.- Comandante Carlos Flores Moo. 6.- Elemento de la Policía Estatal Antonio Fernando Gorocica Caballero. 7.- Elemento de la Policía Estatal Claudia Verónica Vázquez Rosel. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiocho de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se proveyó respecto a la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, en relación con los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, secuestro, golpes y/o tortura, y amenazas de privación de la vida de las directas quejosas; demanda que se registró con el número 1335/2021-IV-B. TERCERO. En el mismo proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, y finalmente se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. CUARTO. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por no señalada como autoridad responsable en este asunto, a la elemento Claudia Verónica Vázquez Rosel, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, y por tanto, se suspendió toda comunicación con la misma. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos General 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis visible en la página 255, del Tribunal Pleno, Tomo XIX, abril de 2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: La privación de la libertad fuera de procedimiento, secuestro, malos tratos y tortura, de las que dice fueron objeto las directas quejosas; así como las amenazas de privación de la vida o cualquier otro acto que ponga en peligro su vida. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: 1.- Gobernador del Estado de Yucatán [número de promoción 12840], por conducto del Consejero Jurídico. 2.- Secretario de Seguridad Pública [número de promoción 13222], por conducto del Director Jurídico. 3.- Comandante de la Policía Estatal Investigadora Gabriel Ramírez [número de promoción 12139], por conducto del Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación. 4.- Comandante de la Policía Estatal Omar de la Cruz Herrera Cocom Encargado del Sector Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (en su denominación correcta) [número de promoción 13217]. 5.- Comisario Carlos Eduardo Flores Moo, Subsecretario de la Policía Estatal de Investigación, dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (en su denominación correcta) [número de promoción 15119], por conducto del Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación. 6.- Policía Primero de la Policía Estatal de Investigación Fernando Antonio Gorocica Caballero (en su correcta denominación) [número de promoción 15118]. Toda vez que al rendir sus informes negaron categóricamente la existencia de dichos actos; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna eficaz que desvirtuara dichas negativas, aunado al hecho que no se advierte que hubiesen tenido alguna participación en los actos de referencia. En efecto, de acuerdo a las reglas que rigen en el juicio de amparo, ante la negativa de actos informada por las autoridades responsables, es a la parte quejosa a quien le corresponde desvirtuar esa negativa, y no a ellas demostrar la misma. De la interpretación sistemática del contenido de los artículos comprendidos del 117 al 124 de la Ley de Amparo, se obtienen las reglas del procedimiento que deben respetarse durante el trámite del juicio de amparo indirecto, de donde se obtiene que rendidos los informes justificados por las autoridades responsables, con ellos debe darse vista a las partes, debiendo mediar un plazo de ocho días entre la fecha en que se ponen en su conocimiento y la diversa señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lapso en que deberán aportar las pruebas que consideren necesarias de acuerdo con los lineamientos establecidos en el artículo 119 de la ley de la materia para acreditar sus pretensiones. Tal prerrogativa resulta de mayor relevancia para la parte quejosa, porque cuando la autoridad responsable niega el acto reclamado, le genera una carga procesal probatoria, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo. En tal virtud, si las autoridades responsables al rendir su informe justificado negaron categóricamente los actos que se les atribuyeron, en consecuencia, quedaron relevadas de la carga de la prueba para demostrar la existencia de los mismos. Al respecto, es menester atender el contenido del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 117.- [.] Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. [.]". Así, de lo anterior, se obtiene que la carga de la prueba de los hechos que determinan la inconstitucionalidad del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa cuando aquéllos no sean en sí mismos violatorios de derechos fundamentales sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; aconteciendo de la misma manera en relación con la existencia de los actos, pues opera la misma regla procesal probatoria. Apoya las consideraciones anteriores, el siguiente criterio: "Registro digital: 187728 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o.A.4 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 903 Tipo: Aislada PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Ciertamente, la negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. Sin embargo, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En esa tesitura, si en el caso se está ante la presencia de que las responsables en forma unánime negaron la existencia de los actos que la parte quejosa señaló como reclamados, es claro que a esta última le correspondía acreditar su existencia para así desvirtuar la negativa expresada de las responsables. Ahora bien, no se soslaya que la parte quejosa aportó con su demanda de amparo las pruebas siguientes: 1.- Prueba documental pública consistente en el informe rendido por el Gobernador del Estado de Yucatán. 2.- Prueba documental pública consistente en el informe remitido por el Comandante Omar Herrera. 3.- Prueba documental pública consistente en el informe rendido por el Comandante de la Policía Estatal Investigadora Gabriel Ramírez. 4.- Prueba documental pública consistente en el informe remitido por el Comandante Carlos Flores Moo. 5.- Prueba documental pública consistente en el informe rendido por el Elemento de la Policía Estatal Investigadora Antonio Fernando Gorocica Caballero. 6.- Prueba documental pública consistente en el informe remitido por Luis Felipe Saidén Ojeda. Así, por lo que hace a las documentales anteriores, se observa que ya fueron analizadas en párrafos precedentes pues se trata de los informes justificados de las autoridades responsables, en los cuales, se advierte que su contenido no beneficia en forma alguna a la parte quejosa, ya que negaron los actos que se les atribuyen. 7.- La prueba documental consistente en el oficio V.G. 3327/2021, emitido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a favor de la quejosa, del que se advierte que la citada autoridad otorgó una medida de protección a favor de la aquí promovente del amparo, de su esposo y su menor hija. De dicho documento se trae a colación la parte conducente, de la que se advierte lo siguiente: "[.] [.]". Sin embargo, tal documental se considera de valor indiciario, pues no tiene el alcance probatorio de desvirtuar los informes de las autoridades responsables, ya que si bien existe esa medida de protección, la misma no acredita la existencia de los actos aquí reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, secuestro, golpes y/o tortura, y amenazas de privación de la vida de las directas quejosas. En efecto, lo que se obtiene de esta probanza únicamente es que la institución protectora y vigilante de los derechos humanos actuó en consecuencia a una narrativa de hechos que realizó Erick Manuel Manzanilla Gómez, esposo de la hoy promovente del amparo, dictando la medida precautoria protectiva. Pues incluso, se advierte que solicitó informes a la Secretaría de Seguridad Pública y Policía Estatal de Investigación en torno a los eventos que fueron puestos de su conocimiento; autoridades aquí señaladas también como responsables. Empero, se reitera, la medida de protección como tal, no tiene el alcance pretendido por su oferente, que es acreditar la existencia de los actos que impugna, ya que de la documental en comento sólo se prueba la existencia de esa medida de protección emitida sobre la base fáctica narrada por un tercero; de ahí el valor probatorio de indicio que se le otorga. 8.- Prueba documental fotográfica. La parte quejosa anexó a su demanda de amparo diversas fotos que refiere tienen relación con lesiones que señalan haber sufrido la promovente y su hija; así como del automotor utilizado para los hechos acusados como secuestro, y de los demás vehículos que intervinieron en los eventos narrados en la demanda, como son grúa y patrullas. A tales medios de convicción se les confiere valor probatorio indiciario como documental, ya que no es posible considerar que las imágenes contenidas en esas fotografías evidencien sin lugar a dudas lo que refiere la parte justiciable pasó en relación con los actos reclamados, máxime que las personas que ahí aparecen no se encuentran debidamente identificadas, y las fotografías no se encuentran avaladas por alguna autoridad o ente jurídico con fe pública que pueda respaldar que su contenido refleja efectivamente lo que se señala en relación con las mismas frente a los actos reclamados. Por tanto, son insuficientes para obrar en contra de la negativa de actos informada por las autoridades reclamadas. Apoya lo anterior, el siguiente criterio: "Registro digital: 216975 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Marzo de 1993, página 284 Tipo: Aislada FOTOGRAFÍAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las fotografías para acreditar el hecho de la posesión aducido en la demanda de amparo". 9.- Pruebas digitales, consistentes en el video de denuncia del secuestro y tres links o enlaces a páginas de internet. Esta probanza de igual manera resulta insuficiente para desvirtuar la inexistencia de actos informada por las autoridades responsables. En efecto, la parte justiciable adjuntó un disco compacto en formato DVD, pero de la reproducción del mismo únicamente se advierte un conflicto entre agentes de la Secretaría de Seguridad Pública con diversas personas que no se encuentran identificadas, máxime que de su reproducción tampoco se desprende conducta alguna que acredite sin lugar a duda la existencia de los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento, secuestro, golpes y/o tortura, y amenazas de privación de la vida de las directas quejosas. En el mismo rubro de pruebas digitales, la parte quejosa proporciona diversos links a sitios de internet en los cuales refiere que contienen las noticias relacionadas con los hechos que señala en su demanda de amparo que vincula a los actos reclamados. Sobre estos últimos medios de convicción, debe decirse que el artículo 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, reconoce que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, siendo que el diverso artículo 210-A, párrafo primero, de la legislación que se comenta, en lo conducente, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquiera otra tecnología, como lo es el internet. Sin embargo, los tres enlaces o "links" proporcionados por la parte quejosa corresponden a la red social Facebook, la cual dado su carácter extraoficial e informal, desprovista de toda certeza jurídica, no es posible otorgarle valor probatorio suficiente al contenido ahí almacenado por la falta de fiabilidad que la misma plataforma digital representa. Así, de igual manera, dichos enlaces de internet sólo constituyen indicios, los cuales no son aptos e idóneos que para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación con los actos reclamados. 10.- Finalmente, debe decirse que en lo que corresponde a la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, no existe presunción alguna que obre a favor de los intereses de la quejosa o algún documento o instrumento distinto a los ya analizados, de los que se obtenga algún dato que permita considerar la existencia de los actos reclamados, tal como lo afirma la parte justiciable. En esa guisa, dado el resultado que arrojó el estudio del material probatorio aportado, se llega a la conclusión que en su mayoría tiene valor probatorio indiciario, sin que su vinculación o análisis integral permita arribar a una conclusión distinta a la ya indicada, pues son insuficientes los elementos que proporcionan los medios convictivos ya citados, para poder desvirtuar lo señalado en los informes con justificación que obran en autos. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el SOBRESEIMIENTO por falta de materia, en el presente juicio, por cuanto hace a dichos actos y autoridades, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 310, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GABRIELA GUADALUPE SABIDO ROSADO, por derecho propio y a favor de su hija menor de edad de iniciales E.G.M.S., en contra de las autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de treinta de julio del año en curso, el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, rindió informe por sí y en representación del Comandante Carlos Flores Moo y elemento de la Policía Estatal Antonio Fernando Gorocica Caballero. Ahora bien, la parte impetrante del amparo, le atribuyó al Comandante Carlos Flores Moo y elemento de la Policía Estatal Antonio Fernando Gorocica Caballero, los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad fuera de procedimiento (detención ilegal y secuestro), malos tratos y tortura, todos de los que fueron objeto las directas quejosas; así como las amenazas de privación de la vida o cualquier otro acto que ponga en peligro la vida de las directas quejosas, por lo que señalaron violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1°, 6°, 78, 14, 15, 16, 20 y 22 Constitucionales. Ahora bien, el artículo 248 Ter del Reglamento del Código de la Administración Pública del Estado, dispone: "Artículo 248 Ter. Al Director de la Policía Estatal de Investigación le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. Coordinar el desempeño de los agentes a su cargo; II. Recibir denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar, por cualquier medio y de forma inmediata, al Ministerio Público las diligencias practicadas al respecto; III. Vigilar que durante la investigación de los delitos que conozca y la práctica de las diligencias correspondientes se respeten estrictamente los derechos humanos de los posibles responsables y de las víctimas; IV. Verificar el adecuado desarrollo de la investigación de los delitos que conozca, en términos de la ley procesal y de las demás disposiciones legales y normativas aplicables; V. Constatar la veracidad de los datos que conozca de forma anónima, mediante la realización de los actos de investigación que considere necesarios; VI. Cumplir oportunamente los mandamientos ministeriales y judiciales que le sean instruidos por las autoridades competentes; VII. Supervisar que la aplicación de la cadena de custodia y el aseguramiento y registro de evidencias que efectúen los agentes a su cargo cumplan con las disposiciones establecidas en la ley procesal para demostrar su valor probatorio; VIII. Revisar los informes, reportes o registros que elaboren los agentes a su cargo y que sirvan para la integración de las carpetas de investigación, e instruir las adecuaciones o modificaciones que estime pertinentes; IX. Integrar, sistematizar y analizar la información que resulte del desempeño de la dirección a su cargo y que pueda ser de utilidad para mejorar su funcionamiento o fortalecer las condiciones de seguridad pública o justicia, y, X. Las demás que establezca la ley procesal y las demás disposiciones legales y normativas aplicables. De lo anterior se desprende, que el Director de la Policía Estatal de Investigación no cuenta con la facultad de rendir los informes dirigidos a los elementos de su adscripción. En ese sentido, se estima necesario que los antes citados Comandante Carlos Flores Moo y elemento de la Policía Estatal Antonio Fernando Gorocica Caballero, adscritos a la Policía Estatal de investigación, rindan sus respectivos informes relativos a los actos que se les atribuyen, a fin de que se encuentren en aptitud de efectuar una defensa de sus intereses, al haber realizado dichos actos en virtud de la competencia que les otorga el reglamento en cita. En consecuencia, prevéngase a la citadas autoridades responsables Comandante Carlos Flores Moo y elemento de la Policía Estatal Antonio Fernando Gorocica Caballero, adscritos a la Policía Estatal de investigación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente proveído rindan, por sí, sus informes de la suspensión de plano e informes justificados en los términos antes señalados; subsistiendo el apercibimiento decretado en proveído de veintiocho de julio del año en curso. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DOCE HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

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