Gabriela Janette Miramón Zepeda

Expediente 2569/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2569/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Gabriela Janette Miramón Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra pendiente el desahogo de la prueba pericial ofrecida por el quejoso Juan Carlos Palafox Salgado. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las nueve horas con treinta y dos minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Notifíquese.

  2. Principal

    1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Gabriela Janette Miramón Zepeda, contra actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2569/2018-II; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2DESECHAMIENTO En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito secretario encargado del despacho está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese sentido, del análisis integral al escrito de demanda se advierte que la promovente del amparo señala como actos reclamados en la presente instancia constitucional, los siguientes "De las autoridades señaladas como ordenadoras 01. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, la orden verbal para asumir las funciones de Gobernador del Estado de Puebla; 02. Del Congreso, Gobernador y, los 217 ayuntamientos, todos del Estado de Puebla, el proceso legislativo que culminó en el inicio de vigencia de los artículos 1, 2, 3, 28, 57, fracciones XVII y XIX, 61, fracciones III y IV, 70, 73, 74, 77, 137 y 141, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, como unidad jurídica indisociable, con motivo de su primer acto concreto de aplicación en perjuicio; 03. Del Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Puebla, el proceso legislativo que culminó en el inicio de vigencia del artículo 34, fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con motivo de su primer acto concreto de aplicación en perjuicio; 04. De la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, la omisión de nombrar de inmediato Gobernador Provisional del Estado de Puebla, ante la ausencia total y definitiva de la Gobernadora Constitucional. De las autoridades señaladas como ejecutoras: 05. Del Vocero del Gobierno del Estado de Puebla la ejecución de la orden verbal del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla en el sentido de asumir las funciones de Gobernador del Estado de Puebla en su carácter de encargado de despacho, lo cual se concretó en el boletín de 25 de diciembre de 2018, el cual es consultable en el link: http://www.puebla.gob.mx/boletines/item/2473-comunicado. En el anterior acto, es en donde se aplicaron en mi perjuicio los preceptos de la Constitución Local y el artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, en razón de que se vulneraron los pilares sobre los cuales está edificado políticamente la entidad federativa de la que soy ciudadana, como son el sistema republicano, democrático y popular, así como de protesta de cumplir y hacer cumplir con la Constitución General de la República y la particular del Estado de Puebla. Por lo tanto, al ser parte de una porción de la sociedad plenamente identificada, sentir un agravio indirecto con la emisión del acto reclamado y estar inconforme por la trasgresión del orden constitucional local, es que la que suscribe cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de tutela de derechos fundamentales." Esto es, Gabriela Janette Miramón Zepeda se duele esencialmente de: La inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 28, 57, fracciones XVII y XIX, 61, fracciones III y IV, 70, 73, 74, 77, 137 y 141, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. La orden para que el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, asuma las funciones de Gobernador ante la ausencia total y definitiva de la titular del Poder Ejecutivo de esa Entidad Federativa. La omisión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, de nombrar Gobernador Provisional del Estado de Puebla. Actos que refiere le afectan al ser ciudadana del Estado de Puebla. Establecido lo anterior, el suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Así, de conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. Del mismo modo, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez Federal está facultado para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; entendiéndose por manifiesto, según lo que se observa en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En ese orden de ideas, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no causan perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa. En relación con la aludida hipótesis, es importante dejar establecido que en términos del artículo 107, fracción I, Constitucional, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya jurídico, ya legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma, y por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el máximo tribunal del país ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución, del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple. Lo anterior, permite determinar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés. En ese sentido, debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: - La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. - La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. - La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tema del interés jurídico, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquel interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública y de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, como quedó asentado, la promovente del amparo reclama esencialmente la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 28, 57, fracciones XVII y XIX, 61, fracciones III y IV, 70, 73, 74, 77, 137 y 141, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; la orden para que el Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, asuma las funciones de Gobernador ante la ausencia total y definitiva de la titular del Poder Ejecutivo de esa Entidad Federativa; y, la omisión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, de nombrar Gobernador Provisional del Estado de Puebla; actos que, de acuerdo a lo asentado en los párrafos que anteceden, no le causan una afectación jurídicamente relevante. Ello debido a que, en un primer momento, Gabriela Janette Miramón Zepeda no es destinataria de las normas que por esta vía impugna, sino una tercero al contenido de las mismas; no obstante, aún con dicha calidad no se infiere que tenga una afectación colateral a sus derechos. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizará por medio de elecciones libres, auténticas y periódicas que se celebrarán el mismo día y año que las elecciones federales, con la participación corresponsable de los ciudadanos y de los partidos políticos. El instrumento único de expresión de la voluntad popular es el voto universal, libre, secreto, directo e intransferible. La organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Electoral del Estado, organismo público local, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación electoral aplicable. La jornada comicial tendrá lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. El Instituto Electoral del Estado podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral, que éste se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales, en términos de la legislación aplicable. I.- La elección de Gobernador, de Diputados por los principios de mayoría relativa y representación proporcional y de miembros de Ayuntamientos en el Estado, se efectuará conforme a lo previsto en esta Constitución, y el Código de la materia, que regulará a) Los actos preliminares al inicio del proceso electoral, así como las etapas del proceso electoral y la forma de participación de los ciudadanos en el mismo; b) Los derechos, prerrogativas y obligaciones de los partidos políticos; c) Un sistema de medios de impugnación para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; d) Los plazos convenientes para el desahogo de las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; e) Los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativos y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación; f) Las causales de nulidad de votación recibida en casilla y, de las elecciones; y g) Las faltas administrativas y sanciones. II.- El Instituto Electoral del Estado será el organismo público local, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, de carácter permanente, al que se le encomendará la función estatal de organizar las elecciones. En el ejercicio de estas funciones serán principios rectores la legalidad, la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la independencia y máxima publicidad. Además tendrá a su cargo, en los términos de esta Constitución y de la Ley respectiva, la organización de los procesos de plebiscito y referéndum. Los órganos del Instituto estarán integrados invariablemente por ciudadanos, quienes de manera exclusiva, con su voto, tomarán las decisiones del organismo; y los partidos políticos en los términos que prescriban las disposiciones legales relativas. El Instituto deberá vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones de esta Constitución y sus correspondientes reglamentarias, que garanticen el derecho de organización y participación política de los ciudadanos; contribuir al desarrollo de la vida democrática; garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de miembros de los Ayuntamientos del Estado; asegurar el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de los partidos políticos, vigilando el cumplimiento de sus obligaciones; vigilar la autenticidad y efectividad del voto; preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política y la educación cívica. El Consejo General será el Órgano Superior de Dirección del Instituto y el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de vigilar que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia y máxima publicidad guíen todas las actividades del Instituto. El Consejo General se reunirá entre los días tres y cinco del mes de noviembre del año previo a la elección para declarar el inicio del Proceso Electoral. El Consejo General del Instituto se integrará por: a) Un Consejero Presidente con derecho a voz y voto. b) Seis Consejeros Electorales con derecho a voz y voto; c) (DEROGADO, P.O. 29 DE JULIO DE 2015) d) Un representante de partido por cada uno de los partidos políticos con registro, previa acreditación, con derecho a voz y sin voto; e) El Secretario Ejecutivo del Instituto, quien es también el Secretario del Consejo General, con derecho a voz y sin voto; f) (DEROGADO, P.O. 28 DE OCTUBRE DE 2011) g) (DEROGADO, P.O. 28 DE OCTUBRE DE 2011) Los partidos políticos representados en el congreso podrán participar mediante un representante legislativo en las sesiones del consejo general como invitados permanentes, no contarán para la integración del quórum, y sólo tendrán derecho a voz sin voto. La designación y remoción del Consejero Presidente y de los Consejeros Electorales corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establece la legislación correspondiente. Los Consejeros Electorales Estatales tendrán un período de desempeño de siete años y no podrán ser reelectos. La retribución que perciban los Consejeros Electorales no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Los Consejeros Electorales, el Consejero Presidente y el Secretario Ejecutivo, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales, de investigación, de beneficencia o de aquéllos en que actúen en representación del Consejo General. Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista, durante los dos años posteriores al término de su encargo El Secretario Ejecutivo del Instituto será nombrado por el Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente. Corresponderá al Consejo General del Instituto Electoral del Estado, realizar el cómputo final de la elección de Gobernador, formular la declaración de validez de la elección y expedir la constancia de Gobernador electo a favor del candidato que hubiera alcanzado el mayor número de votos. El Instituto Electoral del Estado, será autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y profesional en su desempeño, contando en su estructura con un cuerpo directivo y técnico, en términos de la legislación aplicable. El Instituto contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de naturaleza electoral, sus atribuciones y funcionamiento se regulará en el Código de la materia. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo de la Comisión correspondiente del Instituto Nacional Electoral; con excepción de los casos en que le sea delegada dicha función al Instituto Electoral del Estado, en términos de las disposiciones legales aplicables. La Ley contemplará la conformación de la Comisión correspondiente y de la estructura de la Unidad encargada de desarrollar los trabajos de fiscalización que de acuerdo con las leyes generales en la materia le corresponden al organismo público local, estableciendo conforme a dichas disposiciones sus atribuciones y estructura. III.- Los partidos políticos son entidades de interés público, democráticos hacia su interior, autónomos y formas de organización política, integrados conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la legislación general y local en la materia y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de la legislatura. Los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. El partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales le será cancelado el registro. La ley establecerá los términos y procedimientos para los partidos políticos nacionales que pierdan su registro y que opten por su registro local. IV.- El Tribunal Electoral del Estado, como máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral del Estado, es el organismo de control constitucional local, autónomo e independiente, de carácter permanente, encargado de garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad, legalidad y definitividad, rectores en los procesos electorales. El Tribunal Electoral del Estado, se integrará por tres Magistrados, que actuarán en forma colegiada y permanecerá (sic) en su cargo durante siete años, y serán electos por el Senado de la República, en los términos de la ley aplicable. La retribución que perciban los Magistrados Electorales durante el tiempo que ejerzan sus funciones, no podrá ser menor a la prevista para los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El Código de la materia establecerá el procedimiento de designación del Magistrado Presidente, así como las reglas para cubrir las vacantes temporales que se presenten. La presidencia deberá ser rotatoria. En el caso de las vacantes definitivas, se dará vista al Senado de la República. Además de lo establecido en las leyes que resulten aplicables, el Código de la materia determinará las causas adicionales de responsabilidad de los Magistrados Electorales. Las impugnaciones en contra de los actos que, conforme a la base V del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realice el Instituto Nacional Electoral con motivo de los procesos electorales locales, serán resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme lo determine la legislación aplicable. Los particulares tendrán derecho a hacer exigible ante la autoridad competente una indemnización, de acuerdo a las bases, límites y procedimientos que establezcan las Leyes. En todo caso, la indemnización a que se refiere el párrafo anterior, estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal de que se trate. El Estado y los Municipios podrán suscribir convenios y celebrar los demás actos jurídicos que se requieran para el cumplimiento de esta obligación. Respecto a los delitos o faltas administrativas de los servidores públicos estatales o municipales, se estará a lo dispuesto en las Leyes respectivas." Los preceptos transcritos son de contenido materialmente electoral que comprenden cuestiones propias de los derechos políticos, tales como las bases generales que instituyen los procesos de elección del titular del Poder Ejecutivo Local y los aspectos vinculados directa o indirectamente con dicho proceso o que deban influir en ellos de una u otra manera, tales como la facultad del Congreso del Estado de Puebla y de la Comisión Permanente para resolver soberana y discrecionalmente sobre la designación del Gobernador electo, interino, provisional o sustituto. Esto es, los destinatarios directos de dichas normas son el Congreso del Estado de Puebla y la Comisión Permanente, no así Gabriela Janette Miramón Zepeda como ciudadana del citado Estado; por lo que le asiste el carácter de tercero a la relación jurídica contemplada por los preceptos que tacha de inconstitucionales. En ese sentido, el conjunto normativo reclamado que, a decir de la peticionaria de amparo, se materializó con la designación del Secretario General de Gobierno del Estado de Puebla, como Gobernador Interino y con la omisión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla, de nombrar Gobernador Provisional, no causa a la promovente del amparo una afectación jurídicamente relevante, esto es, que sea palpable y discernible objetivamente del análisis de la ley; de ahí que, Gabriela Janette Miramón Zepeda carezca de un interés legítimo para instar el juicio de amparo. En las relatadas consideraciones, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y toda vez que aun cuando se admitiera a trámite la demanda a nada práctico conduciría, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gabriela Janette Miramón Zepeda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada.

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