Gabriela Hernández Arroyo

Expediente 67/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 51 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
67/2018
Año
2018
Actuaciones
51
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Gabriela Hernández Arroyo
  • GABRIELA HERNÁNDEZ ARROYO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 51.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Los actos reclamados materia de análisis de este juicio fueron los siguientes: Del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, y del Diligenciario adscrito, en el ámbito de su respectiva competencia: El embargo del predio identificado como la parte restante del inmueble de la quinta y última fracción del predio rústico denominado "Xalehuala", ubicado en Octotlán, sección octava, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla", efectuado en el juicio ejecutivo mercantil 719/2011, del índice del referido juzgado, así como la orden de adjudicación, restitución y entrega de dicho bien en favor de los actores en el juicio de origen, y todos los actos derivados de esas actuaciones -con motivo de la afectación al bien inmueble que en esta vía se defiende-. Del Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Tlatlauquitepec: La inscripción y registro en esa dependencia, de los referidos actos. Por resolución dictada el catorce de febrero de dos mil diecinueve, por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Gabriel Peralta Tamaniz o Gabriel Peralta Tamanis y Gabriela Hernández Arroyo, para los siguientes efectos: [.] Deje sin efectos los embargos de cuatro de julio de dos mil once, respecto del bien inmueble identificado como "la parte restante del inmueble de la quinta y última fracción del predio rústico denominado "Xalehuala", ubicado en Octotlán, sección octava, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla", únicamente por lo que hace a la parte denominada "subfracción de terreno que se segrega de la quinta y última fracción del predio rústico 'XALEHUALA', ubicado en el barrio de Ocotlán, sección octava del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" (amparado bajo escritura 7,234). 2. Ordene la cancelación del gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad de dicha entidad federativa, respecto del bien identificado como subfracción de terreno que se segrega de la quinta y última fracción del predio rústico 'XALEHUALA', ubicado en el barrio de Ocotlán, sección octava del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" (amparado bajo escritura 7,234), así como la escritura derivada de la adjudicación del citado inmueble, en la parte conducente." Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en el toca R-183/2019 determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a GABRIEL PERALTA TAMANIZ o GABRIEL PERALTA TAMANIS Y GABRIELA HERNÁNDEZ ARROYO, contra los actos que reclamaron del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, mismo que quedó precisado en el resultando primero de esta ejecutoria (VICIOS DE FONDO)". Asimismo, la modificación oficiosa de la sentencia se estableció en los siguientes términos: ".al quedar firme en estos términos la concesión del amparo, este Tribunal Constitucional, atento a la facultad que le confiere el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando así proceda, de oficio estima modificar los efectos de la protección federal otorgada, toda vez que la resolución recurrida y de las constancias de autos, se advierte que el A quo no se pronunció respecto de la devolución del bien inmueble controvertido, ya que el lanzamiento decretado sobre el citado predio ya fue realizado e incluso entregado a la parte actora; de ahí, que deba incluirse dicha restitución en la referida determinación judicial, al quedar demostrada la transgresión a los derechos de propiedad de los quejosos." Por lo anterior, mediante auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante el oficio 1383 del Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, recibido en este órgano jurisdiccional el diecinueve de octubre de dos mil veinte, remitió los acuerdos de uno y nos de octubre de dos mil veinte, emitidos en el expediente 719/2011, de su índice, de los que se advierte en lo que interesa lo siguiente: Dejó sin efectos los embargos de cuatro de julio de dos mil once, respecto del bien inmueble identificado como "la parte restante del inmueble de la quinta y última fracción del predio rústico denominado Xalehuala, ubicado en Octotlán, sección octava, del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla", únicamente por lo que hace a la parte denominada "subfracción de terreno que se segrega de la quinta y última fracción del predio rústico XALEHUALA, ubicado en el barrio de Ocotlán, sección Octava del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" (amparado bajo escritura 7234). Ordenó la cancelación del gravamen inscrito en el Registro Público de la Propiedad de dicho Distrito Judicial, respecto del bien identificado como "subfracción de terreno que se segrega de la quinta y última fracción del predio rústico XALEHUALA, ubicado en el barrio de Ocotlán, sección Octava del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" (amparado bajo la escritura 7234), así como la escritura derivada de la adjudicación del citado inmueble, en la parte conducente. Tuvo al Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tlatlauquitepec, Puebla, informando que realizó la cancelación requerida en el auto de dos de octubre de dos mil veinte. Posteriormente, por oficio IRCEP-DRPP-RPP-TLATLAUQUITEPEC-1273/2020, el Registrador Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Tlauquitepec, Puebla, informó que realizó la cancelación del embargo del bien identificado como subfracción de terreno que se segrega de la quinta y última fracción del predio rústico 'XALEHUALA', ubicado en el barrio de Ocotlán, sección octava del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla" (amparado bajo escritura 7,234). Seguida la secuela procesal, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo al Juez responsable remitiendo la copia certificada del acta de restitución del predio materia de la Litis a la parte quejosa, misma que se llevó a cabo el veintidós de octubre de dos mil veinte, por lo que, se dio vista a las partes con las referidas constancias. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a realizar el análisis relativo para determinar si se encuentra o no cumplido el fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, y el Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes); y, archívese el presente asunto como concluido, en el entendido que el presente sumario se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedido la protección constitucional. Por otra parte, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran el plazo que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Nelly Guillermina Contreras Torres, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil veinte. agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, por medio del cual remite copias certificada del acta de restitución del predio materia de la litis dentro del juicio natural 719/2011 de su índice; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto a ello, en virtud de que por auto de tres de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa a fin de proveer lo conducente respeto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el diverso oficio y anexo, suscrito por el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, en virtud de que se encuentra relacionado con el presente juicio constitucional; por tanto, visto el contenido de dicho oficio, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, en atención al requerimiento de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho, remite copia certificada de la diligencia de veintidós de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el diverso oficio y anexo, suscrito por el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, en virtud de que se encuentra relacionado con el presente juicio constitucional; por tanto, visto el contenido de dicho oficio, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla, en atención al requerimiento de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, manifiesta que ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo y a efecto de corroborar su dicho, remite copia certificada de la diligencia de veintidós de octubre de dos mil veinte. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES

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