Gabriela Hernandez Cruz
Expediente 972/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 972/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/01/2021
Partes del expediente
- Gabriela Hernandez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. En principio, es pertinente precisar que el Consejo de la Judicatura Federal, en respuesta al brote del virus COVID-19, y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), dentro de las cuales destaca la Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte signada electrónicamente por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, que aprobó el acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", mediante el cual se decretó que del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, no correrían plazos ni términos procesales, con la salvedad de la tramitación de los juicios "urgentes" y "en línea". Ahora, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil veintiuno, aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, determinó reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, aplicando el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la "Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19", de veintiocho de julio de dos mil veinte, lo que indica, la reactivación de los plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones. Es importante hacer mención que de conformidad con el numeral 2, fracciones III, IV, V y VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los plazos a que se hace referencia, fueron suspendidos y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Por consiguiente, se levanta la suspensión de los términos procesales dentro del presente juicio constitucional. En otro aspecto, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, soliciten la consulta del expediente electrónico y práctica de notificaciones electrónicas; por lo cual, deberán contar y proporcionar un usuario vigente registrado en el referido portal de servicios en línea. De igual manera, requiérase a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los diversos particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, indíquese a las autoridades que intervengan en el procedimiento y tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo de la Judicatura Federal que deberán enviar las comunicaciones oficiales a este juzgado por ese medio, a fin de facilitar la comunicación, evitar la presencia física y la concentración de personas en este órgano jurisdiccional.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se ha logrado el emplazamiento al juicio en que se actúa de los terceros interesados José Fermín Chilino Suárez, Nohemí Morgado Trejo, Valente Ortega Arroyo y Aldo Miguel Tecorralco Antonio; en tal virtud, se provee A fin de evitar dilaciones al procedimiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordena hacer la investigación correspondiente al domicilio de los terceros interesados José Fermín Chilino Suárez, Nohemí Morgado Trejo, Valente Ortega Arroyo y Aldo Miguel Tecorralco Antonio, para lo cual gírense atentos oficios a la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, Teléfonos de México, Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable en Puebla, Delegado de la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de Puebla, Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción territorial de Puebla, y mediante telegrama oficial urgente al Titular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, con sede en la Ciudad de México, para que se sirvan informar si en dichas oficinas cuentan con el domicilio actual de los indicados terceros interesados; información que deberán proporcionar de manera detallada dentro del término tres días siguientes a la notificación de este acuerdo. Apercibidas las autoridades antes citadas y personas morales, de que en caso de no proporcionar la información requerida en el término concedido para ello, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $86.88 (ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veinte. Para dar oportunidad a lo anterior, difiérase la audiencia constitucional para las NUEVE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que Gabriela Hernández Cruz, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra los actos de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y Actuario adscrito, consistentes en la omisión de dictar el auto admisorio dentro del expediente 876/2020 de su estadística, y su notificación. Ahora bien, las autoridades responsables Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, y el Actuario adscrito a esa junta, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos reclamados, y la Presidenta de ese órgano jurisdiccional aclaró que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, dictó el auto admisorio respectivo dentro del expediente laboral 876/2020, y ordenó su notificación; en tanto que el Actuario responsable manifestó que realizó la notificación personal encomendada en el referido auto de diecinueve de agosto de ese año a Gabriela Hernández Cruz el once de noviembre de dos mil veinte, la cual entendió directamente con la aquí impetrante, quien firmó la diligencia correspondiente. Para corroborar lo anterior, la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, a través de su Presidenta, remitió copia certificada de diversas constancias del expediente 876/2020 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del auto admisorio de diecinueve de agosto de dos mil veinte, así como de su notificación personal practicada el once de noviembre siguiente, documentales que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla dictara el auto admisorio dentro del expediente 876/2020 de su estadística, y que el Actuario de la adscripción le notificara esa determinación, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el diecinueve de agosto de dos mil veinte, la Junta responsable dictó el auto admisorio respectivo dentro del expediente laboral 876/2020, y ordenó su notificación; en tanto que el Actuario responsable realizó la notificación personal encomendada en el referido auto de diecinueve de agosto de ese año a Gabriela Hernández Cruz el once de noviembre de dos mil veinte, la cual entendió directamente con la aquí impetrante, quien firmó la diligencia correspondiente. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de las omisiones reclamadas han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiséis minutos del siete de diciembre de dos mil veinte, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido. En consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue la omisión de resolver lo procedente respecto de la solicitud de pensión o jubilación, radicada con la clave de trámite T-JM-206/2016, y que la aquí quejosa presentó el treinta de mayo de dos mil dieciséis. Por resolución dictada el catorce de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Martha Blanco Reyes, contra el acto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para el siguiente efecto el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, dé contestación por escrito a la solicitud presentada el treinta de mayo de dos mil dieciséis, y dicha respuesta la notifique en breve término a la aquí quejosa. Determinación que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en la ejecutoria pronunciada el trece de febrero de dos mil veinte, en el recurso de revisión 588/2019, por tanto, en auto de dos de marzo de dos mil veinte, se requirió a la autoridad señalada como responsable para que diera cumplimiento al fallo protector. Mediante el oficio UAJ/188/2020 del Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, recibido en la oficialía de este Juzgado el seis de marzo de dos mil veinte, informó que dio contestación por escrito a la solicitud presentada por la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil dieciséis, y dicha respuesta le fue notificada personalmente el cuatro de marzo del año en curso. Por lo anterior, en proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Coordinador de Oficinas de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que dio contestación por escrito a la solicitud presentada por la parte quejosa el treinta de mayo de dos mil dieciséis, y la misma la notificó personalmente el cuatro de marzo del año en curso; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes); y, archívese el presente asunto como concluido, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Ahora, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción II, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo solicitado. Por otra parte, como lo dispone el artículo 18, fracción II, inciso b), del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran noventa días deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
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