Gabriela Irlanda Cetina Ayora y Otros.

Expediente 201/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
201/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
22/04/2019

Partes del expediente

  • Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, del Poder Judicial del Estado de Yucatán
  • Gabriela Irlanda Cetina Ayora y Otros.
  • Gabriela Irlanda Cetina Ayora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de abril de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que aquella resolución ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el aludido acuerdo se sobreseyó en este juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Asimismo, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos la constancia de notificación del acuerdo de mérito, respecto del tercero interesado Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, cuyo domicilio se encuentra fuera de la residencia oficial de este Juzgado Federal, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió este asunto, con el dictado de este auto no se le vulnera derecho alguno. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO. ... En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las responsables de dar contestación al escrito de ocho de agosto de dos mil dieciocho, es incuestionable que en el presente caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que las responsables, dieron contestación a dicho memorial; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. ...

  3. Principal

    ... En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de las responsables de dar contestación al escrito de ocho de agosto de dos mil dieciocho, es incuestionable que en el presente caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que las responsables, dieron contestación a dicho memorial; lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia. ...

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de marzo de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito de la quejosa Gabriela Irlanda Cetina Ayora, con el que atiende al requerimiento que se le hizo en auto de trece de febrero de dos mil diecinueve, el cual se agrega a este expediente para que obre como legalmente corresponda. En mérito de lo anterior, por cuanto hace al acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, de cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral 516/2012, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios perteneciente al Poder Judicial del Estado, y el pago de dicho laudo en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 562/2014, se desecha la demanda de amparo, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se dice lo anterior, toda vez que el acto que se reclama en el presente juicio de amparo, es atribuido al Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, el cual no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así es, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que enseguida se transcribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Estos preceptos transcritos disponen que no es posible realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando éste no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, el que acuerda estima que en el presente caso se actualiza la citada causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que la autoridad responsable -parte patronal en el juicio laboral de origen-, no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, ya que la omisión reclamada a la ahí autoridad demandada de acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio burocrático, en materia del estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo de mérito, se constreñirá a determinar si existe o no contumacia o negativa a cumplir el laudo firme y si ésta contraviene o no los derechos de pronta y expedita impartición de justicia consagrados en el artículo 17 Constitucional, sin que esto tenga el alcance de analizar cuestiones propias del procedimiento de ejecución en sí mismo, que es lo que reclama la quejosa en su demanda de amparo; de ahí que en el presente caso se afirme que no existe vinculación entre los actos propios de la ejecución del laudo y la omisión atribuible a la autoridad señalada como responsable. Esto es así, porque en el procedimiento de ejecución del laudo establecido en el Título Noveno, capítulo único de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, que es el ordenamiento legal aplicable, el ayuntamiento demandado en el juicio natural mantienen una relación de coordinación con el ahí actor, esto es, un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues en ese caso el Estado, se encuentra en su calidad de patrón, con la quejosa -parte actora-, no de supra a subordinación, ya que tal como si fuese un ente privado, en contra de ese municipio puede y debe substanciarse hasta su culminación la ejecución forzosa del laudo dictado en favor de la impetrante -en su carácter de trabajadora-, lo que evidencia que, en tal procedimiento, el Ayuntamiento señalado como autoridad responsable no actúa con el carácter de autoridad; por el contrario, se asemeja a un particular en contra de los cuales se dictó un laudo que deben cumplir obligatoriamente a través de la vía ordinaria y forzosa instituida en la ley aplicable para ese fin. En el referido Título Noveno, capítulo único, titulado "DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS", de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, los artículos 161 y 162 establecen: "[.] TÍTULO NOVENO DE LA EJECUCIÓN DE LOS LAUDOS CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 161. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio procedan. ARTÍCULO 162. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se emplearán los medios de apremio establecidos es esta propia Ley. " En esas condiciones, de esos preceptos se establece la función trascendental, herramientas vinculatoria y una amplia gama de instrumentos legales que el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, tiene para hacer cumplir los laudos, pues para tal propósito: El tribunal está constreñido a dictar las medidas necesarias para que la ejecución del laudo sea pronta y expedita. En caso de incumplimiento del laudo, el tribunal dictará el auto de ejecución y comisionará al actuario para que asociado del actor requiera de pago, así como ordenará los medios de apremio que procedan para su ejecución. Las diligencias de requerimiento de pago, con la prevención o aplicación de los medios de apremio señalados, se harán por conducto del actuario en el domicilio de la demandada. De lo expuesto, se advierte que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, establece el procedimiento de ejecución a seguir por el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, para exigir el cumplimiento forzoso del laudo dictado en favor de la quejosa, quien tiene el carácter de trabajador en el juicio laboral de origen. Así, en ese procedimiento de ejecución destaca que el tribunal referido está en aptitud de requerir el pago del adeudo, al ayuntamiento señalado como autoridad responsable, en su calidad de patrón obligado, en términos de lo previsto en el artículo 161 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, y de poder hacer cumplir también lo decidido en el laudo a través de los medios de apremio establecidos en la propia ley. Esto es así, ya que como ha quedado precisado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 161 y 162 citados, el Tribunal de Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, está legalmente facultado para aplicar los medios de apremio necesarios para el cumplimiento del laudo dictado. Ahora bien, y por cuanto que la quejosa en esencia le reclama al Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, el incumplimiento del laudo dictado por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, pertenecientes al Poder Judicial del Estado, en autos del expediente laboral 516/2012, debe decirse que el acto reclamado deriva de una relación jurídica del ayuntamiento como patrón con la ahí actora, parte quejosa, en un plano de igualdad y bilateralidad dentro de una etapa de ejecución del laudo condenatorio dictado en el juicio laboral de origen, de donde derivan los actos reclamados, y como se ha señalado en líneas anteriores es la propia ley, la que establece la gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que se emiten en dicha relación durante la etapa de ejecución, por lo que dichos actos negativos escapan de la procedencia del juicio, ya que los aludidos actos reclamados no fueron elevados al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, sino en una relación regulada por el derecho privado en el que el referido Ayuntamiento actúa como particular y respecto del cual ya se encuentran expeditos sus derechos ante el Tribunal para que a través de los instrumentos legales se logre el cumplimiento del laudo. Se apoya lo anterior en la jurisprudencia P./J.42/2001 sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 126, del tomo XIII, del mes de abril del año 2001, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Para robustecer que en ese procedimiento de ejecución, el Ayuntamiento responsable no actúa con el carácter de autoridad, sino que actúa frente a la impetrante bajo una relación jurídica de coordinación con la actora, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, se cita en apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 79/2014, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo II, correspondiente al mes de agosto de dos mil catorce, página 699, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." Así como la jurisprudencia 2a./J. 34/2018 sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 478, del tomo I, del mes de abril del año 2018, Décima Época, Materia Común, Laboral, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Gabriela Irlanda Cetina Ayora, únicamente por lo que respecta a los actos que reclama del Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, por actualizarse en la especie la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I°, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 115 y 117 de la Ley de Amparo, por cuanto a los actos reclamados al Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios y Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, se admite la demanda en sus términos. No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa y no encontrarse en los supuestos que prevé el artículo 127 de la ley de amparo, para abrirlo de oficio. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo aplicable, con copia de la demanda de amparo, pídase el informe justificado a las autoridades responsables quienes deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita; asimismo, en el término señalado, deberán acompañar la totalidad de las constancias que estimen pertinentes, para apoyar su informe, o las que sean necesarias para probar las manifestaciones que se viertan en el mismo; apercibidas que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado del presente acuerdo. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del cinco de abril de dos mil diecinueve para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida y admitida la prueba que la parte quejosa anexa a su demanda de amparo, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionada en la audiencia constitucional relativa. Con fundamento en los artículos 5, 26, fracción I, inciso b), 27, 115 y 116 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como tercero interesado al Ayuntamiento de Oxkutzcab, Yucatán, quien deberá ser emplazado mediante oficio que al efecto se gire, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo y haciéndole saber que con tal carácter puede comparecer en el presente juicio en defensa de sus derechos si así lo estimare pertinente. Por otro lado, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, se previene a las partes de este juicio de amparo, a efecto de que de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia, lo hagan del conocimiento de este Órgano de Control Constitucional y de ser posible exhiban las constancias que así lo acrediten; con el apercibimiento que no acatar lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del invocado ordenamiento legal, se les impondrá una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente al dictado de este acuerdo. Con copia autorizada de la demanda de amparo y del presente acuerdo, dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 110 de la Ley de Amparo en vigor. Con fundamento, en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento, por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas del presente juicio de amparo. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y a la agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Juan Armando Cortés Carabias, que autoriza y da fe.

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