Gabriela Irlanda Cetina Ayora

Expediente 307/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
307/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Irlanda Cetina Ayora

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la secretaría en la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de la Materia, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso, a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que no obra en autos constancia que acredite que se hubiese notificado a la parte quejosa ni al Ministerio Público de la adscripción, el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, procédase a notificar a la parte quejosa y al Ministerio Público de la adscripción, dicho proveído, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    AVISO:_Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veinte. Atento a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, en el sentido de que no obra en autos constancia que acredite que se hubiese notificado a la parte quejosa ni al Ministerio Público de la adscripción, el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, procédase a notificar a la parte quejosa y al Ministerio Público de la adscripción, dicho proveído, para todos los efectos legales pertinentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veinte.Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de la que se desprende que el día tres de agosto de dos mil veinte se levantó la suspensión de labores ordinarias de este órgano jurisdiccional y se reanudan los términos y plazos legales en la tramitación de los juicios de la competencia de este Juzgado.En mérito de lo anterior, comuníquese a las partes que en el presente asunto se reanudan los plazos y términos legales, lo que implica que éstos continúan su curso, tomando en consideración los días y horas transcurridas antes de la suspensión de los mismos, lo cual se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que según lo establecido en dichos acuerdos generales, durante el periodo de suspensión no corrieron términos; lo cual reafirma la fracción I del referido artículo 2º del Acuerdo General 21/2020, al señalar que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio.Ahora bien, de la lectura del informe y de las constancias que el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios remitió como apoyo a su informe justificado, las cuales se pusieron a la vista de las partes, por auto de once de marzo de dos mil veinte y tienen el valor probatorio pleno que les confieren los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, en el presente asunto la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dar contestación a su escrito de fecha de catorce de noviembre de dos mil diecinueve presentado el veinticinco de noviembre del mismo año, en el expediente número 516/2012, del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en la que según se advierte solicitó se dictaran diversas medidas a fin de conseguir el cumplimiento del laudo. No obstante, de las constancias que la autoridad laboral responsable remitió como apoyo a su informe, se advierte que en autos del expediente 516/2012 del índice del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veinte, se dictaron diversas medidas para dar cumplimiento al laudo dictado en el expediente de origen, acordando de esta manera el escrito de la parte quejosa, acuerdo que le fue notificado, el diez de marzo de dos mil veinte por medio de la lista de estrados; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diecisiete de febrero de dos mil veinte. Por tanto, si dicha contestación al escrito de la parte actora, se advierte que fue realizado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, que lo fue el diecisiete de febrero del año que transcurre, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la omisión de la que se duele la parte quejosa, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo estas consideraciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. Lo anterior, sin perjuicio de que no se haya ordenado el emplazamiento a juicio del señalado como tercero interesada en la demanda de amparo, toda vez que dado el sentido de la presente determinación resulta incuestionable que no se le vulnera derecho alguno. Con transcripción de este acuerdo, gírese atento oficio a la Agente del Ministerio Público de la federación adscrita, al que deberá remitirse al correo institucional blanca.ortiz@pgr.gob.mx, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese de manera electrónica a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por correo institucional al Ministerio Público de la adscripción. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el secretario licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe.

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