Gabriela Guadalupe Vadillo Correa
Expediente 1633/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1633/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela Guadalupe Vadillo Correa
- Secretario de Seguridad Pública del Estado
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vistos, toda vez que hasta la presente fecha no obra la copia certificada de la consulta electrónica realizada en la que manifieste que aparece que ya cuenta con clave liberada inscrita y en tareas de la Delegación de Yucatán de dicho organismo; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las catorce horas del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, para su celebración. Sin que este acuerdo deba notificarse por oficio a las autoridades responsables de este asunto, por no considerarse de trascendencia, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2002576, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, cuyo rubro dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, uno de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado Federal el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la referida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de este juicio de amparo, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Estefanni Romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cincuenta minutos del veinte de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 208/2021-III, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, quien actúa ante el secretario Francisco Javier Cetina Cetina, que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta con el escrito inicial de demanda, auto admisorio de nueve de febrero de dos mil veintiuno, constancia de notificación realizada a la autoridad responsable, al tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. En relación con lo anterior, el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de mérito. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental que el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, remitió en apoyo a su informe con justificación y con la documental que anexo la parte quejosa en su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y desahogadas por su naturaleza la probanza de referencia; con lo anterior se cierra dicho periodo de prueba. Seguidamente, abierto el período de alegatos, se da cuenta con las manifestaciones que obran glosados en autos a través del cual la parte quejosa formula alegatos, por lo que el Juez acuerda que se tengan por hechas las manifestaciones de la parte quejosa; con lo anterior se cierra este periodo. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y al encontrarse debidamente integrado este expediente, se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 208/20211-III promovido por José Dolores Puga Parra, Marcelino Mex Poot, Efraín Alberto Sulu Pacheco y William Ismael Palma Sánchez, contra el acto que reclaman del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, por violación al artículo 8 Constitucional; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el ocho de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, José Dolores Puga Parra, Marcelino Mex Poot, Efraín Alberto Sulu Pacheco y William Ismael Palma Sánchez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, la cual se admitió; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, mismo que en su oportunidad fue puesto a la vista de las partes; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior, porque en el caso se reclama un acto omisivo que carece de ejecución pero presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta entidad y posteriormente turnado a este Juzgado. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada mediante oficio 1275/2020 de nueve de septiembre de dos mil veinte, librado en autos del juicio de interdicto número de expediente 19/2018, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, recibido el veintidós de septiembre de dos mil veinte. Tercero. Acto existente. El Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado, en su informe justificado negó el acto que se le reclama; no obstante, tal negativa queda desvirtuada con la documental exhibida por la parte quejosa consistente en el acuse de recibo del oficio 1275/2020, por lo que se tiene por cierto. Cuarto. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes o que este Juzgado advierta de oficio, se procede al estudio de fondo del asunto. La parte quejosa expresó como conceptos de violación, los contenidos en su escrito de demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos sin que sea necesario transcribirlos, dado que no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que así lo establezca. Lo anterior, conforme a lo que señala la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, visible en la página 830 con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". En primer término, resulta dable precisar que la parte quejosa señala como derecho violado el consagrado en el artículos 8° constitucional; sin embargo, toda vez que se reclama omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada mediante oficio 1275/2020 de nueve de septiembre de dos veinte, librado en autos del juicio de interdicto número de expediente 19/2018, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, recibido el veintidós de septiembre de dos mil veinte, es evidente que el derecho constitucional del que realmente se duele es el consagrado en el artículo 17 Constitucional; esto es, denegación de justicia por parte de la responsable, por lo que conformidad con el numeral 76 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado conforme al derecho violado. Es esencialmente fundado el argumento esgrimido por la parte quejosa, que básicamente consiste en la violación por parte de la responsable del derecho contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado precepto constitucional. La disposición constitucional que se considera violada, a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal manera que el derecho humano a la seguridad jurídica establecida en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de esta garantía de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Partiendo de las anteriores premisas, del análisis y valoración a que se sujetaron las constancias de autos, se advierte la falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, ya que la responsable manifestó que hasta la presente fecha no ha obsequiado el auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada mediante oficio 1275/2020 de nueve de septiembre de dos mil veinte, librado en autos del juicio de interdicto número de expediente 19/2018, del índice del Juzgado Tercero Mixto de lo Civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, recibido el veintidós de septiembre de dos mil veinte., derivando su inconstitucionalidad en que el numeral antes mencionado establece, como derecho humano, que la administración de justicia se imparta por los jueces y tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita; por lo cual, el actuar de la autoridad responsable en cita como auxiliar del órgano jurisdiccional resulta contrario a dichas obligaciones con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. Se afirma lo anterior, pues obra en autos constancia que el señalado oficio fue emitido el nueve de septiembre de dos mil veinte y fue recibido por la autoridad responsable el veintidós de septiembre de dos mil veinte; por tanto, si hasta la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ha transcurrido más de once meses, sin que el Poder Ejecutivo del Estado hubiese acreditado haberse pronunciado respecto del auxilio instado, se concluye que dicha omisión implica un excesivo retardo en la administración de justicia, cuenta habida que la fuerza pública debe de estar al servicio inmediato de la autoridad judicial, cuando ésta lo solicite, pues en caso contrario las resoluciones judiciales no tendrían la respetabilidad que merecen. Cobra aplicación al caso e ilustra sobre las funciones de los órganos auxiliares en la administración de justicia, la jurisprudencia XIV.2o. J/21, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, visible en la página 736, del Tomo X, septiembre de 1999, registro 193318, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policíacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión." En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en el caso se advirtió que la conducta omisiva de la autoridad responsable resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que se insta. Quinto. Precisión de los efectos para los que se concede el amparo. El artículo 77 de la ley de la materia establece que cuando el acto reclamado implique una omisión, la sentencia concesoria tendrá el efecto de obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. En el caso, el amparo y protección de los derechos fundamentales, deberá hacer efectivo el respeto al derecho fundamental del impetrante de obtener la impartición de justicia, para lo cual, una vez que se notifique que ha causado ejecutoria la sentencia de amparo, la autoridad responsable deberá actuar en los siguientes términos: El Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acordará lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitada por la Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, mediante oficio 1275/2020 de nueve de septiembre de dos mil veinte, librado en autos del juicio de interdicto con número de expediente 19/2018, de su índice y, deberá comunicárselo al Secretario de Seguridad Pública del Estado; en el entendido que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, no debe limitarse a autorizar el auxilio aludido mediante el libramiento de un oficio, sino que queda vinculado a vigilar que su subalterno acate su mandato dentro del límite de su competencia. A su vez, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, dentro de las veinticuatro horas siguientes en que reciba la comunicación del Gobernador, deberá fijar hora y fecha dentro del término de tres días siguientes, para la diligencia de fuerza pública, comisionando los elementos a su cargo para llevarla a cabo, y comunicándolo a la Juez solicitante. En el entendido que dichas autoridades deberán informar de inmediato a medida que se concluyan cada una de las fases de la fuerza pública relativas al otorgamiento de la misma. Lo anterior es así, sin que sea un obstáculo que en el caso el Secretario de Seguridad Pública del Estado, no hubiese sido señalado como autoridad responsable, pues lo cierto es que las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por todas las autoridades que tengan conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deban intervenir en su ejecución Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 144, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 al 78 de la Ley de Amparo aplicable, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. Para los efectos precisados en el quinto considerando de esta sentencia, la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos José Dolores Puga Parra, Marcelino Mex Poot, Efraín Alberto Sulu Pacheco y William Ismael Palma Sánchez, en el presente juicio de amparo, contra el acto que reclama al Gobernador Constitucional del Estado, con residencia en esta ciudad, que quedó precisado en el cuerpo de esta sentencia, por los motivos expuestos en la misma. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Francisco Javier Cetina Cetina, secretario que autoriza y da fe. .
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que inmediatamente antecede y toda vez que a la presente fecha no obra constancia alguna que haya sido emplazada a juicio los terceros interesados CIR, Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, Construcciones y Caminos Peninsulares, Sociedad Anónima de Capital Variable y Ricardo Traba Rosado; por lo tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fija para su celebración las nueve horas con veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables dado que el auto que se dicta no tiene trascendencia para éstas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por licencia médica del Titular, en términos del artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe
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