Gabriela González Ortega

Expediente 860/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
860/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Gabriela González Ortega
  • Israel Calva Corro (Defensor)
  • JOSÉ BENITO MORALES TORRES y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, así como, en términos de la fracción III, párrafo cuarto de la sección relativa a los "Expedientes que Corresponde Clasificar como Depurables o Destruibles por los Juzgados de Distrito de Conformidad con el Punto Vigésimo Primero" del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó en el juicio de amparo, y se decretó de plano la suspensión de los actos que reclamó la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero sí es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, por lo que se deberán conservar las actuaciones relativas a la concesión de dicha medida cautelar, ya que ésta tiene efectos definitivos; sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gabriela González Ortega y José Benito Morales Torres, a través de su defensor particular Israel Calva Corro, contra el acto reclamado y la autoridad responsable, precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos los oficios signados por el 1. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, a través de los cuales con los dos primeros, informa (por duplicado) lo relativo al cumplimiento de la suspensión de plano concedida a los quejosos 1. Gabriela González Ortega y 2. José Benito Morales Torres, la cual se decretó por este juzgado de Distrito el tres de septiembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, téngasele informando que el tres de septiembre de dos mil diecinueve a las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos y a las veintidós horas, dejó en libertad a los quejosos de mérito; y adjunta copia certificada del oficio 25233/2019 firmado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en carácter de Tribunal de Enjuiciamiento, de los memorándums 658/2019 y 659/2019, así como del libro de registros de egresos de dicha institución. De lo anterior, queda enterado el suscrito Juez de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, en relación con el tercer oficio del 1. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, (recibido vía ordinaria y correo electrónico), con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo su INFORME JUSTIFICADO; por tanto, dese vista a las partes, sin perjuicio de relacionarlo nuevamente en la audiencia constitucional. Finalmente, intégrese a los autos el oficio del 2. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, a través del cual transcribe el auto que dictó el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en los autos de la causa penal 665/2018 (materia del acto reclamado), en el cual -en lo que interesa- remite copia certificada de la diligencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho en el que se tuvo a Israel Calva Corro, aceptando y protestando el cargo de defensor particular de los aquí quejosos 1. Gabriela González Ortega y 2. José Benito Morales Torres; por tanto, se tiene por reconocida la personalidad de Israel Calva Corro, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos la razón asentada por la actuaria judicial adscrita, a través de la cual manifiesta su imposibilidad para notificar personalmente a los quejosos directos José Benito Morales Torres y Gabriela González Ortega, en el lugar de su reclusión (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), el auto de tres de septiembre de dos mil diecinueve, pues refiere que al constituirse en el referido reclusorio, fue informada por una persona del sexo masculino, quien dijo ser Asesor Jurídico de guardia, que las personas buscadas obtuvieron su libertad el tres de septiembre pasado, a las veintidós horas y a las veintiún horas con cincuenta y ocho minutos, respectivamente. Ante ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación del auto aludido, se les realice por lista de acuerdos, habida cuenta que el referido proveído se ordenó notificar personalmente al promovente en el domicilio señalado en la demanda. AUTO DE TRES DE SEPTIEMBRE DE 2019 QUE A LA LETRA DICE: San Andrés Cholula, Puebla, tres de septiembre de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 860/2019, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio conviene señalar que del estudio integral de la demanda, se advierte que Israel Calva Corro, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos directos Gabriela González Ortega y José Benito Morales Torres, reclama del Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, lo siguiente: "La orden de la autoridad penitenciaria de continuar manteniendo como internos de dicho centro de readaptación social a los C.C. GABRIELA GONZÁLEZ ORTEGA y JOSÉ BENITO MORALES TORRES, pese a que se ha dictado SENTENCIA ABSOLUTORIA a su favor dentro de la causa penal número 665/2018 del índice del JUZGADO DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE PUEBLA y haberse decretado por el Juzgador que emitió la sentencia absolutoria a favor de mis defendidos el levantamiento de medidas cautelares ordenando su inmediata libertad." SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. Toda vez que el promovente refiere que los quejosos directos se encuentran privados de su libertad, sin que exista causa legal para ello, pues según lo narrado en su demanda de amparo, ha cesado definitivamente la medida cautelar de prisión preventiva que les había sido impuesta, al haber sido dictada en su favor sentencia absolutoria dentro de la causa penal 665/2018 del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que, sin demora, cese la retención de la que son objeto los quejosos, poniéndolos en inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que respecta a la causa penal antes citada, siempre que el juez del conocimiento hubiere ordenado el cese de las medidas cautelares impuestas, por haber dictado a su favor sentencia absolutoria. Lo anterior, sin perjuicio de que en caso de que a la parte quejosa se le impute la comisión de algún delito, sea puesta a disposición de la autoridad que corresponda, lo que deberá ser informado inmediatamente por la autoridad responsable. Asimismo, la presente suspensión no surtirá sus efectos si el acto reclamado deriva de la orden emitida por autoridad judicial o administrativa competente dentro de un procedimiento. APERCIBIMIENTOS. Hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que deberá acatar dicha suspensión bajo su más estricta responsabilidad y deberá informar a este Juzgado de Distrito de manera inmediata, las medidas tomadas al respecto y justificarlas con copia certificada de las constancias que correspondan. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Así mismo, se hace de su conocimiento que la violación de este mandamiento constituye la comisión de un delito federal, conforme al artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el inicio del proceso penal correspondiente en su contra. ADMISIÓN. Por otra parte, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 fracciones I, VII, X y XV de la Constitución Federal; 1 fracción I, 37, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Israel Calva Corro, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos directos Gabriela González Ortega y José Benito Morales Torres, contra el acto reclamado atribuido al 1. Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla. VISTA MINISTERIAL. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; enviándole para tal efecto copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. También se informa la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, puede mandar su informe vía fax. En el entendido que de remitido vía correo electrónico o fax, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria; ello, de no tener pruebas que ofrecer para acreditar el acto reclamado, o alguna causa de sobreseimiento. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad responsable que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a la autoridad responsable que al rendir su informe no podrá variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias, para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de que se niegue a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a ordenar la apertura del incidente de suspensión solicitado por el promovente, toda vez que los efectos de la suspensión de plano decretada en este acuerdo, abarcan aquéllos que, en su caso, se decretarían con el trámite de la medida cautelar solicitada. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. Ahora bien, en razón de que el promovente Israel Calva Corro, se ostenta como defensor particular de los quejosos directos Gabriela González Ortega y José Benito Morales Torres dentro de la causa penal 665/2018, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese comedidamente a la autoridad no responsable Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla para que, a la brevedad posible, remita a este órgano jurisdiccional la certificación correspondiente en la que conste la personalidad con la que se ostenta Israel Calva Corro, esto es, que se trata del defensor particular de los mencionados quejosos dentro la referida causa. Hágase del conocimiento del promovente que, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 14 de la Ley Reglamentaria, si éste carece del carácter con el que se ostenta, este órgano jurisdiccional de amparo le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se ordenará la ratificación de la demanda a los agraviados dentro de un término de tres días y se seguirá con el procedimiento previsto en el indicado numeral. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rodolfo Omar Hernández Escobar, Norberto Calva Cano, Nancy Reyes Ramos, Massiel Sánchez Hernández, Aurora de Jesús García Flores y Angélica Margarita Vivanco Trevera, ya que después de consultar la página de internet www.cedulaprofesional.sep.gob.mx, se constató que cuentan con cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho; y, únicamente para oír y recibir notificaciones al resto de las personas señaladas, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Atendiendo su solicitud de la parte quejosa, en el sentido de que se autorice hacer uso de los medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos, se acuerda procedente dicha petición, atendiendo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. " "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."" SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada, entre ellos, los datos personales del quejoso como lo solicitó. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información; por tanto, no corresponde al peticionario de amparo oponerse a que algunas constancias se tengan como reservadas, como lo solicitó en su escrito de demanda. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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