Gabriela Asuncion Sandoval Flores

Expediente 372/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
372/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Asuncion Sandoval Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Intégrese a sus autos el oficio signado por la 1. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, y, visto su contenido, téngasele acusando recibo del registro de audio y video de la audiencia celebrada en la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO de su estadística; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Cúmplase.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, trece de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No es obstáculo para lo anterior, que no obre el acuse de recibo del oficio enviado para notificar la referida resolución a la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero, en razón que carecen de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos, dado que se negó el amparo y protección de la justicia federal en este controvertido y, por ende, el sentido de la sentencia no le perjudica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, ya que resulta innecesario conservar las documental que la autoridad responsable Jueza de Jueza de Oralidad penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla, remitiera como justificación de su informe, consistente en el registro de audio y video de la audiencia celebrada en la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO de su estadística, que obra agregado en un sobre amarillo a foja noventa y seis de autos, se ordena su devolución previa constancia de su desglose, y, requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo del mismo, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese vía electrónica al quejoso por conducto de sus autorizados procesales; mediante oficio a la autoridad responsable, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    24/05/2022 V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 372/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido la quejosa Gabriela Asunción Sandoval Flores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siete siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gabriela Asunción Sandoval Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridades y el acto siguiente: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene el carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (.) IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 15 de marzo de 2022, relativa a la audiencia de control judicial previo, dictada dentro de la Carpeta Judicial Administrativa número 20/2021/CJP/ATLIXCO, merced de la cual, la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, niega ordenar al Agente del Ministerio Público, realicen (sic) diversos actos de investigación que solicitó la víctima (aquí quejosa), tendientes a establecer la existencia que se cometió en agravio de la suscrita quejosa, la comisión del hecho que la ley señala como delito de FRAUDE y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron, lo que dio origen a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021. No omito manifestar, que la suscrita quejosa tuve conocimiento de este acto, el día 15 de marzo de 2022." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, apartado "A", fracción I, "C", fracción II y 21 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós (fojas 19 a 25), se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al que en surtiera efectos la notificación de dicho proveído, precisara el domicilio de los terceros interesados y manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 19 a 25); previo desahogo de la prevención, en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 41 a 46), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, sin que se formara incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicitó; y, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 57). TERCERO. Parte tercera interesada. Obra en autos el emplazamiento de los terceros interesados: Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, Melanie Meza Rosales (fojas 139 a 141); y, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero (fojas 142 a 144). Además, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se dejó de tener como terceros interesados a Héctor Cordero Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez (fojas 98 a 100). CUARTO. Cita para audiencia. En el aludido proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós (foja 41 reverso), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa reclama: -De la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga: -La determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga. Aceptó. 60. La citada autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, en especial, la audiencia correspondiente al dictado de la resolución reclamada, contenida en un disco versátil digital (DVD) y en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la en la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO (fojas 61 reverso a 96); las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial de la que deriva la resolución reclamada, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene el carácter de ofendida en el procedimiento penal de origen. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. En la especie, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta autoridad no advierte, de oficio, que se actualice alguna. SEXTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado -resolución del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. La resolución reclamada se notificó personalmente a la quejosa en la audiencia en que fue pronunciada; esto es, el quince de marzo de dos mil veintidós; esa notificación surtió efectos el dieciséis de marzo de mismo año, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo transcurrió del diecisiete de marzo al siete de abril de dos mil veintidós, previo descuento de los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de marzo, dos y tres de abril, todo de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos y el veintiuno de marzo del año en curso, por ser inhábil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó, de forma física, el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." SÉPTIMO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se estima pertinente realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por la juez de control responsable: 1. Por escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, Gabriela Asunción Sandoval Flores, interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, de pronunciarse en relación a su escrito de ocho de septiembre de mil veintiuno, en el que solicitó diversos actos de investigación dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude (fojas 63 y 64). 2. En acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 62), el juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, radicó la petición aludida, bajo la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, y previno a la ocursante para que exhibiera el acuse de recibo de su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, presentado ante el fiscal investigador. 3. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Gabriela Asunción Sandoval Flores, exhibió la documental que le fue requerida (67 a 72), por lo que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a Hugo Jesús Ávila García, asesor jurídico de la ofendida aquí quejosa, para que aceptara y protestara el cargo conferido; además, se ordenó dar vista a los agentes del Ministerio Público Melanie Meza Rosales, Dante Dagoberto Sánchez y Salvador Nava Pérez, con el escrito de ocho de septiembre de mil veintiuno, en el que se solicitaron diversos actos de investigación por parte de la peticionaria (foja 66). 4. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 77), se tuvo a la agente del Ministerio Público Melanie Meza Rosales, desahogando la vista señalada en el punto que antecede. 5. En acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós (foja 81), el juez de control señaló las once horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia respectiva. 6. El quince de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de impugnación dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, a la que comparecieron el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero, la ofendida Gabriela Asunción Sandoval Flores y su asesor jurídico Hugo Jesús Ávila García; en la misma fecha, la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, resolvió el medio de impugnación y determinó declarar improcedente la solicitud de la promovente (foja 94). La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; audiencia que se desarrolló de la siguiente manera: (00:00:00 DVD) "Auxiliar de sala: Buenos días, su atención por favor, inicia grabación, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del día quince de marzo del dos mil veintidós, nos encontramos presentes en sala número uno de audiencias de Oralidad Penal de Ejecución de la Región Juridicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, a efecto de celebrar audiencia de videoconferencia de la causa 20/2021/CJP/ATLIXCO, la cual será presidida por la abogada Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Control esta Región Judicial, se les informa a los asistentes que deberán guardar silencio, respeto y decoro, apercibidos de que en caso de no hacerlo la jueza podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expuesto lo anterior solicito a los intervinientes poner la debida atención durante la audiencia. Jueza: Con los datos indicados por la encargada de sala, se apertura esta audiencia, quién comparece, Ministerio Público? Ministerio Público: Buenos días, licenciado José Martín Ramírez Romero, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Atlixco, con datos ya proporcionados a la encargada de esta sala. Jueza: Gracias, Asesor jurídico? Asesor jurídico: Su señoría muy buenos días, licenciado en derecho Hugo Jesús Ávila García, en su calidad de asesor jurídico con datos ya proporcionados de identificación a la auxiliar de esta sala, gracias. Jueza: Gracias, nombre por favor, buenos días. Ofendida: Buenos días, Gabriela Asunción Sandoval Flores, para servirle. Jueza: Gracias, en primer término hago de conocimiento a las partes que la presente audiencia se desahoga privilegiando el uso de medios tecnológicos específicamente el de videoconferencia en tiempo real y en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo como acción tendiente a fin de evitar o limitar la propagación del virus COVID 19 y dar seguimiento así a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el Poder Ejecutivo. Precisado lo anterior, Gabriela, señora Gabriela momentos previos a esta audiencia le fueron tomados diversos datos generales, le pregunto si estos datos generales es su deseo proporcionarlos de manera pública en esta audiencia o bien que los mismos sean tratados de forma privada, cómo prefiere usted dar estos datos? Ofendida: De forma privada, de forma privada. Jueza: Privada dijo? Perdón, gracias, uno de es. así también le pregunto si tiene conocimiento de los derechos que le asisten en calidad de ofendida? Ofendida: Sí. Jueza: Gracias, tiene alguna duda respecto de estos derechos? Ofendida: Ah no, ninguna. Jueza: Gracias, uno de estos derechos que le asisten es designar en cualquier etapa del procedimiento un asesor jurídico que la represente, para efecto de salvaguardar este derecho, le pregunto si es su deseo designar a la abogada, al abogado que se encuentra a su lado como su asesor jurídico? Ofendida: Sí, sí es mi decisión que él sea mi abogado. Jueza. Gracias. Ofendida: Bueno mi asesor. Jueza. Abogado Hugo Jesús, acepta y protesta el cargo conferido en su favor? Asesor jurídico: Señoría, en este momento acepto y protesto el cargo. Jueza: Perdón, voy a tener que verificar un momento por favor, se puede usted acercar al micrófono y me puede repetir? Asesor jurídico: Señoría este asesor jurídico acepta y protesta el cargo, es cuanto. Jueza: Ah gracias, gracias, si fue cuestión de distancia únicamente, en consecuencia se tiene a Gabriela Asunción Sandoval Flores en calidad de víctima, ejerciendo su derecho de elección de asesor jurídico a favor del abogado Hugo Jesús Ávila García, quien en este momento ha aceptado y protestado el cargo con las obligaciones inherentes previstas en la ley, para efecto de verificar que cuenta con documento idóneo para ejercer tal profesión, pregunto encargada de sala, ha verificado el registro de su cédula profesional? Auxiliar de sala: Así es su señoría, fue verificada la cédula profesional del abogado Hugo Jesús Ávila García, la cual cuenta con la. 09132263 misma que fue verificada en la página de Registro Nacional de Profesionistas y lo acredita como licenciado en derecho, es cuanto. Jueza: Verificado lo anterior, tomando en consideración el motivo que hoy nos convoca lo fue a solicitud de Gabriela Asunción Sandoval Flores, a través de su asesor jurídico Hugo Jesús Ávila García, para efecto de que eh tenga verificativo audiencia en donde se resuelva lo procedente a su queja en contra de la omisión realizada por la representación social, en virtud de que indicó, éste fue omiso en pronunciarse al requerimiento hecho por esta juzgadora en diverso proveído, en proveído de fecha, por diverso juzgador, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, así también hace valer precisamente su medio de impugnación que fundamenta en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente respecto a las omisiones e inactividad en la carpeta de investigación con número de terminación 6267/2021/ATLIX, en virtud de lo anterior, le cedo el uso de la voz al asesor jurídico, para efecto de que exponga este este recurso. Asesor jurídico: Gracias, su señoría, a fin de contextualizar lo referente a la solicitud planteada narro a continuación los siguientes antecedentes, orígenes de la carpeta de investigación: en fecha veinte de diciembre del dos mil diecinueve, se presentó denuncia ante la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra Xóchitl Pedraza Martínez, Héctor Cordero Pedraza y Jesús Villa Guerrero, por el delito de fraude, misma que fuera ratificada en fecha uno de marzo del dos mil veinte; en fecha tres de abril de dos mil veinte, la carpeta de investigación fue turnada a la unidad de mecanismos alternativos asignándole el expediente número 862020/ATLIXCO/CEMASC; en fecha quince de abril de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes, lo es como el solicitante Gabriela Sandoval Flores y las personas Xóchitl Pedraza Martínez, Héctor Cordero Pedraza, a fin de celebrar una mediación, a la cual no comparecieron los señores Xóchitl Pedraza Martínez y Héctor Cordero Pedraza; en fecha veinticinco de abril de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes por parte de la peticionaria de esta audiencia a la cual se citó a las mismas personas y no comparecieron a la audiencia; en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes anteriormente mencionadas a fin de celebrar una mediación a la cual no comparecieron los señores, sin embargo, acudieron, hago una corrección, si acudieron realizando la manifestación de que no era voluntad continuar con mecanismos alternativos, por lo que remiten las constancias al agente del Ministerio Público en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte; en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se nombró el de la voz como asesor jurídico, su servidor Hugo Jesús Ávila García, y en fecha trece de julio del dos mil veintiuno, se realizó aclaración y ampliación de denuncia en contra de quienes resulten autores materiales, coautores, inductores, cómplices auxiliadores, previos, simultáneos o posteriores en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de fraude y asociación delictuosa; todo lo anteriormente mencionado, tiene los antecedentes en lo siguiente: En fecha julio de dos mil dieciocho, la víctima, por un anuncio que vio en un vehículo de transporte sobre una venta, se comunicó al teléfono en donde le contesto el señor Héctor Cordero Pedraza, informándole que el costo de la unidad era por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), esta unidad era un, es un transporte mercantil, una camioneta de la marca de tipo Toyota. En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se celebró un contrato de compraventa con el señor Jesús Villa Guerrero, estando presentes los señores Héctor Cordero Pedraza, Jezuri Villa Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez formalizando el contrato de compraventa con mi asesorada del vehículo de la marca Toyota, modelo dos mil quince, con placas de circulación, así como la concesión número 29436 de la ruta colonia Tlamapa Mercado de la Flor Campus BUAP, por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), en el momento de la compraventa entregaron la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos), en ese momento le entregaron el vehículo, pero no los documentos y en ese mismo momento Xóchitl Pedraza Martínez, le ofreció otra unidad y otra concesión de número 28396 y el vehículo que le ofreció tenía las placas de circulación 7522SSH, como le dije que no tenía dinero, ésta me dijo que si no tenía una casa, ya que era urgente vender las dos, si quiere le tomo como pago de casa, como pago su casa por la otra concesión, la cual, la vieron la tercer semana del mes julio del dos mil diecinueve y como resultado de esta operación, se tomó posesión en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de la casa ubicada en el lote número 9, de la barranca cerril del municipio Tianguismanalco, Puebla, posterior a ello como la indiciada Xóchitl Pedraza Martínez. Jueza: Perdón, este abogado se puede perdón, abogado, se puede acercar un poco más al micrófono y nos puede repetir el dato de la ubicación del inmueble, el último que dio de favor, gracias. Asesor jurídico: Tomó posesión de la casa ubicada como lote número 9, de la barranca cerril, Atotonilco en el municipio de Tianguismanalco, Puebla. Jueza: Gracias. Asesor jurídico: Muy bien, como la indiciada no entregaba la unidad de número económico 7 y placas de circulación 7522SSH del Estado de Puebla y como su esposo de ésta el extinto Jesús Villa Guerrero, no realizaba los trámites para la cesión de los derechos de las concesiones 24436 y 28396 de la ruta 16, mi representada le pidió a Xóchitl, que le entregara la unidad pero Xóchitl, le pidió más dinero y le abonaron $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos), y como dijo que no tenía certeza de que le firmara la escritura de la casa de la cual ya había tomado posesión, le pidió le firmara un pagare por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), como mi representada ya estaba desesperada, porque no le entregaban la concesión, ni los vehículos, accedió a firmar el pagare a la señora Xóchitl. En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, le informó Xóchitl que le entregaría la unidad en la plaza Atlixco y en el momento en que se entrevistaron ese día, la señora Xóchitl llego acompañada de un abogado quien manifestó llamarse Abraham Tadeo Reyes, quien dijo que debían firmar una acta de entrega posesión de la casa objeto de la permuta, que era último requisito para que le entregaran la unidad con número económico 7, en ese momento les presentó otro documento el abogado que también debían firmar, se trataba de un contrato de compraventa objeto de la permuta con un valor de $500,000.00 (quinientos mil pesos) y como mi representada estaba desesperada porque el dinero pertenece a su hijo Leonel, el cual se encuentra en los Estados Unidos, firmó y le dijo que ya le diera la unidad, a lo que respondió mañana vaya con su chofer y también le dijo deme el pagare, ya le firmé los otros documentos, Xóchitl le dijo el pagare lo tiene mi hijo Héctor Cordero Pedraza, porque él se encarga de esas cosas, después de que me firme la escritura a mi favor, se lo entregare, mi esposo de nombre Rodolfo se inconformó, porque el contrato decía compraventa y no permuta, en ese momento el abogado Abraham me dijo que no importaba que él era testigo de que la venta era por la concesión y que la casa la estaba pagando, en ese momento también mi representada le dijo a Xóchitl y a Abraham que cuál era el motivo por el cual se estaba realizando de esa manera, manifestando que era para que la señora Xóchitl no pagara muchos impuestos y que hasta ese momento ya había pagado en efectivo y en especie más de dos millones de pesos y no le habían entregado la unidad, ahora el señor Héctor le pide como garantía otra casa que está en el mismo lote y además le pide $380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos), por lo que en el mes de octubre de dos mil diecinueve, mi representada se enteró de que el señor Jesús Villa Guerreo, había fallecido, por tal motivo ya no le firmaron la cesión de los derechos de las concesiones y de los vehículos, toda vez que Héctor, Xóchitl y Jezuri, no terminaron con dicho trámite, posterior a la muerte de Jesús Villa Pedraza, mi representada se trasladó a la empresa de autotransportes Acapetlahuacan, en donde le manifestaron que el señor el cual en vida respondía al nombre de Jesús Villa Guerreo, no tenía facultad y no podía vender dichas concesiones, toda vez que las concesiones pertenecían a la empresa de autotransportes Acapetlahuacan, dando un informe en donde manifiestan que el señor, si bien es cierto en algún momento fue presidente de la sociedad, también lo es que no estaba facultado para realizar dicha venta, por lo cual mi representada fue defraudada, toda vez de que la persona que le vendió las concesiones, como las camionetas, no era el propietario. Posteriormente a lo antes manifestado, en fecha ocho de septiembre dos mil veintiuno, se solicitaron actos de investigación a fin de aclarar y ampliar la denuncia que se formuló por la suscrita, que se concluye que los señores Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, de común acuerdo defraudaron a la suscrita, por lo cual se propusieron los siguientes actos de investigación, el primer acto de investigación consistente en que realice por si u ordene al agente estatal de investigación que para tal efecto se designe, entreviste a los señores Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, personas con las cuales la suscrita víctima, tuve diversos tratos relacionados con la compraventa de los vehículos y concesiones descritos anteriormente, dicha entrevista consistirá en requerirles a las personas anteriormente mencionadas, proporcionen tantos cuántos números telefónicos celulares han tenido, a partir del mes agosto del dos mil dieciocho a la fecha, independientemente de los números telefónicos que proporcionaron al momento de su comparecencia ante esta autoridad; no omito manifestar a usted agente del Ministerio Público, que el hecho de que haya fallecido Jesús Villa Guerrero, el cual pudiera tener el carácter de autor material, no es impedimento para que se ejercite acción penal en contra de los partícipes. Bajo ese contexto, a continuación, manifiesto los nombres y domicilios de las personas, que solicito sean entrevistadas: El señor Héctor Cordero Pedraza, puede ser citado o entrevistado en el domicilio ubicado en la calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo, de Atlixco Puebla, también puede ser citado en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo, en Puebla, Puebla. La señora Xóchitl Pedraza Martínez, puede ser citada y entrevistada en el domicilio ubicado en la calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo de Atlixco, Puebla y también puede ser citada en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo en Puebla, Puebla, así como también en el domicilio Escuela Primaria Defensores de la Republica, número 1863, ubicado en el barrio de San Pedro Mexicaltzingo. La señora Jezuri Villa Pedraza, puede ser citada o entrevistada en el domicilio ubicado en calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo, de Atlixco Puebla y también puede ser citada en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo en Puebla, Puebla. El señor Abraham Tadeo Reyes, puede ser citado o entrevistado en el domicilio ubicado en la calle 15 Oriente, número 4 de la colonia Álvaro Obregón, en Atlixco, Puebla. Lo anterior con la finalidad de que se recabe la entrevista a los anteriormente mencionados en relación a los hechos que se investigan en la carpeta de investigación en merito, con independencia de la información que se desprenda de las entrevistas realizadas anteriormente señalados, solicito a usted agente del Ministerio Público instruya al agente estatal de investigación designado que formule a los indiciados las siguientes preguntas: ¿Que diga cuantos teléfonos celulares ocupa en sus actividades personales y laborales? ¿Que proporcionen los números de teléfonos celulares que ocupa en sus actividades personales y laborales? ¿Que diga cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuaca, Sociedad Anónima de Capital Variable? Hecho que sea lo anterior, solicito a usted Agente del Ministerio Público, que a su vez que a su vez, en términos de los artículos 189 y 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicite al juez de control de técnicas de investigación en turno adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva la información referente al desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionen las personas señaladas líneas arriba, así como también el desglose de registros de los datos conservados de los siguientes número telefónicos: 22 21 10 09 33, en este número de conformidad a las constancias que obran en la carpeta de investigación, corresponde a Xóchitl Pedraza Martínez. 24 41 48 19 79, en este número de conformidad a las constancias que obran en la carpeta de investigación, corresponde a Héctor Cordero Pedraza. 22 26 13 54 96, este número de conformidad a los datos que establecen son de Abraham Tadeo Reyes. Y por último 24 41 25 62 52 este número corresponde a la peticionaria de la presente audiencia. Este acto de investigación, es pertinente e idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación que nos ocupa por las siguientes razones de índole lógico jurídico a saber, es pertinente porque tiene relación con la aclaración y ampliación de denuncia que realizó la suscrita víctima por escrito de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, es idónea porque de la información que se obtenga de este acto de investigación se aportarán datos que conducirán a esta autoridad ministerial a saber y determinar quién o quiénes intervinieron en el hecho delictivo que dio origen a la causa penal que nos ocupa, así como su forma de participación. Segundo acto de investigación. Se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe a esta autoridad ministerial, lo siguiente: Los movimientos que se realizaron en la cuenta Banco Mercantil del Norte, cuya titular de la cuenta a Gabriela Sandoval Flores, con número de cuenta 0273106344, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Los movimientos que se realizaron en la cuenta BanCoppel, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, cuya titular de la cuenta es Gabriela Sandoval Flores, con número de cuenta 10091078703, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, este acto de investigación. Jueza: Asesor jurídico lo anterior cuenta que usted mencionó a quién pertenece, me puede repetir? Asesor jurídico: A la señora Gabriela Asunción Sandoval Flores. Jueza: Había indicado otra cuenta anteriormente? Asesor jurídico: Sí su señoría Jueza: Es de la señora Gabriela. Asesor jurídico: Así es, la primera es de la señora Gabriela, es por banco el Banco Mercantil del Norte o BANORTE y la segunda es por parte de BanCoppel, Institución de Banca Múltiple, los números de cuenta y movimientos de cuenta que existen. Jueza. Adelante. Asesor jurídico: Los números de cuentas y movimientos que existen a nombre de Jezuri Villa Pedraza, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, este acto de investigación es pertinente e idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación que nos ocupa por las siguientes razones de índole lógico jurídico a saber, es pertinente porque tiene relación con la aclaración y ampliación de denuncia que realizó la suscrita víctima mediante escrito de fecha trece de julio de dos mil veintiuno. Es idónea porque de la información que aporten este acto de investigación, permitirá establecer las cantidades de dinero que transferí a estas personas con motivo de la compraventa de los vehículos y concesiones que narro en mi escrito de aclaración y ampliación de denuncia, independientemente de las cantidades de numerario que les entregue en efectivo y especie. Señoría lo anteriormente manifestado fue promovido por mi representada en fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, a su vez se solicitó se ejerciera control judicial previo porque en ese momento no había dado respuesta por parte del Ministerio Público, es cuanto su señoría. Jueza: Porque no había dado respuesta, es correcto? Asesor jurídico: Así es, hasta ese momento. Jueza: Agente del Ministerio Público. Ministerio Público. Sí señoría. Jueza. Agente del Ministerio Público su manifestación. Ministerio público. Sí, con respecto a lo manifestado por el asesor jurídico respecto a la petición que hizo de actos de investigación el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, eh y contestando el requerimiento que hizo este tribunal, la homologa licenciada Melanie Meza Rosales con fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, hizo contestación respecto del requerimiento a la petición que había solicitado el asesor y se presentó dicha promoción con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, es verdad que se contestó en el sentido de que tanto en su escrito inicial, como en su escrito de ampliación, había mencionado que falleció el señor Jesús Villa Guerrero, enterándose de ello en el mes de octubre de dos mil veinte, es no de dos mil diecinueve, porque su primera querella la presenta en el mes de diciembre de dos mil diecinueve y se ratifica hasta el mes de abril de dos mil veinte, es por ello que la licenciada Melanie argumentó en esa promoción que los datos de prueba propuestos por el asesor jurídico eran sobreabundantes y si en cambio había ordenado girar oficio al registro civil de este municipio de Atlixco, para verificar si tenían registro del fallecimiento del señor Jesús Villa Guerrero, que es la persona que suscribe el contrato de compraventa respecto del primer vehículo que menciona el agraviada en su escrito inicial y al que ha hecho referencia el asesor jurídico este, como se llama, se interesaron cuando se suscribe ese contrato, es cuando la señora Xóchitl Pedraza Martínez, madre de Héctor Cordero Pedraza que es el contactan para el primer vehículo, le ofrece otro vehículo con concesión y derivado de ello, como lo ha manifestado el asesor jurídico, hay una, un contrato de compraventa de ese vehículo, pero no se menciona en el contrato que haya sido una permuta, eso ya lo hace mención en su aclaración de ampliación, ya con el asesoramiento del actual abogado y menciona que se suscribió un pagaré por $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), que tampoco se menciona en ese contrato, por eso con el ánimo de integrar la presente carpeta de investigación, porque su servidor ha sido comisionado a esta unidad de Atlixco en el mes de enero y conociendo el tema, me llamó la atención que en su escrito donde hace alusión con fecha ocho de septiembre, actos de investigación dentro de ellos que el teléfono que proporciona de Abraham Tadeo Reyes, emane en un escrito de un juicio ejecutivo mercantil, es como su servidor le solicitó a la querellante presentara, si perdón, que informara si había sido ella demandada en un juicio ejecutivo mercantil, porqué, porque en su narración habla que del primer vehículo que se lo venden en $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), ella ofreció $300,000.00 (trescientos mil pesos), y suscribió dos pagares uno de $500.00 (quinientos) y otro de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), para completar los $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), que se pedían por el vehículo y la concesión, y del pagare que habla de la segunda operación del otro vehículo, que a pesar de que se suscribe un contrato de compraventa, pero no se menciona permuta, la agraviada habla de una pre-escritura y que según comenta la señora Xóchitl Pedraza Martínez, no le tenía la confianza de que le fuera a firmar en escritura pública, por eso es que no sabía esta representación social a qué juicio ejecutivo mercantil se refería, por ello es que se obtuvo entrevista de la víctima ofreciendo esta, eh copias de un auto de inicio y contestación de demanda a un juicio ejecutivo mercantil 173/2021 del Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Atlixco, por tanto se está promoviendo por parte de la señora Xóchitl Pedraza Martínez y nombra como su abogado al licenciado Abraham Tadeo Reyes, entre otros que es la persona que firma en el contrato de compraventa de la casa como testigo, al tener esta información sí, es por lo que se le solicitó mediante oficio que esta representación social acordó el día catorce de marzo del dos mil veintiuno, informara a representación social si existe algún bien mueble o inmueble embargado de dicho juicio por la presunción que tiene esta representación social que a la firma o no demandar el cumplimiento de contrato que ya tiene suscrito, pretenda hacerlo mediante un juicio ejecutivo mercantil de un pagare de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), así también todo esto señoría lo tiene conocimiento el asesor jurídico, en el segundo punto se habló en la entrevista que la señora tiene el primer vehículo trabajando en la ruta número 16 de la cual obra en la carpeta de investigación ya información por parte del representante legal de Autotransportes Acapetlahuacan, S.A DE C.V. de la que a lo que se le pidió, informó que las dos concesiones son propiedad de esa, de su representada y que efectivamente fungió como presidente de esa persona moral el señor Jesús Villa Guerrero, se tiene el acta constitutiva del cual tiene 19% de acciones, lo cual no aclara si esas acciones están sustentadas en las concesiones que tienen para el manejo de sus vehículos, dentro de las personas que señala como probables responsables el que suscribió la compra de la primera, eh el primer vehículo como vendedor es Jesús Villa Guerrero y a pesar de que tiene información el representante legal de esta persona moral que este vendió, no ha hecho ninguna querella al respecto y sin en cambio la víctima tiene, ese vehículo trabajando con dicha concesión, por lo que con el ánimo de aclarar a título de qué, si esta mencionando que tampoco su querellada Xóchitl hizo las gestiones administrativas, es por lo que se giró también oficio a dicha autoridad para aclarar este punto y también se le solicitó exhibiera el contrato de pre-escritura al que hace referencia, el contrato de venta que habla de una permuta, porque no se ha ofrecido, ni se tiene datos del registro público, si se tiene registrado del que hablado el asesor se encuentra pagando, y por último se da contestación a los actos de investigación solicitados por la por el asesor jurídico y por la querellante de fecha ocho de septiembre por las siguientes razones: Asimismo, en su escrito de fecha ocho de septiembre en virtud de su ampliación de denuncia que realizó por escrito nombrando como su asesor jurídico al licenciado Hugo Jesús Ávila García y mediante el cual solicita actos de investigación, entre ellos las entrevistas de sus denunciados, se contesta que debido a la circunstancia de que los señala como imputados o personas con un carácter ya de comisión de participación, se atentaría contra su derecho de presunción de inocencia y además de que tienen un derecho de no auto incriminarse, es por ello que no se accedía a la petición solicitada. En cuanto a la segunda petición, hace mención que es titular de dos cuentas bancarias de las que proporciona los números de cuenta y la institución, refiriendo que se pida información a través de la Comisión Nacional Bancaria, respecto de los movimientos del año dos mil dieciocho a dos mil diecinueve, para ver si allí hay algunas transferencias que se han hecho a dos de sus querellados, sin embargo, debo decir señoría que desde el escrito inicial de querella como de la ampliación e incluso de la entrevista que esta representación social le tomó el día ocho de marzo cuando exhibió las documentales relativas al juicio ejecutivo mercantil, se conduce de que ya pagó y que ha aportado datos de prueba documental respecto a recibos, pero nunca se ha mencionado que se haya hecho transferencias bancarias de su cuenta a la cuenta de los querellados, es por ello que con base en ello, es impertinente acceder a esa petición sin obstaculizar el derecho que le asiste para ofrecer pruebas, ya que si es la titular de las cuentas puede solicitarlo de manera particular a través de su asesor jurídico y verificar si de ellas existen o no esas transferencias, para aportarlos como datos de prueba en términos del artículo 216 y 262, por eso es que se le manifiesta en ese sentido no acceder a su petición señoría, pero todo esto con el ánimo de si acceder esta representación social teniendo comprensión respecto del hecho, el hecho que nos ocupa porque el día ocho de marzo del año en curso, la víctima se a duele de que hizo dos operaciones de venta de compra de vehículos con concesión, respecto del primero dice ya pagó y se encuentra trabajando con la concesión a sabiendas de que en mi carpeta de investigación tengo información de que no es propiedad del señor Jesús Villa Guerrero y, sin embargo, está trabajando con ella, respecto del segundo vehículo que dice nunca se le entregó físicamente, se está pidiendo la información a través del representante legal de esa persona moral, para saber si físicamente se cuenta con ese vehículo para realizar una inspección, así como también si no lo está, si tiene conocimiento de dónde se encuentra porque la concesión se tiene para esa unidad con número económico 7 a la que se ha referido en la querella la agraviada y en esta audiencia el asesor jurídico; y, en cuanto al juicio ejecutivo mercantil, la información de saber si se tiene un embargo de un bien mueble o raíz, puesto que asumo que pudiera haberse generado un embargo respecto del primer vehículo con el ánimo de obtener un lucro la persona que está, la señora Xóchitl o dentro de ese bien inmueble que se vende, pero yo no tengo datos de registro para solicitarlo por cuenta propia, es por ello que considero su señoría, que por cuanto a los actos de investigación solicitados y que fueron materia de esta audiencia, esta representación social ya dio cumplimiento y si no estuviese de acuerdo el asesor jurídico, ya sería materia de otra audiencia de control, si así lo considere pertinente, por es, yo continuare haciendo la investigación para el esclarecimiento de los hechos y cuando tenga yo reunidos datos de prueba suficientes, solicitare lo que en derecho proceda señoría, es cuanto. Jueza: Asesor jurídico, algo que manifestar? Asesor jurídico: No su señoría. Jueza: Perdón? Asesor jurídico: No su señoría. Jueza. Un momento, por favor. (00:44:34 DVD) Jueza. Con información suficiente, esta juzgadora resuelve en términos de lo que dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte de la solicitud del asesor jurídico quien actúa en representación de Gabriela Asunción Sandoval Flores, quien tiene calidad de víctima en la carpeta de investigación con número de terminación 006267/2021/ATLIXCO, esta que ha indicado la representación social aquí presente, ya se encuentra a su cargo la dirección de dicha investigación, se advierte que este hace valer el recurso que al efecto prevé nuestro, el numeral 258 del código instrumental aplicado, ello en virtud de que impugna o invoca, controvierte omisiones realizadas por parte del agente del Ministerio Público, bueno de acuerdo al debate que ha propuesto las partes se advierte que bueno hasta este momento, hasta el momento de que se promovió dicho control provisional preventivo, perdón dicho control judicial previo, se advierte que se refería precisamente a la omisión de dar contesta de hacerse cargo de agotar de recabar diversos actos de investigación, ello para efecto de estar en posibilidad de invocarlos como datos de prueba, de acuerdo a lo que refiere el asesor jurídico, en ese sentido se debe hacer precisión que las facultades de este órgano de control, al evaluar la legalidad de una determinación del agente del Ministerio Público, respecto a su actuar en la audiencia que se refiere dicho numeral 258 adjetivo, se limitan a validar o no las razones el fiscal emitidas precisamente en estas determinaciones, en sus resoluciones para efecto de que ha considerado la pertinencia o idoneidad o la falta o que se adolece de la pertinencia o idoneidad de los actos de investigación que han sido propuestos por el asesor jurídico, ello no implica una revisión oficiosa, pues esta determinación, esta resolución primero, resalto está limitada por los agravios que expresa por su parte la ofendida a través o la víctima a través de su asesor jurídico en esta audiencia, por otra parte esta juzgadora está impedida para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza alguna causa diversa a ello para efecto de sustentar la resolución, del agente del Ministerio Público o variar bien aquella, aquellos motivos y fundamentos en los que se apoyó el agente del Ministerio Público, ello en virtud de que a este órgano de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia del agente del Ministerio Público, por ello, esta resolución de este órgano jurisdiccional está acotada por las razones que la representación social tiene o lleva a cabo precisamente para determinar esta, continuar con la dirección de esta investigación, sin extenderse más allá, esto se debe hacer insisto con base en los agravios que ha argumentado o que ha invocado el asesor jurídico en representación de la víctima, ello es así, en virtud de que de no hacerlo de esta manera implicaría invadir las facultades procesales propias de la representación social, se ha hecho referencia que precisamente se ha impugnado omisiones del agente del Ministerio Público, que para esta fecha se ha advertido, ya se ha hecho diversa representante social, para efecto de dar contestación a aquellos actos de investigación que solicitó el asesor jurídico en representación de la señora Gabriela, no se ha referido, se ha hecho valer por parte de los intervinientes en esta audiencia, pues específicamente son dirigidos a recabar entrevistas de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, se ha señalado, ya ha proporcionado los domicilios en los que estos debieran ser citados, además se precisó cuál sería el objeto de dichas entrevistas, es decir, que sería cuestionar a estos ¿Cuántos teléfonos celulares ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué proporcionen debidamente los números de teléfonos celulares que ocupan en sus actividades personales y laborales? Así como ¿Cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuacan, Sociedad Anónima de Capital Variable? Así como, autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva la información referente al desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionen dichas personas señaladas. Finalmente, informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ello para efecto de que se tenga a bien proporcionar diversos datos relativos a las cuentas cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, cuentas propias del Banco Mercantil del Norte, S.A, BanCoppel S.A., Institución de Banca Múltiple, además se ha proporcionado los nombres de dichas fuentes bancarias. En principio, advierto ya hay un previo pronunciamiento que ha realizado el agente del Ministerio Público, la agente del Ministerio Público que en su momento se hizo cargo de ello, quien a su consideración fundó y motivó las razones y motivos, circunstancias por las cuales consideraba eran sobreabundantes estos actos de investigación, primero se hizo referencia a las razones de porque no se consideraba pertinente la citación y recabar entrevista de las personas investigadas, ello en virtud de que efectivamente se podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia que a estos les asiste, así como su derecho de no autoincriminación, es decir, así también a lo relativo a los informes de la Comisión Nacional Bancaria, se ha referido por parte de la representación social, que al ser titular precisamente la víctima del hecho, de un hecho con apariencia de delito desde el punto de vista de cualquier persona, tiene esa posibilidad de precisamente allegarse de esta información, claro a través de su asesor jurídico o con auxilio de este último, es decir, si bien es cierto por parte de la representación social, se ha referido que se indicó se realizaron diversos pagos, que además se cuenta con algunos recibos de pago, sin embargo, no se hizo referencia a ninguna transferencia respectiva, sin embargo, a consideración de esta juzgadora efectivamente al ser precisamente la víctima Gabriela Sandoval Flores la titular de dichas cuentas, pues se puede advertir efectivamente podría tener esa posibilidad de allegarse de dicha información, es decir, precisamente para efecto de justificar un acto de investigación consistente en un informe emitido por la Comisión Nacional Bancaria sobre cuentas específicas, cuentas bancarias de instituciones determinadas, instituciones que se rigen precisamente por el secreto bancario, es decir, se trata de un acto de investigación el cual se debe acreditar y justificar una necesidad en esta investigación, una necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto, ello para efecto de que un órgano de control competente, como lo es precisamente un juez de control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, bueno precisamente pues tiene esa, esa delimitación, de que se tiene que justificar una necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto de investigación y para efecto de considerarse así, pues bueno tendría también que justificarse si efectivamente la titular de dichas cuentas no se pudo allegar de esa información, ya que precisamente tiene acceso a esos movimientos, estados de cuenta, informes que en su caso podría proporcionar tanto la institución bancaria, como la misma Comisión Nacional Bancaria; por lo que hace a las entrevistas de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, efectivamente se puede advertir que en caso de que estos sean entrevistados, interrogados por parte del agente del ministerio público efectivamente se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y derecho de no autoincriminarse, ahora bien, se puede advertir que se continua con esta investigación que el mismo agente del Ministerio Público ha justificado que sigue recabado diversos informes, diversos actos propios de investigación, que en su caso podrían ser idóneos, suficientes y pertinentes, para justificar y acreditar una conducta delictiva, aquella que ha referido el asesor jurídico hasta este momento que ha indicado un fraude, un hecho que la ley señala como delito de fraude o incluso de advertir una diversa así podría determinarlo el agente del Ministerio Público pero no se advierte una negativa, unas omisiones por parte de la representación social que hubieren que exigirle o que hubiere que reprocharle en este momento, porque él ha justificado sigue allegándose de diversos actos de investigación, que en su caso podrá invocar datos de prueba, como lo ha dicho en el momento procesal oportuno, en el momento que así considere oportuno cuando cuente con suficiencia demostrativa o en su caso solicitar algo que en atención a lo que determina la ley o bien un medio de conducción respecto de estas personas investigadas y cuando cuente precisamente con esos requisitos que en efecto determina nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales; no se advierte como lo he referido insisto una negativa o una omisión por parte del agente del Ministerio Público, pospuesto que se desprende una, la obligación que tiene la representación social que tiene de dirigir la investigación de los hechos que pudieran, en su caso fueron motivo de la querella emitida por parte de la solicitante Gabriela Asunción Sandoval Flores presente en esta audiencia; así también en su intervención el agente del ministerio público ha mencionado que a su criterio, pues no se advierten estos actos de investigación recabar las entrevistas de las personas investigadas, los informes de la Institución Nacional Bancaria y en consecuencia la intervención de comunicaciones que además dicho sea de paso, se indicó que sería esta respecto de lo teléfonos que proporcionen las personas investigadas lo hoy inculpados, así como se hizo referencia de algunos números telefónicos que ha invocado el asesor jurídico relativos a dichas personas, se advierte que el agente del Ministerio Público en su momento sí se hizo cargo de precisar las razones, motivos y fundamentos por los cuales a su consideración estos actos eran sobreabundantes, podían trasgredir algún derecho en perjuicio de los inculpados circunstancia que también es importante tomar en consideración en virtud de que en caso de tener como resultado la vulneración de algún derecho fundamental en perjuicio de los inculpados pues podría derivar en la legalidad o ilegalidad de dichos actos y en su caso pues carecerían de valor probatorio, insisto también es necesario considerar, tomar en consideración la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de los actos de investigación que se aluden, no obstante lo anterior, se recuerda al agente del Ministerio Público que su deber está en investigar los hechos, recabando aquellos actos de investigación que estime pertinentes e idóneos para efecto de justificar y acreditar la conducta delictiva, esta que es materia de la querella que fue formulada en su momento por Gabriela Sandoval Flores, ello para estar en posibilidad de poder vislumbrar la acreditación de la comisión de un hecho con apariencia de delito y que para ello es necesario allegarse de indicios y actos de investigación para resolver en consecuencia; ha indicado la representación social que se ha hecho cargo, aun continua esta actividad investigadora recabando diversos actos de investigación propios para efecto de justificar los hechos que son materia de la querella formulada por la víctima son de un tipo penal, a consideración de esta juzgadora primero, como se ha referido esta determinación esta resolución judicial, no puede variar precisamente el motivo de la petición la víctima, esta que hace valer a través de su asesor jurídico, se hizo referencia que en principio se trataba la omisión de dar contestación a la solicitud de la señora Gabriela que a la fecha, bueno el agente del Ministerio Público por otra parte ya se ha hecho cargo del referido tema, de dar contestación a esa solicitud, tampoco se advierte que de alguna manera el actuar del agente del Ministerio Público vulnere algún derecho en contravención o en perjuicio de la víctima, algún derecho que a ésta le asiste con esa calidad, ello en virtud de que efectivamente se puede verificar que el agente del Ministerio Público cumple con esa obligación de analizar los hechos y recabar aquellos actos de investigación que estima pertinentes, idóneos y suficientes, para justificar y sustentar una conducta delictiva, hasta este momento se advierte el agente del Ministerio Público se hizo cargo de dar contestación a la petición de diversos actos de investigación que fueron realizados por asesor jurídico y víctima respectivamente, sin embargo, también se puede advertir en esta audiencia, que se adolece de algún agravio que se haga valer respecto de esta contestación, es decir, en primer término se impugnó la omisión del agente del Ministerio Público para dar respuesta y contestación a una solicitud de actos de investigación motivo del expedientillo administrativo del control judicial previo que hoy nos ocupa, posteriormente se puede advertir el agente del ministerio público se ha hecho cargo de dar contestación a lo anterior, de acuerdo a su intervención; por otra parte no obstante se le dio el uso de la voz al asesor jurídico en su momento, no se desprende que este precisamente hubiese emitido agravio especifico invocando la vulneración de un derecho fundamental específico en perjuicio de la víctima relativo precisamente a ese pronunciamiento emitido por el agente del Ministerio Público, en el cual a su consideración estos actos de investigación antes citados, son sobreabundantes, pudieran generar la vulneración de un derecho fundamental en perjuicio de los investigados, no son necesarios, en virtud de que se insiste la víctima es titular de las cuentas bancarias que se han invocado, pues tendría esa posibilidad su auxiliar su asesor jurídico de allegarse de dicha información y así proporcionarla e integrarla en la carpeta de investigación y además hasta este momento no se puede advertir precisamente la pertinencia de los mismos con independencia de que insisto en esta audiencia no se escuchó, no se invocó un agravio específico o alguna vulneración de un derecho en perjuicio de la víctima, circunstancia que hasta este momento está juzgadora no advierte alguna vulneración en perjuicio de los derechos de la víctima, con esta determinación con este acuerdo emitido por parte del agente del Ministerio Público; sin embrago, ello no exime a la representación social de la obligación de realizar una investigación completa y exhaustiva de todos los hechos que son puestos en su conocimiento, así como es su deber, es su obligación allegarse de los elementos suficientes y una vez que estime que cuenta con la información suficiente agotando para ello todos los medios legales que tenga a su alcance, está en aptitud jurídica de poder realizar alguna determinación y para ello deberá realizar una investigación completa y exhaustiva, para estar en posibilidad de realizar una determinación que en su caso pueda pronunciar y que además para ello deberá fundar y motivar su resolución, esto es dando una explicación racional, argumentada y justificada del porqué realiza dicha determinación, incluso insisto a voz del agente del Ministerio Público ha indicado que sigue recabando, continuara investigando aquellos actos de investigación propios, pertinentes, suficientes para efecto de acreditar una conducta delictiva, esta que es materia de la querella que en principio fue formulada por la víctima y que además deberá continuar recabando aquellos actos de investigación que se encuentren pendientes de realización, estos que la representación social estime necesarios para efecto de emitir una determinación que deberá ser apegada a derecho de manera fundada, motivada, exhaustiva y en su caso y en caso de contar con sustento demostrativo suficiente, podrá solicitar el medio de conducción que estime correspondiente, sin que ello limite los derechos que le asisten a la víctima y asesor jurídico de solicitar aquellos actos de investigación se advierten pertinentes e idóneos, relativos y para justificar la conducta delictiva que fue metería de la querella formulada por parte la víctima, en virtud de lo anterior con base en los argumentos vertidos por cada una de las partes y tomando en consideración, insisto este órgano de control no puede variar la causa en que se, primero que motivó el presente control judicial previo motivó el presente control judicial previo que fue solicitado por parte de la víctima con apoyo de su asesor jurídico de que se trataba de una omisión por parte de la representación social, insisto a la presente fecha ya no existe, ya no hay una omisión que a tal efecto se pueda reprochar a la representación social, con independencia de que, reitero con el acuerdo emitido por parte de la representación social relativo a que se consideraron o que a su consideración se advierten sobreabundantes aquellos actos de investigación que fueron solicitados por la víctima que no son idóneos, pertinentes o necesarios y en su caso pudieran irrogar algún derecho fundamental en perjuicio de las personas investigadas, se advierte que esa resolución se encuentra apegada a derecho, efectivamente se hizo cargo de dar contestación a la solicitud emitida por parte de la víctima y que bueno se advierte para este momento, pareja esta audiencia que no existe una razón jurídica para efecto de dejar sin efecto aquel acuerdo que fue emitido por parte de la representación social; en consecuencia, no se accede a la solicitud de la solicitante, por parte o del asesor jurídico en este momento, por las razones enunciadas y se da por notificado a las partes de esta resolución por encontrarse presentes; pregunto si hay alguna otra solicitud? Ministerio Público: En términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita copia del audio y video de la presente audiencia, es cuanto. Jueza: Asesor? Asesor jurídico: Gracias su señoría, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito de la presente por favor copia del audio y video, es cuanto. Jueza: Gabriela, señora Gabriela Asunción, tiene alguna manifestación que realizar antes de que esta audiencia termine? Ofendida: Eh pues no, bueno todo lo que mencionó y lo que dijo pues, más que nada quien más le entiende es mi asesor jurídico, creo que está bien ahorita y como se vaya dando la situación, bueno yo me explico como yo puedo verdad, no yo no me puedo explicar cómo eh. Jueza: Claro Ofendida: Pero es ósea ahorita, tratar de entender que es lo que paso en sí y pues si algo estuvo mal que se aclare bien nada más lo que le puedo decir. Jueza. Ok, bueno señora Gabriela que con independencia de lo que le vaya a explicar su asesor jurídico le hago hincapié en que esta resolución no limita la posibilidad de usted claro entiendo que esta apoya por su asesor jurídico, no limita esa posibilidad de que usted solicite algún acto de investigación pertinente y suficiente, precisamente para continuar con la integración de la carpeta de investigación, que el agente del Ministerio Público cuente con elementos suficientes para en su caso solicitar judicialización de dicha carpeta, algún medio de conducción y así poder iniciar el procedimiento judicial, finalmente con el fundamento que han invocado las partes se autoriza expedición de contenido audiovisual de esta audiencia en los términos solicitados, se cierra esta audiencia, buenas tardes. Auxiliar de sala. Buenas tardes, siendo las trece horas del quince de marzo del dos mil veintidós, se da por concluida la videoconferencia, finaliza grabación." 7. Finalmente, cabe destacar que al rendir su informe justificado, la jueza de control responsable señaló que dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, sólo son partes la aquí quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla (foja 60 reveso); por lo que en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se dejó de tener como terceros interesados a Héctor Cordero Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez (fojas 98 a 100). OCTAVO. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la quejosa, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de la parte promovente, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Ahora bien, cabe destacar que la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, mediante resolución oral dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude. Como se vio en antecedentes, dicha carpeta de investigación tuvo su origen en la denuncia formulada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, aquí quejosa, en contra de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, por los hechos con apariencia del delito de fraude, en los que se señala que la ofendida realizó operaciones de compra venta de dos vehículos con sus concesiones de trasporte público, con los imputados, en los meses de julio de dos mil dieciocho y noviembre de dos mil diecinueve, en las que entregó como pago, diversas cantidades de dinero y una casa, y los imputados únicamente le entregaron un vehículo con su concesión, sin embargo, no le entregaron el segundo vehículo, ni le traspasaron las respectivas concesiones a la ofendida, dado que no se encontraban a nombre de quien se ostentó como su titular. Mediante solicitud planteada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, en escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (foja 68 a 72), pidió al agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, practicara los actos de investigación que a continuación se sintetizan: a) Realizara por sí u ordenara al agente Estatal de Investigación respectivo, entrevistara a los imputados Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, y les requiera que proporcionaran los números telefónicos celulares que hayan tenido a partir del mes agosto de dos mil dieciocho a la fecha de la solicitud, con independencia de los números telefónicos que hayan proporcionaron al momento de su comparecencia ante esa autoridad ministerial; además, se les formularan las siguientes preguntas: ¿Qué digan cuántos teléfonos celulares ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué proporcionen los números de teléfonos celulares que ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué digan cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuacan, Sociedad Anónima de Capital Variable? En consecuencia de lo anterior, que el agente del Misterio Público solicitara al Juez de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva, el desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionaran las personas señaladas, así como de los siguientes número telefónicos: i. 22 21 10 09 33 a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez. ii. 24 41 48 19 79 a nombre de Héctor Cordero Pedraza. iii. 22 26 13 54 96 a nombre de Abraham Tadeo Reyes. iv. 24 41 25 62 52 a nombre de Gabriela Asunción Sandoval Flores. b) Girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informara a la autoridad ministerial, lo siguiente: i. Los movimientos realizados en la cuenta 0273106344 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A, cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. ii. Los movimientos realizados en la cuenta 10091078703 de la institución bancaria Bancoppel S.A., Institución de Banca Múltiple, cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. iii. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Jezuri Villa Pedraza, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. iv. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Así, resulta oportuno señalar que la litis en el presente asunto versa sobre el análisis de lo correcto o incorrecto de la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/ATLIXCO, en la que la juez responsable confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude, los cuales, fueron solicitados por la parte quejosa en el aludido escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, la jueza de control responsable señaló, como motivos torales, para confirmar la negativa por parte del Ministerio Público de ordenar los referidos actos de investigación, los siguientes: (00:44:34 DVD) 1. Que en primer término la ofendida impugnó la omisión del Ministerio Público de dar respuesta a su escrito ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó los actos de investigación ya descritos. 2. Que el Agente del Ministerio Público se hizo cargo de contestar esa petición, en el sentido de que los actos de investigación solicitados era sobreabundantes, pues por lo que se refiere a las entrevistas de los imputados, en caso de ser interrogados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que requiere se solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que menciona. 3. Que la resolución reclamada se encontraba limitada por los agravios que expresara la parte ofendida a través de su asesor jurídico, por lo que esa resolutora se encontraba impedida para revisar oficiosamente la carpeta de investigación. 4. Que en relación al pronunciamiento por parte del agente de Ministerio Público en torno a la solicitud de la ofendida del porqué no accedió a la realización de los actos de investigación referidos, adujo que pese a que en la audiencia de control judicial previo se dio el uso de la voz al asesor jurídico, no se desprendía que hubiera emitido algún agravio específico invocando la vulneración de algún derecho fundamental de la ofendida. 5. Finalmente, la juez de control convino con el agente del Ministerio Público, al considerar que de realizarse las entrevistas de los imputados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que requería, pues dichas instituciones se rigen por el secreto bancario, por lo que en todo caso se debió acreditar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto de investigación; motivo por el cual, señaló, que no se accedía a la petición de la solicitante. Aquí, conviene destacar que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se les repare el daño; resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este contexto, el papel de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, fueron temas que, en principio, motivaron al Constituyente Permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país. Así pues, la reforma tuvo por objeto garantizar: a) el derecho fundamental a una defensa técnica; b) el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y, c) el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. En ese contexto, resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y encargados de protegerlos. La reforma judicial incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Como se advierte, los derechos de las víctimas van más allá que el sólo permitir que manifieste lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle, por lo que es necesario enfatizar que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen dichas determinaciones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En el caso particular, como se vio, la jueza responsable confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude, básicamente, porque en la audiencia de debate la ofendida, a través de su asesor jurídico, no formuló agravios contra esa determinación. Esto es, la juez responsable señaló que el asesor de la ofendida no expuso razones para controvertir la fundamentación y motivación que utilizó el agente del Ministerio Público, para no acceder a la realización de los actos de investigación que solicitó en su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, porque ni siquiera hizo uso de la voz en la audiencia cuando se le dio oportunidad expresar los agravios que le causó esa determinación. Ahora bien, la quejosa hace valer como concepto de violación, que la determinación que reclama viola en su perjuicio las garantías que se establecen en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General, dado que la responsable la dejó en estado de indefensión al no atender los planteamientos de su asesor jurídico, por lo que no se están respetando sus derechos de coadyuvancia y de acceso a la reparación del daño. El concepto de violación que hace valer la quejosa es infundado; sin que este Juzgador Federal advierta deficiencia que amerite suplir la queja, en términos del inciso b), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. Para dar respuesta a lo anterior cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 252/2018, determinó lo siguiente: Que con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debía consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formularan las partes en dicha audiencia. Que no obstante ello, excepcionalmente el juez podía consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia era materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contaría con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existía y contenía la información que las partes aseveraban, en la inteligencia de que la consulta debía limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Que la víctima u ofendido o su asesor jurídico debía exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que fuera factible que lo hicieran por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y porque el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptaban actuaciones escritas. Además, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precedía al juicio, lo que se robustecía con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asistían a la audiencia, lo que evidenciaba la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien correspondía justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Así, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción. La Primera Sala del Máximo Tribunal señaló que uno de los rasgos esenciales de un sistema penal acusatorio consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al Juez, juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la función de sostener la acusación (Ministerio Público) y la defensa (el imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso, y por otra, la imparcialidad del Juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Entre las garantías del funcionamiento de un sistema acusatorio, se encuentran los principios de publicidad, oralidad y contradicción, consagradas por el artículo 20 constitucional. La prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues sólo a través de ese método pueden respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción. En efecto, la publicidad es una garantía para controlar, tanto externa como internamente, el respeto de los demás principios del sistema acusatorio, pues la apertura del proceso al escrutinio tanto de las partes como del público en general, es un fuerte incentivo institucional para que los jueces y las partes observen los principios del sistema. La oralidad es un principio que tiene un carácter instrumental, en el sentido de que no es posible respetar ni la publicidad ni la contradicción si las actuaciones principales del procedimiento no se realizan a través de la palabra hablada, pues de otra forma es imposible que el público pueda realizar un escrutinio efectivo del proceso penal, así como que las partes ejerzan de inmediato el derecho a contradecir tanto la acusación como la defensa. La contradicción, tiene tanto un aspecto epistémico como un aspecto valorativo. Epistémico, en la medida en que ese diseño genera una dinámica que incentiva la búsqueda de la verdad de los hechos y de la corrección de las argumentaciones, pues éstas dependen de la interacción de partes con intereses encontrados, quienes se esforzarán por cuestionar las pruebas y argumentos de la parte contraria, y por presentar los propios de la manera más apegada a la verdad y a la corrección, para evitar que sean refutados por la contraparte. Valorativo, porque el principio de contradicción encarna valores democráticos, como la igual consideración y respeto a los derechos de las partes reflejada en la igualdad de trato y de oportunidades para ejercer tanto la acusación como la defensa. En este sentido, en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es decir, son ellas las que deben investigar los hechos considerados como delito y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten. De ahí que corresponda a las partes la carga de generar la información necesaria para que el Juez dirima la controversia objeto del debate, que se somete a su consideración en la audiencia respectiva. La Primera Sala señaló que los referidos principios rigen también en la audiencia de impugnación a que alude el artículo 258 del código nacional adjetivo, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Dado que conforme al precepto legal que se menciona, la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. A partir de lo anterior, la Primera Sala concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes. De otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. En este sentido, se enfatiza, que la Sala del Máximo Tribunal señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal, deben formular los agravios oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Dicho criterio resulta aplicable al caso concreto, en la medida que la parte quejosa reclama la resolución de la jueza de control que confirmó la negativa de ordenar actos de investigación por parte del agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, pues dicha determinación está comprendida dentro de las enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la abstención de investigar. Sobre esa base, resulta infundado el concepto de violación que realiza la parte quejosa, pues de ninguna manera la juez responsable la dejó en estado de indefensión, sin atender los planteamientos de su asesor jurídico. En efecto, según se aprecia de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintidós (00:04:12 DVD), el asesor jurídico de la ofendida se limitó a reseñar los hechos con apariencia del delito de fraude, materia de la denuncia formulada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, en contra de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes. Posteriormente, el asesor jurídico hizo referencia a los actos de investigación que solicitó la denunciante en su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (00:15:07 DVD), y que fueron reseñados en párrafos precedentes, de los cuales refirió que eran pertinentes porque tenían relación con la aclaración y ampliación de denuncia, realizada el trece de julio de dos mil veintiuno y son idóneas porque de la información que se obtenga, se aportaran datos que conducirían a la autoridad ministerial a determinar quién o quiénes intervinieron en los hechos delictivos denunciados. Por su parte el agente del Ministerio Público (00:32:57 DVD), dio contestación al escrito ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que, por lo que se refiere a las entrevistas de los imputados, en caso de ser interrogados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que requería a través de su asesor jurídico. Respecto a la respuesta vertida por el representante social (00:40:33 DVD), la jueza de control responsable cuestionó al asesor jurídico si tenía algo que manifestar, quien respondió que no. Por lo anterior, la juez responsable dio por terminado el debate y, en lo que aquí interesa (01:03:50 DVD), señaló en relación al pronunciamiento por parte del agente de Ministerio Público en torno a la solicitud de la ofendida del porqué no accedió a la realización de los actos de investigación referidos, que pese a que en la audiencia de control judicial previo se dio el uso de la voz al asesor jurídico, no se desprendía que hubiera emitido algún agravio específico invocando la vulneración de algún derecho fundamental de la ofendida, razón por la cual no podía acceder a la petición de la ofendida. Sobre esa base, este juzgado de distrito considera legal el proceder de la jueza responsable, pues de la revisión del registro audiovisual de la audiencia de impugnación, ciertamente, no existió agravio alguno por parte de la ofendida y su asesor jurídico, que se dirigiera a controvertir el acuerdo del agente del Ministerio Público en el que determinó no realizar los actos de investigación propuestos por la denunciante, a pesar que la esencia a la que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es dar oportunidad a la víctima de exponer los motivos jurídicos, legales y fácticos que revelen lo incorrecto de la decisión ministerial, lo que en el caso particular no aconteció, pues simplemente señaló, a través de su asesor jurídico, que no tenía nada que manifestar. De esa manera, al considerar que en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar la información necesaria para que el Juez dirima la controversia objeto del debate que se somete a su consideración en la audiencia respectiva; pero en el caso, no existió un mínimo agravio que estuviera dirigido a refutar las razones que sustentaron a la determinación del agente del Ministerio Público de no realizar los actos de investigación propuestos en el escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, es por lo que se estima que fue correcto que la jueza de control resolviera en el sentido en que lo hizo. Ello, porque como se dijo, cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan una abstención de investigar en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agravios que realicen deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad y sobre todo encaminados a exponer de manera detallada los puntos en que se estime incorrecto el actuar ministerial. De ahí que este órgano de control constitucional considere que la jueza responsable no dejó en estado de indefensión a la peticionaria al no atender sus planteamientos, pues como se vio el asesor jurídico no vertió ningún razonamiento que justificara su postura. Ante lo expuesto, se considera constitucional la resolución dictada en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que se confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público investigador, dentro de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude; y, por ende, se niega a Gabriela Asunción Sandoval Flores, el amparo y la protección de la Justicia Federal. NOVENO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gabriela Asunción Sandoval Flores, contra el acto que reclamó de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, consistente en la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que se confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público investigador, dentro de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude; en términos del considerando octavo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando noveno de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados procesales; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido del secretario Juan Miguel Juárez Caudillo, que autoriza y da fe. DOY FE."AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinte minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 372/2022, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Juan Miguel Juárez Caudillo, secretario que autoriza y da fe, procedió a celebrarla sin la asistencia de las partes. A continuación, el secretario relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentado por la quejosa Gabriela Asunción Sandoval Flores (fojas 2 a 18); auto de prevención (fojas 19 a 25); escrito aclaratorio (fojas 32 y 33); auto admisorio (fojas 41 a 46); informe justificado rendido por la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga (foja 60); y, el secretario certifica que han transcurrido los ocho días concedidos a las partes en términos del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan del informe justificado. Asimismo, el secretario da cuenta con el escrito signado por la quejosa Gabriela Asunción Sandoval Flores, recibido el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en este órgano de control constitucional con registro de entrada 9212, con el que la promovente ofrece diversos medios de prueba y formula alegatos. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación de constancias que antecede; y, por transcurrido el término para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la citada autoridad responsable. Por cuanto hace al escrito con el que el secretario da cuenta, acuérdese lo conducente en la etapa procesal correspondiente a esta audiencia. Abierto el período probatorio: El secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la siguiente parte: -Autoridad responsable: Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, exhibió en apoyo a su informe justificado, copia certificada de diversas constancias derivadas de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO de su índice y un disco en formato Versátil Digital (DVD), relativos al registro de audio y video de la audiencia celebrada el quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la referida carpeta judicial (fojas 61 reverso a 96). -Parte quejosa: ofrece: a) el informe justificado rendido por la autoridad responsable; b) la instrumental de actuaciones; y, c) la presuncional legal y humana. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas por el secretario, las cuales, se desahogan por su especial naturaleza. No obstante lo anterior, hágase saber a las partes que únicamente serán tomados en consideración aquellos medios probatorios que prueben la existencia del acto reclamado y, respecto del acto atribuido a la jueza de control, aquéllos que hayan sido ofrecidos ante ella, cuenta habida que el artículo 75 de la Ley de Amparo, establece que el acto reclamado será apreciado como haya aparecido probado ante la autoridad responsable; consagra como excepción, en amparo indirecto, la posibilidad de ofrecer pruebas cuando el quejoso no haya podido hacerlo ante la responsable; y, además, dispone una limitante en materia penal relativa a que ese ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese sentido, de tomar en cuenta pruebas destinadas a variar las circunstancias que tuvo apreciadas la jueza de control al dictar la resolución que se le reclama, vulneraría tales principios. Ello, en tanto implicaría indefectiblemente que éstas no fuesen rendidas y examinadas oralmente (principio de oralidad); no permitiría que el juez penal apreciara personalmente su desahogo (principio de inmediación); y, requerirían ser desahogadas ante un juez diverso, como el de amparo, bajo un proceso distinto, adquiriendo el carácter de pruebas formalizadas y no el de datos de prueba que les correspondería en la respectiva fase del proceso penal acusatorio. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: El secretario hace constar que el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado Federal, formuló el pedimento con número de registro 8022 (fojas 130 a 132); y, el tercero interesado Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero, formuló alegatos mediante escrito con registro 8149 (fojas 135 y 136), y la quejosa Gabriela Asunción Sandoval Flores, formuló alegatos mediante escrito con registro 9212, los cuales fueron agregados en proveídos de cuatro, diez de mayo del año en curso y en esta misma audiencia, respectivamente (fojas 133 y 137); y, que las demás partes no formularon alegatos. El juez de Distrito acuerda: Téngase por formulados los aludidos alegatos y, toda vez que las demás partes no los formularon, se tiene por precluido su derecho para ejercerlo; con lo que se da por concluido el periodo de referencia. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional. Acto seguido, el suscrito Juez procede a dictar: S E N T E N C I AV I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo 372/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido la quejosa Gabriela Asunción Sandoval Flores; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el día siete siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gabriela Asunción Sandoval Flores, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridades y el acto siguiente: ".III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Tiene el carácter de autoridad ordenadora y ejecutora, el Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla (.) IV. ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 15 de marzo de 2022, relativa a la audiencia de control judicial previo, dictada dentro de la Carpeta Judicial Administrativa número 20/2021/CJP/ATLIXCO, merced de la cual, la autoridad señalada como ordenadora y ejecutora, niega ordenar al Agente del Ministerio Público, realicen (sic) diversos actos de investigación que solicitó la víctima (aquí quejosa), tendientes a establecer la existencia que se cometió en agravio de la suscrita quejosa, la comisión del hecho que la ley señala como delito de FRAUDE y la probabilidad de que los indiciados lo cometieron, lo que dio origen a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021. No omito manifestar, que la suscrita quejosa tuve conocimiento de este acto, el día 15 de marzo de 2022." (foja 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 20, apartado "A", fracción I, "C", fracción II y 21 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós (fojas 19 a 25), se previno a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al que en surtiera efectos la notificación de dicho proveído, precisara el domicilio de los terceros interesados y manifestara bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado (fojas 19 a 25); previo desahogo de la prevención, en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós (fojas 41 a 46), se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, sin que se formara incidente de suspensión, dado que la parte quejosa no lo solicitó; y, se dio la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (foja 57). TERCERO. Parte tercera interesada. Obra en autos el emplazamiento de los terceros interesados: Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, Melanie Meza Rosales (fojas 139 a 141); y, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero (fojas 142 a 144). Además, por auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se dejó de tener como terceros interesados a Héctor Cordero Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez (fojas 98 a 100). CUARTO. Cita para audiencia. En el aludido proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós (foja 41 reverso), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa reclama: -De la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga: -La determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a la autoridad responsable siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga. Aceptó. 60. La citada autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO. Certeza que se corrobora con las documentales que remitió en apoyo a su informe justificado, en especial, la audiencia correspondiente al dictado de la resolución reclamada, contenida en un disco versátil digital (DVD) y en la copia certificada de diversos registros que obran dentro de la en la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO (fojas 61 reverso a 96); las cuales, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. La carpeta judicial de la que deriva la resolución reclamada, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que le son aplicables las disposiciones que regulan a este nuevo sistema. En consecuencia, para verificar su constitucionalidad se debe atender al texto reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código Nacional del Procedimientos Penales. III. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, ya que la quejosa tiene el carácter de ofendida en el procedimiento penal de origen. QUINTO. Causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. En la especie, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y esta autoridad no advierte, de oficio, que se actualice alguna. SEXTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado -resolución del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales-, la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza alguna hipótesis de excepción al mismo. La resolución reclamada se notificó personalmente a la quejosa en la audiencia en que fue pronunciada; esto es, el quince de marzo de dos mil veintidós; esa notificación surtió efectos el dieciséis de marzo de mismo año, conforme al artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que el plazo transcurrió del diecisiete de marzo al siete de abril de dos mil veintidós, previo descuento de los días diecinueve, veinte, veintiséis, veintisiete de marzo, dos y tres de abril, todo de dos mil veintidós, por ser sábados y domingos y el veintiuno de marzo del año en curso, por ser inhábil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la demanda de amparo se presentó, de forma física, el seis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, es evidente que su promoción es oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia III.2o.P.137 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, LAS DETERMINACIONES QUE SE TOMEN EN LAS AUDIENCIAS ORALES SE TIENEN POR NOTIFICADAS EN ESE ACTO Y SURTEN SUS EFECTOS AL DÍA SIGUIENTE. De los artículos 63, 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, así como 84, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que las partes que asistan a las audiencias orales, así como quienes estaban obligados a acudir a ellas formalmente, deben tenerse por notificados en ese acto, de las determinaciones que ahí se tomen, sin necesidad de formalidad alguna, atento a los principios que rigen a los juicios orales, particularmente, los de inmediación, continuidad y concentración, y dichas notificaciones surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas, por lo que el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, previsto en el artículo 17 de la ley de la materia, debe computarse a partir del día posterior al en que surte efectos esa notificación, conforme a la ley del acto, como lo establece el numeral 18 de la Ley de Amparo." SÉPTIMO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, se estima pertinente realizar una síntesis de los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las constancias remitidas por la juez de control responsable: 1. Por escrito de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, Gabriela Asunción Sandoval Flores, interpuso el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contra la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, de pronunciarse en relación a su escrito de ocho de septiembre de mil veintiuno, en el que solicitó diversos actos de investigación dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude (fojas 63 y 64). 2. En acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintiuno (foja 62), el juez de Control de la Región Judicial Centro Poniente, radicó la petición aludida, bajo la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, y previno a la ocursante para que exhibiera el acuse de recibo de su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, presentado ante el fiscal investigador. 3. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, Gabriela Asunción Sandoval Flores, exhibió la documental que le fue requerida (67 a 72), por lo que en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a Hugo Jesús Ávila García, asesor jurídico de la ofendida aquí quejosa, para que aceptara y protestara el cargo conferido; además, se ordenó dar vista a los agentes del Ministerio Público Melanie Meza Rosales, Dante Dagoberto Sánchez y Salvador Nava Pérez, con el escrito de ocho de septiembre de mil veintiuno, en el que se solicitaron diversos actos de investigación por parte de la peticionaria (foja 66). 4. En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno (foja 77), se tuvo a la agente del Ministerio Público Melanie Meza Rosales, desahogando la vista señalada en el punto que antecede. 5. En acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós (foja 81), el juez de control señaló las once horas con treinta minutos del quince de marzo de dos mil veintidós, para celebrar la audiencia respectiva. 6. El quince de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de impugnación dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, a la que comparecieron el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla, José Martín Ramírez Romero, la ofendida Gabriela Asunción Sandoval Flores y su asesor jurídico Hugo Jesús Ávila García; en la misma fecha, la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, resolvió el medio de impugnación y determinó declarar improcedente la solicitud de la promovente (foja 94). La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo; audiencia que se desarrolló de la siguiente manera: (00:00:00 DVD) "Auxiliar de sala: Buenos días, su atención por favor, inicia grabación, siendo las once horas con cuarenta y siete minutos del día quince de marzo del dos mil veintidós, nos encontramos presentes en sala número uno de audiencias de Oralidad Penal de Ejecución de la Región Juridicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, a efecto de celebrar audiencia de videoconferencia de la causa 20/2021/CJP/ATLIXCO, la cual será presidida por la abogada Mirian Huerta Lechuga, Jueza de Control esta Región Judicial, se les informa a los asistentes que deberán guardar silencio, respeto y decoro, apercibidos de que en caso de no hacerlo la jueza podrá aplicar una corrección disciplinaria de conformidad con los artículos 53 y 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, expuesto lo anterior solicito a los intervinientes poner la debida atención durante la audiencia. Jueza: Con los datos indicados por la encargada de sala, se apertura esta audiencia, quién comparece, Ministerio Público? Ministerio Público: Buenos días, licenciado José Martín Ramírez Romero, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Atlixco, con datos ya proporcionados a la encargada de esta sala. Jueza: Gracias, Asesor jurídico? Asesor jurídico: Su señoría muy buenos días, licenciado en derecho Hugo Jesús Ávila García, en su calidad de asesor jurídico con datos ya proporcionados de identificación a la auxiliar de esta sala, gracias. Jueza: Gracias, nombre por favor, buenos días. Ofendida: Buenos días, Gabriela Asunción Sandoval Flores, para servirle. Jueza: Gracias, en primer término hago de conocimiento a las partes que la presente audiencia se desahoga privilegiando el uso de medios tecnológicos específicamente el de videoconferencia en tiempo real y en términos de lo dispuesto por el artículo 51 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sobre todo como acción tendiente a fin de evitar o limitar la propagación del virus COVID 19 y dar seguimiento así a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud y el Poder Ejecutivo. Precisado lo anterior, Gabriela, señora Gabriela momentos previos a esta audiencia le fueron tomados diversos datos generales, le pregunto si estos datos generales es su deseo proporcionarlos de manera pública en esta audiencia o bien que los mismos sean tratados de forma privada, cómo prefiere usted dar estos datos? Ofendida: De forma privada, de forma privada. Jueza: Privada dijo? Perdón, gracias, uno de es. así también le pregunto si tiene conocimiento de los derechos que le asisten en calidad de ofendida? Ofendida: Sí. Jueza: Gracias, tiene alguna duda respecto de estos derechos? Ofendida: Ah no, ninguna. Jueza: Gracias, uno de estos derechos que le asisten es designar en cualquier etapa del procedimiento un asesor jurídico que la represente, para efecto de salvaguardar este derecho, le pregunto si es su deseo designar a la abogada, al abogado que se encuentra a su lado como su asesor jurídico? Ofendida: Sí, sí es mi decisión que él sea mi abogado. Jueza. Gracias. Ofendida: Bueno mi asesor. Jueza. Abogado Hugo Jesús, acepta y protesta el cargo conferido en su favor? Asesor jurídico: Señoría, en este momento acepto y protesto el cargo. Jueza: Perdón, voy a tener que verificar un momento por favor, se puede usted acercar al micrófono y me puede repetir? Asesor jurídico: Señoría este asesor jurídico acepta y protesta el cargo, es cuanto. Jueza: Ah gracias, gracias, si fue cuestión de distancia únicamente, en consecuencia se tiene a Gabriela Asunción Sandoval Flores en calidad de víctima, ejerciendo su derecho de elección de asesor jurídico a favor del abogado Hugo Jesús Ávila García, quien en este momento ha aceptado y protestado el cargo con las obligaciones inherentes previstas en la ley, para efecto de verificar que cuenta con documento idóneo para ejercer tal profesión, pregunto encargada de sala, ha verificado el registro de su cédula profesional? Auxiliar de sala: Así es su señoría, fue verificada la cédula profesional del abogado Hugo Jesús Ávila García, la cual cuenta con la. 09132263 misma que fue verificada en la página de Registro Nacional de Profesionistas y lo acredita como licenciado en derecho, es cuanto. Jueza: Verificado lo anterior, tomando en consideración el motivo que hoy nos convoca lo fue a solicitud de Gabriela Asunción Sandoval Flores, a través de su asesor jurídico Hugo Jesús Ávila García, para efecto de que eh tenga verificativo audiencia en donde se resuelva lo procedente a su queja en contra de la omisión realizada por la representación social, en virtud de que indicó, éste fue omiso en pronunciarse al requerimiento hecho por esta juzgadora en diverso proveído, en proveído de fecha, por diverso juzgador, de fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, así también hace valer precisamente su medio de impugnación que fundamenta en el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente respecto a las omisiones e inactividad en la carpeta de investigación con número de terminación 6267/2021/ATLIX, en virtud de lo anterior, le cedo el uso de la voz al asesor jurídico, para efecto de que exponga este este recurso. Asesor jurídico: Gracias, su señoría, a fin de contextualizar lo referente a la solicitud planteada narro a continuación los siguientes antecedentes, orígenes de la carpeta de investigación: en fecha veinte de diciembre del dos mil diecinueve, se presentó denuncia ante la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, contra Xóchitl Pedraza Martínez, Héctor Cordero Pedraza y Jesús Villa Guerrero, por el delito de fraude, misma que fuera ratificada en fecha uno de marzo del dos mil veinte; en fecha tres de abril de dos mil veinte, la carpeta de investigación fue turnada a la unidad de mecanismos alternativos asignándole el expediente número 862020/ATLIXCO/CEMASC; en fecha quince de abril de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes, lo es como el solicitante Gabriela Sandoval Flores y las personas Xóchitl Pedraza Martínez, Héctor Cordero Pedraza, a fin de celebrar una mediación, a la cual no comparecieron los señores Xóchitl Pedraza Martínez y Héctor Cordero Pedraza; en fecha veinticinco de abril de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes por parte de la peticionaria de esta audiencia a la cual se citó a las mismas personas y no comparecieron a la audiencia; en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, se realizó invitación a las partes anteriormente mencionadas a fin de celebrar una mediación a la cual no comparecieron los señores, sin embargo, acudieron, hago una corrección, si acudieron realizando la manifestación de que no era voluntad continuar con mecanismos alternativos, por lo que remiten las constancias al agente del Ministerio Público en fecha cuatro de mayo de dos mil veinte; en fecha dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se nombró el de la voz como asesor jurídico, su servidor Hugo Jesús Ávila García, y en fecha trece de julio del dos mil veintiuno, se realizó aclaración y ampliación de denuncia en contra de quienes resulten autores materiales, coautores, inductores, cómplices auxiliadores, previos, simultáneos o posteriores en la comisión de los hechos que la ley señala como delito de fraude y asociación delictuosa; todo lo anteriormente mencionado, tiene los antecedentes en lo siguiente: En fecha julio de dos mil dieciocho, la víctima, por un anuncio que vio en un vehículo de transporte sobre una venta, se comunicó al teléfono en donde le contesto el señor Héctor Cordero Pedraza, informándole que el costo de la unidad era por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), esta unidad era un, es un transporte mercantil, una camioneta de la marca de tipo Toyota. En fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se celebró un contrato de compraventa con el señor Jesús Villa Guerrero, estando presentes los señores Héctor Cordero Pedraza, Jezuri Villa Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez formalizando el contrato de compraventa con mi asesorada del vehículo de la marca Toyota, modelo dos mil quince, con placas de circulación, así como la concesión número 29436 de la ruta colonia Tlamapa Mercado de la Flor Campus BUAP, por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), en el momento de la compraventa entregaron la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos), en ese momento le entregaron el vehículo, pero no los documentos y en ese mismo momento Xóchitl Pedraza Martínez, le ofreció otra unidad y otra concesión de número 28396 y el vehículo que le ofreció tenía las placas de circulación 7522SSH, como le dije que no tenía dinero, ésta me dijo que si no tenía una casa, ya que era urgente vender las dos, si quiere le tomo como pago de casa, como pago su casa por la otra concesión, la cual, la vieron la tercer semana del mes julio del dos mil diecinueve y como resultado de esta operación, se tomó posesión en fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, de la casa ubicada en el lote número 9, de la barranca cerril del municipio Tianguismanalco, Puebla, posterior a ello como la indiciada Xóchitl Pedraza Martínez. Jueza: Perdón, este abogado se puede perdón, abogado, se puede acercar un poco más al micrófono y nos puede repetir el dato de la ubicación del inmueble, el último que dio de favor, gracias. Asesor jurídico: Tomó posesión de la casa ubicada como lote número 9, de la barranca cerril, Atotonilco en el municipio de Tianguismanalco, Puebla. Jueza: Gracias. Asesor jurídico: Muy bien, como la indiciada no entregaba la unidad de número económico 7 y placas de circulación 7522SSH del Estado de Puebla y como su esposo de ésta el extinto Jesús Villa Guerrero, no realizaba los trámites para la cesión de los derechos de las concesiones 24436 y 28396 de la ruta 16, mi representada le pidió a Xóchitl, que le entregara la unidad pero Xóchitl, le pidió más dinero y le abonaron $540,000.00 (quinientos cuarenta mil pesos), y como dijo que no tenía certeza de que le firmara la escritura de la casa de la cual ya había tomado posesión, le pidió le firmara un pagare por la cantidad de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), como mi representada ya estaba desesperada, porque no le entregaban la concesión, ni los vehículos, accedió a firmar el pagare a la señora Xóchitl. En fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, le informó Xóchitl que le entregaría la unidad en la plaza Atlixco y en el momento en que se entrevistaron ese día, la señora Xóchitl llego acompañada de un abogado quien manifestó llamarse Abraham Tadeo Reyes, quien dijo que debían firmar una acta de entrega posesión de la casa objeto de la permuta, que era último requisito para que le entregaran la unidad con número económico 7, en ese momento les presentó otro documento el abogado que también debían firmar, se trataba de un contrato de compraventa objeto de la permuta con un valor de $500,000.00 (quinientos mil pesos) y como mi representada estaba desesperada porque el dinero pertenece a su hijo Leonel, el cual se encuentra en los Estados Unidos, firmó y le dijo que ya le diera la unidad, a lo que respondió mañana vaya con su chofer y también le dijo deme el pagare, ya le firmé los otros documentos, Xóchitl le dijo el pagare lo tiene mi hijo Héctor Cordero Pedraza, porque él se encarga de esas cosas, después de que me firme la escritura a mi favor, se lo entregare, mi esposo de nombre Rodolfo se inconformó, porque el contrato decía compraventa y no permuta, en ese momento el abogado Abraham me dijo que no importaba que él era testigo de que la venta era por la concesión y que la casa la estaba pagando, en ese momento también mi representada le dijo a Xóchitl y a Abraham que cuál era el motivo por el cual se estaba realizando de esa manera, manifestando que era para que la señora Xóchitl no pagara muchos impuestos y que hasta ese momento ya había pagado en efectivo y en especie más de dos millones de pesos y no le habían entregado la unidad, ahora el señor Héctor le pide como garantía otra casa que está en el mismo lote y además le pide $380,000.00 (trescientos ochenta mil pesos), por lo que en el mes de octubre de dos mil diecinueve, mi representada se enteró de que el señor Jesús Villa Guerreo, había fallecido, por tal motivo ya no le firmaron la cesión de los derechos de las concesiones y de los vehículos, toda vez que Héctor, Xóchitl y Jezuri, no terminaron con dicho trámite, posterior a la muerte de Jesús Villa Pedraza, mi representada se trasladó a la empresa de autotransportes Acapetlahuacan, en donde le manifestaron que el señor el cual en vida respondía al nombre de Jesús Villa Guerreo, no tenía facultad y no podía vender dichas concesiones, toda vez que las concesiones pertenecían a la empresa de autotransportes Acapetlahuacan, dando un informe en donde manifiestan que el señor, si bien es cierto en algún momento fue presidente de la sociedad, también lo es que no estaba facultado para realizar dicha venta, por lo cual mi representada fue defraudada, toda vez de que la persona que le vendió las concesiones, como las camionetas, no era el propietario. Posteriormente a lo antes manifestado, en fecha ocho de septiembre dos mil veintiuno, se solicitaron actos de investigación a fin de aclarar y ampliar la denuncia que se formuló por la suscrita, que se concluye que los señores Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, de común acuerdo defraudaron a la suscrita, por lo cual se propusieron los siguientes actos de investigación, el primer acto de investigación consistente en que realice por si u ordene al agente estatal de investigación que para tal efecto se designe, entreviste a los señores Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, personas con las cuales la suscrita víctima, tuve diversos tratos relacionados con la compraventa de los vehículos y concesiones descritos anteriormente, dicha entrevista consistirá en requerirles a las personas anteriormente mencionadas, proporcionen tantos cuántos números telefónicos celulares han tenido, a partir del mes agosto del dos mil dieciocho a la fecha, independientemente de los números telefónicos que proporcionaron al momento de su comparecencia ante esta autoridad; no omito manifestar a usted agente del Ministerio Público, que el hecho de que haya fallecido Jesús Villa Guerrero, el cual pudiera tener el carácter de autor material, no es impedimento para que se ejercite acción penal en contra de los partícipes. Bajo ese contexto, a continuación, manifiesto los nombres y domicilios de las personas, que solicito sean entrevistadas: El señor Héctor Cordero Pedraza, puede ser citado o entrevistado en el domicilio ubicado en la calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo, de Atlixco Puebla, también puede ser citado en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo, en Puebla, Puebla. La señora Xóchitl Pedraza Martínez, puede ser citada y entrevistada en el domicilio ubicado en la calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo de Atlixco, Puebla y también puede ser citada en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo en Puebla, Puebla, así como también en el domicilio Escuela Primaria Defensores de la Republica, número 1863, ubicado en el barrio de San Pedro Mexicaltzingo. La señora Jezuri Villa Pedraza, puede ser citada o entrevistada en el domicilio ubicado en calle 29 Oriente, número 808, fraccionamiento Val de Cristo, de Atlixco Puebla y también puede ser citada en el domicilio ubicado en la calle 109 Oriente, número 1807, San José Xilotzingo en Puebla, Puebla. El señor Abraham Tadeo Reyes, puede ser citado o entrevistado en el domicilio ubicado en la calle 15 Oriente, número 4 de la colonia Álvaro Obregón, en Atlixco, Puebla. Lo anterior con la finalidad de que se recabe la entrevista a los anteriormente mencionados en relación a los hechos que se investigan en la carpeta de investigación en merito, con independencia de la información que se desprenda de las entrevistas realizadas anteriormente señalados, solicito a usted agente del Ministerio Público instruya al agente estatal de investigación designado que formule a los indiciados las siguientes preguntas: ¿Que diga cuantos teléfonos celulares ocupa en sus actividades personales y laborales? ¿Que proporcionen los números de teléfonos celulares que ocupa en sus actividades personales y laborales? ¿Que diga cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuaca, Sociedad Anónima de Capital Variable? Hecho que sea lo anterior, solicito a usted Agente del Ministerio Público, que a su vez que a su vez, en términos de los artículos 189 y 190, fracción II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicite al juez de control de técnicas de investigación en turno adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva la información referente al desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionen las personas señaladas líneas arriba, así como también el desglose de registros de los datos conservados de los siguientes número telefónicos: 22 21 10 09 33, en este número de conformidad a las constancias que obran en la carpeta de investigación, corresponde a Xóchitl Pedraza Martínez. 24 41 48 19 79, en este número de conformidad a las constancias que obran en la carpeta de investigación, corresponde a Héctor Cordero Pedraza. 22 26 13 54 96, este número de conformidad a los datos que establecen son de Abraham Tadeo Reyes. Y por último 24 41 25 62 52 este número corresponde a la peticionaria de la presente audiencia. Este acto de investigación, es pertinente e idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación que nos ocupa por las siguientes razones de índole lógico jurídico a saber, es pertinente porque tiene relación con la aclaración y ampliación de denuncia que realizó la suscrita víctima por escrito de fecha trece de julio de dos mil veintiuno, es idónea porque de la información que se obtenga de este acto de investigación se aportarán datos que conducirán a esta autoridad ministerial a saber y determinar quién o quiénes intervinieron en el hecho delictivo que dio origen a la causa penal que nos ocupa, así como su forma de participación. Segundo acto de investigación. Se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe a esta autoridad ministerial, lo siguiente: Los movimientos que se realizaron en la cuenta Banco Mercantil del Norte, cuya titular de la cuenta a Gabriela Sandoval Flores, con número de cuenta 0273106344, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Los movimientos que se realizaron en la cuenta BanCoppel, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, cuya titular de la cuenta es Gabriela Sandoval Flores, con número de cuenta 10091078703, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, este acto de investigación. Jueza: Asesor jurídico lo anterior cuenta que usted mencionó a quién pertenece, me puede repetir? Asesor jurídico: A la señora Gabriela Asunción Sandoval Flores. Jueza: Había indicado otra cuenta anteriormente? Asesor jurídico: Sí su señoría Jueza: Es de la señora Gabriela. Asesor jurídico: Así es, la primera es de la señora Gabriela, es por banco el Banco Mercantil del Norte o BANORTE y la segunda es por parte de BanCoppel, Institución de Banca Múltiple, los números de cuenta y movimientos de cuenta que existen. Jueza. Adelante. Asesor jurídico: Los números de cuentas y movimientos que existen a nombre de Jezuri Villa Pedraza, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve, este acto de investigación es pertinente e idóneo para el esclarecimiento de los hechos que se investigan en la carpeta de investigación que nos ocupa por las siguientes razones de índole lógico jurídico a saber, es pertinente porque tiene relación con la aclaración y ampliación de denuncia que realizó la suscrita víctima mediante escrito de fecha trece de julio de dos mil veintiuno. Es idónea porque de la información que aporten este acto de investigación, permitirá establecer las cantidades de dinero que transferí a estas personas con motivo de la compraventa de los vehículos y concesiones que narro en mi escrito de aclaración y ampliación de denuncia, independientemente de las cantidades de numerario que les entregue en efectivo y especie. Señoría lo anteriormente manifestado fue promovido por mi representada en fecha ocho de septiembre de dos mil veintiuno, a su vez se solicitó se ejerciera control judicial previo porque en ese momento no había dado respuesta por parte del Ministerio Público, es cuanto su señoría. Jueza: Porque no había dado respuesta, es correcto? Asesor jurídico: Así es, hasta ese momento. Jueza: Agente del Ministerio Público. Ministerio Público. Sí señoría. Jueza. Agente del Ministerio Público su manifestación. Ministerio público. Sí, con respecto a lo manifestado por el asesor jurídico respecto a la petición que hizo de actos de investigación el día ocho de septiembre de dos mil veintiuno, eh y contestando el requerimiento que hizo este tribunal, la homologa licenciada Melanie Meza Rosales con fecha dieciséis de diciembre del dos mil veintiuno, hizo contestación respecto del requerimiento a la petición que había solicitado el asesor y se presentó dicha promoción con fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, es verdad que se contestó en el sentido de que tanto en su escrito inicial, como en su escrito de ampliación, había mencionado que falleció el señor Jesús Villa Guerrero, enterándose de ello en el mes de octubre de dos mil veinte, es no de dos mil diecinueve, porque su primera querella la presenta en el mes de diciembre de dos mil diecinueve y se ratifica hasta el mes de abril de dos mil veinte, es por ello que la licenciada Melanie argumentó en esa promoción que los datos de prueba propuestos por el asesor jurídico eran sobreabundantes y si en cambio había ordenado girar oficio al registro civil de este municipio de Atlixco, para verificar si tenían registro del fallecimiento del señor Jesús Villa Guerrero, que es la persona que suscribe el contrato de compraventa respecto del primer vehículo que menciona el agraviada en su escrito inicial y al que ha hecho referencia el asesor jurídico este, como se llama, se interesaron cuando se suscribe ese contrato, es cuando la señora Xóchitl Pedraza Martínez, madre de Héctor Cordero Pedraza que es el contactan para el primer vehículo, le ofrece otro vehículo con concesión y derivado de ello, como lo ha manifestado el asesor jurídico, hay una, un contrato de compraventa de ese vehículo, pero no se menciona en el contrato que haya sido una permuta, eso ya lo hace mención en su aclaración de ampliación, ya con el asesoramiento del actual abogado y menciona que se suscribió un pagaré por $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), que tampoco se menciona en ese contrato, por eso con el ánimo de integrar la presente carpeta de investigación, porque su servidor ha sido comisionado a esta unidad de Atlixco en el mes de enero y conociendo el tema, me llamó la atención que en su escrito donde hace alusión con fecha ocho de septiembre, actos de investigación dentro de ellos que el teléfono que proporciona de Abraham Tadeo Reyes, emane en un escrito de un juicio ejecutivo mercantil, es como su servidor le solicitó a la querellante presentara, si perdón, que informara si había sido ella demandada en un juicio ejecutivo mercantil, porqué, porque en su narración habla que del primer vehículo que se lo venden en $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), ella ofreció $300,000.00 (trescientos mil pesos), y suscribió dos pagares uno de $500.00 (quinientos) y otro de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), para completar los $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), que se pedían por el vehículo y la concesión, y del pagare que habla de la segunda operación del otro vehículo, que a pesar de que se suscribe un contrato de compraventa, pero no se menciona permuta, la agraviada habla de una pre-escritura y que según comenta la señora Xóchitl Pedraza Martínez, no le tenía la confianza de que le fuera a firmar en escritura pública, por eso es que no sabía esta representación social a qué juicio ejecutivo mercantil se refería, por ello es que se obtuvo entrevista de la víctima ofreciendo esta, eh copias de un auto de inicio y contestación de demanda a un juicio ejecutivo mercantil 173/2021 del Juzgado de lo Civil del distrito judicial de Atlixco, por tanto se está promoviendo por parte de la señora Xóchitl Pedraza Martínez y nombra como su abogado al licenciado Abraham Tadeo Reyes, entre otros que es la persona que firma en el contrato de compraventa de la casa como testigo, al tener esta información sí, es por lo que se le solicitó mediante oficio que esta representación social acordó el día catorce de marzo del dos mil veintiuno, informara a representación social si existe algún bien mueble o inmueble embargado de dicho juicio por la presunción que tiene esta representación social que a la firma o no demandar el cumplimiento de contrato que ya tiene suscrito, pretenda hacerlo mediante un juicio ejecutivo mercantil de un pagare de $950,000.00 (novecientos cincuenta mil pesos), así también todo esto señoría lo tiene conocimiento el asesor jurídico, en el segundo punto se habló en la entrevista que la señora tiene el primer vehículo trabajando en la ruta número 16 de la cual obra en la carpeta de investigación ya información por parte del representante legal de Autotransportes Acapetlahuacan, S.A DE C.V. de la que a lo que se le pidió, informó que las dos concesiones son propiedad de esa, de su representada y que efectivamente fungió como presidente de esa persona moral el señor Jesús Villa Guerrero, se tiene el acta constitutiva del cual tiene 19% de acciones, lo cual no aclara si esas acciones están sustentadas en las concesiones que tienen para el manejo de sus vehículos, dentro de las personas que señala como probables responsables el que suscribió la compra de la primera, eh el primer vehículo como vendedor es Jesús Villa Guerrero y a pesar de que tiene información el representante legal de esta persona moral que este vendió, no ha hecho ninguna querella al respecto y sin en cambio la víctima tiene, ese vehículo trabajando con dicha concesión, por lo que con el ánimo de aclarar a título de qué, si esta mencionando que tampoco su querellada Xóchitl hizo las gestiones administrativas, es por lo que se giró también oficio a dicha autoridad para aclarar este punto y también se le solicitó exhibiera el contrato de pre-escritura al que hace referencia, el contrato de venta que habla de una permuta, porque no se ha ofrecido, ni se tiene datos del registro público, si se tiene registrado del que hablado el asesor se encuentra pagando, y por último se da contestación a los actos de investigación solicitados por la por el asesor jurídico y por la querellante de fecha ocho de septiembre por las siguientes razones: Asimismo, en su escrito de fecha ocho de septiembre en virtud de su ampliación de denuncia que realizó por escrito nombrando como su asesor jurídico al licenciado Hugo Jesús Ávila García y mediante el cual solicita actos de investigación, entre ellos las entrevistas de sus denunciados, se contesta que debido a la circunstancia de que los señala como imputados o personas con un carácter ya de comisión de participación, se atentaría contra su derecho de presunción de inocencia y además de que tienen un derecho de no auto incriminarse, es por ello que no se accedía a la petición solicitada. En cuanto a la segunda petición, hace mención que es titular de dos cuentas bancarias de las que proporciona los números de cuenta y la institución, refiriendo que se pida información a través de la Comisión Nacional Bancaria, respecto de los movimientos del año dos mil dieciocho a dos mil diecinueve, para ver si allí hay algunas transferencias que se han hecho a dos de sus querellados, sin embargo, debo decir señoría que desde el escrito inicial de querella como de la ampliación e incluso de la entrevista que esta representación social le tomó el día ocho de marzo cuando exhibió las documentales relativas al juicio ejecutivo mercantil, se conduce de que ya pagó y que ha aportado datos de prueba documental respecto a recibos, pero nunca se ha mencionado que se haya hecho transferencias bancarias de su cuenta a la cuenta de los querellados, es por ello que con base en ello, es impertinente acceder a esa petición sin obstaculizar el derecho que le asiste para ofrecer pruebas, ya que si es la titular de las cuentas puede solicitarlo de manera particular a través de su asesor jurídico y verificar si de ellas existen o no esas transferencias, para aportarlos como datos de prueba en términos del artículo 216 y 262, por eso es que se le manifiesta en ese sentido no acceder a su petición señoría, pero todo esto con el ánimo de si acceder esta representación social teniendo comprensión respecto del hecho, el hecho que nos ocupa porque el día ocho de marzo del año en curso, la víctima se a duele de que hizo dos operaciones de venta de compra de vehículos con concesión, respecto del primero dice ya pagó y se encuentra trabajando con la concesión a sabiendas de que en mi carpeta de investigación tengo información de que no es propiedad del señor Jesús Villa Guerrero y, sin embargo, está trabajando con ella, respecto del segundo vehículo que dice nunca se le entregó físicamente, se está pidiendo la información a través del representante legal de esa persona moral, para saber si físicamente se cuenta con ese vehículo para realizar una inspección, así como también si no lo está, si tiene conocimiento de dónde se encuentra porque la concesión se tiene para esa unidad con número económico 7 a la que se ha referido en la querella la agraviada y en esta audiencia el asesor jurídico; y, en cuanto al juicio ejecutivo mercantil, la información de saber si se tiene un embargo de un bien mueble o raíz, puesto que asumo que pudiera haberse generado un embargo respecto del primer vehículo con el ánimo de obtener un lucro la persona que está, la señora Xóchitl o dentro de ese bien inmueble que se vende, pero yo no tengo datos de registro para solicitarlo por cuenta propia, es por ello que considero su señoría, que por cuanto a los actos de investigación solicitados y que fueron materia de esta audiencia, esta representación social ya dio cumplimiento y si no estuviese de acuerdo el asesor jurídico, ya sería materia de otra audiencia de control, si así lo considere pertinente, por es, yo continuare haciendo la investigación para el esclarecimiento de los hechos y cuando tenga yo reunidos datos de prueba suficientes, solicitare lo que en derecho proceda señoría, es cuanto. Jueza: Asesor jurídico, algo que manifestar? Asesor jurídico: No su señoría. Jueza: Perdón? Asesor jurídico: No su señoría. Jueza. Un momento, por favor. (00:44:34 DVD) Jueza. Con información suficiente, esta juzgadora resuelve en términos de lo que dispone el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte de la solicitud del asesor jurídico quien actúa en representación de Gabriela Asunción Sandoval Flores, quien tiene calidad de víctima en la carpeta de investigación con número de terminación 006267/2021/ATLIXCO, esta que ha indicado la representación social aquí presente, ya se encuentra a su cargo la dirección de dicha investigación, se advierte que este hace valer el recurso que al efecto prevé nuestro, el numeral 258 del código instrumental aplicado, ello en virtud de que impugna o invoca, controvierte omisiones realizadas por parte del agente del Ministerio Público, bueno de acuerdo al debate que ha propuesto las partes se advierte que bueno hasta este momento, hasta el momento de que se promovió dicho control provisional preventivo, perdón dicho control judicial previo, se advierte que se refería precisamente a la omisión de dar contesta de hacerse cargo de agotar de recabar diversos actos de investigación, ello para efecto de estar en posibilidad de invocarlos como datos de prueba, de acuerdo a lo que refiere el asesor jurídico, en ese sentido se debe hacer precisión que las facultades de este órgano de control, al evaluar la legalidad de una determinación del agente del Ministerio Público, respecto a su actuar en la audiencia que se refiere dicho numeral 258 adjetivo, se limitan a validar o no las razones el fiscal emitidas precisamente en estas determinaciones, en sus resoluciones para efecto de que ha considerado la pertinencia o idoneidad o la falta o que se adolece de la pertinencia o idoneidad de los actos de investigación que han sido propuestos por el asesor jurídico, ello no implica una revisión oficiosa, pues esta determinación, esta resolución primero, resalto está limitada por los agravios que expresa por su parte la ofendida a través o la víctima a través de su asesor jurídico en esta audiencia, por otra parte esta juzgadora está impedida para revisar la carpeta de investigación e indagar si se actualiza alguna causa diversa a ello para efecto de sustentar la resolución, del agente del Ministerio Público o variar bien aquella, aquellos motivos y fundamentos en los que se apoyó el agente del Ministerio Público, ello en virtud de que a este órgano de control no le corresponde llevar ni dirigir la investigación, ya que esa facultad es propia del agente del Ministerio Público, por ello, esta resolución de este órgano jurisdiccional está acotada por las razones que la representación social tiene o lleva a cabo precisamente para determinar esta, continuar con la dirección de esta investigación, sin extenderse más allá, esto se debe hacer insisto con base en los agravios que ha argumentado o que ha invocado el asesor jurídico en representación de la víctima, ello es así, en virtud de que de no hacerlo de esta manera implicaría invadir las facultades procesales propias de la representación social, se ha hecho referencia que precisamente se ha impugnado omisiones del agente del Ministerio Público, que para esta fecha se ha advertido, ya se ha hecho diversa representante social, para efecto de dar contestación a aquellos actos de investigación que solicitó el asesor jurídico en representación de la señora Gabriela, no se ha referido, se ha hecho valer por parte de los intervinientes en esta audiencia, pues específicamente son dirigidos a recabar entrevistas de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, se ha señalado, ya ha proporcionado los domicilios en los que estos debieran ser citados, además se precisó cuál sería el objeto de dichas entrevistas, es decir, que sería cuestionar a estos ¿Cuántos teléfonos celulares ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué proporcionen debidamente los números de teléfonos celulares que ocupan en sus actividades personales y laborales? Así como ¿Cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuacan, Sociedad Anónima de Capital Variable? Así como, autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva la información referente al desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionen dichas personas señaladas. Finalmente, informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ello para efecto de que se tenga a bien proporcionar diversos datos relativos a las cuentas cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, cuentas propias del Banco Mercantil del Norte, S.A, BanCoppel S.A., Institución de Banca Múltiple, además se ha proporcionado los nombres de dichas fuentes bancarias. En principio, advierto ya hay un previo pronunciamiento que ha realizado el agente del Ministerio Público, la agente del Ministerio Público que en su momento se hizo cargo de ello, quien a su consideración fundó y motivó las razones y motivos, circunstancias por las cuales consideraba eran sobreabundantes estos actos de investigación, primero se hizo referencia a las razones de porque no se consideraba pertinente la citación y recabar entrevista de las personas investigadas, ello en virtud de que efectivamente se podría vulnerar el derecho de presunción de inocencia que a estos les asiste, así como su derecho de no autoincriminación, es decir, así también a lo relativo a los informes de la Comisión Nacional Bancaria, se ha referido por parte de la representación social, que al ser titular precisamente la víctima del hecho, de un hecho con apariencia de delito desde el punto de vista de cualquier persona, tiene esa posibilidad de precisamente allegarse de esta información, claro a través de su asesor jurídico o con auxilio de este último, es decir, si bien es cierto por parte de la representación social, se ha referido que se indicó se realizaron diversos pagos, que además se cuenta con algunos recibos de pago, sin embargo, no se hizo referencia a ninguna transferencia respectiva, sin embargo, a consideración de esta juzgadora efectivamente al ser precisamente la víctima Gabriela Sandoval Flores la titular de dichas cuentas, pues se puede advertir efectivamente podría tener esa posibilidad de allegarse de dicha información, es decir, precisamente para efecto de justificar un acto de investigación consistente en un informe emitido por la Comisión Nacional Bancaria sobre cuentas específicas, cuentas bancarias de instituciones determinadas, instituciones que se rigen precisamente por el secreto bancario, es decir, se trata de un acto de investigación el cual se debe acreditar y justificar una necesidad en esta investigación, una necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto, ello para efecto de que un órgano de control competente, como lo es precisamente un juez de control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, bueno precisamente pues tiene esa, esa delimitación, de que se tiene que justificar una necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto de investigación y para efecto de considerarse así, pues bueno tendría también que justificarse si efectivamente la titular de dichas cuentas no se pudo allegar de esa información, ya que precisamente tiene acceso a esos movimientos, estados de cuenta, informes que en su caso podría proporcionar tanto la institución bancaria, como la misma Comisión Nacional Bancaria; por lo que hace a las entrevistas de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, efectivamente se puede advertir que en caso de que estos sean entrevistados, interrogados por parte del agente del ministerio público efectivamente se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y derecho de no autoincriminarse, ahora bien, se puede advertir que se continua con esta investigación que el mismo agente del Ministerio Público ha justificado que sigue recabado diversos informes, diversos actos propios de investigación, que en su caso podrían ser idóneos, suficientes y pertinentes, para justificar y acreditar una conducta delictiva, aquella que ha referido el asesor jurídico hasta este momento que ha indicado un fraude, un hecho que la ley señala como delito de fraude o incluso de advertir una diversa así podría determinarlo el agente del Ministerio Público pero no se advierte una negativa, unas omisiones por parte de la representación social que hubieren que exigirle o que hubiere que reprocharle en este momento, porque él ha justificado sigue allegándose de diversos actos de investigación, que en su caso podrá invocar datos de prueba, como lo ha dicho en el momento procesal oportuno, en el momento que así considere oportuno cuando cuente con suficiencia demostrativa o en su caso solicitar algo que en atención a lo que determina la ley o bien un medio de conducción respecto de estas personas investigadas y cuando cuente precisamente con esos requisitos que en efecto determina nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales; no se advierte como lo he referido insisto una negativa o una omisión por parte del agente del Ministerio Público, pospuesto que se desprende una, la obligación que tiene la representación social que tiene de dirigir la investigación de los hechos que pudieran, en su caso fueron motivo de la querella emitida por parte de la solicitante Gabriela Asunción Sandoval Flores presente en esta audiencia; así también en su intervención el agente del ministerio público ha mencionado que a su criterio, pues no se advierten estos actos de investigación recabar las entrevistas de las personas investigadas, los informes de la Institución Nacional Bancaria y en consecuencia la intervención de comunicaciones que además dicho sea de paso, se indicó que sería esta respecto de lo teléfonos que proporcionen las personas investigadas lo hoy inculpados, así como se hizo referencia de algunos números telefónicos que ha invocado el asesor jurídico relativos a dichas personas, se advierte que el agente del Ministerio Público en su momento sí se hizo cargo de precisar las razones, motivos y fundamentos por los cuales a su consideración estos actos eran sobreabundantes, podían trasgredir algún derecho en perjuicio de los inculpados circunstancia que también es importante tomar en consideración en virtud de que en caso de tener como resultado la vulneración de algún derecho fundamental en perjuicio de los inculpados pues podría derivar en la legalidad o ilegalidad de dichos actos y en su caso pues carecerían de valor probatorio, insisto también es necesario considerar, tomar en consideración la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de los actos de investigación que se aluden, no obstante lo anterior, se recuerda al agente del Ministerio Público que su deber está en investigar los hechos, recabando aquellos actos de investigación que estime pertinentes e idóneos para efecto de justificar y acreditar la conducta delictiva, esta que es materia de la querella que fue formulada en su momento por Gabriela Sandoval Flores, ello para estar en posibilidad de poder vislumbrar la acreditación de la comisión de un hecho con apariencia de delito y que para ello es necesario allegarse de indicios y actos de investigación para resolver en consecuencia; ha indicado la representación social que se ha hecho cargo, aun continua esta actividad investigadora recabando diversos actos de investigación propios para efecto de justificar los hechos que son materia de la querella formulada por la víctima son de un tipo penal, a consideración de esta juzgadora primero, como se ha referido esta determinación esta resolución judicial, no puede variar precisamente el motivo de la petición la víctima, esta que hace valer a través de su asesor jurídico, se hizo referencia que en principio se trataba la omisión de dar contestación a la solicitud de la señora Gabriela que a la fecha, bueno el agente del Ministerio Público por otra parte ya se ha hecho cargo del referido tema, de dar contestación a esa solicitud, tampoco se advierte que de alguna manera el actuar del agente del Ministerio Público vulnere algún derecho en contravención o en perjuicio de la víctima, algún derecho que a ésta le asiste con esa calidad, ello en virtud de que efectivamente se puede verificar que el agente del Ministerio Público cumple con esa obligación de analizar los hechos y recabar aquellos actos de investigación que estima pertinentes, idóneos y suficientes, para justificar y sustentar una conducta delictiva, hasta este momento se advierte el agente del Ministerio Público se hizo cargo de dar contestación a la petición de diversos actos de investigación que fueron realizados por asesor jurídico y víctima respectivamente, sin embargo, también se puede advertir en esta audiencia, que se adolece de algún agravio que se haga valer respecto de esta contestación, es decir, en primer término se impugnó la omisión del agente del Ministerio Público para dar respuesta y contestación a una solicitud de actos de investigación motivo del expedientillo administrativo del control judicial previo que hoy nos ocupa, posteriormente se puede advertir el agente del ministerio público se ha hecho cargo de dar contestación a lo anterior, de acuerdo a su intervención; por otra parte no obstante se le dio el uso de la voz al asesor jurídico en su momento, no se desprende que este precisamente hubiese emitido agravio especifico invocando la vulneración de un derecho fundamental específico en perjuicio de la víctima relativo precisamente a ese pronunciamiento emitido por el agente del Ministerio Público, en el cual a su consideración estos actos de investigación antes citados, son sobreabundantes, pudieran generar la vulneración de un derecho fundamental en perjuicio de los investigados, no son necesarios, en virtud de que se insiste la víctima es titular de las cuentas bancarias que se han invocado, pues tendría esa posibilidad su auxiliar su asesor jurídico de allegarse de dicha información y así proporcionarla e integrarla en la carpeta de investigación y además hasta este momento no se puede advertir precisamente la pertinencia de los mismos con independencia de que insisto en esta audiencia no se escuchó, no se invocó un agravio específico o alguna vulneración de un derecho en perjuicio de la víctima, circunstancia que hasta este momento está juzgadora no advierte alguna vulneración en perjuicio de los derechos de la víctima, con esta determinación con este acuerdo emitido por parte del agente del Ministerio Público; sin embrago, ello no exime a la representación social de la obligación de realizar una investigación completa y exhaustiva de todos los hechos que son puestos en su conocimiento, así como es su deber, es su obligación allegarse de los elementos suficientes y una vez que estime que cuenta con la información suficiente agotando para ello todos los medios legales que tenga a su alcance, está en aptitud jurídica de poder realizar alguna determinación y para ello deberá realizar una investigación completa y exhaustiva, para estar en posibilidad de realizar una determinación que en su caso pueda pronunciar y que además para ello deberá fundar y motivar su resolución, esto es dando una explicación racional, argumentada y justificada del porqué realiza dicha determinación, incluso insisto a voz del agente del Ministerio Público ha indicado que sigue recabando, continuara investigando aquellos actos de investigación propios, pertinentes, suficientes para efecto de acreditar una conducta delictiva, esta que es materia de la querella que en principio fue formulada por la víctima y que además deberá continuar recabando aquellos actos de investigación que se encuentren pendientes de realización, estos que la representación social estime necesarios para efecto de emitir una determinación que deberá ser apegada a derecho de manera fundada, motivada, exhaustiva y en su caso y en caso de contar con sustento demostrativo suficiente, podrá solicitar el medio de conducción que estime correspondiente, sin que ello limite los derechos que le asisten a la víctima y asesor jurídico de solicitar aquellos actos de investigación se advierten pertinentes e idóneos, relativos y para justificar la conducta delictiva que fue metería de la querella formulada por parte la víctima, en virtud de lo anterior con base en los argumentos vertidos por cada una de las partes y tomando en consideración, insisto este órgano de control no puede variar la causa en que se, primero que motivó el presente control judicial previo motivó el presente control judicial previo que fue solicitado por parte de la víctima con apoyo de su asesor jurídico de que se trataba de una omisión por parte de la representación social, insisto a la presente fecha ya no existe, ya no hay una omisión que a tal efecto se pueda reprochar a la representación social, con independencia de que, reitero con el acuerdo emitido por parte de la representación social relativo a que se consideraron o que a su consideración se advierten sobreabundantes aquellos actos de investigación que fueron solicitados por la víctima que no son idóneos, pertinentes o necesarios y en su caso pudieran irrogar algún derecho fundamental en perjuicio de las personas investigadas, se advierte que esa resolución se encuentra apegada a derecho, efectivamente se hizo cargo de dar contestación a la solicitud emitida por parte de la víctima y que bueno se advierte para este momento, pareja esta audiencia que no existe una razón jurídica para efecto de dejar sin efecto aquel acuerdo que fue emitido por parte de la representación social; en consecuencia, no se accede a la solicitud de la solicitante, por parte o del asesor jurídico en este momento, por las razones enunciadas y se da por notificado a las partes de esta resolución por encontrarse presentes; pregunto si hay alguna otra solicitud? Ministerio Público: En términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicita copia del audio y video de la presente audiencia, es cuanto. Jueza: Asesor? Asesor jurídico: Gracias su señoría, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito de la presente por favor copia del audio y video, es cuanto. Jueza: Gabriela, señora Gabriela Asunción, tiene alguna manifestación que realizar antes de que esta audiencia termine? Ofendida: Eh pues no, bueno todo lo que mencionó y lo que dijo pues, más que nada quien más le entiende es mi asesor jurídico, creo que está bien ahorita y como se vaya dando la situación, bueno yo me explico como yo puedo verdad, no yo no me puedo explicar cómo eh. Jueza: Claro Ofendida: Pero es ósea ahorita, tratar de entender que es lo que paso en sí y pues si algo estuvo mal que se aclare bien nada más lo que le puedo decir. Jueza. Ok, bueno señora Gabriela que con independencia de lo que le vaya a explicar su asesor jurídico le hago hincapié en que esta resolución no limita la posibilidad de usted claro entiendo que esta apoya por su asesor jurídico, no limita esa posibilidad de que usted solicite algún acto de investigación pertinente y suficiente, precisamente para continuar con la integración de la carpeta de investigación, que el agente del Ministerio Público cuente con elementos suficientes para en su caso solicitar judicialización de dicha carpeta, algún medio de conducción y así poder iniciar el procedimiento judicial, finalmente con el fundamento que han invocado las partes se autoriza expedición de contenido audiovisual de esta audiencia en los términos solicitados, se cierra esta audiencia, buenas tardes. Auxiliar de sala. Buenas tardes, siendo las trece horas del quince de marzo del dos mil veintidós, se da por concluida la videoconferencia, finaliza grabación." 7. Finalmente, cabe destacar que al rendir su informe justificado, la jueza de control responsable señaló que dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, sólo son partes la aquí quejosa y el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Atlixco, Puebla (foja 60 reveso); por lo que en auto de tres de mayo de dos mil veintidós, se dejó de tener como terceros interesados a Héctor Cordero Pedraza y Xóchitl Pedraza Martínez (fojas 98 a 100). OCTAVO. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Así, corresponde a este juzgador determinar si lo reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la quejosa, conforme al marco nacional e internacional al que se ha hecho referencia. Por otra parte, cabe hacer la aclaración que si bien, el suscrito juzgador no se encuentra obligado a transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en atención al principio de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional realizará una síntesis de los motivos de disenso expresados en la demanda de amparo, a fin de dar una completa respuesta a lo alegado. Bajo la condición de que no serán materia de análisis las meras afirmaciones sin sustento o fundamento, que no explican por qué o cómo la resolución reclamada se aparta del derecho, así como aquéllas que no logren entenderse bajo el principio de causa de pedir, no obstante que en este asunto proceda la suplencia de la queja, pues si no es clara la intención de la parte promovente, es evidente que este juzgado se encuentra impedido para dar respuesta a ese tipo de afirmaciones. Ahora bien, cabe destacar que la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, mediante resolución oral dictada el quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude. Como se vio en antecedentes, dicha carpeta de investigación tuvo su origen en la denuncia formulada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, aquí quejosa, en contra de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, por los hechos con apariencia del delito de fraude, en los que se señala que la ofendida realizó operaciones de compra venta de dos vehículos con sus concesiones de trasporte público, con los imputados, en los meses de julio de dos mil dieciocho y noviembre de dos mil diecinueve, en las que entregó como pago, diversas cantidades de dinero y una casa, y los imputados únicamente le entregaron un vehículo con su concesión, sin embargo, no le entregaron el segundo vehículo, ni le traspasaron las respectivas concesiones a la ofendida, dado que no se encontraban a nombre de quien se ostentó como su titular. Mediante solicitud planteada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, en escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (foja 68 a 72), pidió al agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, practicara los actos de investigación que a continuación se sintetizan: a) Realizara por sí u ordenara al agente Estatal de Investigación respectivo, entrevistara a los imputados Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes, y les requiera que proporcionaran los números telefónicos celulares que hayan tenido a partir del mes agosto de dos mil dieciocho a la fecha de la solicitud, con independencia de los números telefónicos que hayan proporcionaron al momento de su comparecencia ante esa autoridad ministerial; además, se les formularan las siguientes preguntas: ¿Qué digan cuántos teléfonos celulares ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué proporcionen los números de teléfonos celulares que ocupan en sus actividades personales y laborales? ¿Qué digan cuál es su relación con la empresa de Autotransportes Acapetlahuacan, Sociedad Anónima de Capital Variable? En consecuencia de lo anterior, que el agente del Misterio Público solicitara al Juez de Control adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, la autorización para requerir a la compañía de telefonía celular respectiva, el desglose de registros de los datos conservados de los números telefónicos que proporcionaran las personas señaladas, así como de los siguientes número telefónicos: i. 22 21 10 09 33 a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez. ii. 24 41 48 19 79 a nombre de Héctor Cordero Pedraza. iii. 22 26 13 54 96 a nombre de Abraham Tadeo Reyes. iv. 24 41 25 62 52 a nombre de Gabriela Asunción Sandoval Flores. b) Girara oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informara a la autoridad ministerial, lo siguiente: i. Los movimientos realizados en la cuenta 0273106344 de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A, cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. ii. Los movimientos realizados en la cuenta 10091078703 de la institución bancaria Bancoppel S.A., Institución de Banca Múltiple, cuya titular es Gabriela Sandoval Flores, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. iii. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Jezuri Villa Pedraza, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. iv. Los números de cuenta y movimientos que existan a nombre de Xóchitl Pedraza Martínez, durante los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve. Así, resulta oportuno señalar que la litis en el presente asunto versa sobre el análisis de lo correcto o incorrecto de la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/ATLIXCO, en la que la juez responsable confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude, los cuales, fueron solicitados por la parte quejosa en el aludido escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Ahora bien, la jueza de control responsable señaló, como motivos torales, para confirmar la negativa por parte del Ministerio Público de ordenar los referidos actos de investigación, los siguientes: (00:44:34 DVD) 1. Que en primer término la ofendida impugnó la omisión del Ministerio Público de dar respuesta a su escrito ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que solicitó los actos de investigación ya descritos. 2. Que el Agente del Ministerio Público se hizo cargo de contestar esa petición, en el sentido de que los actos de investigación solicitados era sobreabundantes, pues por lo que se refiere a las entrevistas de los imputados, en caso de ser interrogados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que requiere se solicite a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que menciona. 3. Que la resolución reclamada se encontraba limitada por los agravios que expresara la parte ofendida a través de su asesor jurídico, por lo que esa resolutora se encontraba impedida para revisar oficiosamente la carpeta de investigación. 4. Que en relación al pronunciamiento por parte del agente de Ministerio Público en torno a la solicitud de la ofendida del porqué no accedió a la realización de los actos de investigación referidos, adujo que pese a que en la audiencia de control judicial previo se dio el uso de la voz al asesor jurídico, no se desprendía que hubiera emitido algún agravio específico invocando la vulneración de algún derecho fundamental de la ofendida. 5. Finalmente, la juez de control convino con el agente del Ministerio Público, al considerar que de realizarse las entrevistas de los imputados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que requería, pues dichas instituciones se rigen por el secreto bancario, por lo que en todo caso se debió acreditar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de dicho acto de investigación; motivo por el cual, señaló, que no se accedía a la petición de la solicitante. Aquí, conviene destacar que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran: recibir asesoría jurídica, así como ser informados de sus derechos y del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar con el Ministerio Público; que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos; recibir atención médica y psicológica; que se les repare el daño; resguardo de su identidad y otros datos personales; solicitar medidas cautelares y providencias; e impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. En este contexto, el papel de la víctima u ofendido en el proceso penal y la protección de sus derechos fundamentales, fueron temas que, en principio, motivaron al Constituyente Permanente a implementar la reforma constitucional que introduciría un nuevo paradigma procesal penal en nuestro país. Así pues, la reforma tuvo por objeto garantizar: a) el derecho fundamental a una defensa técnica; b) el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y, c) el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal, su desistimiento y actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. En ese contexto, resulta claro que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos por el delito, pero también evitar que el propio agente del Ministerio Público sea obstáculo de los intereses victimales. Además, ha pretendido conseguir mayor comunicación entre las víctimas, ofendidos y encargados de protegerlos. La reforma judicial incorporó un derecho importante para las víctimas y los ofendidos por el delito, consistente en impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así, el hecho de que la autoridad judicial pueda revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, deberá redundar en el mejoramiento de la función ministerial y la mejor protección de los derechos de las víctimas de los delitos. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Como se advierte, los derechos de las víctimas van más allá que el sólo permitir que manifieste lo que a su derecho convenga y, eventualmente, únicamente escucharle, por lo que es necesario enfatizar que la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen dichas determinaciones del órgano investigador ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia con asistencia de las partes la autoridad judicial debe resolver lo conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En el caso particular, como se vio, la jueza responsable confirmó la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude, básicamente, porque en la audiencia de debate la ofendida, a través de su asesor jurídico, no formuló agravios contra esa determinación. Esto es, la juez responsable señaló que el asesor de la ofendida no expuso razones para controvertir la fundamentación y motivación que utilizó el agente del Ministerio Público, para no acceder a la realización de los actos de investigación que solicitó en su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, porque ni siquiera hizo uso de la voz en la audiencia cuando se le dio oportunidad expresar los agravios que le causó esa determinación. Ahora bien, la quejosa hace valer como concepto de violación, que la determinación que reclama viola en su perjuicio las garantías que se establecen en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución General, dado que la responsable la dejó en estado de indefensión al no atender los planteamientos de su asesor jurídico, por lo que no se están respetando sus derechos de coadyuvancia y de acceso a la reparación del daño. El concepto de violación que hace valer la quejosa es infundado; sin que este Juzgador Federal advierta deficiencia que amerite suplir la queja, en términos del inciso b), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. Para dar respuesta a lo anterior cabe señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 252/2018, determinó lo siguiente: Que con base en los principios de publicidad, oralidad y contradicción que rigen el sistema acusatorio previstos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juez de control, al evaluar la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no debía consultar la carpeta de investigación, sino resolver con base en las argumentaciones que formularan las partes en dicha audiencia. Que no obstante ello, excepcionalmente el juez podía consultar registros de la carpeta si su contenido o existencia era materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contaría con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existía y contenía la información que las partes aseveraban, en la inteligencia de que la consulta debía limitarse al registro controvertido y no a la totalidad de la carpeta. Que la víctima u ofendido o su asesor jurídico debía exponer oralmente sus agravios en la audiencia, sin que fuera factible que lo hicieran por escrito. Lo anterior, porque en el sistema penal acusatorio corresponde al juez decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios que aporten las partes situadas en un plano de igualdad para hacer valer sus pretensiones y porque el sistema es predominantemente oral y sólo por excepción se aceptaban actuaciones escritas. Además, porque conforme al artículo 20, fracción X, de la Constitución Federal, los principios de publicidad, oralidad y contradicción, entre otros, son aplicables a las audiencias previas a la etapa de juicio, y la audiencia a que se refiere el artículo 258 citado precedía al juicio, lo que se robustecía con la regla prevista en dicho precepto que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asistían a la audiencia, lo que evidenciaba la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien correspondía justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el juzgador carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Así, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción. La Primera Sala del Máximo Tribunal señaló que uno de los rasgos esenciales de un sistema penal acusatorio consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al Juez, juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la función de sostener la acusación (Ministerio Público) y la defensa (el imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso, y por otra, la imparcialidad del Juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas. Entre las garantías del funcionamiento de un sistema acusatorio, se encuentran los principios de publicidad, oralidad y contradicción, consagradas por el artículo 20 constitucional. La prosecución del procedimiento penal a través de audiencias es un elemento fundamental de un sistema penal de corte acusatorio, pues sólo a través de ese método pueden respetarse, entre otras, las garantías de publicidad, oralidad y contradicción. En efecto, la publicidad es una garantía para controlar, tanto externa como internamente, el respeto de los demás principios del sistema acusatorio, pues la apertura del proceso al escrutinio tanto de las partes como del público en general, es un fuerte incentivo institucional para que los jueces y las partes observen los principios del sistema. La oralidad es un principio que tiene un carácter instrumental, en el sentido de que no es posible respetar ni la publicidad ni la contradicción si las actuaciones principales del procedimiento no se realizan a través de la palabra hablada, pues de otra forma es imposible que el público pueda realizar un escrutinio efectivo del proceso penal, así como que las partes ejerzan de inmediato el derecho a contradecir tanto la acusación como la defensa. La contradicción, tiene tanto un aspecto epistémico como un aspecto valorativo. Epistémico, en la medida en que ese diseño genera una dinámica que incentiva la búsqueda de la verdad de los hechos y de la corrección de las argumentaciones, pues éstas dependen de la interacción de partes con intereses encontrados, quienes se esforzarán por cuestionar las pruebas y argumentos de la parte contraria, y por presentar los propios de la manera más apegada a la verdad y a la corrección, para evitar que sean refutados por la contraparte. Valorativo, porque el principio de contradicción encarna valores democráticos, como la igual consideración y respeto a los derechos de las partes reflejada en la igualdad de trato y de oportunidades para ejercer tanto la acusación como la defensa. En este sentido, en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar los hechos y las pruebas al proceso, es decir, son ellas las que deben investigar los hechos considerados como delito y a quienes corresponde desarrollar los aspectos legales que los fundamenten. De ahí que corresponda a las partes la carga de generar la información necesaria para que el Juez dirima la controversia objeto del debate, que se somete a su consideración en la audiencia respectiva. La Primera Sala señaló que los referidos principios rigen también en la audiencia de impugnación a que alude el artículo 258 del código nacional adjetivo, porque si bien por regla general la víctima u ofendido y el Ministerio Público tienen intereses coincidentes, que se contraponen con los del imputado, tratándose de la impugnación de la determinación del no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido se sitúan en una posición procesal distinta porque se convierten en contrapartes del Ministerio Público, ya que en esta hipótesis tienen intereses contrarios. Dado que conforme al precepto legal que se menciona, la impugnación se lleva a cabo en una audiencia, entonces deben regir los mismos principios que en las audiencias en general del proceso penal, pues subsisten las razones que fundamentan estos principios, a saber: existe la misma razón para ventilar esa cuestión bajo el escrutinio y control del público, lo que sólo puede lograrse a través de la oralidad, e imperan las mismas razones que sustentan el principio de contradicción, como lo es la de generar una dinámica que incentive entre las partes con intereses contrarios, en este caso víctima y Ministerio Público, la presentación de argumentaciones lo más apegadas a la verdad y la corrección para evitar su refutación, así como la de brindar a las partes condiciones de igualdad para someter a refutación, de inmediato, los argumentos de la contraria. A partir de lo anterior, la Primera Sala concluyó que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal en la audiencia a la que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar registros de esa carpeta, si el contenido o la existencia de registros concretos es materia de controversia entre las partes. De otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro de la investigación existe y contiene la información que las partes aseveran, en la inteligencia de que en estos casos la consulta debe limitarse al registro o registros controvertidos y no a la totalidad del contenido de la carpeta de investigación. En este sentido, se enfatiza, que la Sala del Máximo Tribunal señaló que cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan el no ejercicio de la acción penal, deben formular los agravios oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad. Conclusión que, además, se robustece con la regla prevista en el artículo 258 de ese ordenamiento que establece que la impugnación debe quedar sin materia si la víctima u ofendido, sin justificación, no asisten a esa audiencia, lo que evidencia la plena aplicación de esos principios, pues sin la asistencia de la parte a quien corresponde justificar oralmente los méritos de la impugnación al exponer sus agravios, el Juez carecería de materia sobre la cual pronunciarse. Dicho criterio resulta aplicable al caso concreto, en la medida que la parte quejosa reclama la resolución de la jueza de control que confirmó la negativa de ordenar actos de investigación por parte del agente de Ministerio Público, dentro de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, pues dicha determinación está comprendida dentro de las enunciadas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, la abstención de investigar. Sobre esa base, resulta infundado el concepto de violación que realiza la parte quejosa, pues de ninguna manera la juez responsable la dejó en estado de indefensión, sin atender los planteamientos de su asesor jurídico. En efecto, según se aprecia de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintidós (00:04:12 DVD), el asesor jurídico de la ofendida se limitó a reseñar los hechos con apariencia del delito de fraude, materia de la denuncia formulada por Gabriela Asunción Sandoval Flores, en contra de Héctor Cordero Pedraza, Xóchitl Pedraza Martínez, Jezuri Villa Pedraza y Abraham Tadeo Reyes. Posteriormente, el asesor jurídico hizo referencia a los actos de investigación que solicitó la denunciante en su escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno (00:15:07 DVD), y que fueron reseñados en párrafos precedentes, de los cuales refirió que eran pertinentes porque tenían relación con la aclaración y ampliación de denuncia, realizada el trece de julio de dos mil veintiuno y son idóneas porque de la información que se obtenga, se aportaran datos que conducirían a la autoridad ministerial a determinar quién o quiénes intervinieron en los hechos delictivos denunciados. Por su parte el agente del Ministerio Público (00:32:57 DVD), dio contestación al escrito ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el sentido de que, por lo que se refiere a las entrevistas de los imputados, en caso de ser interrogados, se podría violentar su derecho de presunción de inocencia y su derecho a no autoincriminarse; y, por lo que respecta al informe que se solicitara a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al ser la ofendida la titular de dichas cuentas, se encontraba en aptitud de allegarse de la información que requería a través de su asesor jurídico. Respecto a la respuesta vertida por el representante social (00:40:33 DVD), la jueza de control responsable cuestionó al asesor jurídico si tenía algo que manifestar, quien respondió que no. Por lo anterior, la juez responsable dio por terminado el debate y, en lo que aquí interesa (01:03:50 DVD), señaló en relación al pronunciamiento por parte del agente de Ministerio Público en torno a la solicitud de la ofendida del porqué no accedió a la realización de los actos de investigación referidos, que pese a que en la audiencia de control judicial previo se dio el uso de la voz al asesor jurídico, no se desprendía que hubiera emitido algún agravio específico invocando la vulneración de algún derecho fundamental de la ofendida, razón por la cual no podía acceder a la petición de la ofendida. Sobre esa base, este juzgado de distrito considera legal el proceder de la jueza responsable, pues de la revisión del registro audiovisual de la audiencia de impugnación, ciertamente, no existió agravio alguno por parte de la ofendida y su asesor jurídico, que se dirigiera a controvertir el acuerdo del agente del Ministerio Público en el que determinó no realizar los actos de investigación propuestos por la denunciante, a pesar que la esencia a la que alude el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es dar oportunidad a la víctima de exponer los motivos jurídicos, legales y fácticos que revelen lo incorrecto de la decisión ministerial, lo que en el caso particular no aconteció, pues simplemente señaló, a través de su asesor jurídico, que no tenía nada que manifestar. De esa manera, al considerar que en el sistema adversarial son las partes las que tienen la responsabilidad de aportar la información necesaria para que el Juez dirima la controversia objeto del debate que se somete a su consideración en la audiencia respectiva; pero en el caso, no existió un mínimo agravio que estuviera dirigido a refutar las razones que sustentaron a la determinación del agente del Ministerio Público de no realizar los actos de investigación propuestos en el escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, es por lo que se estima que fue correcto que la jueza de control resolviera en el sentido en que lo hizo. Ello, porque como se dijo, cuando la víctima u ofendido o su asesor jurídico impugnan una abstención de investigar en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los agravios que realicen deben hacerlo oralmente en la audiencia a fin de respetar los principios de contradicción, oralidad y publicidad y sobre todo encaminados a exponer de manera detallada los puntos en que se estime incorrecto el actuar ministerial. De ahí que este órgano de control constitucional considere que la jueza responsable no dejó en estado de indefensión a la peticionaria al no atender sus planteamientos, pues como se vio el asesor jurídico no vertió ningún razonamiento que justificara su postura. Ante lo expuesto, se considera constitucional la resolución dictada en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que se confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público investigador, dentro de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude; y, por ende, se niega a Gabriela Asunción Sandoval Flores, el amparo y la protección de la Justicia Federal. NOVENO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Gabriela Asunción Sandoval Flores, contra el acto que reclamó de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro Poniente con sede en Atlixco, Puebla, Mirian Huerta Lechuga, consistente en la determinación emitida en la audiencia de control judicial previo de quince de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta judicial administrativa 20/2021/CJP/ATLIXCO, en la que se confirma la negativa de ordenar actos de investigación al agente de Ministerio Público investigador, dentro de la carpeta de investigación número FGEP/CDI/FIM/ATLIXCO-1/006267/2021, iniciada por el delito de fraude; en términos del considerando octavo de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando noveno de esta resolución. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados procesales; mediante oficio a la autoridad responsable, a la autoridad tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio de terminación 1846/2022/ATLIXCO, de José Martín Ramírez Romero, Agente del Ministerio Público comisionado a la Unidad de Investigación de Atlixco -autoridad tercera interesada- y, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tiene al ocursante formulado diversas manifestaciones envía de alegatos, en los términos que de su escrito se desprende y de los que se ordena hacer relación de ellos en el momento oportuno. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.

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