Gabriela Gonzalez Ortega

Expediente 147/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
147/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
14/04/2021

Partes del expediente

  • Gabriela Gonzalez Ortega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. I.CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el juicio, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 147/2021-E, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Gabriela González Ortega; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Gabriela González Ortega solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del 1. Fiscal General del Estado de Puebla y otras autoridades. La quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16, 18, 19, 20 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. Mediante auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se desechó parcialmente la demanda, respecto de los actos reclamados consistentes en: a) La orden de citación dictada en su contra y b) La integración de una carpeta de investigación en su contra. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto identificado con el inciso a). Por lo que se refiere al acto reclamado consistente en b) la integración de una carpeta de investigación en su contra, al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, en dicho proveído (veintitrés de febrero de dos mil veintiuno), se admitió la demanda de amparo respecto de los restantes actos reclamados, consistentes en la orden de comparecencia, aprehensión y detención; con incidente de suspensión por separado y duplicado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Cita para audiencia. En auto de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, se señalaron las diez horas con treinta minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados rendidos por las responsables, se advierte que Gabriela González Ortega, en esta instancia constitucional, reclama: Las órdenes de aprehensión, detención, comparecencia; y, b) Su ejecución. TERCERO. Autoridades Inexistentes. En acuerdo dictado fuera de la audiencia constitucional el uno de marzo del presente año, se dio vista al quejoso para que precisara la denominación de la autoridad responsable que intituló "Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Puebla"; y en proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, al no desahogar tal vista se declaró inexistente tal autoridad. En ese tenor, tal autoridad se excluye de la materia del presente juicio de amparo. Lo anterior encuentra sustento, en el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente". CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y exclusivamente ante su existencia, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando correspondiente- a las autoridades responsables siguientes: Número AUTORIDADES RESPONSABLES. SENTIDO DEL INFORME. 1 Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega 2 Daniel Iván Cruz Luna, Juez de Control de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, en funciones de Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución. Niega 3 Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro. Niega 4 Enrique López Criollo, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, de la Región Judicial Centro. Niega 5 Idalia Arciniega Arias, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 6 Javier Vázquez Fernández, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 7 Magally Escamilla Rodríguez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 8 Mirian Huerta Lechuga, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 9 María Guadalupe Muñoz Pérez, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 10 Rosa Aurora Espejel Prado, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 11 Aarón Hernández Chino, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 12 Carlos Guillermo Ramírez Rodríguez, Juez de Control adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 13 Rosalva Elena Zarate Herrera, Juez de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de Sentencias del Sistema Acusatorio Adversarial, Región Judicial Centro. Niega 14 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 15 Delegado Estatal en Puebla de la Fiscalía General de la República. Niega 16 Jesús Enrique Palacios Iniestra, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega 17 Marcela Elizabhet García Cante, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega 18 Marco Antonio Meneses Aguilar, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega 19 Luis Eduardo Jiménez Martínez, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla.. Niega 20 Milton Moctezuma Vega, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega 21 Francisco Rubén Martínez Iñiguez, Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Niega 22 Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Puebla. Niega Las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que a cada una les fue atribuido, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar esa negativa; de ahí que no exista el acto reclamado. Por tanto, correspondía a la quejosa la carga procesal probatoria, para controvertir los informes respectivos, esto es, aportar los medios de prueba en la audiencia constitucional para lograr desvirtuar las manifestaciones de las autoridades y alegar lo que a su derecho conviniera para demostrar que los actos sí existían y que son violatorios de sus derechos fundamentales, lo que en la especie no aconteció. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio de garantías respecto de los actos destacados en el considerando segundo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 65, 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Gabriela González Ortega, contra los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia y por las autoridades y los motivos expuestos en el considerando cuarto del propio fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indica en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de lo que se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de uno de marzo de dos mil veintiuno, en el que se le requirió para que precisara la denominación correcta y completa de la autoridad responsable que señaló como: "Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en el Estado de Puebla"; sin que lo hubiere realizado. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en el citado acuerdo y se tiene por inexistente a dicha autoridad, ordenándose suspender cualquier comunicación con ella. Notifíquese por lista a las partes...

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Intégrese a las presentes actuaciones el oficio signado por la autoridad responsable: 8. Jueza de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Mirian Huerta Lechuga), por si y en representación de todos los jueces adscritos a dicho Juzgado de Oralidad con sede en Puebla, por medio del cual rinde su respectivo informe previo; al respecto, sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que el pasado dos de marzo de dos mil veintiuno, se dictó resolución interlocutoria en la presente incidencia, en la que se tomó en cuenta dicho informe. CÚMPLASE.

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