Gabriela Andrade Olivera
Expediente 456/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 456/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriela Andrade Olivera
Actuaciones
- Principal
MESA II. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciséis de mayo del presente año; con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el punto Décimo Primero del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Igualmente, en cumplimiento al Punto Vigésimo primero del Capítulo Quinto del citado Acuerdo General Conjunto, se determina que el presente juicio de garantías en el que se sobreseyó fuera de audiencia, y no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, se ubica dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del punto referido, y por tanto, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del Primer Párrafo del Punto Vigésimo primero del acuerdo antes citado. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, no lo tiene el presente juicio de amparo.
- Principal
MESA II.Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; anexo que acompaña, consistente en la copia certificada del acuerdo emitido el nueve de mayo del año en curso, en autos del expediente 2218/2012. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consiste en la omisión del Juez responsable de acordar respecto de la solicitud contenida en el escrito presentado el diez de enero próximo pasado, en los autos del proceso de origen. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido de las constancias que adjunto el Juez señalado como autoridad responsable, se advierte que es cierto el acto que se le reclama toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, había sido omisa en pronunciarse respecto del escrito de solicitud de la parte quejosa; sin embargo, el nueve de mayo en curso, se pronunció en torno a su contenido y ordenó realizar diversas diligencias a fin de dar seguimiento al proceso. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida al Juez Familiar, de acordar respecto de la solicitud contenida en el escrito presentado el diez de enero de dos mil dieciocho, en autos del expediente 2218/2012; sin embargo, como se adelantó, de las constancias que el Juez responsable acompañó a su informe con justificación, se desprende que el nueve de mayo del año en curso, acordó lo conducente respecto de la solicitud contenida en el citado escrito y se proveyó respecto del mismo, continuando de ese modo la tramitación del procedimiento de referencia. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que dictó un acuerdo en el que se pronunció respecto del solicitud hecha por la parte quejosa en el escrito presentado el diez de enero de año en curso, en la expediente natural. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable al no resolver sobre el escrito que ofreció en el expediente familiar de origen, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el proveído de mérito. Por otra parte, cabe puntualizar que este Juzgador Federal no desatiende el contenido del segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 64. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga." El párrafo segundo del numeral transcrito prevé expresamente que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia, no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, debe dar vista al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga en el plazo de tres días. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que obste lo anterior, el hecho de que se encuentra pendiente el emplazamiento de la parte tercera interesada, lo cual, en virtud de lo dispuesto en párrafos que anteceden, resulta innecesario continuar con su llamamiento.
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos la razón levantada el veinticinco de abril del año en curso, por el Actuario adscrito en la cual asentó el motivo por el que no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercera interesada Manuel Alejandro Campos Carrillo, puesto que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto le fue informado por una persona que el buscado es el dueño de la casa donde renta, pero que no sabe dónde vive, por lo que no quiso recibir el citatorio de que se trata, por lo que se retiró sin realizar la diligencia; al efecto, resérvese acordar lo relativo al emplazamiento del aludido tercero interesado, hasta en tanto obren en autos el informe justificado de la autoridad responsable, del cual pueda apreciarse el domicilio actual de la citada parte.
- Principal
MESA II. Vista la demanda de amparo promovida por Gabriela Andrade Olivera, contra los actos que reclama del Juez Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la misma legislación, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acredite; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia, en relación con el artículo Tercero Transitorio invocado en el párrafo que antecede. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIUN MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL DIECIOCHO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora, en cuanto a Manuel Alejandro Campos Carrillo, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso a), le recae el carácter de tercero interesado; por tanto, se comisiona al Actuario adscrito a éste órgano jurisdiccional a fin de que se constituya en el predio señalado en el escrito de demanda y que proceda a emplazarlo al presente juicio de amparo, con entrega de una copia del escrito de demanda y haciendo de su conocimiento el contenido de este acuerdo, así como informándole que puede comparecer a este juicio con dicho carácter si así conviene a su interés; asimismo, prevéngasele para que en el término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndole que no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en los estrados de este Tribunal. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, en el predio que señala en su demanda de amparo, y como autorizados para tal efecto a William de Jesús Acevedo Azarcoya y María José Acevedo Sánchez, en términos amplios de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo; y a Luis Alberto Mex Peralta, Ricardo Alonso Puerto Euan y Mirna Karen Cattan Cruz, con las limitaciones que contempla dicho numeral por no encontrarse registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, Ante los Órganos Jurisdiccionales. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.
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