Gabriela Beatriz Burgos Toraño

Expediente 614/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
614/2022
Año
2022
Actuaciones
27
Última actuación
06/12/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Beatriz Burgos Toraño
  • Coordinador Estatal Para la Vacunación Covid-19, Capitán Carlos Corbeta Gomez Montes de Oca, del Servicio de Sanidad Naval.
  • Secretario de Salud del Gobierno de Mexico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa para que se inconformara con el proveído que declaró cumplida la sentencia de amparo; por tal motivo y en razón de que no ejerció ese derecho, ténganse a dicha parte conforme con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, hágase la anotación respectiva de archivo en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo, en el sentido de que este asunto es depurable. Con apoyo en el artículo 18 la fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el mismo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y en razón al sentido dictado en el presente asunto consérvese únicamente la demanda y sentencia dictada en el presente asunto, mismos que deberán digitalizarse en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el referido segundo párrafo del citado artículo 18 del multicitado Acuerdo. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado a las responsables; provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse, tal como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo de referencia. De conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Notifíquese y vía usuario al Secretario de Salud, por conducto del Subdirector de Recursos Administrativos adscrito a la oficina de la Abogada General de la Secretaria de Salud. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diecisiete de octubre del año en curso, se dio vista a las partes para que dentro del término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que hayan hecho pronunciamiento alguno; por lo que al haber fenecido dicho plazo, este órgano judicial determinará si está cumplido o no el fallo protector. En virtud de lo anterior, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido, es importante asentar que por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al menor de edad de iniciales Z.C.B. Asimismo, por auto de veintiocho de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la citada resolución, las autoridades estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. A efecto de restituir a la referida menor quejosa en el goce de sus derechos fundamentales las autoridades responsables y la que se vincula al cumplimiento de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, deberán: El Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de su ámbito de facultades, gestionar a la mayor brevedad y utilizando el máximo de recursos de que disponga el Estado mexicano adquieran la formulación de 10 microgramos de la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 (tapa naranja). Por su parte la Secretaría de Servicios y/o Servicios de Salud del Estado de Yucatán, a quien se le vincula al cumplimiento, junto con la Dirección de Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, (en su denominación correcta), el Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar en el Estado, y Coordinador Estatal de Estrategia Operativa de Vacunación vs Covid-19 Operativo Correcaminos, deberán, previo dictamen médico de resultar viable y mediante consentimiento por escrito de los padres de la niña quejosa, aplicar el esquema completo de vacunación apropiado para la edad de la citada menor, conforme los estándares internacionales reconocidos, conforme se expuso en esta sentencia. Lo anterior, dado que el criterio de interpretación que se basa en el principio del interés superior del menor, implica que toda decisión que pueda afectar a las personas menores de edad, sea tomada de manera informada, descartando en la medida de lo posible o evitando en mayor grado un perjuicio en su persona, en su bienes y demás derechos, de manera que tomando en cuenta que si la persona menor de edad es apta para recibir la vacuna, su aplicación puede producirles notorios beneficios, como evitar que la enfermedad COVID-19 les produzcan lesiones de consideración, siempre y cuando se determine clínica y medicamente que son aptos para recibir el biológico respectivo. Así pues, la decisión de aplicar o no la vacuna al menor quejoso, no debe tomarse con base en especulaciones, sino con datos científicos derivados de la opinión de los expertos que en su caso se determine. Al respecto, cobra aplicación la tesis de jurisprudencia 7/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento". No es óbice, para la anterior vinculación, la circunstancia de que la citada autoridad, no haya sido señalada como responsable en este juicio, toda vez que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo está obligada toda autoridad que tenga conocimiento de ella y que por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, tal y como en la especie acontece. Tienen aplicación al caso, las tesis con los rubros siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO, AUTORIDADES QUE DEBEN INTERVENIR EN LA. No sólo las autoridades que aparecen como responsables en los juicios de garantías están obligadas al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, sino que todas aquellas que intervengan en el acto reclamado, deben allanar, dentro de sus funciones, los obstáculos que se presenten para el cumplimiento de dichas ejecutorias." Ahora bien, como se dijo en el proveído diecisiete de octubre de dos mil veintidós, resulta un hecho notorio para esta Juzgadora federal que a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, se abrió el registro para vacunación contra coronavirus para los menores de cinco a once años, sin comorbilidades, siendo que la Secretaría de Salud informó que se les aplicaría la vacuna Pfizer/BioNTech. Incluso, para ese efecto, era menester ingresar al sitio oficial mivacuna.salud.gob.mx e introducir la Clave Única de Población del respectivo menor, así como seleccionar la entidad y Municipio donde se encuentra y un número telefónico de contacto; con lo que, una vez hecho lo anterior, es factible descargar e imprimir el expediente de vacunación. Esto, tal y como se advierte del link https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, el cual aparece en la página oficial del Gobierno de México, en el que obran los requisitos necesarios para que los menores de entre cinco a once años de edad, sin comorbilidades, se registren y sean candidatos a ser inoculados con la vacuna antes referida. Siendo que, en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio del año en curso, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad, en un horario de las ocho horas a las dieciocho horas; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federar en coordinación con el Gobierno del Estado. Debiéndose destacar que la información contenida en las citadas páginas de Internet, constituye un hecho notorio, por formar parte del conocimiento público a través de tales medios, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior, cuenta habida que el acceso al uso de Internet para buscar información sobre cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate; máxime que se trata de información difundida por páginas oficiales de entidades gubernamentales, por lo que es evidente que cuenta con total credibilidad en cuanto a lo en ellas expuesto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 1373, del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." En ese orden de ideas, es evidente que, en el caso se encuentra cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, pues como quedó evidenciado, las autoridades federales y estatales en materia de salud han autorizado la vacunación de los menores de edad entre cinco a once años, con la vacuna Pfizer/BioNTech, en el Estado de Yucatán, la ejecución de dicha autorización a través de la aplicación física de las dosis de la vacuna, inició el veintiocho de junio del año en curso, en esta ciudad, donde tiene su domicilio la menor aludida. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidòs. Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa Gabriela Beatriz Burgos Toraño, mediante el cual señala que la menor quejosa aún no ha sido inoculada con las dos dosis de la vacuna para COIVID-19. Al respecto, debe decirse que resulta un hecho notorio que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a doce años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, en relación a las personas que señala como sus autorizados; se tiene Àngeles Nayeli May Yah y Omar Eduardo Ambrocio Castañeda, con tal carácter en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AVISO DE NOTIFICACIÓN.- Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidòs. Agréguese a estos autos el escrito de la quejosa Gabriela Beatriz Burgos Toraño, mediante el cual señala que la menor quejosa aún no ha sido inoculada con las dos dosis de la vacuna para COIVID-19. Al respecto, debe decirse que resulta un hecho notorio que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está disponible el registro para vacunación a niños de cinco a doce años, en el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php; y que en lo que corresponde a esta entidad federativa, a partir del veintiocho de junio referido, comenzó a aplicarse la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 a menores de cinco a once años de edad; ello, de conformidad con el calendario propuesto por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno del Estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por otra parte, en relación a las personas que señala como sus autorizados; se tiene Àngeles Nayeli May Yah y Omar Eduardo Ambrocio Castañeda, con tal carácter en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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