Gabriel Paredes Pérez

Expediente 2419/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2419/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Paredes Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa que se encuentra imposibilitada jurídicamente para cumplir la ejecutoria de amparo por las razones que expone; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con el oficio de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Titular de la Coordinación de Asuntos Jurídicos del Instituto de la Salud para el Bienestar, en representación del Instituto de Salud para el Bienestar, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual, por los motivos que expone, solicita le sea remitida copia del cuestionario que se tuvo por reservado en quince de julio de dos mil veintiuno. En tal virtud, al no existir impedimento legal alguno, por medio de atento oficio que se gire al Instituto de Salud para el Bienestar, con sede en la Ciudad de México, remítasele copia del cuestionario solicitado, para los efectos legales que correspondan, apercibido, que de no desahogar el requerimiento señalado, se tendrá por conforme con el dictamen que al efecto rinda el perito designado por este Órgano de Control Constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1246/2021-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por demanda presentada el ocho de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, turnada el día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, Asociación Civil "OASIS DE SAN JUAN DE DIOS", por conducto de su representante Carlos Renán Méndez Benavidez solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Director General de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Por auto doce de julio de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa, a efecto de que exhibiera las copias necesarias del instrumento con el cual acreditaba la personalidad con la que se ostentaba. Por lo que, mediante escrito presentado el dieciséis de julio siguiente, dio cumplimiento a lo anterior y como consecuencia, el veinte de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la presente demanda, por lo que se registró en el Libro de Gobierno bajo el expediente 1246/2021-VI; asimismo, se solicitó a las responsables sus respectivos informes con justificación; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le compete; se suspendió el procedimiento por sesenta días hábiles de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Amparo; se reanudó el mismo, y finalmente, previo diferimiento se celebró la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo conforme a los preceptos 103, fracción l y 107 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, y 37, último párrafo de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que el acto que se reclama tuvo ejecución en esta ciudad de Mérida. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal. De manera que la parte quejosa reclama la determinación contenida en el oficio 28459, de diez de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Director General de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México y dictada en autos del expediente CNDH/6/2019/210/RI, en la que se confirmó la resolución definitiva emitida por el Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través de la cual se tuvo por cumplida la Recomendación de Derechos Humanos 17/2016, emitida por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, al rendir su correspondiente informe justificado, en relación con el acto reclamado negó su existencia. En efecto, si la citada responsable negó la existencia de acto reclamado, sin que exista prueba en contrario que lo desvirtúe, consecuentemente, lo procedente en el caso es sobreseer en este juicio, en lo que respecta a ella, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia bajo el rubro siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Titular y el Director General, ambos de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con sede en la Ciudad de México, al rendir su respectivo informe justificado, por conducto de su Director de lo Contencioso de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, aceptaron la existencia del acto que a ellos se atribuyó. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Pleno, Quinta Época, que señala lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que éstas son de orden público y deben examinarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, según se desprende del numeral 62 de la ley en cita. En el caso a estudio, asiste razón a la autoridad responsable por cuanto ve a la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Art. 102. (.) B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. La elección del titular de la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal, alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas o las Legislaturas de éstas. Como es de advertirse de los preceptos previamente transcritos, por un lado, la improcedencia de amparo puede derivar de cualquier otra disposición establecida en la ley de la materia o en la Carta Magna, diversa a las expresamente establecidas en las fracciones de su artículo 61. Por su parte, el diverso numeral en cita contiene las bases para la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus correlativos organismos en el ámbito estatal, así como para su funcionamiento y alcance de sus resoluciones. En esa tesitura, como punto de partida debe destacarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1066/2015, retomó algunas de las ideas esenciales que la diversa Primera Sala plasmó al dictar las ejecutorias de los amparos en revisión 426/2013 y 488/2015, en cuanto al origen y naturaleza de las comisiones de derechos humanos. En los mencionados asuntos, se explicó que las instituciones nacionales no jurisdiccionales, originadas en el siglo XIX en Suecia bajo la figura del ombudsman, están encargadas de la protección de los derechos humanos, las cuales se extendieron en diversos países bajo los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, y con la función esencial de ser contraloras de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las autoridades del Estado. De manera resumida, en atención a la normativa internacional que rige dicha figura, se consideró que las características principales que identifican al ombudsperson son: i) Autonomía, en el entendido que su mandato surge de una legislación que lo comisiona a proteger los derechos humanos y no está sujeto ni subordinado al poder ejecutivo, legislativo o judicial. ii) Se debe elegir a través de las legislaturas u otro cuerpo colegiado y su mandato tiene límites temporales. iii) El o la titular de dichas instituciones debe ser una persona de la más alta legitimación en el ámbito de los derechos humanos. iv) Se puede destituir al titular o titulares por medio del órgano legislativo o el órgano colectivo elegido. v) Está facultado para investigar de oficio o a petición de parte, a través de quejas en las que se considere que un acto u omisión viola derechos humanos, así como para realizar la recomendación correspondiente. vi) Está facultado para elaborar un informe que refleje sus actuaciones, así como la situación de los derechos humanos. En el contexto mexicano, se destaca que el precitado artículo 102, apartado B, de la Constitución, luego de diversas reformas, prevé la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al igual que de organismos de la misma índole en cada una de las entidades federativas, cuya competencia radica en conocer de quejas contra actos y omisiones de naturaleza administrativa que provengan de cualquier autoridad o servidor público (excepto aquéllos del Poder Judicial de la Federación, o bien, en materia electoral y jurisdiccional), así como en emitir recomendaciones públicas autónomas, que si bien son de naturaleza no vinculatoria, deben responderse y, en caso de no ser aceptadas o cumplidas, surge la obligación de fundamentar, motivar y hacer pública la negativa. Adicionalmente, se prevé que los citados organismos están facultados para formular denuncias y quejas ante las autoridades correspondientes, en materia de derechos humanos, al igual que para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos; inclusive, se establece que los poderes legislativos correspondientes podrán llamar, a solicitud precisamente de esos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que expliquen el motivo de su negativa. De lo expuesto, es posible arribar a la convicción de que la naturaleza de las comisiones de derechos humanos es la de constituir órganos autónomos e independientes de los tres poderes de gobierno, que tienen como finalidad investigar las quejas presentadas en relación con alegadas violaciones de derechos humanos por parte de autoridades y servidores públicos. En el mismo sentido, es importante resaltar que desde que se estableció el rango constitucional de los organismos de protección a derechos humanos mediante la reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, se ha mantenido el señalamiento expreso de que las recomendaciones de la Comisión no son vinculantes. Al estar revestidos de tal carácter, permite que las autoridades destinatarias se encuentren en aptitud de aceptarlas o no con completa libertad, sin que sea válido considerar que la obligación de responder toda recomendación, así como de fundamentar y motivar la negativa de aceptación, afecta la naturaleza "no vinculante" de este tipo de recomendaciones. Lo anterior, ya que lo único que se exige con tal supuesto es transparentar y explicar conforme a derecho, el motivo por el que se decide no aceptar una recomendación, pero no se exige a ningún servidor público o autoridad a aceptar y cumplir con lo ordenado en una determinada recomendación. Ello ocurre de igual forma ante la obligación de las autoridades de comparecer ante el Senado o ante las legislaturas de los Estados, según corresponda, a petición de la propia Comisión o de los órganos equivalentes existentes en el ámbito local, a explicar los motivos de la negativa, ya que finalmente, la comparecencia no tiene como finalidad obligar a que se acepte una recomendación, sino más bien que se explique las razones que dieron lugar a no aceptarla o cumplirla. Con base en lo expuesto, se advierte que por mandato constitucional las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tienen fuerza legal en lo que se refiere a su aceptación y ejecución, pues su carácter no vinculante, genera sólo una expresión declarativa, cuya fuerza, en su caso, es más bien de tipo moral, pero no jurídica. Pensar lo contrario, daría el carácter de resoluciones jurisdiccionales a las recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que no es compatible con el propósito que contempla la Constitución Federal, pues aunque existen ciertas obligaciones a cargo de los servidores públicos para responder una recomendación, las mismas, en ningún sentido, pierden en su contenido y ejecución su carácter no vinculante y, por tanto, no conllevan obligación legal alguna en cuanto a ser aceptadas y cumplidas. Es trascendente precisar que aun cuando una autoridad o servidor público destinatario de una recomendación decida aceptarla y llevar a cabo actos que sí puedan crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, ello derivaría de la libre determinación para proceder de esa manera, pero no necesariamente implica que haya emanado de un vínculo legal que lo obligara para tal efecto. Todo ello fortalece la naturaleza de las recomendaciones de la Comisión, como actos no vinculatorios que en sí mismos, no crean, modifican, ni extinguen situaciones jurídicas, ni menos de forma obligatoria. Ahora, al fallarse el mencionado amparo en revisión 1066/2015, la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación sostuvo que la Constitución, en su carácter de norma, requiere de un esquema que la proteja frente a actos o disposiciones que la vulneren, protección que puede identificarse en dos rubros o categorías, por una parte la protección de la Constitución y, por la otra, las garantías constitucionales. Fundamentalmente, se precisó que la protección o defensa de la Constitución se integra por factores políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica, incorporados en el propio texto constitucional, con el propósito de limitar el poder y buscar un funcionamiento armónico entre los poderes del Estado. En cuanto a las garantías constitucionales, se sostuvo que resultan ser medios jurídicos que tienen como finalidad reintegrar el orden normativo cuando ha sido desconocido o violentado, esto es, cuando los mecanismos de defensa a la Constitución no fueron suficientes para lograr el cumplimiento de dichas normas, los cuales, además, pueden ser jurisdiccionales o no jurisdiccionales. La distinción entre una resolución jurisdiccional y una no jurisdiccional, radica en que la primera, por su fuerza legal, sí es vinculatoria y puede, por tanto, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas; mientras que la segunda, al no ser obligatoria no crea, modifica ni extingue en sí misma situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En atención a lo mencionado, se considera que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos son garantías constitucionales no jurisdiccionales, cuya fuerza vinculante surge de que la autoridad responsable acepte la recomendación y, en caso de negativa, solo surge la obligación de justificar tal determinación. Incluso, del contenido de la Constitución Federal es posible advertir la existencia de otras diversas garantías constitucionales de índole no jurisdiccional -cuando menos, no formalmente-, y que no implican el ejercicio de un control de constitucionalidad, entre las que se encuentran: el juicio político, la declaración de procedencia, las facultades del Senado de la República en caso de desaparición de poderes de un Estado y para la solución de controversias de índole política entre los poderes de un Estado, las propias recomendaciones que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por los organismos de la misma naturaleza en cada una de las Entidades Federativas, así como la facultad de investigación de dicha Comisión Nacional ante graves violaciones a derechos humanos. Las referidas categorías de protección de la Constitución atienden a dos características principales. La primera, consiste en que deben encontrarse en el propio texto constitucional, sin perjuicio de que los procedimientos, reglas específicas y las prácticas jurídicas se contemplen en otros ordenamientos de inferior nivel normativo. La segunda característica, se encuentra relacionada con el principio de complementariedad, que parte de la idea de que tanto la protección de la Constitución, como las garantías constitucionales son complementarias entre sí, pues la intención de que coexistan en un orden jurídico determinado, es que procuren una defensa de naturaleza integral, por lo que cada uno de los sectores actúa en momentos distintos, ya sea de manera preventiva o reparadora. En efecto, las garantías constitucionales no guardan una relación de prevalencia o jerarquía entre sí, sino de complementariedad, toda vez que cada una de estas garantías responde a una lógica específica, esto es, a una determinada razón por la que fueron consagradas en el propio texto constitucional. A manera de ejemplo, la lógica a la que responde el juicio de amparo, consiste en la protección de los derechos humanos, que en su caso, puede obligar a las autoridades a actuar o dejar de actuar en determinado sentido; las controversias constitucionales atienden a la tutela de las esferas competenciales establecidas en el texto constitucional; mientras que las acciones de inconstitucionalidad responden a un control abstracto sucesivo ajeno a un principio de afectación, pues la legitimación de ciertos órganos se sustenta en una disposición expresa en el ordenamiento constitucional. De igual manera, las garantías constitucionales encomendadas al Senado de la República atienden a aspectos de índole político en torno a los poderes de los Estados. Así, el objetivo de este principio de complementariedad es que una garantía permita la protección del orden constitucional en aquellos supuestos en los que, acorde a su naturaleza, no se pueda llevar a cabo dicho control mediante el ejercicio de otra garantía. De ahí que, al no existir jerarquía entre tales garantías constitucionales, sino un principio de complementariedad, es que debe concluirse que la validez de la determinación que se adopte a través de cada una de éstas, no podrá encontrarse sujeta a un posterior análisis en otro de estos mecanismos de control. Por ende, a través del juicio de amparo, no es posible analizar la validez de las resoluciones emitidas en otra de las garantías constitucionales. Esto es, a pesar de la naturaleza del juicio de amparo como un mecanismo para la protección de los derechos de las personas, no es factible, a través de tal vía, estudiar la validez de las resoluciones emitidas en el resto de garantías constitucionales, es decir, en el resto de procesos que por determinación constitucional expresa también tienen la función de restaurar el orden normativo de nuestra Constitución frente a actos y normas que la hayan transgredido. El sometimiento de la validez de las determinaciones adoptadas en otros mecanismos de protección, a la revisión a partir de otra vía, incluso si ésta es el juicio de amparo, obstaculizaría su finalidad y, por tanto, ello impediría que estos medios cumplan con el objetivo para el que fueron diseñados, situación que atentaría contra el propio orden constitucional que se pretende tutelar. Con base en lo expuesto en párrafos precedentes, este órgano de control constitucional estima que es improcedente el presente juicio de amparo promovido contra la resolución contenida en el oficio 28459 de diez de junio de dos mil veintiuno relativo al recurso de impugnación número CNDH/6/2019/210/RI, en la que se confirmó la resolución definitiva emitida por el Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, a través de la cual se tuvo por cumplida la Recomendación de Derechos Humanos 17/2016, emitida por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En efecto, en adición a lo ya plasmado, se estima oportuno destacar que la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 116/2019 y 255/2017, ha determinado que el juicio de amparo es improcedente contra el procedimiento de queja y las recomendaciones que al efecto emitan las Comisiones de Derechos Humanos, pues, como en el caso, si bien pudiese considerarse que alguna recomendación emitida por algún órgano garante de derechos humanos no fuese emitida en forma adecuada, ello no implica que la misma tenga que analizarse a través del juicio de amparo. Lo anterior se ha sustentado así, ya que la apertura de una vía para reclamar tales determinaciones representaría un obstáculo para el desenvolvimiento de las funciones que por mandato constitucional tiene a su cargo la Comisión, en especial en el tema del cumplimiento de las recomendaciones, cuando éstas han sido aceptadas por las autoridades, situación que incluso se podría traducir en un escenario no deseable para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Por tanto, si de la naturaleza tanto del procedimiento de impugnación, como de la recomendación que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos se advierte que deriva un acto no vinculante, cuya aceptación depende de la legitimación y la fuerza moral de la propia Comisión, entonces debe señalarse que no procede ningún medio de defensa en su contra, como lo sería el juicio de amparo. Efectivamente, en el supuesto de que se estimara que es procedente analizar, vía juicio de amparo, la calificación positiva o la resolución que la confirma dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desnaturalizaría la función de dicho organismo, pues ello implicaría no sólo la posibilidad de promover un juicio de amparo, sino potencialmente, la de interponer contra tal sentencia el recurso de revisión previsto en la Ley de Amparo. Con lo anterior, se obstaculizaría que la Comisión realice su función de manera ágil y autónoma, ya que el posible cumplimiento a la recomendación emitida en la forma en que fue aceptada por la autoridad vinculada, se encontraría sujeta a su posterior validación por parte de los órganos de amparo, quienes por vía del amparo podrían ahora sí obligarla a actuar de determinada forma, desnaturalizando al procedimiento de impugnación ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que se interpreta de la propia restricción impuesta al Poder Judicial por el Máximo Tribunal del país, donde se ha establecido que no está facultado para pronunciarse sobre el contenido de una recomendación, ni del procedimiento de queja llevado a cabo por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los recursos en su contra, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a dichos organismos, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad debe entenderse como un acto no justiciable en sede judicial. Estimar lo contrario, se indicó, implicaría desconocer la verdadera naturaleza de los ombudsperson, y aceptar que determinaciones no vinculantes pueden mejorarse y volverse obligatorias al ser recurribles en vía judicial, con lo que, además, se rompería con la autonomía e independencia de las comisiones de derechos humanos. Incluso, la Comisión no podría llevar a cabo una de sus funciones torales, que es actuar de oficio en las violaciones de derechos humanos; sino que tendría que hacerlo sólo a petición de parte y, además, tendría la obligación de dar debida audiencia a la autoridad que emitió el acto que se investiga, aspectos que dejarían de lado la función ágil, autónoma y no jurisdiccional que tiene. Ahora, cabe destacar que no se descarta la posibilidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sus órganos equivalentes en los Estados, puedan en algunos casos emitir recomendaciones incorrectas, incompletas o parciales; sin embargo, precisamente por ello, las autoridades destinatarias pueden no aceptar o no cumplir con una recomendación determinada exactamente en los términos en que se encuentra formulada, en tanto que las personas afectadas, cuentan con otras vías legales e instancias para impugnar, no la recomendación en sí misma o su cumplimiento, sino directamente los actos que le dieron origen así como en contra de los perjuicios causados. En atención a lo razonado, es posible afirmar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si bien forma parte de las instituciones del Estado mexicano, su naturaleza constitucionalmente prevista, le impide dictar, ordenar o ejecutar actos que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas de forma obligatoria. Máxime que en el caso, no se está en el supuesto de excepción a que alude la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 23/2018 (10a.), de rubro PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DESECHA UN RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR IMPROCEDENTE, pues el acto reclamado no lo constituye el desechamiento de un recurso de impugnación, sino su resolución de fondo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que procede es decretar el sobreseimiento del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el dispositivo 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Por lo expuesto, considerado y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Asociación Civil "OASIS DE SAN JUAN DE DIOS", por conducto de su representante Carlos Renán Méndez Benavidez, contra los actos que reclamó del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Titular y Director General, ambos de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos; por los motivos expresados en los consideradnos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, hoy veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos al oficio de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este asunto, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que queden debidamente notificados de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacer manifestación alguna dentro de ese plazo, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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