Gabriela Andrade Leal

Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
474/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
09/07/2018

Partes del expediente

  • Gabriela Andrade Leal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    III) Toluca, Estado de México; nueve de julio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de seis de junio de dos mil dieciocho, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (Punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; seis de junio de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Gabriela Andrade Leal, contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca. Luego, mediante sentencia dictada por este juzgado, el dos de mayo de dos mil dieciocho, se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gabriela Andrade Leal, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo y tercero, para los efectos expuestos en el considerando último." Los efectos sobre los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal consistieron en: "(.) Para el efecto de que la autoridad responsable, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, en los tres días siguientes, dicte el laudo respectivo en los autos del juicio laboral J.1/603/2015 y remita copia certificada a este juzgado." De las transcripciones anteriores, se advierte que la concesión del amparo fue para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, dicte el laudo respectivo en el juicio laboral J.1/603/2015 y remita copia certificada a este juzgado con la cual lo acredite. Posteriormente, mediante proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho (f. 94 y 95), causó ejecutoria la sentencia dictada en autos y se requirió a la autoridad responsable, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Expuesto lo anterior, mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (f. 111), se tuvo por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada del laudo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en el expediente laboral J.1/603/2015, así como sus respectivas constancias de notificación. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°., agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a través del cual da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada del laudo emitido el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral J.1./603/2015. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento inserto en auto de veintiuno de los cursantes (fojas 94 y 95) y con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en la que la autoridad responsable referida pretende cumplir la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacer manifestación alguna en el lapso legal indicado, este juzgado resolverá sobre dicho cumplimiento de acuerdo con las constancias que obren en autos. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    III La certificación de cuenta evidencia que las partes no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada el dos de mayo del año en curso, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, de cumplimiento al fallo protector, apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Además, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no lo exime de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir cumplimiento a diversa autoridad en su calidad de superior jerárquico, toda vez que las Juntas y Tribunales Laborales, están desvinculados de su dependencia de origen como el Poder Ejecutivo, esto es, no se encuentran sometidos a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del gobierno puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.36/2011, que se encuentra visible en la página 3515, Tomo 4, Enero de 2012, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese. Así lo acordó y firma Adrián Rivera López, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza, firma y da fe.

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