Gabriel Salazar Alavarado

Expediente 307/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
307/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
27/03/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Salazar Alavarado

Actuaciones

  1. Principal

    II Toluca, Estado de México; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por Jorge Salvador Noguez Bravo, defensor privado de Gabriel Salazar Alvarado, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    II) Toluca, Estado de México; trece de marzo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Por recibida la demanda promovida por Jorge Salvador Noguez Bravo, defensor privado de Gabriel Salazar Alvarado, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación del Delito de Tortura y otra; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 307/2019-II. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La omisión de integrar la carpeta de investigación. La omisión de contar con perito para la aplicación del Protocolo de Estambul. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y la referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." No constituye un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la tesis y jurisprudencia invocadas interpreten la legislación de amparo abrogada, pues aquéllas no son contrarias, ni se contraponen con las disposiciones de la actual Ley de Amparo, tal como lo establece el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. Lo que también acontece respecto de los demás criterios que serán invocados en esta determinación. Ahora bien, de análisis integral de la demanda de amparo, así como de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el promovente de amparo reclama la omisión de integrar la carpeta de investigación y la omisión de contar con perito para la aplicación del Protocolo de Estambul, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Delitos de Tortura y al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Omisiones respecto de las cuales se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, toda vez que en atención a la temporalidad de los hechos éstos se originaron (veintitrés de febrero, doce de julio y uno de octubre de dos mil dieciocho), su tramitación se rige por el referido Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, aunado a que el promovente tiene el carácter de víctima u ofendido. Ello es así porque los preceptos invocados establecen que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el diverso 20, apartado C, fracción VII, de la carta magna, las decisiones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, la omisiones reclamadas, es susceptible de ser impugnada ante el Juez de Control, quien podrá analizar si dicha situación es legal o en su caso, ordenar la investigación y continuar con la persecución penal. Dicho en otras palabras, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Delitos de Tortura y al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (lo cual se reclama en esta vía). En efecto, durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al Agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México . Por su parte, el artículo 240 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la suspensión de la investigación y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Por tanto, se concluye que las omisiones reclamadas a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Delitos de Tortura y al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación, respecto de la carpeta de investigación 191790360016616, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de Control, en términos del referido artículo 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. En esas condiciones, de lo expuesto se advierte que el quejoso debió agotar el recurso que la propia Constitución consigna a su favor en términos de lo dispuesto en el artículo 20, apartado C, fracción VII, en relación con el precepto 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y al no haberlo hecho opera en su perjuicio el principio de definitividad que rige el juicio de amparo por lo que se refiere a la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especial en la Investigación de Delitos de Tortura y al Director General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de la omisión de integrar la carpeta de investigación y la omisión de contar con perito para la aplicación del Protocolo de Estambul, dentro de la carpeta de investigación 191790360016616. Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Respecto a lo anterior, el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, sobre el tema, al resolver la contradicción de tesis 4/2017 indicó que la naturaleza de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, esta regulada en la Constitución Federal, Ley de Amparo y en los artículos 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, y determinó que para las víctimas u ofendidos del delito les es aplicable la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia; por lo tanto, no les resulta exigible agotar el medio ordinario, previamente a promover el juicio de amparo indirecto. Lo anterior, argumentos que dieron origen a la jurisprudencia PC.II.P. J/6 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Febrero de 2018, Tomo II, Décima Época, visible en la página 1169, con número de registro IUS 2016139, de rubro siguiente: "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO NO LES RESULTA EXIGIBLE AGOTAR EN SU CONTRA EL MEDIO ORDINARIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 150, FRACCIÓN XIV, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE MÉXICO ABROGADO, PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR ESTIMARSE OPTATIVO." Ahora, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, origen a las jurisprudencias de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"; y, "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.". En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar el tema respecto a si las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación son impugnables ante el Juez de Control, a través de un medio de defensa, analizó y determinó que efectivamente se debe agotar ese medio ordinario previsto por la ley. Además, se advierte que el tema que analizó el Pleno en Materia Penal de este Circuito, tocante a que las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos se ubica en el supuesto de la excepción al principio de definitividad contenida en el artículo 61, fracción XX de la ley de la materia y que por ello no era exigible agotar el medio ordinario, contra los actos en los cuales la norma no regula la suspensión del acto reclamado o al hacerlo exija mayores requisitos o plazos para otorgarla conforme a la ley especial, también cuando carezca de fundamentación y motivación, o cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Es decir, el argumento toral de dicho Pleno de Circuito, se sustentó en el análisis del artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. En ese contexto, advertimos que ese tema ya fue superado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis señalada en líneas anteriores, pues su estudio lo basó en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la carta magna, que otorga a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en el código respectivo. Asimismo, manifestó que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Argumentos por los que se llega al convencimiento que en el caso concreto se debe atender a la jurisprudencia emitida por el máximo tribunal quedando superado lo resuelto por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, en relación a las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos, con independencia de la legislación que haya analizado para resolver el tema toral, pues es este último el que debe prevalecer. En consecuencia, al estar actualizada la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 150, fracción XIV y 240 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; en términos del artículo 63 de la Ley de Amparo, y 21 de la Constitución Federal, procede desechar la demanda promovida. DOMICILIO. En términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones al quejoso por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluso las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en el arábigo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese.

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