Gabriela Andrade Leal

Expediente 789/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
789/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
16/06/2016

Partes del expediente

  • Gabriela Andrade Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por tanto, háganse en el libro de gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el sistema integral de expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa exhibió documentos con sellos originales de recepción durante la tramitación del presente asunto, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido de que deberá dejarse en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    I) (AVISO PARTE QUEJOSA). Toluca, Estado de México; dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de dos de junio de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por tanto, háganse en el libro de gobierno las anotaciones correspondientes, así como en el sistema integral de expedientes. Expuesto lo anterior y el estado procesal del presente asunto evidencian que no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, pues el mismo se resolvió mediante una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en alguno de los supuestos a que hace referencia el párrafo último del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa exhibió documentos con sellos originales de recepción durante la tramitación del presente asunto, se hace de su conocimiento que se dejan a su disposición, para comparecer a recogerlos si así lo estima conveniente. De igual forma, para los efectos legales conducentes hágase de su conocimiento que en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, tales documentos podrán ser destruidos junto con el expediente si no comparece a recogerlos dentro del plazo de noventa días. En el entendido de que deberá dejarse en su lugar copia certificada por el Secretario de este Juzgado; asimismo, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de ser certificada y glosada para debida constancia legal. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, los cuadernos incidentales, permanecerán en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, y se procederá a su destrucción. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; dos de junio de dos mil dieciséis. Demanda de amparo. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gabriela Andrade Leal contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 789/2016-I. Motivos y causas de improcedencia. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social y, de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." La sola lectura del precepto transcrito permite establecer que únicamente por disposición expresa o por interpretación de los demás preceptos de la misma Ley de Amparo será posible determinar otra causa de improcedencia diversa de las que preceden a la fracción XXIII del referido ordenamiento legal, por lo que en todo caso deben exponerse las razones y fundamentos que lleven a estimar que la improcedencia resulta de alguna otra disposición de la ley. Por su parte, los numerales 107, fracción V, y 172, fracción III, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la Ley; (.)" Expuesto lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que la sentencia sea adversa a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Se estima aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 189, en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, del Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En el caso particular, la lectura integra de la demanda evidencia que la quejosa Gabriela Andrade Leal, señalan como acto reclamado: La dilación procesal con que se ha conducido la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje al no respetar ésta los términos que señala la Ley Federal del Trabajo dentro del expediente laboral J.1/603/2015, para el desahogo de cada una de las probanzas admitidas por las partes en dicho procedimiento, solicitando a este juzgado se reagenden las audiencias señaladas para el desahogo de dichos medios de convicción incluso hasta la emisión del laudo que en derecho corresponda. La dilación procesal combatida por la agraviada, no constituye un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), Constitucional, pues la dilación consistente en las audiencias programadas entre las fechas once, doce, y quince de agosto de dos mil dieciséis, para llevarse a cabo el desahogo de cada una de las pruebas ofrecidas por las partes (actora y demandada), no puede considerarse como un acto de ejecución irreparable, en la medida en que la materia de la misma, sólo se refiere a aspectos procedimentales, como lo es la integración de cada una de las pruebas consistentes en la confesional y testimonial a cargo de las partes. Además, como acto intraprocesal tampoco causa daño predominante o exorbitante, de manera tal que haga procedente el juicio de amparo binstancial; sino que el perjuicio podrá actualizarse cuando la autoridad señalada como responsable efectúe el desahogo de las pruebas ofertadas por las partes durante el desarrollo del juicio, al dictar la sentencia respectiva, y será en ese momento cuando podrá evidenciarse si el reclamo constitucional afectó a la parte quejosa, esto es, si la violación trascendió al resultado de la resolución conclusiva. El acto reclamado, tampoco participa de una afectación superior, que deba ser analizada mediante el juicio constitucional sin necesidad de esperar el dictado de la sentencia, ni con tal acontecimiento se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa. En efecto, el acto reclamado ningún perjuicio irreparable irroga a la parte quejosa, ya que sólo puede considerarse como una violación al procedimiento, que encuadra en la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo. Por lo mismo, la resolución con que culmine tal juicio, incluso, puede resultarle favorable y aun en el supuesto de serle adversa, puede alegar esta violación en vía de concepto de violación, al promover el juicio de amparo directo que en su caso y oportunidad promueva contra la sentencia dictada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la tesis 626, publicada en la página 569, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-200, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Así como la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, publicada en la página 280, Tercera Sala del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV Primera Parte, Octava Época, que establece: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En consecuencia y como quedó demostrado en párrafos precedentes, el acto reclamado no es combatible mediante el juicio de amparo indirecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario todos de la Ley de Amparo, asimismo en términos del artículo 172, fracción III, de la citada ley de la materia, procede desechar la demanda de amparo, por su manifiesta e indudable improcedencia. Domicilio procesal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa. Autorizados. Por razón de la materia, téngase por autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el proemio de la demanda. Días y horas inhábiles. En términos de lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones respectivas. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Mario Jorge Melo Cardoso, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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