Gabriel Vázquez Hernández

Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1080/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Gabriel Vázquez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente juicio constitucional se desechó de plano la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en los incisos b) y d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo1 y regístrese con el número 1080/2022. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, en el caso de estudio se actualiza la que encuentra su fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. Los artículos 61, fracción XII y 5, fracción I, de la Ley de Amparo disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Cabe precisar que, conforme a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de éstos; sin embargo, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con tal acto. De ahí que, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, pues se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Luego, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de forma genérica se debe demostrar: ? La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y, ? La transgresión de dicha prerrogativa por los actos de autoridad tildados de inconstitucionalidad, lo cual faculta al gobernado a solicitar la protección constitucional en su favorAsí pues, de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley Agraria, no es óbice, cuando la parte quejosa reclama derechos sobre parcelas y demás tierras ejidales, los cuales son propios de los ejidatarios y se acredita principalmente con: a) Certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; b) Certificado parcelario o de derechos comunes; c) Sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario; o, d) Lista de sucesión. Ahora bien, de los antecedentes que narra el quejoso en su demanda de amparo, se desprende lo siguiente: 1. Con fecha veinticinco de junio de dos mil ocho, le encargó al señor Abraham Santiago, la compra del terreno ubicado en el paraje gadzii, a la señora Bernarda Santiago García. 2. Terreno que aduce ser dueño el quejoso, como lo pretende acreditar con el recibo y documento de entrega que le hizo Abraham Santiago de fecha veinte de julio de dos mil ocho, que anexa; por lo tanto, desde ese año se encuentra en posesión del mismo. 3. Sin embargo, se enteró que han requerido al señor Abraham Santiago Vásquez, la entrega forzosa del mismo mediante acuerdo de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintidós, emitido por el magistrado del Tribunal Unitario Agrario Numero 21, con sede en Oaxaca de Juárez, y que la Lic. Olivia Cruz Medina, actuaria llevadora del expediente agrario número 1985/2019 de ese tribunal, pretende ejecutar de manera forzosa el día cinco de octubre del año dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos. 4. De la cual no está de acuerdo ya que el quejoso aduce ser el poseedor, como le consta a los pobladores de mi municipio de San Baltazar Chicicapam, Ocotlán, Oaxaca, y a los vecinos colindantes del terreno, que desde el año dos mil ocho, se encuentra en posesión, pues ha utilizado el predio para la siembra. En ese sentido, la quejosa reclama la ejecución forzosa que han dictado en el expediente agrario número 1985/2019 y que pretenden llevar a cabo el día cinco de octubre del año dos mil veintidós a las diez horas con treinta minutos, y de la cual el quejoso no ha sido parte en ese juicio. Dicho lo anterior, en la especie, es necesario que la parte quejosa, acredite su interés jurídico fehacientemente respecto del inmueble materia del juicio de subyacente y el que defiende, lo que se logra con lo siguiente: 1) Justificar que detenta derechos de propiedad respecto del inmueble que defiende. 2) Que existe transgresión a sus derechos fundamentales relacionados con dicho inmueble, al verse perjudicado con el actuar de la autoridad responsable. Para demostrar la primera de las exigencias anotadas, el quejoso ofreció como medios de prueba: a) Copia del recibo de compra de la parcela Ejidal, realizado entre Abraham Santiago como comprador y Bernarda Santiago García como vendedora, de once de julio de dos mil ocho. b) Copia de documento donde Abraham Santiago, con fecha veinte de julio de dos mil ocho, le hace entrega del terreno y recibo de compra a Gabriel Vázquez Hernández. Dichos documentos, al ser copia simple, únicamente hacen prueba de la existencia del original del que fue tomado, sin embargo, es incapaz por sí solo de producir certeza al no haber sido adminiculado con diverso medio de convicción, por tanto, carece de valor convictivo de conformidad con el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Asimismo, de las documentales exhibidas, no se desprenden la ubicación exacta y el límite del inmueble reclamado por el quejoso, por lo que no tiene identidad dicho predio. Por lo tanto, debió exhibir documentos que tengan valor probatorio pleno, con el propósito de identificar el bien inmueble y acreditar la afectación.Ello es así, porque si la parte que se estima agraviada no aporta al juicio los elementos de convicción tendentes a demostrar de manera fehaciente la identidad del bien materia del juicio de origen del cual emanan los actos reclamados, con aquél que defiende, es imposible sostener de manera válida que tal acto irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Por lo tanto, de las documentales que exhibió consistentes en copia simple del recibo de compra de la parcela Ejidal, la cual no es de fecha cierta y la copia simple de documento donde el señor Abraham Santiago, con fecha veinte de julio de dos mil ocho, le hace entrega del terreno y recibo de compra al aquí quejoso, es ineficaz para tener por demostrada la propiedad que detenta respecto del bien inmueble materia del presente asunto. Esto es así, pues como se adelantó, para acreditar la propiedad en la materia que nos ocupa, de acuerdo con los artículos 14 y 16 de la Ley Agraria, debe exhibirse a) certificado de derechos agrarios expedido por autoridad competente; b) certificado parcelario o de derechos comunes; c) sentencia o resolución relativa del Tribunal Agrario; o, d) lista de sucesión; lo cual no se logra con las documentales antes descritas. En esa tesitura, es por ello por lo que no se acreditó el interés jurídico del quejoso para solicitar el amparo y, por tanto, el derecho subjetivo para que se ejerza la función jurisdiccional federal para dar respuesta de fondo al reclamo de justicia que pretende, siendo uno de los presupuestos que debe verificarse fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. En tal virtud, la quejosa tiene la carga de probar su interés jurídico de manera fehaciente. Sirve de sustento la jurisprudencia de registro 187777, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, febrero de 2002, página 15, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Con base en lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales numeral 5°, fracción I y 6°, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo instada por el quejoso. Máxime que como se desprende de la certificación de cuenta, se tiene a la vista la sentencia del juicio de amparo directo 335/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, de la que se desprende que Abraham Santiago Vásquez, en el juicio de origen 1985/2019 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintiuno, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca es la parte demandada y el Tribunal Unitario, mediante sentencia de nueve de junio del año dos mil veintiuno, determinó que quien tenía un mejor derecho sobre la parcela 1658 Z-1 P2/2, es Bernarda Santiago García y no Abraham Santiago Vásquez, porque no acreditó la causa generadora de la posesión. Asimismo, de la ejecutoria citada, se desprende que el quejoso tenía conocimiento de la existencia del juicio agrario de origen, ya que fungió como testigo de la parte demandada; al desahogar la prueba testimonial, expuso sobre los actos posesorios que ha visto realizar a Abraham Santiago. Aunado a que, Abraham Santiago al responder la posición número 5 que se le formuló, manifestó en esencia que posee la parcela controvertida porque se la compró a la actora, quien la ofreció a varias personas y hay un documento que la actora firmó y en el que le dio la posesión del terreno. Por lo tanto, en el juicio de origen el Tribunal Unitario al resolver, determinó que la parte actora sí acreditó la causa generadora de la posesión y el propio quejoso (Abraham Santiago) al rendir su testimonio, manifestó que se encuentra en posesión material del inmueble, pues expresamente dijo que está trabajando el terreno desde el año de dos mil ocho, confesión que en términos del artículo 189 de la Ley Agraria, merece pleno valor probatorio. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que la Ley de Amparo, en el artículo 2615 , prevé la imposición de una pena de dos a seis años de prisión y una multa de treinta a trescientos días al quejoso, a su autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.(SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE)

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano