Gabriela Azucena Sánchez Hernández y Otros.

Expediente 1172/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1172/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Gabriela Azucena Sánchez Hernández y Otros.
  • Néstor Alfredo Canseco y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo por el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Pablo José Martínez Centeno, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. En virtud que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva respecto de los actos reclamados en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que alude el numeral séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2, relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente incidente es susceptible de destrucción. En diverso aspecto, con fundamento en lo establecido por el arábigo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General citado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. En otro punto, se estima que este incidente carece de relevancia documental, porque los actos reclamados en el juicio constitucional de donde deriva la presente incidencia no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentran comprendidos, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentran comprendidos como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma electrónicamente Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Pablo José Martínez Centeno, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. En relación al estado de autos se advierte que las autoridades responsables juez de Control del Circuito Judicial de Vales Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca -única autoridad ordenadora- y el director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado -autoridad ejecutora-, en representación del titular de dicha Institución, al rendir sus informes justificados negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, consistentes en la orden de aprehensión emitida contra el quejoso por la autoridad judicial y su ejecución material atribuida a la restante y al coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. En consecuencia, se concluye que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo que establece la terminación de la instancia constitucional cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Por tanto, ante la inexistencia de los actos que el impetrante reclamó, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, con apoyo en el tramo normativo citado, así como en los diversos numerales 26, fracción I, inciso f), 64 y 65, de la Ley de Amparo. Sin que el sobreseimiento decretado fuera de la audiencia cause agravios al inconforme o lo prive de su derecho de defensa, ya que ni aun celebrándose el agraviado podría desvirtuar con prueba alguna la hipótesis de sobreseimiento invocada que se torna notoria, manifiesta e indudable dado que la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, razón por la cual el resultado del fallo sería en el mismo sentido. De ahí que atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional lo procedente es resolver fuera de audiencia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que la diversa autoridad responsable ejecutora coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, no haya rendido informe justificado, debido a que la autoridad responsable ordenadora, negó la existencia del acto reclamado, consecuentemente no puede existir la materialización de la orden privativa de libertad que se le atribuye a la referida ejecutora, por lo que también procede sobreseer respecto a la misma. En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 1172/2022, promovido por Gabriela Azucena Sánchez Hernández, Néstor Alfredo Canseco o Néstor Alfredo Canseco Mendoza y Ximena Canseco Mendoza, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridades responsables al Juzgado de Control del circuito de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet y otros, a quienes reclama la orden de aprehensión por parte de la autoridad judicial y su ejecución material atribuida a las restantes. La demanda de amparo fue recibida el trece de octubre de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 1172/2022 y admitida en la misma fecha. En dicho acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. II. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente, la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable ordenadora Juzgado de Control del circuito de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet. Autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Oaxaca. Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. Acto reclamado Orden de aprehensión por parte de las autoridades judicial y su ejecución material atribuida a las restantes. III. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables al rendir su informe previo, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa aportara elemento probatorio alguno para desvirtuar dicha afirmación categórica. No. Denominación autoridad responsable Sentido 1 Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca Niega 2 Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en representación del titular de dicha Institución Niega Consecuentemente, con apoyo en los artículos 128 y 146 de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de los actos reclamados, lo que procede en el caso, es negar la suspensión solicitada, pues ningún sentido tendría otorgar la medida para detener la ejecución de actos cuya existencia ni siquiera está probada. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la autoridad ejecutora coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, a la fecha no rindió informe previo a pesar de haber quedado notificado de la solicitud del mismo desde el catorce de octubre de dos mil veintidós. Sin embargo, como todas las demás autoridades, incluyendo a la ordenadora, al rendir su informe previo negaron la existencia de los actos reclamados, consecuentemente no puede existir la materialización de la orden de aprehensión que se le atribuye a la referida autoridad ejecutora, por lo que también procede negar la suspensión en relación a aquélla. De ahí que, en apego al principio de expedites que rige la impartición de justicia, con apoyo en el artículo 17 Constitucional, privilegiando la resolución de este incidente por encima de las cuestiones procedimentales, procede negar la suspensión respecto al acto atribuido a dicha responsable. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a ********* por las razones expresadas en el apartado III de esta resolución. SEGUNDO. Hágase del conocimiento de las partes, que se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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