Gabriel Sebastián García
Expediente 215/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 215/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gabriel Sebastián García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
MESA II-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio 927, firmado por el juez Segundo de lo Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada de la primera comparecencia del quejoso Gabriel Sebastián García, de fecha veinte de febrero de dos mil quince, donde le fijan las nueve horas con treinta minutos de ese mismo día para recibirle la declaración preparatoria; atento lo anterior, se tiene a la aludida responsable remitiendo la constancias referida, asimismo, se tiene al peticionario de amparo cumpliendo con el segundo requisito de eficacia a que se refiere el inciso b), de la suspensión definitiva. NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA II-A * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 215/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. El quejoso Gabriel Sebastián García, solicitó la suspensión de los actos reclamados al juez Segundo Penal del distrito judicial del Centro (autoridad ordenadora), al procurador General de Justicia del Estado, al director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, al coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y al jefe de departamento de órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, (autoridades ejecutoras), residentes en esta ciudad, consistentes en la orden de aprehensión librada en su contra por la autoridad judicial y la ejecución material de tales determinaciones atribuidas a las restantes. SEGUNDO. Por auto de dieciséis de febrero de dos mil quince, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 215/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión de la litis incidental. Se precisa que los actos que la parte quejosa reclama son: ACTOS RECLAMADOS:AUTORIDADES RESPONSABLES: Orden de aprehensiónJuez Segundo Penal del distrito judicial del Centro Ejecución material de dicho mandamiento.Procurador General de Justicia del Estado, director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca y jefe de departamento de órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, (autoridades ejecutoras), residentes en esta ciudad, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SEGUNDO. Inexistencia de una autoridad responsable. En auto de diecinueve de febrero de dos mil quince, se dejó de tener como autoridad responsable al director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado; por tanto, si no existe dicha autoridad, menos puede existir el acto de ejecución material del actos que se le atribuye; en consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de esa autoridad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Al rendir informe previo el juez Segundo Penal del distrito judicial del Centro (foja 16), el director de asuntos jurídicos, en representación del procurador General de Justicia del Estado (foja 34), la jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial, en representación del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones (foja 35) y el encargado del departamento de órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca (foja 40), residentes en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la autoridad judicial indicó: que la causa penal 12/2015 de su índice, instruida contra el aquí quejoso, le libró orden de aprehensión por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de lesiones y daños, cometidos, el primero, en agravio de Donají Matías Zárate y el segundo, en perjuicio patrimonial de José Manuel Matías Salvador, ilícito previsto y sancionado por los artículos 58, primer y último párrafo, en relación con el artículo 272, segunda parte del primer párrafo, en relación con el artículo 355, por remisión del diverso precepto 387, todos del Código Penal vigente en el Estado; mismos que dicha responsable precisa, no se encuentran calificados como graves por el artículo 23 Bis "A" del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Siendo ciertos los actos reclamados, procede resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia de la suspensión definitiva. El quejoso solicita la suspensión definitiva de los actos reclamados de manera genérica únicamente para que no sea privado de su libertad, manteniendo las cosas en el estado que actualmente guardan. Se hace del conocimiento de las partes, que sólo en lo relativo a la procedencia o no de la suspensión solicitada por el promovente, así como, a las condiciones a que se sujete y efectos de la misma, se aplicará la Ley de Amparo anterior a la reforma, de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, toda vez, según dicho numeral, la suspensión en materia penal, seguirá rigiéndose acorde a aquella; pues, en el caso, el acto reclamado deriva del juez Primero Penal del distrito judicial del Centro, residente en esta ciudad, respecto de quien aún es aplicable el nuevo sistema de justicia penal, acorde al decreto número 308 de fecha seis de septiembre de dos mil seis, por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado, en el cual se incorporan los principios rectores del nuevo proceso penal como son: la oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración; rigiendo para él la jurisdicción que corresponde en la aplicación del Código de Procedimientos Penales del Estado, relativo al proceso penal tradicional, en términos del artículo tercero transitorio del nuevo Código Procesal Penal, que establece que los procesos que a la entrada en vigencia de ese Código se encuentren en trámite o por hechos ejecutados antes de la entrada en vigor de la nueva codificación, continuarán hasta su conclusión, aplicando el Código de Procedimientos Penales del Estado; por lo que únicamente se dejará de aplicar la segunda parte de la sección tercera, del capítulo primero de la Ley de Amparo en vigor, relativo a la suspensión del acto reclamado "en materia penal". En la especie, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 124 de la abrogada Ley de Amparo, aplicable en términos de los transitorios segundo y tercero de la vigente, como la suspensión definitiva está solicitada, con la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, y sí en cambio, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que con la ejecución del acto se causarían a la parte promovente. Con fundamento en los artículos 124 y 136, párrafo primero, de la anterior Ley de Amparo, aplicable en términos del transitorio tercero de la vigente, se concede la suspensión definitiva al quejoso, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no sea privado de su libertad personal con motivo de la orden privativa de libertad reclamada, quedando a disposición del juez de la causa, para la continuación del procedimiento judicial y a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal; medida precautoria que surte efectos desde este momento, de conformidad con el artículo 136 de la anterior Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si no se cumple con los requisitos de eficacia siguientes: a). Que el quejoso Gabriel Sebastián García exhiba a favor de este juzgado, dentro de setenta y dos horas, en billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, garantía económica por la suma de $16,000.00 (dieciséis mil pesos, cero centavos, moneda nacional); de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la abrogada Ley de Amparo. Y en el caso de que la garantía se constituya en billete de depósito se hará ante el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), conforme lo establecido por el artículo 52, fracción I, del Acuerdo 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo asumido en sesión ordinaria de once de julio de dos mil siete, por el Comité del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, a que se refiere la circular 11/2007, que expidió la Secretaría Técnica de dicho comité. En el entendido que dicha garantía se fija, de conformidad con el artículo 124 Bis de la anterior Ley de Amparo, tomando como datos objetivos, los siguientes: I). Que los delitos que se atribuyen al promovente son los de lesiones y daños, cometidos, el primero, en agravio de Donají Matías Zárate y el segundo, en perjuicio patrimonial de José Manuel Matías Salvador, como importe del detrimento es de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) II) Que no existe constancia alguna sobre las características personales y situación económica de la parte promovente del amparo. III) Que no existe en este incidente de suspensión, constancia que acredite que la parte promovente compareciera ante la autoridad responsable ordenadora, para que le recibiera su declaración preparatoria, lo que indica que podría sustraerse de la acción de la justicia. Garantía que se establece al ponderar el beneficio que se otorga con la presente medida cautelar y los datos anteriores, a efecto de evitar una conducta evasiva por la parte quejosa en relación con el proceso penal que se le sigue. b) Que dentro del plazo de tres días el promovente comparezca ante el juez Segundo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, lo que significa que deberá presentarse ante dicha autoridad para que le sea recibida la declaración preparatoria y asistir a toda clase de diligencias para las que lo citen dentro del proceso, conforme a lo dispuesto en el artículos 136, párrafo primero, y 138 de la abrogada Ley de Amparo. En todo caso, aunque no sea citado para alguna diligencia deberá presentarse cada siete días, hasta la resolución ejecutoria del juicio principal de amparo a que corresponde este incidente de suspensión; en la inteligencia de que dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del referido plazo, de tres días, deberá acreditar ante este juzgado que se presentó ante la autoridad responsable ordenadora; con apercibimiento que de no realizar dicha presentación; y de no acreditar aquí que cumplió con la primera presentación indicada, se hará efectiva la garantía pecuniaria en favor del Erario Federal; de igual modo, para el caso de que el juez de la causa, informe a este juzgado que la parte quejosa no cumplió con alguna otra presentación a la que haya sido citado previamente y que esté acreditado este hecho, también se hará efectiva la referida garantía. Estas medidas de aseguramiento de la parte promovente se adoptan a efecto de que pueda ser devuelta a la autoridad responsable ordenadora en caso que no se le conceda el amparo; y la suspensión producirá efectos hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución firme que en cuanto al fondo del juicio constitucional se pronuncie. Una vez transcurrido el plazo de tres días para exhibir la garantía económica, comuníquese a las autoridades responsables si se cumplió con esos requisitos; en la inteligencia que de no haberlo satisfecho, o de no efectuar las comparecencias y las presentaciones personales ante el juez responsable, dejará de surtir efectos la suspensión concedida. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad del mismo, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho del solicitante, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión definitiva en los términos expuestos, respecto de la ejecución de la orden de privar de su libertad a la parte promovente de amparo (orden de aprehensión), pues, al confrontar la trascendencia del derecho del solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio a la parte peticionaria, dado, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado (el cual afecta de modo predominante la libertad personal de la parte promovente) y a lo expuesto en su demanda de amparo (específicamente en el apartado concerniente a los antecedentes del acto reclamado y conceptos de violación), se consideró no se contraviene el interés social; pues, si bien, por una parte con tal medida se permite que tratándose de delitos que por su naturaleza permitan el beneficio de la libertad provisional bajo caución, la parte quejosa siga gozando de su libertad personal en los términos indicados, en nada afecta el interés social, ya que, aun cuando la sociedad está interesada en que, quien comete un ilícito sea sancionado por ello, o quien es sujeto de una orden privativa de libertad, sea objeto de la misma, tal interés ha de prevalecer siempre y cuando tal restricción provenga de autoridad competente y se ajuste a la ley respectiva (lo cual se conocerá hasta que se resuelva el juicio), lo que en el caso no se verá afectado, pues, la concesión de mérito no impide que se concluya en tal determinación, empero, será hasta que exista certeza sobre la legalidad del acto reclamado, y en tanto no quede firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Además se condicionó al peticionario a comparecer ante el juez de la causa y exhibir a favor de este Juzgado garantía por la suma de $ 16, 000. 00 (dieciséis mil pesos, cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de la formas permitidas por la ley, apercibido que de incumplir con dichos requisitos de eficacia, la suspensión concedida dejará de surtir efectos y se comunicará a las autoridades responsables que quedan expeditas sus facultades para ejecutar la orden de aprehensión combatida. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII Constitucional reformado, en relación con los numerales 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. QUINTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a Gabriel Sebastián García, la suspensión definitiva del acto de ejecución material de la orden de aprehensión que reclamó al director de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por inexistente. SEGUNDO. Se concede al quejoso Gabriel Sebastián García la suspensión definitiva solicitada contra la ejecución material de la orden de aprehensión reclamada al juez Segundo Penal del distrito judicial del Centro, que libró en la causa penal 12/2015 de su índice; cuya realización se atribuye al director de asuntos jurídicos, en representación del procurador General de Justicia del Estado, a la jefa de la Unidad Administrativa y de Carrera Policial, en representación del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y al encargado del departamento de órdenes de aprehensión de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando de esta interlocutoria, hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil quince. Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de la arquitecta Gabriela López Cruz, perita oficial de este juzgado, recibido hoy, del que se advierte emite su dictamen pericial. Por otra parte, de la diligencia que antecede practicada hoy, se desprende que la citada perita, ratifica el contenido de su dictamen, por lo que agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA I-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinte de febrero de dos mil dos mil quince. Vista la certificación asentada por la secretaria de este juzgado y tomando en consideración que transcurrió el plazo de cinco días a que alude el artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la ley de la materia, contra el acuerdo de nueve de febrero del año en curso (foja 103), por el cual se declaró prescrita a favor del Erario Federal la garantía otorgada por el quejoso Luis Santiago Mortera, para que surtiera efectos la suspensión provisional que se le concedió; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la anterior Ley de Amparo (aplicable en términos del artículo Tercero transitorio de la Ley de Amparo en vigor), conforme a su artículo 2°, ambos aplicados por analogía, se declara que el citado proveído ha causado estado, por lo que, conforme a la circular de fecha veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco y la diversa fechada el uno de febrero de dos mil, que comunican acuerdos relativos del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debidamente endosado, remítase el billete de depósito número N 454816, que ampara la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos, cero centavos, moneda nacional), a la Tesorería de la Federación, con residencia en México, Distrito Federal. Hágase de su conocimiento que en este juicio de amparo el treinta y uno de enero de dos mil trece, se declaró ejecutoriada la sentencia pronunciada el tres de septiembre de dos mil doce, firmada el veintiuno de noviembre de dos mil doce, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...
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