Gabriel Vázquez Bautista
Expediente 192/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Vázquez Bautista
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 565, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del diverso 7793/2023, mediante el que se le notificó el proveído de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, y se devolvió el original de la documental que acompañó como sustento de su informe justificado. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 514, signado por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; atento a su contenido, como lo solicita, devuélvasele el original del juicio sumario civil 870/2019, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, a la fecha ha transcurrido sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, por lo que ve al cuaderno de pruebas, devuélvase a su lugar de origen y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la demanda que dio origen a este juicio de amparo la promueven diversos quejosos; por tanto, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional designa como representante común de la parte promovente a *********, sin perjuicio de que posteriormente sea sustituido por los propios quejosos. Por otra parte, glósese el escrito signado por los quejosos *****, mediante el cual, dan cumplimiento a la prevención formulada el veinte de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia acuérdese lo conduce a la demanda de amparo que promovieron contra actos de la Magistrada de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Del análisis integral de la demanda de amparo así como del toca de apelación I-283/2022, del índice del Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, y, del juicio sumario civil *****, del índice del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Como puede observarse, el precepto transcrito regula la procedencia del juicio de amparo respecto de la última resolución emitida en el procedimiento de remate, entendida ésta, como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En la especie, la parte quejosa hace valer como acto reclamado: "La sentencia definitiva dictada por la autoridad responsable, con fecha 5 de octubre del año 2022, dentro del Toca de apelación I-283/2022." Dicha resolución combatida, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dentro del toca de apelación l-283/2022, confirmó la audiencia de remate, en su segunda almoneda, de dos de agosto de dos mil veintidós, relativa al juicio sumario civil ****, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. En atención a lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es necesario hacer una breve reproducción de los antecedentes del acto reclamado, en los cuales la parte quejosa manifiesta lo siguiente: 1.- En cinco de agosto de dos mil diecinueve, fue admitida en la vía sumaria civil sobre división de cosa común, la demanda presentada por ***, la cual fue radicada y registrada bajo el número **. 2.- Siguiendo los trámites legales, con fecha seis de agosto de dos mil veinte, en el toca de apelación *******, el Magistrado de la Novena Sala Civil, del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, confirmó la sentencia dictada en el juicio sumario civil ******, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. 3.- Seguido el juicio de origen, en específico en ejecución de remate, con fecha dos de agosto de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de remate, en segunda almoneda de dos de agosto de dos mil veintidós, emitido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, en la que decretó: " es de adjudicarse y se adjudica el bien inmueble sujeto a remate consistente en la casa habitación ubicada en la calle *********, declarándose fincado el remate en por la totalidad del precio fijado para la venta de este remate es decir, ********* para lo cual se compromete el postor a entregar el resto dentro de los tres días hábiles siguientes a esta fecha." Lo resaltado es propio Por tanto, se acredita que el juicio de origen se encuentra en la etapa de remate y que el acto reclamado no es la última resolución dictada en ese procedimiento respectivo, puesto que no es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados ya que se considera que la declaración de fincado el remate y en su caso la adjudicación, no constituyen la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento, sino que son declaraciones que hace el Juez de manera provisional cuando no sea mejorada la última postura o puja, y cuando a falta de postores el acreedor solicita la adjudicación, las que están sujetas a una confirmación o una anulación posterior por parte de la misma autoridad. Lo anterior es así, pues el acto reclamado no constituye una resolución a que alude el último párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, si bien la resolución reclamada es la resolución dictada el cinco de octubre de dos mil veintidós, dictada por el Magistrado de la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, lo cierto es que, ésta confirma la audiencia de remate en segunda almoneda verificada dentro del juicio sumario civil *****, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, asistido del secretario de acuerdos, la cual, este juzgador considera no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate. Cabe destacar que en la ejecutoria que dio origen a la tesis 1a./J.13/2016 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), de la que se concluye que dicha Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que los efectos de la adjudicación se materializan cuando se actualiza la última resolución del procedimiento de remate, esto es, cuando se ordena la escrituración o se ordena la entrega material del bien motivo de litis. Asimismo, cabe destacar que la última resolución del remate, debe ser entendida como aquella que ordena la escrituración del inmueble y su entrega material al adjudicatario. En ese orden de ideas, no basta que el juzgado responsable haya declarado fincado el remate a favor de la quejosa y adjudicado a su favor el bien inmueble motivo de litis, sino que se requiere que es necesario que se materialice la última resolución del procedimiento de remate, esto es, que se ordene la escrituración forzosa en rebeldía por no haber cumplido voluntariamente la parte demandada con la entrega de las escrituras. De allí que, ante las consideraciones expuestas en la citada ejecutoria, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que no se está ante la última resolución tratándose de remate debido a que como se expuso, en la determinación reclamada no se ordenó la escrituración del inmueble, sino más bien únicamente se celebró la audiencia de remate y se adjudicó el bien inmueble a la quejosa. Empero, conforme a lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria en análisis, la resolución definitiva tratándose de remate es la que ordena la escrituración forzosa en rebeldía por no haber cumplido voluntariamente la parte demandada con la entrega de las escrituras, o bien la entrega de la posesión del inmueble rematado, sin que en el caso, se haya combatido ninguno de éstos dos supuestos. Encuentra apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO ES LA QUE EXPRESA O TÁCITAMENTE CONFIRMA O ANULA LA DECLARACIÓN DE FINCADO EL REMATE O LA ADJUDICACIÓN DEL BIEN, CON INDEPENDENCIA DE QUE TENGA O NO POR CONSIGNADO SU PRECIO. La declaración de fincado el remate y, en su caso, la adjudicación del bien, no constituyen la resolución definitiva a que se refiere el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de declaraciones provisionales que están sujetas a confirmación o anulación posterior por parte de la autoridad que las dictó, además de que en su contra procede el recurso de apelación. En efecto, una vez hecha tal declaración, si el postor que ofreció pagar una parte de contado y otra con posterioridad, no cumpliere sus obligaciones, el tribunal podrá declarar sin efecto el remate, conforme a los artículos 482 y 484 del Código Federal de Procedimientos Civiles y sus correlativos de las entidades federativas. Por tanto, contra aquella determinación no procede el juicio de amparo, sino contra la que pronuncia el juzgador después de realizada la subasta, una vez que revisa si en este procedimiento se cometió o no alguna violación, es decir, procede el amparo contra la que expresa o tácitamente confirma o anula la declaración de fincado el remate o la adjudicación de los bienes, con independencia de que tenga o no por consignado su precio, pues la venta judicial puede llevarse a cabo ya sea con pago de contado o mediante pagos diferidos, y en el primer supuesto, según el artículo 483 del indicado Código Federal y sus similares de los Estados de la República, en el acto del remate debe exhibirse el efectivo numerario del precio o el cheque certificado a favor del tribunal, en cuyo caso, de haberse fincado el remate, para aprobarlo el tribunal no tendría necesidad de declarar posteriormente consignado el precio de aquél". Así, se pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque en la especie el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo; dado que en su caso viene a ser aquélla que en forma indistinta ordena la entrega o escrituración de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar las violaciones procesales que en dicho periodo de ejecución dice se realizaron. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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