Gabriel Rico Rojas
Expediente 1386/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1386/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Rico Rojas
Actuaciones
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ***********, ostentándose defensor privado de ***********, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; atento a ella, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número *********. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: ****************************************a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.****************************************b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. ****************************************c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. ****************************************En el caso concreto se actualiza el primero de los supuestos en cita, en virtud de que los actos reclamados en esta instancia constitucional, se hacen consistir en:****************************************".IV. Acto reclamado:******************** ********************De la autoridad señalada como responsable se le reclama, la resolución de data 21 de septiembre de 2023, en la que confirma la resolución del juez de control de Uruapan, Michoacán, que dicta la medida cautelar de prisión preventiva justificada en la causa penal ************; resolución de magistrado en el toca penal número XI-********." Así las cosas, se estima competente para conocer de la demanda en trato al Juez de Distrito en el Estado Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, pues los actos reclamados llevan inmersa una ejecución material que tiene materialización en el lugar en que ejerce su jurisdicción territorial. Es así, si se toma en consideración que la resolución reclamada de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por el Magistrado responsable dentro del toca penal I-*****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso en contra del auto de doce de agosto del año en curso, emitido dentro de la causa penal número ********************/2023, por el Juez de Control y Enjuiciamiento de Proceso Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, por su naturaleza requieren de ejecución material, toda vez que entre los efectos de los mismos se encuentra el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de origen, es decir, es ante la potestad del Juez de la causa a la que el procesado está sometido, aunado a que éste se encuentra recluido en el Centro e Reinserción Social de Uruapan, Michoacán, jurisdicción en la cual se instruye su causa penal, queda vinculado a determinadas obligaciones, por lo que, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra ese auto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de Primera Instancia que conoce del proceso penal, por ser ahí, donde se materializan sus efectos. Es decir, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de Primera Instancia responsable, la ejecución material de los actos reclamados será en el lugar de residencia de éste, que consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que confirma el auto que dicta la medida cautelar de prisión preventiva, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el Juez de Control que conoce del proceso penal.****************************************Sirve de apoyó por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 118/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 2183, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 160608, que a la letra dice: ****************************************"COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad".************************************************************Así como, en lo que en ella interesa, la jurisprudencia número 1a./J. 1********************7/2005, visible en la página número 17********************, Tomo XXIII, Enero de 2006 Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: ****************************************"COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal.".************************************************************Por tanto, se estima competente para conocer de la demanda en trato, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan, pues el acto reclamado lleva inmersa una ejecución material, que tiene materialización en Uruapan, Michoacán, lugar en donde tiene su residencia el Juez que conoce del proceso penal a estudio. ****************************************Tiene aplicación a lo anterior la tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:****************************************"COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares." Por tanto, como esa localidad, no se encuentra comprendida entre aquellas en las que este juzgado Federal ejerce jurisdicción territorial, sino en uno de los que lo hacen los juzgados con residencia en Uruapan, Michoacán, según lo previene el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con fundamento en los artículos ********************5 y ********************8 de la Ley de la materia, este juzgado declara que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de mérito y la plantea al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con sede Uruapan, a quien se ordena remitir el original de la demanda de derechos fundamentales con sus anexos, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito, con el objeto de que lo envíe a quien por razón de turno corresponda avocarse a su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.****************************************En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo ********************8 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la suspensión del acto reclamado en términos de lo previsto por el artículo ********************8, primer párrafo de la Ley de Amparo, en virtud a que los actos que reclaman no se ubican en alguno de los supuestos que establece el citado precepto legal. De igual manera, resulta improcedente decretar la suspensión en términos de artículo 127 de la Ley de Amparo, pues no se está en alguno de los supuestos que establece ese artículo, ya que no se reclama un acto de extradición, previsto en la fracción I del citado numeral y, por otro lado, porque conforme a lo dispuesto por la fracción II de dicho precepto, la suspensión de oficio procede cuando se trate de algún acto que, de llegar a consumarse, haga físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, hipótesis que en la especie no prevalece, por lo que los actos que se impugnan son factibles de atenderse, de admitirse la demanda, al proveer sobre la suspensión provisional y definitiva. Por tanto, al no encuadrar los actos reclamados en alguno de los supuestos antes mencionados, no es factible que este órgano jurisdiccional proceda en los términos de los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo, esto es, a decretar la suspensión de oficio. Se invocan sobre el particular la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1698, del Tomo XLIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: ****************************************"SUSPENSION DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE. La fracción II del artículo 123 de la Ley de Amparo, toma como base para conceder la suspensión de plano y de oficio, que se trate de un acto que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada; caso en el cual no se encuentra la orden de una autoridad del orden administrativo, para que se desaloje a los quejosos de los terrenos que dicen estar poseyendo; pues es indudable que si el acto llegara a ejecutarse, no sería imposible restituirlos de nuevo en el goce de la posesión; de manera que la suspensión debe resolverse en los términos del artículo 12******************** de la citada ley, o sea, concederse la suspensión provisional y no de plano y de oficio".************************************************************Asimismo, por contener el principio jurídico, la tesis VII.1º.A.T.7K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 978, del Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto señala: ****************************************"SUSPENSIÓN DE OFICIO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE AMPARO. CUÁNDO PROCEDE. De una correcta interpretación del artículo 123, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual dispone que procede la suspensión de oficio "Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada. ...", en relación con lo que en lo conducente estatuye el diverso 80 ibídem, en el sentido de que "La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación ...", se colige que los actos a que alude esa fracción, son aquellos que de ejecutarse se consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, dejando sin materia el juicio de garantías, como sucedería, verbigracia, tratándose de la orden de demolición de un inmueble arqueológico o la orden de destruir una pintura artística, pero no cuando se reclamen actos que, aunque se realicen materialmente, sí es posible al través de la concesión del amparo, conforme al citado artículo 80, devolverle al peticionario de la acción constitucional el disfrute de la garantía violada, como ocurre en la especie, en que se reclama una orden de visita y presentación de documentos para su revisión con efectos fiscales, actos que desde luego no pueden considerarse de imposible reparación o que dejen sin materia el juicio de garantías, que son las razones de ser de la procedencia de la precitada medida cautelar oficiosa, porque es evidente que de otorgarse la protección constitucional se retrotraerían las cosas al estado que tenían antes de su emisión y ejecución.".**************************************** Las tesis o criterios jurisprudenciales que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la Ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan, con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Se tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, número********************, fraccionamiento********************y autorizando para tal efecto a ********************y ********************, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó las cédulas profesionales número ****** y ********, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, y únicamente para imponerse de los autos y recibir notificaciones a ********************, en tanto acredite estar legalmente facultado para ejercer la citada profesión, por la materia del presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, por lo que respecta al correo electrónico ********************, se tendrá únicamente como medio de contacto, en los casos en que este órgano federal llegue a considerarlo necesario.****************************************Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo.****************************************En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales.****************************************Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes:****************************************"REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran".**************************************** Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrará el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 8314, suscrito por el Actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 23238, con el que se le remitió el juicio de amparo número ********************/2023-IV, así como el original del escrito de expresión de agravios y un tomo de pruebas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por el autorizado en términos amplios del quejoso ********************en contra de la sentencia definitiva, asimismo, informa que dicho medio de impugnación se registró con el número ********************/2023; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en relación a los escritos de agravios que devuelve, agréguense sin mayor acuerdo, dado que el recurso de revisión promovido por la quejosa, fue remitido vía electrónica, y ese archivo contiene diversos recursos, sin embargo, dichos medios de impugnación ya fueron acordados en los expedientes correspondientes; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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