Gabriela Cruz Gómez
Expediente 171/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriela Cruz Gómez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de catorce de febrero del dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo de dos mil veintidós, en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como definitivamente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ..., ostentándose apoderado de ..., contra actos e la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distinto 36, con sede en esta ciudad y otra autoridad, atento a ella, se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 171/2022-I. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b), y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En efecto, en la especie el acto reclamado se hace consistir en el auto de diez de enero de dos mil veintidós, emitido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, dentro del expediente número 542/2021, promovido por la aquí quejosa, a través del cual la Magistrada responsable, previno a la parte actora -aquí quejosa- a efecto de que dentro del término de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación, exhiba el apostille del poder notarial que aporta, el cual deberá ser realizado por el Consulado de México en los Estados Unidos de América, copia certificada del testamento realizado por la autora de la sucesión mediante acta destacada fuera de protocolo número mil doscientos ochenta y ocho, ante la fe del Notario Público número 96, con residencia y ejercicio en Zamora, Michoacán, constancia de vigencia de derechos agrarios de Margarita Sánchez del Río, en el ejido "El Rincón del Mezquite", Municipio de Ixtlan, así como señalara el domicilio en el cual pueda ser emplazado el demandado J. Jesús Cadenas Sánchez y/o Jesús Cadenas Sánchez, bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir en tiempo y forma se declarara por prelucido su derecho y comenzara a operar el termino de caducidad de la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Agraria. De lo que se advierte, en el caso, el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte agraviada tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte, como bien pudieran ser la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, entre otros, si se atiende a que la determinación de la Magistrada responsable, de prevenir a la a la parte actora -aquí quejosa- a efecto de que dentro del término de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtiera efectos la notificación; ello en términos del artículo 181 de la Ley Agraria, a fin de que exhiba el apostille del poder notarial que aporta, el cual deberá ser realizado por el Consulado de México en los Estados Unidos de América, copia certificada del testamento realizado por la autora de la sucesión mediante acta destacada fuera de protocolo número mil doscientos ochenta y ocho, ante la fe del Notario Público número 96, con residencia y ejercicio en Zamora, Michoacán, constancia de vigencia de derechos agrarios de Margarita Sánchez del Río, en el ejido "El Rincón del Mezquite", Municipio de Ixtlan, así como señalara el domicilio en el cual pueda ser emplazado el demandado J. Jesús Cadenas Sánchez y/o Jesús Cadenas Sánchez, bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir en tiempo y forma se declarara por prelucido su derecho y comenzara a operar el termino de caducidad de la instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley Agraria. De ahí que como se mencionó, sólo constituye una violación procesal, cuya ejecución no es de imposible reparación, puesto que el apercibimiento consiste en que comenzará a operar el término de la caducidad de instancia conforme a la Ley Agraria, esto es, el plazo de cuatro meses, lo que a consideración de este Juzgador Federal, no le causa perjuicio y por otra, la negativa implícita a admitir su demanda agraria está sujeta al cumplimento de esa prevención, lo que evidencia que no se actualiza la irreparabilidad del acto que por esta vía se reclama. Luego, el aludido acuerdo reclamado, no es un acto de imposible reparación, pues para que el mismo sea calificado como irreparable, debe producir una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, además de ser definitivo, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; lo que en la especie no ocurre, pues la determinación adoptada por la Magistrada responsable, en el sentido de prevenir a la parte actora -aquí quejosa-, aún se encuentra supeditada que la Magistrada responsable precluya el término de ocho días y dentro de cuatro meses a partir de la citada preclusión caduque la instancia, por lo que será hasta ese momento que se produzca una afectación personal, actual y directa en la esfera jurídica del gobernado. Ilustra lo anterior por identidad de razón la tesis número XX.131 A, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 201, Tomo XV-1, Febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 209101, que dice: "JUICIO DE NULIDAD ADMINISTRATIVA. ES CORRECTO EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE REQUIERE AL QUEJOSO EXHIBA EL PODER DE SU APODERADO Y LOS DOCUMENTOS BASE DE LA ACCIÓN APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO EN EL TERMINO DE TRES DÍAS SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE. Es correcto el desechamiento de la demanda de amparo indirecto, si el acto reclamado se hace consistir en el auto mediante el cual, y, previamente a la admisión de su demanda de juicio de nulidad administrativa la responsable requiere al promovente para que exhiba la carta poder de su apoderado y los documentos base de su acción, concediéndole el término de tres días para que cumpla con esa determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta; en razón de que, el acto reclamado no resulta ser de imposible reparación, para que proceda el juicio de amparo, y, por tanto, no se actualiza la hipótesis legal que establece el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que, el apercibimiento contenido en el auto impugnado, por una parte no le causa perjuicio al quejoso, y por otra, la negativa a la admisión de su demanda por parte de la responsable está sujeta al cumplimiento de esa prevención, lo que evidencia que no se actualiza la irreparabilidad del acto reclamado." En consecuencia, por todo lo anteriormente señalado, se concluye que la determinación de diez de enero de dos mil veintidós, emitido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 36, con sede en esta ciudad, dentro del expediente número 542/2021, promovido por la aquí quejosa, tiene el carácter de intraprocesal para los efectos del juicio de derechos fundamentales, la cual, por el momento no irroga perjuicio a la parte quejosa, pues no constituye un acto de ejecución irreparable. Tiene aplicación a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la jurisprudencia número XI.T.Aux.C. J/1, consultable en la página 1642, Tomo XXX, correspondiente al mes de Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo.". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Aquiles Serdán, número 789, letra C, Centro Histórico, en esta ciudad, autorizando únicamente para tal efecto a ALFONSO RICO CURIEL y ROSENDA CÁZAREZ PONCE, toda vez que en esos términos fueron designados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de veinticuatro de enero del año en curso, en atención al oficio 212- 3/251/4959/2022, signado por los Directores Contenciosos, adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Directora General de Visitas de Investigación de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la ciudad de México, se ordenó remitir vía correo electrónico, copia del auto de catorce de octubre de dos mil veinte, auto que admite a trámite la demanda de amparo, el escrito de desahogo de prevención y el auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, a efecto de que esté en condiciones de remitir su informe justificado, sin que a la fecha exista constancia de que las haya recibido, por tanto a efecto de no retardar la impartición de justicia, remítanse nuevamente al correo contencioso@cnbv.gob.mx, a efecto de que este en condición de rendir su informe solicitado, asimismo informe la fecha exacta en que recibió las constancias citadas. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS para su desahogo. Notifíquese.
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