Gabriel Jiménez Pelagio

Expediente 804/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
804/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • Gabriel Jiménez Pelagio

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: ...Vista la demanda de garantías promovida por Gabriel Jiménez Pelagio, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, la parte quejosa hace valer como acto reclamado el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del periodo de ejecución de sentencia del juicio ordinario familiar 1381/2010, en el cual se requirió al quejoso, del pago de alimentos vencidos y en caso de no pagarlos, se le embargarían bienes de su propiedad para garantizar dicho adeudo. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque el auto en el que se requiere el pago de alimentos vencidos y en caso de no pagarlos, el embargo de bienes para garantizar dicho adeudo, dictado por Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del periodo de ejecución de sentencia del juicio ordinario familiar 1381/2010, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Hortencia Esther Guzman Sandoval -aquí presunta tercera interesada-, en contra del aquí quejoso, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado, sino que es acto emitido dentro del periodo de ejecución del juicio natural. Luego, el juicio de garantías es improcedente, porque tal reclamo, debe hacerse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se ordene el archivo definitivo del expediente, en atención a que el hoy quejoso es la parte demandada, en el juicio del que emana el acto reclamado. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable ordenó que se requiera al aquí quejoso el pago de la cantidad a que resultó condenado por concepto de alimentos vencidos, apercibido que de no hacerlo así se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo condenado, también lo es que este último no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada -aquí quejosa-, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el Juez requirió el pago de alimentos vencidos y en su defecto se realizara el embargo de bienes para garantizar el adeudo, dentro del juicio ordinario familiar 1381/2010, sin embargo, también lo es que aquél no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ello es así si se toma en consideración que el embargo realizado dentro del citado juicio hace referencia es una consecuencia jurídica de la resolución que se emitió dentro de ese sumario. Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle..., en esta ciudad y autorizando únicamente para oír y recibirlas a..., pues en esos términos fueron autorizados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    ...Vista la demanda de garantías promovida por Gabriel Jiménez Pelagio, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 107, fracción IV, ambos dispositivos de la Ley de Amparo, que dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En efecto, la parte quejosa hace valer como acto reclamado el auto de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del periodo de ejecución de sentencia del juicio ordinario familiar 1381/2010, en el cual se requirió al quejoso, del pago de alimentos vencidos y en caso de no pagarlos, se le embargarían bienes de su propiedad para garantizar dicho adeudo. Lo anterior, pone de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia invocada, porque el auto en el que se requiere el pago de alimentos vencidos y en caso de no pagarlos, el embargo de bienes para garantizar dicho adeudo, dictado por Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zacapu, Michoacán, dentro del periodo de ejecución de sentencia del juicio ordinario familiar 1381/2010, que sobre divorcio necesario y otras prestaciones promovió Hortencia Esther Guzman Sandoval -aquí presunta tercera interesada-, en contra del aquí quejoso, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución de donde emana el acto reclamado, sino que es acto emitido dentro del periodo de ejecución del juicio natural. Luego, el juicio de garantías es improcedente, porque tal reclamo, debe hacerse hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que se ordene el archivo definitivo del expediente, en atención a que el hoy quejoso es la parte demandada, en el juicio del que emana el acto reclamado. Tiene sustento a lo anterior la Tesis número P./J. 32/2001, aplicada por identidad de razón, visible en la página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tener literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable ordenó que se requiera al aquí quejoso el pago de la cantidad a que resultó condenado por concepto de alimentos vencidos, apercibido que de no hacerlo así se le embargarían bienes de su propiedad suficientes para garantizar lo condenado, también lo es que este último no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Máxime que el acto reclamado no es de ejecución irreparable, ya que no incide directamente en alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal, porque el pretendido embargo, como ya se dijo, constituye una consecuencia de que la parte demandada -aquí quejosa-, no obtuvo sentencia favorable en el juicio de origen. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 60, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio". De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco genera una afectación inmediata a los derechos sustantivos del quejoso, como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, el Juez requirió el pago de alimentos vencidos y en su defecto se realizara el embargo de bienes para garantizar el adeudo, dentro del juicio ordinario familiar 1381/2010, sin embargo, también lo es que aquél no afecta de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ello es así si se toma en consideración que el embargo realizado dentro del citado juicio hace referencia es una consecuencia jurídica de la resolución que se emitió dentro de ese sumario. Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella, que solamente tienen, al igual que el embargo, el propósito de llevar a cabo la ejecución de la sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis aislada del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, publicada en la página 519, Tomo IX, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL EMBARGO TRABADO EN BIENES DEL PROMOVENTE. Si en la demanda de garantías se reclama el embargo trabado en bienes del promovente, como consecuencia de no haber acatado el proveído que lo requirió para cumplir voluntariamente con la sentencia definitiva, es claro que la demanda de amparo resulta improcedente conforme al numeral 114, fracción III, de la Ley de Amparo, pues no puede estimarse que con el embargo reclamado se ponga fin al procedimiento de ejecución, pues ello ocurrirá hasta que en su caso, se apruebe o desapruebe el remate de los bienes embargados en el referido procedimiento de ejecución". También es aplicable la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1124, Tomo CV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EMBARGO EN EJECUCION DE SENTENCIA. El juicio de garantías es notoriamente improcedente contra el embargo practicado en ejecución de sentencia, por no quedar el caso comprendido en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, pues la resolución que ordena el embargo de bienes, es el primer acto en el procedimiento de ejecución, que termina con el auto que aprueba o no el remate". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle..., en esta ciudad y autorizando únicamente para oír y recibirlas a..., pues en esos términos fueron autorizados. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.

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