Gabriel Pat Pérez

Expediente 1567/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1567/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Pat Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión, interpuesto contra la sentencia dictada el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en estos autos, y se registró con el número 66/2023. Circunstancias de las cuales este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A L APARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 D ELA LEY DE AMPARO Mérida, Yucatán, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por ********************, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso ********************, parte quejosa en el presente asunto, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el treinta de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, a la parte tercero interesada y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    RESULTANDO:********************PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, el veintitrés de junio de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito remitió un legajo de copias certificadas del escrito de ampliación de demanda de amparo promovida por el referido quejoso, en contra de los actos que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad.********************Ello, en virtud de que por auto de veintidós de junio del año en curso, dictado en autos del juicio de amparo 1438/2022-II-A del índice de este órgano jurisdiccional, causó estado el diverso proveído de trece del referido mes y año, con el que se desechó la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa.********************SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, se registró la demanda con el número 1567/2022-VI-A; se admitió a trámite la misma; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. Ampliación de demanda. Por acuerdo de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, respecto de la nueva autoridad responsable actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad; en consecuencia, se solicitó su correspondiente informe justificado a la responsable en cita, se hizo de su conocimiento la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.********************CONSIDERANDO:********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación.********************SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: ********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto."****************************************En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa ********************, fundamentalmente, en: ********************La falta de emplazamiento al juicio agrario ******************** y todo lo actuado en el mismo; específicamente la medida precautoria consistente en la orden de desalojo de la parcela colectiva ********************, del municipio de ********************, Yucatán, así como que no pueda ingresar, ocupar, construir y realizar cualquier tipo de obra, y en general, hacer uso y disfrute de sus derechos en dicha parcela.********************TERCERO. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación.********************Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza:******************** "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************Por su parte, el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó el acto que se le reclama; sin embargo, en el caso, como se estableció con anterioridad, la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de emplazamiento al juicio agrario ******************** del índice del Tribunal de su adscripción, por lo que dicha actuación tildada de inconstitucional le corresponde directamente a dicho fedatario, al reclamarse por vicios propios; en consecuencia, se desvirtúa tal negativa y deberá tenerse como cierto el acto que se le reclama.********************CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.********************Lo anterior con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis jurisprudencial número J/5, sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Marzo de 1991, página 95, que dice:********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************Previo al análisis correspondiente, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado, conforme a las constancias remitidas por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte lo siguiente:********************1.- Proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, con el que el Magistrado responsable, previo cumplimiento de prevención, admitió a trámite el juicio ordinario de prescripción positiva o adquisitiva promovido por ********************, en contra de ********************, y otros, al que le correspondió el número ********************; señaló las trece horas con treinta minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia jurisdiccional prevista por los artículos 170 y 185 de la Ley Agraria; y, ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 188-189 anexo).********************2.- Mediante diligencia de quince de marzo de dos mil veintidós, el actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, emplazó a juicio al demandado, aquí quejoso (foja 246).********************3.- El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia de ley prevista en los artículos 185 y 194, primer párrafo de la Ley Agraria, en la que, entre otras cosas, el Secretario de Acuerdos adscrito al Tribunal responsable, certificó la asistencia del demandado, aquí quejoso, ********************, y otros (fojas 253-254 anexo).********************4.- Por auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, entre otras cosas, la autoridad responsable concedió a la parte actora la medida precautoria consistente en:********************".se concede la medida precautoria solicitada para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado que se encuentran en la parcela ******************** del Ejido denominado "********************", del municipio de ********************, Estado de Yucatán, tanto en lo físico como en lo jurídico. Derivado de lo cual, los codemandados deberán abstenerse de realizar actos tendientes tendentes a modificar la superficie objeto de controversia o realizar actos para transmitir la posesión o cualquier derecho a favor de terceras personas." (fojas 178-179 anexo).******************** Ahora bien, una vez establecido lo anterior, se desprende que respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio agrario ********************, se actualiza el motivo de inejercibilidad previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que establecen: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(..)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley."******************** ********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************(.)********************VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas."****************************************De la intelección de los numerales antes indicados, se advierte que el juicio de amparo biinstancial es procedente cuando se promueve por personas extrañas al juicio, por lo que, de su interpretación en sentido contrario, es factible concluir que la causal de improcedencia ahí prevista se surte cuando los actos ejecutados dentro o fuera de juicio no afecten a personas extrañas a éste. ********************Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que persona extraña en sentido estricto es aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas, o la parte que, teniendo el carácter de parte en la controversia, no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente, a quien se le denomina tercero extraño equiparado.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número P./J. 7/98, visible en la página 56, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prevé: ********************"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." ****************************************Así como, por las razones que la sustentan, la diversa jurisprudencia VII.2o.C. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, visible a página 1305, del rubro y texto siguientes:********************"TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación."****************************************En tales condiciones, cuando dentro del juicio de amparo la parte quejosa alega que se transgredió en su perjuicio el principio de audiencia previa y las formalidades esenciales del procedimiento porque tiene un interés en el mismo porque, siendo parte, no se le emplazó al juicio natural o se hizo indebidamente, el solo procedimiento le causa perjuicio a su esfera jurídica ordinaria, puesto que de ser cierto, no tuvo oportunidad de hacer valer las acciones adecuadas para comparecer e intervenir en el juicio, además de que también se le afectan directamente sus derechos constitucionales, en virtud de que sin oírlo se substancia un procedimiento contencioso, del cual puede derivar una resolución que lesione su interés.********************En el caso concreto, en la demanda de amparo, el quejoso ********************, señaló que fue ilegalmente emplazado al procedimiento de origen, por lo que argumentó desconocer el procedimiento, señalando defender la parte que le corresponde de la parcela ********************, por lo que se ostentó como tercero extraño por equiparación.********************Sin embargo, no se le puede atribuir tal carácter, porque como se aprecia de las constancias remitidas por la autoridad responsable, compareció al procedimiento de origen al apersonarse en la audiencia celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós.********************Por tanto, el quejoso sí es parte del procedimiento de origen, por lo que estuvo integrado a la litis desde un inicio, por ende, estuvo en aptitud de interponer los recursos o medios de defensa legales dentro del procedimiento, en defensa de sus intereses, así como para alegar lo que a su derecho conviniera en sede ordinaria.********************De ahí que ahora, no puede acudir a la presente acción constitucional afirmando que se le dejó en estado de indefensión o que se transgreden en su perjuicio las formalidades del procedimiento, alegando que no fue emplazado o ilegalmente emplazado, pues, se insiste, compareció al procedimiento de origen y por ende no se le puede tener en este juicio con el carácter de tercero extraño (natural o por equiparación); puesto que dicha comparecencia, convalidó todos y cada uno de los vicios que, en su caso, se pudieren atribuir en relación con cualquier emplazamiento ********************Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 39/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, novena época, materia: Común, registro 189916, página 93, de la voz y contenido:********************"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal."************************************************************Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, visible a página 323, del rubro y texto siguientes:********************"EMPLAZAMIENTO, ILEGALIDAD DEL. CONVALIDACION POR COMPARECENCIA DEL DEMANDADO A JUICIO AL CONTESTAR LA DEMANDA. En el caso de que en la diligencia de emplazamiento se hayan dejado de observar algunas de las formalidades que establece la ley, pero el emplazado comparece a juicio y contesta la demanda, quedan subsanados los vicios del emplazamiento en virtud de que se cumple con finalidad esencial, o sea, darle oportunidad al demandado de ser oído en juicio."****************************************Lo anterior, sin que el quejoso objetara el contenido de los informes o de las documentales que fueron remitidas por el Magistrado responsable; al respecto, resulta aplicable, la tesis VII.2o.T.68 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, visible a página 2598, del siguiente rubro: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. AL EXISTIR EN ÉSTE UNA ETAPA PROBATORIA, ES LA VÍA IDÓNEA PARA RECLAMAR TANTO EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO COMO LA FALSEDAD DE LA COMPARECENCIA DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL."********************En relación con lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que basta que antes de que se dicte la sentencia, el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia.********************Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, décima época, materia: Común, registro 2004274, página 729, de la voz y contenido:********************"PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia."****************************************Por lo tanto, al quedar de manifiesto que se actualiza la anunciada causa de improcedencia en estudio respecto al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento al juicio agrario ********************, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.********************Finalmente, se precisa que atendiendo al sentido de esta resolución, es innecesario el análisis de los conceptos de violación, lo cual impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado, de conformidad con la jurisprudencia J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia V.2o., Visible en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:********************"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado".****************************************QUINTO. Inexistencia de diversa causal de improcedencia. Al no existir otra causa de improcedencia hecha valer por las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, que señala: ********************"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."****************************************SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, en relación con el diverso acto reclamado señalado consistente en la medida precautoria dictada en autos del juicio agrario ********************, como se verá a continuación. ********************Al respecto, es menester reiterar que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, entre otras cosas, la autoridad responsable concedió a la parte actora en el juicio agrario de origen, la medida precautoria consistente en:********************".se concede la medida precautoria solicitada para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado que se encuentran en la parcela ******************** del Ejido denominado "********************", del municipio de ********************, Estado de Yucatán, tanto en lo físico como en lo jurídico. Derivado de lo cual, los codemandados deberán abstenerse de realizar actos tendientes tendentes a modificar la superficie objeto de controversia o realizar actos para transmitir la posesión o cualquier derecho a favor de terceras personas."********************Ahora bien, a fin de controvertir dicha determinación, aduce el impetrante del amparo que la misma resulta violatoria de sus derechos humanos al debido proceso, audiencia y defensa, al restringir sus derechos respecto la parcela que por esta vía defiende, sin que se le diera la oportunidad de defenderse.********************Ahora bien, el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone:********************"Artículo 14. (.) ********************Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.".********************De la interpretación literal del precepto transcrito, se advierte que nadie puede ser privado de sus derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; es decir, de entre los diversos derechos de seguridad jurídica que contiene el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, destaca, por su primordial importancia, el de audiencia previa, cuya esencia se traduce en un derecho humano que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados.********************Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen, además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del párrafo primero del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. ********************Apoya a lo anterior, la tesis sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto disponen:********************"AUDIENCIA, GARANTÍA DE, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS LEYES PROCESALES EN RESPETO A LA. De acuerdo con el espíritu que anima el artículo 14 constitucional, a fin de que la ley que establece un procedimiento administrativo, satisfaga la garantía de audiencia, debe darse oportunidad a los afectados para que sean oídos en defensa, antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos, con la única condición de que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento. Este debe contener 'etapas procesales', las que pueden reducirse a cuatro: una etapa primaria, en la cual se entere al afectado sobre la materia que versará el propio procedimiento, que se traduce siempre en un acto de notificación, que tiene por finalidad que conozca de la existencia del procedimiento mismo y dejarlo en aptitud de preparar su defensa; una segunda, que es la relativa a la dilación probatoria, en que pueda aportar los medios convictivos que estime pertinentes; la subsecuente es la relativa a los alegatos en que se dé oportunidad de exponer las razones y consideraciones legales correspondientes y, por último, debe dictarse resolución que decida sobre el asunto."********************Con arreglo a tales imperativos, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, ineludiblemente, distintas etapas que configuran el derecho fundamental de audiencia en favor de los gobernados, a saber, que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite; que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal, que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla, y quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones; que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y, finalmente, que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas.********************Lo anterior se sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 47/95, cuyo rubro y texto dicen:********************"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado".********************Sin embargo, las exigencias anteriores no cobran aplicación en actos de naturaleza provisional, como lo son, entre otros, las medidas precautorias; ello en razón de que no constituyen actos de carácter definitivo. ********************Por tanto, el derecho de audiencia previa, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. ********************Respecto de las providencias precautorias o medidas cautelares, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 141/2002-PS, consideró que se rigen por las características siguientes********************".A.- Constituyen medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existente, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. ********************B.- Son medidas autorizadas por la ley para que el titular de un derecho subjetivo asegure oportunamente su ejercicio cuando carece de un título ejecutivo mediante el cual pueda de inmediato obtener la ejecución judicial del mismo. ********************C.- Se dictan siempre con el carácter de provisionales y están sujetas a lo que resuelva la sentencia definitiva que se pronuncia en el juicio donde se llevan a cabo. ********************D.- Excepcionalmente dan lugar a juicio autónomo como en los interdictos, pero aun en estos casos tienen el carácter de provisionales. ********************E.- Pueden promoverse antes de que se inicie el juicio en el que se haga valer el derecho subjetivo que tiende a proteger la medida cautelar o durante la tramitación del mismo ********************F.- La persona que pretende obtenerla debe probar la necesidad de la medida y el derecho para que se le conceda, además de garantizar el pago de los daños y perjuicios para el caso de que se declare improcedente. ********************G.- Son los instrumentos que puede decretar el juez, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. ********************H.- Se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aun cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del recurso de apelación. ********************I.- En la ejecución de la providencia no se admite excepción alguna. ********************J.- Constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. ********************K.- Su objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia. ********************L- Constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes." ****************************************De lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares son los instrumentos que puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio; así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. ********************Luego, al limitarse los efectos de las medidas cautelares a la resolución del proceso, la naturaleza de éstas es provisional y no definitiva. ********************En consecuencia, al tener efectos provisionales, para la imposición de medidas cautelares no rige el derecho de audiencia previa.********************Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciocho, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196727, de rubro y texto:********************"MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia.********************Por su parte, los artículos 166 y 167 de la Ley Agraria, establecen:********************"Artículo 166.- Los tribunales agrarios proveerán las diligencias precautorias necesarias para proteger a los interesados. Asimismo, podrán acordar la suspensión del acto de autoridad en materia agraria que pudiere afectarlos en tanto se resuelve en definitiva. La suspensión se regulará aplicando en lo conducente lo dispuesto en el Título Segundo, Capítulo I, Sección Tercera, primera parte, de la Ley de Amparo.********************En la aplicación de las disposiciones de ese ordenamiento para efectos de la suspensión del acto de autoridad en materia agraria, los tribunales agrarios considerarán las condiciones socioeconómicas de los interesados para el establecimiento de la garantía inherente a la reparación del daño e indemnización que pudiere causarse con la suspensión, si la sentencia no fuere favorable para el quejoso". ********************"Artículo 167.- El Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria, cuando no exista disposición expresa en esta ley, en lo que fuere indispensable para completar las disposiciones de este Título y que no se opongan directa o indirectamente". ********************Por otro lado, los numerales 384, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establecen:********************"Artículo 384.- Antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución que niegue la medida es apelable". ********************"Artículo 387.- En todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que guarden pueda causar daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la medida, se exigirá, previamente, garantía bastante para asegurar su pago, a juicio del tribunal que la decrete".********************"Artículo 388.- La determinación que ordene que se mantengan las cosas en el estado que guarden al dictarse la medida, no prejuzga sobre la legalidad de la situación que se mantiene, ni sobre los derechos o responsabilidades del que la solicita".****************************************De los numerales transcritos se desprende, que en materia agraria los tribunales dictarán las medidas precautorias necesarias para proteger a los interesados.********************Asimismo, prevén que el Código Federal de Procedimientos Civiles se aplicará supletoriamente, cuando no exista disposición expresa en la ley de la materia.********************En ese sentido, el referido Código establece que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente; las cuales se decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno.********************Así, tal como se ha establecido, deviene incuestionable que la medida precautoria dictada en autos del juicio de origen, tiene un carácter meramente transitorio o temporal por lo que no constituye un acto privativo, al no tener efectos definitivos. ********************Por consiguiente, al no constituir un acto privativo, el derecho de audiencia no rige respecto de la misma, por lo que contrario a lo señalado por el impetrante del amparo, la autoridad responsable en forma alguna conculcó en su contra los derechos fundamentales de los que se duele.********************Máxime que de la simple revisión de la resolución impugnada, resulta evidente que se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que si por lo primero se entiende que en todo acto de autoridad han de expresarse los preceptos aplicables al caso y por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que el resolutor haya tenido en cuenta para la emisión del acto reclamado, basta la lectura de la citada resolución para percatarse que el Tribunal responsable invocó los artículos aplicables al caso concreto, respecto de los cuales, vertió los razonamientos que rigen el sentido de su determinación.********************Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer por el inconforme respecto al acto reclamado en estudio; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. ********************SÉPTIMO. Vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado. Toda vez que en el presente asunto se determinó que el quejoso ********************, afirmó hechos falsos al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que no fue emplazado al juicio agrario TUA.-********************.********************Por tanto, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes en relación al delito previsto en la fracción I, del artículo 261, de la Ley de Amparo, ya que con su proceder intentó engañar a esta autoridad a fin de obtener una ventaja procesal indebida. ********************OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo.********************NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. ********************DÉCIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. ********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra el acto que atribuyó al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto a los actos que reclamó del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad, y actuario de su adscripción, con sede en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando sexto de esta sentencia.********************TERCERO. Dese vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, tal y como se dispone en el considerando séptimo de esta sentencia.********************CUARTO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. ********************QUINTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. ********************SEXTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.********************Notifíquese y regístrese.

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