Gabriel San Miguel Canul
Expediente 504/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Gabriel San Miguel Canul
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la Materia, en contra del acuerdo de veintiséis de marzo recién finalizado, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; lo anterior por cuanto dicho término de cinco días transcurrió del cinco al nueve del actual mes. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Sin que sea obstáculo para declarar destruible este expediente, que en el presente asunto se haya decretado de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados, toda vez que dicha suspensión no se ubica en alguno de los supuestos que establece el referido Acuerdo General sin número, para calificar como depurable este expediente. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto, para resolver el juicio de amparo 1017/2020-I-A promovido por ***. R E S U L T A N DO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán y turnado al día hábil siguiente a este órgano jurisdiccional, compareció ***a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial, Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ambas del Estado de Yucatán y con residencia en esta capital; y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de trece de noviembre de dos mil veinte, previo cumplimiento a la prevención de tres del mismo mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se ordenó emplazar a una de las tercero interesadas y de la otra se reservó su llamamiento, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal que le competía; y se señaló como fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, las nueve horas con cincuenta y un minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte. TERCERO. Emplazamiento de la diversa tercero interesada. Posteriormente, por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veinte, se ordenó emplazar a la tercero interesada restante Samantha Casandra Sansores Aguilar, y se le dio vista de los informes justificados que obraban en autos. CUARTO. Medida tomada ante el virus SARS-CoV2. Por su parte, el veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptaron diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales, imposibilitando con ello la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Reanudación. Mediante proveído de doce de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente procedimiento y se fijó nuevamente fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por cuestión de orden y a fin de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda y no sólo del capítulo que lo refiere; a fin de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior, atendiendo a la jurisprudencia con número de registro P./J. 40/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: De la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. La resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el auto que se dictó el veintidós de junio de dos mil veinte, en el incidente de reducción de pensión alimenticia 3709/2010, promovido en su contra por Claudia Patricia Aguilar Izquierdo, en representación de sus hijas. Específicamente, la parte de la resolución que reiteró lo determinado en el auto impugnado de veintidós de junio del año pasado, relativa a la admisión de la prueba consistente en girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe si existen cuentas bancarias de inversiones, préstamos, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y estados de cuenta del quejoso. Así como la admisión de la diversa probanza, consistente en requerir de oficio a la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, para que una trabajadora social realice una investigación social y estudio socioeconómico al aquí quejoso. De la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, con residencia en esta ciudad, y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. La ejecución de dichos mandamientos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto que se reclama de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, toda vez que así lo manifestaron el Director Contencioso y la Subdirectora Contenciosa adscritos a la Dirección General Adjunta Jurídica de Procedimientos "C" al rendir informe justificado en representación de la nombrada Comisión; sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. Negativa que se concatena con lo manifestado por la Juez responsable en su informe, al comunicar que no se giraron los oficios que se ordenaron librar en la resolución impugnada. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio por inexistencia del acto, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917818, mismo Apéndice, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos que se reclaman de la Juez y Procuradora responsables, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio; como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A consideración del suscrito, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]." Así, la fracción invocada prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando derivado de un cambio de situación jurídica, deban estimarse consumadas irreparablemente las violaciones del acto que se reclama, por no poder decidir sobre tales cuestiones sin afectar la nueva situación jurídica que impera en el respectivo procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio. En torno a la referida causa de improcedencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los criterios siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, diciembre de 1996, Tesis: 2a. CXI/96, Página: 219). "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. Para que exista la causal que menciona la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que el cambio de situación jurídica se opere en el mismo procedimiento de que emanan los actos reclamados y que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en el juicio, sin afectar la nueva situación jurídica." (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXIV, Página: 1573). Al respecto, si bien es cierto que los criterios que anteceden fueron emitidos con base en la abrogada Ley de la Materia, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, estos se estiman vigentes, por cuanto no se oponen a lo previsto en la legislación actual. De los criterios anteriores, se colige que para la actualización de la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, se requieren necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó mediante amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida, se genere una situación en la cual se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, al no poder decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que no es materia de análisis en el juicio constitucional. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento de origen, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el quejoso reclama la resolución de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de revocación interpuesto contra el auto emitido el veintidós de junio de dos mil veinte, en el incidente de reducción de pensión alimenticia 3709/2010. Específicamente, la parte que reiteró lo determinado en el auto impugnado, relativa a la admisión de las pruebas consistentes en girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, a fin de obtener información financiera y socioeconómica del quejoso. Sin embargo, de las constancias que remitió la Juez responsable con su informe, documentales públicas a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes: Escrito de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual, el quejoso interpuso incidente de reducción de pensión alimenticia en el expediente de origen 3709/2010. Auto de siete de febrero de dos mil dieciocho, por el que se admitió a trámite el referido incidente. Acuerdo de veintidós de junio de dos mil veinte, en el que, entre otras cosas, se admitieron las pruebas consistentes en girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de que informe si existen cuentas bancarias de inversiones, préstamos, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito y estados de cuenta del quejoso; así como la admisión de la diversa consistente en requerir de oficio a la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, para que una trabajadora social realice una investigación social y estudio socioeconómico al aquí quejoso. Determinación que se hizo del conocimiento del impetrante el dos de julio de dos mil veinte. Escrito de tres de julio de dos mil veinte, mediante el cual, el quejoso interpuso recurso de revocación contra el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veinte. Audiencia de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que resolvió el referido recurso de revocación y dejó intocados los puntos impugnados, relativos a la admisión de las pruebas referentes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado. Acto que se notificó a las partes el ocho de octubre de dos mil veinte, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Inconforme con la resolución que inmediatamente antecede, el veintinueve de octubre de dos mil veinte, dentro del término legal, el quejoso promovió demanda de amparo indirecto; la cual, dio origen a este expediente. Sentencia interlocutoria de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia interpuesto por el quejoso, declarándolo procedente y reduciendo la pensión a su cargo, de quince mil pesos a la cantidad de ocho mil pesos mensuales. Resolución que se hizo del conocimiento de las partes hasta el treinta del propio mes y año. Escrito de dos de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual, el quejoso interpuso recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia. Acuerdo de seis de noviembre de dos mil veinte, por el que se admitió el referido recurso de apelación y se ordenó remitir los autos al Tribunal de Alzada. En ese contexto, atendiendo a los elementos antes descritos que actualizan el cambio de situación jurídica, se tiene que indudablemente el acto reclamado emana de un procedimiento judicial, al tener su génesis en el juicio 3709/2010, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, promovido por la progenitora de las tercero interesadas contra el aquí quejoso. Respecto del segundo elemento, se tiene que la demanda de amparo se presentó el veintinueve de octubre de dos mil veinte y la resolución procesal que cambió la situación jurídica del quejoso respecto del acto reclamado, se dictó el veintiocho de octubre de dos mil veinte, un día antes; sin embargo, dicha resolución se hizo del conocimiento de las partes hasta el treinta del propio mes y año, mediante publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda. En cuanto al tercer elemento, como consecuencia del dictado de la sentencia interlocutoria, que resolvió el incidente de reducción de pensión alimenticia, se hace manifiesto que se genera una situación en la cual no es posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la nueva situación jurídica que se creó con motivo de la referida resolución, la cual, no es materia de análisis en este juicio constitucional. Se sostiene lo anterior, pues lo que le aqueja a la parte quejosa es la resolución del recurso de revocación que reiteró los puntos impugnados del acuerdo recurrido, relativos a la decisión de la Juez de admitir dos probanzas a efecto de contar con mayores elementos para resolver el incidente de reducción de pensión alimenticia; y al dictarse el fallo que resolvió en definitiva el referido incidente, esa nueva determinación hace que no sea factible analizar si las violaciones que se reclaman respecto a la admisión de dichas probanzas son constitucionales o no, pues al momento en que se resuelve este asunto, el quejoso se encuentra en otro momento procesal. Por lo que a nada práctico llevaría analizar si fue inconstitucional, que se admitieran las pruebas que el quejoso aduce son con fines dilatorios para no resolver en definitiva, el incidente que interpuso desde el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete; por no poder decidir sobre tales cuestiones, sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra con motivo de la sentencia interlocutoria que resolvió dicho incidente. Razón por la cual, deben considerarse consumadas de modo irreparable las violaciones que en su caso se hubieran cometido al reiterar en la resolución de revocación, la admisión de las pruebas en comento, aunado a que la Juez en su informe manifestara que no las tomó en cuenta al momento de resolver en definitiva y que ni siquiera giró los oficios a las ejecutoras responsables; pues como se ha precisado, el quejoso ya se encuentra en otro momento procesal, toda vez que ya se dictó sentencia en el incidente de reducción de pensión alimenticia; contra la cual, a pesar de haberse reducido el monto de la pensión a pagar, el impetrante interpuso recurso de apelación y será analizada por el Tribunal de Alzada. Lo que hace evidente que en el caso no pueda decidirse sobre la constitucionalidad o no del acto reclamado, ante el cambio de situación jurídica, que generó el dictado de la resolución interlocutoria y que ubica al hoy quejoso en otro momento procesal. Por ello, resulta improcedente la acción inconstitucional intentada, ya que con posterioridad, se produjo un acto que trajo como resultado el cambio de situación jurídica del quejoso, de tal manera que no es posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el amparo solicitado, resultando, por tanto, irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en aquél. Lo que acontece, porque cada acto del procedimiento tiene una esfera de influencia o trascendencia respecto de los actos subsecuentes, a grado tal, que puede ser determinante de todos y cada uno de los actos del procedimiento. Sin embargo, a veces esa influencia sólo afecta a un número reducido de actos y no a todos. Esto es así, ya que durante la tramitación de un procedimiento pueden dictarse algunos actos que gozan de autonomía, de modo que pueden subsistir aunque aquellos que le antecedan sean abiertamente ilegales. Y es esa autonomía, la que refiere el cuarto elemento analizado, y la cual, permite el nacimiento de una nueva situación jurídica, aunque un acto previo pueda ser inconstitucional. De ahí que al impugnarse en amparo indirecto como acto reclamado la resolución en comento y al dictarse la sentencia que resolvió en definitiva el incidente de reducción de pensión alimenticia, se está en presencia de un cambio de situación jurídica y, por tanto, actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que lleva a sobreseer en el presente juicio; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, del propio ordenamiento legal. Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de ejecución que se reclama de la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado, con sede en esta ciudad, al no impugnarse por vicios propios sino como consecuencia del reclamado a la ordenadora; de conformidad con la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior resuelto, impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualiza. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Por último, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, que promovió ***contra actos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México; por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, que promovió *** contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial y la Procuradora de la Defensa del Menor y la Familia, ambas del Estado de Yucatán y con residencia en esta capital; por los motivos precisados en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguense a este expediente las constancias relativas al exhorto 27/2021-VII, con número de orden del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, remitidas vía electrónica por la Secretaria de dicho órgano jurisdiccional, con el que devuelve debidamente diligenciado el exhorto con número de orden 31/2021-III-B y número de origen 5/2021-III-B, derivado del presente juicio, remitido a efecto de notificar a la perito oficial de este juzgado ******************** ********************, el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Sin que sea el caso emitir el acuse de recibo de estilo, dada la vía de su recepción. Dese de baja en el Libro de Gobierno respectivo que se lleva en este Juzgado, la comunicación oficial de mérito. Notifíquese y cúmplase.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · 11,514 expedientes
- Gabriel Palafox Avila469/2022
- Gabriel Palafox Avila838/2019
- Gabriel Pat Pérez1567/2022
- Gabriel Pat Pérez1438/2022
- Gabriel Patron Cahum1373/2017
- Gabriel Samuel Chan Uc21/2018
- Gabriela Alcocer Moreno945/2023
- Gabriela Alcocer Moreno1145/2021
- Gabriela Alejandra Lugo Caballero421/2023
- Gabriela Ancona Domínguez1129/2018
- Gabriela Arcos Gassos801/2017
- Gabriela Carolina Duran Perez2386/2022