Gabriel Manzanilla Naim

Expediente 1089/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1089/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Manzanilla Naim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el escrito de cuenta de Marco Alberto Chanona Magaña autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, la parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, desde este momento se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente, con independencia que de igual forma se le remite el original de estos autos junto con su anexo que obra en la secretaría bajo su resgurado. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente el Ministerio Público de la Federación adscrita, tercero interesada y cúmplase.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO....Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a este expediente el escrito de cuenta de Marco Alberto Chanona Magaña autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia firmada el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, córrase traslado a las autoridades responsables, la parte tercero interesada y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Asimismo, desde este momento se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente, con independencia que de igual forma se le remite el original de estos autos junto con su anexo que obra en la secretaría bajo su resgurado. Lo anterior, sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la agente el Ministerio Público de la Federación adscrita, tercero interesada y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIOD E LISTA D EOCNOFMRIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , en contra de los actos atribuidos a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1089/2023-VII-B, promovido por +++++, contra los actos que reclama de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el once de julio de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado el doce siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Gabriel Manzanilla Naim, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclamó de la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de trece de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, la que quedó registrada con el número 1089/2023-VII-B; de igual forma, se solicitaron a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados los hace consistir la parte quejosa en lo siguiente: De la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado: La resolución dictada el treinta de mayo de dos mil veintitrés, en el toca 70/2023, formado con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el quejoso respecto de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial de la Entidad, en el juicio ordinario civil 756/2022. De la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado: La continuación del juicio ordinario civil 756/2023. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado (número de promoción 12107) y la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado (número de promoción 12669), ambas con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron, la primera por conducto de la Magistrada Segunda y Presidenta, al rendir su informe justificado; por lo que así deberán tenerse para los efectos del presente juicio. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan por una parte infundados, y por otra inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por la Magistrada de la Sala responsable (anexo de este juicio de amparo), que se allegaron al sumario deducidas del toca civil 70/2023 y del expediente 756/2022 relativo al juicio ordinario civil promovido por Samantha Georgina Solís Herrera, en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de Linda Rosa Manzanilla Naim, Nora Claudette Manzanilla Naim alias Nora Claudette Manzanilla de León, Silvia Regina Manzanilla Naim y Sandra Lorena Manzanilla Naim, en contra de Víctor Félix Manzanilla Naim y el aquí quejoso Gabriel Manzanilla Naim, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: 1. Mediante escrito presentado el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós (fojas 1 a 8 del anexo), en la oficialía de partes de los juzgados civiles y familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, Samantha Georgina Solís Herrera, en su carácter de Apoderada General para Pleitos y Cobranzas de Linda Rosa Manzanilla Naim, Nora Claudette Manzanilla Naim alias Nora Claudette Manzanilla de León, Silvia Regina Manzanilla Naim y Sandra Lorena Manzanilla Naim, promovió Juicio Ordinario Civil de disolución de copropiedad y solicitud de venta judicial en contra de Víctor Félix Manzanilla Naim y Gabriel Manzanilla Naim (quejoso). 2. Por auto de veintidós de febrero de dos mil veintitrés, previo cumplimiento de la prevención a la parte actora, se admitió a trámite la demanda propuesta, la cual quedó registrada con el número de expediente 756/2022 y se ordenó el emplazamiento de los demandados. 3. Una vez emplazado el hoy quejoso, por auto de once de abril de dos mil veintitrés (fojas 89 y 90 del anexo 2), se le tuvo por presentado contestando la demanda instaurada en su contra y oponiendo entre otras, la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, respecto del predio denominado T-CHEENMEN CONSTITUIDO POR LOS TABLAJES CATASTRALES MARCADOS CON NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, ubicados en CHOCHOLÁ, YUCATÁN, por lo que se ordenó emplazar a los interesados y se remitió el expediente 756/2022 a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para la resolución de dicha excepción, radicándolo con el número de toca 70/2022. 4. Por resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés (fojas 123 a 131 del anexo), la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó en su parte conducente lo siguiente: "...TERCERO.- - - DE LA PRUEBA. Del escrito de comparecencia a la audiencia en comento, presentado en fecha veintinueve del mes de mayo pasado, se observa que el mencionado excepcionista, únicamente ofreció las siguientes: "PRUEBA INSTRUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas las constancias que integran el presente toca, en lo que beneficien al suscrito". PRUEBA DE PRESUNCIONES. En su doble aspecto, LEGALES Y HUMANAS, QUE se desprendan de las constancias del toca en que se actúa y que sean favorables a las pretensiones del suscrito. B) ADMISIÓN Y DEPURACIÓN. - - - A ese respecto, la Magistrada y los Magistrados acuerdan admitir dichos medios probatorios, el primero, con fundamento en los artículos 171, 173, fracción II y 216, fracción VIII del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se recibe como documental pública y sin citación de parte contraria, mientras que el otro medio convictivo, se acepta con citación de parte contraria y con fundamento en los mismos artículos 171, 173, diversa fracción VII, 293, 294 y 295 del propio Código Adjetivo de la Materia. C) VALORACIÓN. - - - La Magistrada y los Magistrados proceden a analizar las pruebas conforme al orden al que fueron admitidas. La documental pública de actuaciones tiene pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 305 y 307 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la cual, acredita que el procedimiento que nos ocupa se ha seguido con estricto apego a derecho, siendo que, al ser conjuntamente valorada con la presuncional ofrecida en su doble aspecto legal y humana, cuyo valor probatorio se sustenta en los artículos 318 y 319 del propio Código Adjetivo de la Materia, se concluye que tales medios convictivos no favorecen las pretensiones del demandado respecto a la excepción intentada, tal como se precisará más adelante en el apartado de Estudio de fondo de la presente resolución. CUARTO. - - - ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN De manera sintetizada, se advierte que el demandado Gabriel Manzanilla Naim plantea vía excepción un conflicto competencial por razón de TERRITORIO, bajo el argumento de que uno de los predios cuya disolución y venta judicial se demanda, se localiza fuera de la jurisdicción del Juzgado Tercero Civil al que se turnó el asunto; pues señala que ese inmueble, particularmente se ubica en el municipio de Chochola, Yucatán; por lo que a modo de conclusión manifiesta, que si bien ese municipio corresponde al Primer Departamento Judicial del Estado, empero, dicha localidad se encuentra bajo la jurisdicción del diverso Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, cuya titular -a criterio del excepcionista- es quien resulta competente para conocer del asunto litigioso suscitado entre las partes. QUINTO. - - - Esta Segunda Sala Colegiada Penal y Civil determina que tales argumentos son infundados, en atención a las disposiciones normativas contenidas en los artículos 73, fracción Ill y 74, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, relativos a la Competencia territorial, que a continuación se citan: "Articulo 73.- Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro Juez: I.- El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido judicialmente de pago. II.- El del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. III.- El del domicilio del deudor; si éste tuviere varios, el que elija el actor. IV. Si el deudor no tuviere domicilio fijo, el del lugar en que se celebró el contrato, si la acción fuere personal, o el de la ubicación de la cosa, si la acción fuere real. "Artículo 74.- Si las cosas objeto de la acción real fueren varias, y estuvieren ubicadas en distintos lugares, será Juez competente el del lugar de la ubicación de cualquiera de ellas, a donde primero hubiere ocurrido el demandante (.). (resaltado propio) Siendo que, tales supuestos normativos sí se actualizan en el juicio ordinario civil 756/2022 de donde deriva la excepción a estudio. Toda vez, que de la revisión de las constancias judiciales que lo integran se verifica que, en fecha dieciséis de diciembre del año dos mil veintidós, la parte actora acudió ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, a presentar su escrito inicial de demanda en ejercicio de la acción real de disolución de copropiedad en contra de Gabriel Manzanilla Naim, señalando como domicilio de este, el predio marcado con el número trescientos veintiuno de la calle veintiuno letra "A", del Fraccionamiento Campestre, mismo en el que con fecha catorce de marzo del presente año fue notificado de la demanda promovida en su contra, así como de Víctor Félix Manzanilla Naim, este último con domicilio señalado para tal efecto, en el distinto estado de Guanajuato, ubicado en el predio marcado con el número tres mil ciento setenta, Paseo de la Arbolada, Villas de Irapuato, Irapuato, treinta y seis mil seiscientos setenta; pretendiendo las promoventes que mediante la sentencia que al efecto se dicte en dicho procedimiento, los referidos demandados sean condenados y obligados fundamentalmente al cumplimiento de las siguientes prestaciones, que en términos literales reclaman: "PRIMERO. La disolución de la copropiedad que existe entre las ciudadanas . . . y los demandados, respecto al predio NÚMERO 301 TRESCIENTOS UNO, DE LA CALLE 21-A VEINTIUNO LETRA A, FRACCIONAMIENTO CAMPESTRE, DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA". - - - "TERCERO. La disolución de la copropiedad que existe entre las ciudadanas ... y los demandados, respecto a la finca rústica, conocida como RANCHO "T-CHEENMEN", constituido por los TABLAJES CATASTRALES MARCADOS CON NÚMERO 971 NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y 987 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATÁN". - - - "QUINTO. La disolución de la copropiedad que existe entre las ciudadanas ... y los demandados, respecto al TABLAJE CATASTRAL NÚMERO 1895 DE LA LOCALIDAD DE SISAL, MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, YUCATÁN. (...)". Solicitando, dentro del propio apartado de "PRETENSIONES" que en relación con los indicados inmuebles 1 y 2, se ordene por la Jueza del conocimiento la venta judicial de los mismos con base en el avalúo pericial que al efecto se realice sobre los indicados predios en litigio, ello, bajo el argumento de que el primero, ubicado en el Fraccionamiento Campestre no admite cómoda división por tratarse de una casa habitación en zona residencial, y en el caso del rancho localizado en el municipio de Chocholá, Yucatán, afirman que obedece a que no existe consenso entre los copropietarios para su partición; de tal manera que, según lo manifestado por las demandantes su petición es con la finalidad de que el producto de esas operaciones se divida en partes iguales entre ellas y los codemandados al ser todos copropietarios de dichos inmuebles que revelan haber adquirido a través de la donación gratuita hecha por sus progenitores a su favor, así como del tablaje ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, el cual piden que sea dividido en partes iguales, previa aprobación de los copropietarios respecto del proyecto realizado para tal fin, ordenándose a su vez, la escrituración definitiva ante el fedatario público que en el momento procesal señalen. Siendo que, para acreditar dicho acto traslativo de dominio, la parte actora ofreció la copia certificada de la escritura pública número siete mil seiscientos ochenta y nueve, de fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa, pasada ante la fe del Licenciado René Gamez Foster, Notario Público número treinta y uno del Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, cuyo documento al ser parte de la admitida documental pública de actuaciones que ofreciera el excepcionista en esta Alzada, dicho documento es, con respecto al asunto que se resuelve en este momento, útil para verificar que los predios en copropiedad, motivo de la disolución, venta judicial y división de uno de ellos, solicitada por la parte actora a través del juicio instado en contra de los demandados Gabriel y Victor Félix ambos de apellidos Manzanilla Naim, en efecto, se encuentran ubicados en los diversos municipios de Mérida, el primero, Chocholá, el segundo, y Hunucmá, el tercero. De ahí que sea menester observar lo dispuesto en el Acuerdo General Número EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en los siguientes artículos, a saber: "PRIMERO. - El territorio del Estado de Yucatán, se divide para su administración judicial en tres Departamento Judiciales. El Primer Departamento Judicial tendrá su cabecera en la Ciudad de Mérida, Yucatán; (...)". "SEGUNDO.- La Jurisdicción Territorial del Primer Departamento Judicial comprende los municipios de: Mérida, Abalá, Acanceh, Baca, Bokobá, Cacalchén, Cansahcab, Celestún, Cenotillo, Chicxulub Pueblo, Chocholá, Conkal, Cuzamá, Dzemul, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Dzilam González, Dzoncauich, Halacho, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Hunucmá, (.) La cabecera del Primer Departamento, será la Ciudad de Mérida, Yucatán y comprende los siguientes municipios: Mérida, Hunucmá y Ucú. A su vez, el Primer Departamento se subdivide en regiones siendo la primera con sede en Progreso, Yucatán y comprende: el municipio de Progreso. La segunda región con sede en Umán, comprende: Umán, Abalá, Celestún, Chocholá, Halacho, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Opichén, Samahil y Tetiz. "SEXTO.- Los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, tiene jurisdicción en los Municipios de Mérida, Hunucmá y Ucú y conocerán en primera instancia de todos los asuntos civiles, y en el ámbito de su jurisdicción". - "SÉPTIMO. - El Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán, conocerá de asuntos en materia civil, mercantil y familiar, teniendo jurisdicción en los municipios de Umán, Abala, Celestún, Chocholá, Halacho, Kinchil, Kopomá, Maxcanú, Muna, Opichén, Samahil y Tetiz". (énfasis propio). En tal contexto, si bien en el caso particular no se actualiza la regla de sometimiento expreso, en atención al objeto y esencia del contrato de donación (sic) en la que se sustenta la pretensión de la parte actora, que lo es la disolución de la copropiedad respecto de los predios adquiridos a través de dicho acto traslativo de dominio, ni se configura el sometimiento tácito al haberse opuesto la presente excepción; sin embargo, conforme a las reglas competenciales establecidas en los citados artículos 73, fracción III y 74 ambos del Código Adjetivo de la Materia, se deduce: que en los casos donde coexista pluralidad ya sea porque el deudor y/o demandado como indistintamente puede señalarse a la persona en contra de quien se ejercite la acción, tiene varios domicilios, o bien, porque tratándose de una acción real, las cosas o los bienes se encuentran ubicados en distintos lugares, o en su caso, tal como acontece en este estudio, porque se actualizan ambos supuestos, la competencia territorial quedará no solamente circunscrita o restringida a esos espacios geográficos sino que además surtirá a favor de la autoridad del lugar donde el actor haya acudido primeramente. Entonces, en atención a que en la especie existe pluralidad en ambos supuestos, pues, por una parte, se da la circunstancia de que en el juicio pretendido, son dos las personas demandadas con domicilios en distintos estados, ya que en el caso del hoy excepcionista Gabriel Manzanilla Naim, su vivienda se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán, tal como se advierte del acta circunstanciada de la diligencia de notificación que le fue realizada el catorce de marzo del presente año, en tanto que el domicilio de su codemandado, señalado para tal fin, se localiza en Irapuato, Guanajuato, lugar al que, al dictarse el auto admisorio de demanda, esto es el veintidós de febrero último, se ordenó girar exhorto para que por conducto de la autoridad competente de dicha entidad pueda cumplimentarse la diligencia respectiva. Y por la otra parte, concurre la situación de que los bienes en litigio, tal como se ha mencionado anteriormente, se encuentran asentados en los distintos municipios de Mérida, Chocholá y Hunucmá; resulta por demás irrebatible que en el caso concreto, la competencia territorial quedó demarcada, limitada o dividida entre los órganos jurisdiccionales del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida o en Umán, cuya determinación estaba supeditada a la voluntad de la parte actora de elegir ante qué autoridad someter su reclamación. Siendo que, al presentar esta última su escrito inicial de demanda ante la mencionada Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con sede en Mérida, ejerció su derecho a ello. Por lo tanto, este órgano de revisión declara que en la especie no existe conflicto competencial por razón de territorio como planteó el demandado, toda vez que con fundamento en el artículo sexto del Acuerdo General EX07-110331-03 anteriormente citado, la Jueza Tercera Civil en turno, sí tiene potestad para ejercer su función judicial dentro del municipio de Mérida, por ser este, la cabecera del Primer Departamento Judicial del Estado, mismo que comprende dos de los municipios donde se localizan respectivamente los predios 1 y 3 cuya copropiedad se pretende separar, siendo estos, Mérida y Hunucmá. Sin que incida en esta declaratoria lo argumentado por el aquí excepcionista, en el sentido de que el predio 2 ubicado en Chocholá, se encuentra fuera de la jurisdicción de la Jueza Tercera Civil en turno, dado que por disposición expresa del artículo 74 del Código Adjetivo de la Materia, cuando se trate de una acción real, y las cosas o los bienes se encuentren ubicados en distintos lugares, surtirá a favor del Juez o Jueza del lugar donde la parte actora haya acudido primeramente, a presentar su demanda; lo que se traduce en un derecho que tiene esta última, de elegir ante que órgano jurisdiccional de los sitios, que delimitaron la jurisdicción y competencia de los mismos, someter su demanda. Por otro lado, no obstante haber clarificado qué en el asunto de que se trata, no existe razón válida para declinar la competencia a favor de otro órgano jurisdiccional por cuestión territorial, este Tribunal de Alzada con fundamento en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, relativo a la Competencia en razón de materia, que a la letra dice "Los juzgados de primera instancia serán competentes conocer en materia civil, familiar, mercantil, penal o de justicia para adolescentes en términos de la legislación aplicable. Podrá haber juzgados de primera instancia que conozcan de más de una materia. Tendrán la facultad de aplicar normas generales y leyes en materia civil, familiar, mercantil, de justicia para adolescentes, penal y en los asuntos de carácter federal, cuando expresamente las leyes, convenios y acuerdos que resulten aplicables, le confieran jurisdicción.", reafirma que la Jueza en turno, es competente para continuar conociendo hasta determinar lo conducente respecto a la materia que constituye el asunto, bajo los ordenamientos civiles de su especialidad, en atención a las consideraciones siguientes: --- Del estudio preliminar, se colige que la acción pretendida por la parte actora, desde su origen reviste de una naturaleza civil, ello se apunta, por cuanto la propiedad compartida entre las partes -hoy contendientes- respecto de los inmuebles comprometidos, se acredita con el contrato de referencia el cual está regulado por el Código Civil del Estado, misma legislación local que en su artículo 680 determina que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen proindiviso a varias personas, a quienes, paralelamente el propio legislador, salvaguardó el derecho de los copropietarios de poder liberarse de esa unión, a través de los supuestos normativos contenidos en los artículos 681.- "Los que por cualquier título tienen el dominio legal de una cosa, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso, sino en los casos en que por la misma naturaleza de las cosas o por determinación de la ley, el dominio es indivisible". Y 682.- Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes no convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados". Encontrándose en dichos artículos el sustento jurídico de la petición de disolución de copropiedad pretendida por las demandantes, cuyas disposiciones normativas y demás relativas se pueden observar en el Libro Segundo intitulado "De la Posesión y Propiedad de los Bienes", en el Titulo Tercero, denominado De la Propiedad, Capítulo II, señalado De la Copropiedad. De ahí, que corresponda a un Juez o Jueza de la misma naturaleza que reviste la acción que impulsa la demanda, aplicar el referido Código Sustantivo de la Materia, dada su especialidad y competencia para ello. Siendo que, de conformidad con el artículo 147 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la Oficialía encargada asignó la gestión número 756/2022 relativa al juicio ordinario civil pretendido, al Juzgado que en turno correspondió conocer, siendo este el Tercero Civil, cuya titular como rectora del juicio de referencia, está facultada para sujetar el trámite de este, a las reglas procedimentales establecidas en el Libro Segundo denominado De la Jurisdicción Contenciosa, Titulo Segundo denominado "Del Juicio Ordinario", Capitulo Único relativo a la Tramitación del Juicio, conforme al citado numeral 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. En suma de todo lo anterior, este órgano de revisión estima correcta la asignación del asunto hecha a favor de la Jueza del conocimiento, conforme al turno, materia, territorio y fuero, este último, toda vez que la controversia planteada no se rige por una ley federal ni compromete una cuestión de orden público por cuanto ninguna de las partes en litigio, es parte de la Federación." Esto es, para declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria por razón de territorio que hizo valer la aquí parte quejosa, la Sala responsable estableció que conforme a las reglas competenciales establecidas en los citados artículos 73, fracción III y 74 ambos del Código Adjetivo de la Materia, en los casos donde coexista pluralidad de demandados con varios domicilios o bien, tratándose de una acción real, los bienes se encuentran ubicados en distintos lugares, la competencia territorial surtirá a favor de la autoridad del lugar donde el actor haya acudido primeramente. Por lo que en atención a que en la especie, se da la circunstancia de que son dos las personas demandadas con domicilios en distintos estados, ya que en el caso del hoy excepcionista Gabriel Manzanilla Naim, su vivienda se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán, en tanto que el domicilio de su codemandado, se localiza en Irapuato, Guanajuato; y por otra parte, concurre la situación de que los bienes en litigio, se encuentran asentados en distintos municipios de esta entidad, concretamente, en Mérida, Chocholá y Hunucmá; la competencia territorial quedó demarcada, limitada o dividida entre los órganos jurisdiccionales del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida o en Umán, cuya determinación estaba supeditada a la voluntad de la parte actora de elegir ante qué autoridad someter su reclamación. Siendo que, al presentar esta última su escrito inicial de demanda ante la mencionada Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con sede en Mérida, ejerció su derecho a ello. Por lo que la Sala responsable, concluyó que en la especie no existe conflicto competencial por razón de territorio como planteó el demandado, toda vez que con fundamento en el artículo sexto del Acuerdo General EX07-110331-03, la Jueza Tercera Civil en turno, sí tiene potestad para ejercer su función judicial dentro del municipio de Mérida, por ser este, la cabecera del Primer Departamento Judicial del Estado, mismo que comprende dos de los municipios donde se localizan respectivamente los predios 1 y 3 cuya copropiedad se pretende separar, siendo estos, Mérida y Hunucmá. Agregando, que el hecho de que el predio 2 ubicado en Chocholá, se encuentre fuera de la jurisdicción de la Jueza Tercera Civil en turno, no incide en la competencia de ella, dado que por disposición expresa del artículo 74 del Código Adjetivo de la Materia, cuando se trate de una acción real, y las cosas o los bienes se encuentren ubicados en distintos lugares, surtirá a favor del Juez o Jueza del lugar donde la parte actora haya acudido primeramente, a presentar su demanda. Dicha resolución constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, en principio, se examinarán las infracciones de índole formal aducidas por la parte impetrante del amparo, por ser su estudio de orden preferente, atento a la técnica jurídica que rige en el juicio de amparo, comenzando por las que hizo valer en el segundo de sus conceptos de violación, consistente en que la autoridad responsable con la emisión del acto reclamado vulnera en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues alega que existe una indebida fundamentación y motivación en la emisión de la resolución reclamada, pues a su decir resulta aplicable el artículo 73 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles del Estado y el Acuerdo General número EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura Federal del Estado, cuyas partes conducentes transcribió. Es infundado dicho motivo de inconformidad, pues contrario a lo señalado por la quejosa, de un análisis del acto reclamado se advierte que el mismo cumple con la debida fundamentación y motivación legal que todo acto de autoridad debe contener, conforme lo dispone el referido artículo 16 Constitucional, ya que la responsable expresó los razonamientos jurídicos y lógicos que la llevaron a emitir dicha determinación, citando los preceptos en que apoyó sus razonamientos; de ahí que la Sala responsable sí señaló con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causa inmediatas que tomó en cuenta para el pronunciamiento del acto reclamado, existiendo adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, que es lo que patentiza la fundamentación y motivación que todo acto de molestia debe reunir. Apoya lo anterior la jurisprudencia 260, visible a foja 175, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Además, la Sala responsable para emitir su resolución tomó en consideración los agravios que hizo valer el excepcionista, hoy quejoso, dando contestación a los mismos, declarando improcedente la excepción de incompetencia opuesta, al considerar que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, sí resultaba competente para conocer del juicio ordinario de disolución de copropiedad y venta de dos de ellos, conforme a las reglas competenciales establecidas en los citados artículos 73, fracción III y 74 ambos del Código Adjetivo de la Materia, ya que en la especie son dos las personas demandadas con domicilios en distintos estados y los bienes en litigio se encuentran asentados en distintos municipios de esta entidad, y que al presentar la actora su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con sede en Mérida, la competencia territorial surtió a favor de la nombrada Juez a quien por razón de turno le correspondió conocer del juicio. Por lo que no se advierte vulneración alguna en sus derechos fundamentales de debido proceso legal y de legalidad contemplados en los numerales 14 y 16 constitucionales. Por otra parte, en su primer concepto de violación, la quejosa alega, en esencia, que la resolución emitida violenta su derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 Constitucional, así como en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanas, toda vez que se ve obligada a estar como parte en un procedimiento seguido ante una autoridad que no es competente para conocer del juicio ordinario civil de disolución de copropiedad del predio "T-CHEENMEN" CONSTITUIDO POR LOS TABLAJES CATASTRALES MARCADOS CON NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, ubicados en CHOCHOLÁ, YUCATÁN. Tales argumentos se estiman inoperantes, toda vez que la parte quejosa no controvirtió todas las consideraciones que llevaron a la Sala responsable a declarar improcedente la excepción de competencia planteada, como lo es que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, resultaba competente para conocer del juicio ordinario de disolución de copropiedad y venta de dos de ellos, conforme a las reglas competenciales establecidas en los citados artículos 73, fracción III y 74 ambos del Código Adjetivo de la Materia, ya que en la especie son dos las personas demandadas con domicilios en distintos estados y los bienes en litigio se encuentran asentados en distintos municipios de esta entidad, y que al presentar la actora su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, con sede en Mérida, la competencia territorial surtió a favor de la nombrada Juez. Esto es, no dijo nada respecto a que si los bienes en litigio se encuentran asentados en distintos municipios de esta entidad el Juez competente para conocer del mismo es el del lugar de ubicación de cualquiera de ellos, como lo sostuvo la Sala en la resolución reclamada y fundamentó en el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que dispone: "Artículo 74.- Si las cosas objeto de la acción real fueren varias, y estuvieren ubicadas en distintos lugares, será Juez competente el del lugar de la ubicación de cualquiera de ellas, a donde primero hubiere ocurrido el demandante (.)." Sino únicamente se limito a manifestar que por el hecho de que el predio denominado "T-CHEENMEN" CONSTITUIDO POR LOS TABLAJES CATASTRALES MARCADOS CON NÚMERO NOVECIENTOS SETENTA Y UNO Y NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, está ubicado en CHOCHOLÁ, YUCATÁN, el juez competente para conocer del mismo es el del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán. En efecto, respecto a que cuando como en el caso las cosas objeto de la acción real son varias, y están ubicadas en distintos lugares, es Juez competente el del lugar de la ubicación de cualquiera de ellas, a donde primero hubiere ocurrido el actor, como en el caso aconteció, en el que la parte actora en el juicio natural, aquí tercero interesada, compareció ante el Juez de esta ciudad de Mérida, a entablar la demanda, razón por la cual la Sala responsable reconoció la competencia de la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, para conocer del juicio ordinario civil de disolución de copropiedad y venta, declarando en consecuencia la improcedencia de la excepción opuesta. La aquí parte quejosa no hizo manifestación alguna al respecto, razón por la que se reitera sus conceptos de violación resultan inoperantes. Por tal motivo, si el quejoso no combatió todos los argumentos que conllevaron a la Sala responsable a considerar infundados los agravios ante ella formulados, es evidente que tales conceptos de violación a la postre, resultan inoperantes y no pueden ser analizados. Además, si bien es cierto que nuestro Tribunal Supremo ha establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el motivo por el cual estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. De ahí que se califiquen como inoperantes esos conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, ya que con tales argumentos no ataca frontalmente los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En consecuencia, al resultar infundados, por una parte, e inoperantes, por otra, los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Gabriel Manzanilla Naim, en contra de los actos atribuidos a la Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, por las razones señaladas en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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