Gabriel Jaime Fraga Rangel

Expediente 1054/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1054/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Gabriel Jaime Fraga Rangel

Actuaciones

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del nueve al quince de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa y autorizados, el acuerdo y/o resolución de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de uno de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, transcurrió del nueve al quince de octubre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    ...MORELIA, MICHOACÁN, UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Vista la demandada de amparo promovida por ***, por derecho propio y en cuanto representante legal de su menor hija de iniciales ***, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito de Violencia Familiar y de Género, Región Morelia, de la que se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: ***...No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia... Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior"...De la interpretación literal del precepto transcrito se advierte la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos u omisiones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, contra actos u omisiones de autoridades administrativas, con la condición de que causen un agravio no reparable a través de algún medio de defensa legal...Interpretada en sentido contrario esta primera parte del artículo, se puede deducir que el juicio de amparo será improcedente cuando el acto administrativo cause un agravio reparable a través de algún medio de defensa legal, lo cual lleva implícito el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, consistente en agotar los medios ordinarios de defensa, previo a la promoción de la instancia constitucional...Esto es, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a tales ordenamientos se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a través de la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con iguales alcances que los previstos en la norma reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los en ella consignados para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley...En este punto, es menester asentar que el principio en mención tiene como finalidad restringir la procedencia del juicio de amparo, atribuyéndole el carácter de una instancia extraordinaria; por ende, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia de ese procedimiento que, en México, es un pilar básico para la protección de los derechos humanos, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este principio supone el agotamiento o ejercicio previo de todos los recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado, a fin de que sea modificado, revocado o nulificado, de modo que si existiendo dicho medio ordinario de defensa no lo interpone el quejoso, previo a la promoción del juicio, el amparo deviene improcedente por carecer de definitividad. En ese sentido, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que esas cuestiones sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Lo anterior obedece al régimen federal del Estado Mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno, lo cual permite perfeccionar los actos judiciales, que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos respectivos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias. Así pues, ese principio como presupuesto de procedencia del juicio de amparo implica que, antes de acudir a dicho juicio, además de agotar los recursos ordinarios, éstos sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate y cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Ahora bien, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hizo consistir en:*** En relación con lo anterior, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dice: "Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Como se puede advertir, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el control judicial de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; acudiendo ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas dichas resoluciones, quien decidirá en definitiva al respecto. Asimismo, el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, establece el derecho de la víctima u ofendido a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora de los delitos, así como las determinaciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. De todo lo anterior se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar, entre otras, las determinaciones de no ejercicio de la acción penal emitidas por el Ministerio Público, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el aludido precepto legal prevé un medio de defensa para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil determine si la actuación del Ministerio Público está legalmente justificada o no. De esta manera, contra la resolución que emita la autoridad judicial rectora, la víctima u ofendido podrá promover el juicio de amparo indirecto, en virtud de que la decisión del Juez de Control no admite recurso ordinario alguno. En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido por los artículos 16, párrafo décimo cuarto, 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. La finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Es necesario enfatizar que la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene diversas finalidades, de entre las que podemos destacar dos. La primera consiste en que -generalmente- la investigación que realice el Ministerio Público en la fase preliminar, pueda ser supervisada por el Juez de Control, pues esa fue la intención del constituyente permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, esto es, que dicho juzgador resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. La segunda finalidad consiste en que los asuntos derivados del Sistema Penal Acusatorio deben ser resueltos de forma expedita y en breve término. Por ello, la posibilidad de que la víctima u ofendido impugnen las determinaciones del no ejercicio de la acción penal, entre otras, ante el Juez de Control, representa un beneficio para éstos, en virtud de que en una audiencia la autoridad judicial debe resolver la conducente, sujetándose al plazo establecido para tal efecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es así, porque con ello se busca indefectiblemente recuperar la eficacia del proceso ordinario como garante de derechos fundamentales, al generar en tiempo real y directamente el desarrollo del procedimiento, con la opción de controvertirlo de manera inmediata, lo que hace que el amparo indirecto se convierta en ese medio extraordinario que debe agotarse sólo como caso excepcional. De ahí que, debe concluirse que la determinación del no ejercicio de la acción penal, así como los actos omisivos del Ministerio Público en la etapa de investigación, debe ser impugnada por la víctima u ofendido, ante el Juez de Control, a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, si la parte quejosa no lo hizo así, ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Por otro lado, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables, por lo que el medio de defensa antes mencionado es el idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, no obstante que el precepto legal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establezca un término para la interposición de ese medio de impugnación, pues atendiendo al principio de certeza jurídica, tales actos deben impugnarse por la víctima u ofendido, dentro del plazo de diez días, contados a partir de que tengan conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora, en aras de contribuir con el trámite y resolución ágil del procedimiento penal. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de amparo y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo...Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la calle *****, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a ***, así como para imponerse de autos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo...En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales...Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa Aleida Olvera Figueroa, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata, en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (fojas 304 a 311), emitida por la Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Aleida Olvera Figueroa, para el efecto de que las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizaran lo siguiente: ".Se deje insubsistente la orden de realizar las anotaciones de dieciocho de abril de dos mil doce y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, sobre el inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán, número ciento quince, en Maravatío, Michoacán, derivadas del juicio ordinario familiar de divorcio 433/2012; reclamadas al Juez Segundo Civil de Primera Instancia de Maravatío, Michoacán. La concesión se hace extensiva respecto de la ejecución de tales inscripciones, al no reclamarse por vicios propios. Esto es, la concesión es para que se deje a salvo el derecho de posesión jurídica que la quejosa ejerce sobre ese bien raíz. .". (foja 310). 2) En auto de veintinueve de julio de dos mil diecinueve se declaró ejecutoriada la sentencia y, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió su cumplimiento a las responsables Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad (fojas 335 a 339). 3) Mediante oficios números 1337, 1429 y 1623, recibidos en este órgano jurisdiccional los días dieciséis y veintisiete de agosto, y veinte de septiembre del presente año, el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Michoacán, remitió copias simples y certificadas del proveído pronunciado el quince de agosto de esta anualidad, pronunciado en el juicio ordinario familiar 433/2012, de su índice, a través del cual ordenó al Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado, con sede en esta ciudad, procediera a la cancelación de las inscripciones ordenadas los días dieciocho de abril de dos mil doce y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, sobre el bien inmueble ubicado en la calle Aquiles Serdán, número 115, de Maravatío, Michoacán, así como copias certificadas de las constancias remitidas por el aludido Director Del Registro Público, relativas a la cancelación realizada respecto de las anotaciones antes mencionadas (fojas 343, 346 a 355 y 393 a 434). 4) Asimismo, mediante oficio número RPP/DAT/4149/2019, presentado el nueve de septiembre del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de las constancias que acreditan que dejó insubsistentes las anotaciones de dieciocho de abril de dos mil doce y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, relativas al inmueble ubicado en calle Aquiles Serdán, número 115, en Maravatío, Michoacán (fojas 358 a 389). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que las autoridades responsables el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil en Maravatío, Michoacán y Director del Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado, con residencia en esta ciudad, dejaron insubsistentes las anotaciones de dieciocho de abril de dos mil doce y veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, relativas al inmueble ubicado en calle Aquiles Serdán, número 115, en Maravatío, Michoacán, de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria de que se trata. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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