Gabriel Eduardo Velazquez Muñoz

Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 66 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2021
Año
2021
Actuaciones
66
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Gabriel Eduardo Velazquez Muñoz
  • Luis Ángel Román López
  • Todas las Partes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 66.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Alejandro Rigoberto Hernández Ríos; atento a su contenido, se provee: En relación con su petición en el sentido de que se decrete que la sentencia emitida en el presente asunto causó estado; deberá estar al proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, se determinó que la sentencia autorizada el treinta y uno de enero del citado año, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento, el cual, en diverso proveído de once de abril de este año, se estimó que quedó satisfecho. Por cuanto hace a las copias certificadas que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa y entréguense a las personas que autoriza para tal efecto, previa razón que de su recibo se agregue a los autos para debida constancia. Por otra parte, respecto de la solicitud del promovente de que se "ordene la reparación del daño ocasionado", no se acuerda de conformidad por lo siguiente: El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales." De lo transcrito se advierte, en lo que trasciende, que los efectos del amparo, de acuerdo con las particularidades del acto reclamado, son la de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, sin tener el alcance de declarar "víctimas" a los impetrantes de la protección federal por el sólo hecho de haberse decidido que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales y que haga procedente alguna "reparación del daño". En el escrito de cuenta, el promovente solicita que se ordene la reparación del daño ocasionado, en virtud de lo que "le fue ocasionado por la responsable" y, en consecuencia, se fije a favor del impetrante una compensación económica. Sin embargo, es pertinente indicar que sobre el tópico en análisis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 706/2015, determinó que si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que dicha disposición establece que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad ". se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y adicionalmente, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."; el juicio de amparo no es la vía idónea para reclamar compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos. Lo anterior, porque el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en esas condiciones adopta una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el de amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales en todo caso deben determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Mayor aun que -dijo el Máximo Tribunal- una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador, lo que es materia de análisis en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto. Por lo que, concluyó, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental, y se establezca la medida de restitución prevista en el artículo 77 de la Ley de Amparo (restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación), la parte quejosa se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por las razones expuestas, resulta improcedente lo solicitado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Finalmente, agréguese únicamente a las actuaciones el acuerdo firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el que remite el oficio signado por el Director del Centro de Prevención y Reinserción Social "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; ello, toda vez que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año, se tuvo por cumplida dicho fallo protector, y se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Alejandro Rigoberto Hernández Ríos; atento a su contenido, se provee: En relación con su petición en el sentido de que se decrete que la sentencia emitida en el presente asunto causó estado; deberá estar al proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, se determinó que la sentencia autorizada el treinta y uno de enero del citado año, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento, el cual, en diverso proveído de once de abril de este año, se estimó que quedó satisfecho. Por cuanto hace a las copias certificadas que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa y entréguense a las personas que autoriza para tal efecto, previa razón que de su recibo se agregue a los autos para debida constancia. Por otra parte, respecto de la solicitud del promovente de que se "ordene la reparación del daño ocasionado", no se acuerda de conformidad por lo siguiente: El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales." De lo transcrito se advierte, en lo que trasciende, que los efectos del amparo, de acuerdo con las particularidades del acto reclamado, son la de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, sin tener el alcance de declarar "víctimas" a los impetrantes de la protección federal por el sólo hecho de haberse decidido que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales y que haga procedente alguna "reparación del daño". En el escrito de cuenta, el promovente solicita que se ordene la reparación del daño ocasionado, en virtud de lo que "le fue ocasionado por la responsable" y, en consecuencia, se fije a favor del impetrante una compensación económica. Sin embargo, es pertinente indicar que sobre el tópico en análisis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 706/2015, determinó que si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que dicha disposición establece que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad ". se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y adicionalmente, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."; el juicio de amparo no es la vía idónea para reclamar compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos. Lo anterior, porque el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en esas condiciones adopta una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el de amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales en todo caso deben determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Mayor aun que -dijo el Máximo Tribunal- una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador, lo que es materia de análisis en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto. Por lo que, concluyó, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental, y se establezca la medida de restitución prevista en el artículo 77 de la Ley de Amparo (restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación), la parte quejosa se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por las razones expuestas, resulta improcedente lo solicitado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Finalmente, agréguese únicamente a las actuaciones el acuerdo firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el que remite el oficio signado por el Director del Centro de Prevención y Reinserción Social "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; ello, toda vez que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año, se tuvo por cumplida dicho fallo protector, y se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    NO ATENDIO AL AVISO SE NOTIFICA POR LISTA ELECTRÓNICA Y DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, Alejandro Rigoberto Hernández Ríos; atento a su contenido, se provee: En relación con su petición en el sentido de que se decrete que la sentencia emitida en el presente asunto causó estado; deberá estar al proveído de dos de marzo de dos mil veintitrés, en el que, entre otras cosas, se determinó que la sentencia autorizada el treinta y uno de enero del citado año, causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento, el cual, en diverso proveído de once de abril de este año, se estimó que quedó satisfecho. Por cuanto hace a las copias certificadas que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa y entréguense a las personas que autoriza para tal efecto, previa razón que de su recibo se agregue a los autos para debida constancia. Por otra parte, respecto de la solicitud del promovente de que se "ordene la reparación del daño ocasionado", no se acuerda de conformidad por lo siguiente: El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales." De lo transcrito se advierte, en lo que trasciende, que los efectos del amparo, de acuerdo con las particularidades del acto reclamado, son la de restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, sin tener el alcance de declarar "víctimas" a los impetrantes de la protección federal por el sólo hecho de haberse decidido que el acto reclamado es violatorio de derechos fundamentales y que haga procedente alguna "reparación del daño". En el escrito de cuenta, el promovente solicita que se ordene la reparación del daño ocasionado, en virtud de lo que "le fue ocasionado por la responsable" y, en consecuencia, se fije a favor del impetrante una compensación económica. Sin embargo, es pertinente indicar que sobre el tópico en análisis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 706/2015, determinó que si bien la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ha interpretado el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que dicha disposición establece que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad ". se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados, y adicionalmente, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada."; el juicio de amparo no es la vía idónea para reclamar compensaciones económicas, por vulneración de derechos humanos. Lo anterior, porque el juicio de amparo es un proceso constitucional de carácter sumario cuya finalidad exclusiva es restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y en esas condiciones adopta una posición adversa a la posibilidad de que los Jueces decreten compensaciones económicas a cargo de la autoridad responsable como medidas de reparación. Desde esta perspectiva, una sentencia estimatoria de amparo no prejuzga sobre la responsabilidad civil o administrativa de la autoridad por la realización del acto reclamado, además de que un procedimiento sumario, como el de amparo, resultaría inadecuado para establecer los presupuestos de esa responsabilidad, los cuales en todo caso deben determinarse en procesos ordinarios que tengan esa finalidad. Mayor aun que -dijo el Máximo Tribunal- una compensación económica sólo puede decretarse una vez establecidos los presupuestos de los juicios de atribución de responsabilidad: la realización de una acción u omisión que cumpla con algún factor de atribución (subjetivo u objetivo); la actualización de un daño; y la existencia de una relación causal entre el daño experimentado por la víctima y la acción u omisión del agente dañador, lo que es materia de análisis en los juicios de responsabilidad civil o responsabilidad patrimonial del Estado a través de acciones específicas creadas para ese efecto. Por lo que, concluyó, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental, y se establezca la medida de restitución prevista en el artículo 77 de la Ley de Amparo (restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación), la parte quejosa se encuentra facultada para acudir ante las autoridades competentes y por las vías legalmente establecidas, para obtener los restantes aspectos de una reparación integral. Por las razones expuestas, resulta improcedente lo solicitado por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (...) Finalmente, agréguese únicamente a las actuaciones el acuerdo firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con sede en Villa Aldama, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), por el que remite el oficio signado por el Director del Centro de Prevención y Reinserción Social "La Toma", municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; ello, toda vez que mediante acuerdo de nueve de marzo de este año, se tuvo por cumplida dicho fallo protector, y se ordenó el archivo del presente juicio. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

  4. Incidental

    Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable, se estima que la ejecutoria SE ENCUENTRA CUMPLIDA en su totalidad, sin excesos ni defectos. Se afirma lo anterior, pues de la lectura integral de las constancias y el disco de audio y video remitidos por el referido Juez, se observa que, en principio, dejó insubsistente la resolución de control de legalidad de detención de seis de septiembre de dos mil veintiuno; y con plenitud de jurisdicción, emitió una nueva, purgando los vicios formales que la afectaban, en la que, conforme a los datos de prueba aportados en autos, decretó la ilegalidad de la detención del quejoso, al no haberse justificado la flagrancia, así como una sospecha razonable que originara su detención; y también dejó insubsistentes, el auto de vinculación a proceso de siete siguiente y la de imposición de medida cautelar de cinco de mayo de dos mil veintidós, emitidos en el proceso penal 409/2021, única y exclusivamente por lo que se refiere a Gabriel Eduardo Velázquez Muñoz, por su probable participación en la comisión del delito de posesión de marihuana. Por tanto, dado que la autoridad en mención cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; en consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. La parte quejosa, en el escrito presentado el veintisiete de marzo de este año, por el que desahogó la vista respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, manifestó, en esencia, su conformidad con la resolución de la autoridad responsable; en relación con ello, deberá estar a lo acordado en líneas precedentes. Por otro lado, como lo solicitó en el escrito referido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que menciona, y hágase entrega a las personas que autoriza para tal efecto, dejando razón de su recibo en autos para debida constancia. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que el expediente principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio de amparo, una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto, es susceptible de depuración conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno ORIGINAL del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al DUPLICADO del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, se ordena devolver al Juez responsable, los discos de videograbación que remitió como justificación de su informe, al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese, personalmente al quejoso, al tercero interesado Luis Ángel Román López y agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito; por lista a los terceros interesados Eduardo Antonio García Alonso, Eduardo Herrera Zavala y Santiago García López; y por oficio a las demás partes.

Quedan 62 actuaciones en este expediente

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