Gabriel Camarillo Pérez
Expediente 830/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 41 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 08/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriel Camarillo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz, atento a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 3842/2022, por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el catorce de febrero del año en curso. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado a recibir el billete de depósito número N 910416, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Finalmente, devuélvase a la licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Titular de la Sala 1), con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistentes en copias los discos de audio y video deducidos del proceso penal 141/2015, al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz, atento a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 3842/2022, por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el catorce de febrero del año en curso. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado a recibir el billete de depósito número N 910416, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Finalmente, devuélvase a la licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Titular de la Sala 1), con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistentes en copias los discos de audio y video deducidos del proceso penal 141/2015, al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR LISTA DE ESTRADOS, ASÍ COMO EN UNA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,EL AUTO QUE DICE: Agréguese a sus autos el telegrama remitido por el Jefe de la Oficina de Apoyo Legal por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial con sede en Xalapa, Veracruz, atento a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 3842/2022, por medio del cual se le notificó la sentencia dictada el catorce de febrero del año en curso. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el catorce de febrero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión por una parte SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa para que comparezca ante este juzgado a recibir el billete de depósito número N 910416, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $3,100.00 (tres mil cien pesos, cero centavos moneda nacional), lo que deberá realizar dentro del término de dos años que establece para ello el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación; apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se prescribirá tal garantía a favor del Erario Federal, esto con fundamento en lo previsto en el artículo citado. Finalmente, devuélvase a la licenciada María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Titular de la Sala 1), con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistentes en copias los discos de audio y video deducidos del proceso penal 141/2015, al resultar innecesaria su conservación. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, Doctora en Derecho María Andrea García Zavaleta, Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral (Titular de la Sala 1), en representación de los titulares de las Salas 2, 3 y 4 (autoridades 1- 3- 4), con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y 6. Fiscal Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con residencia en Xalapa, Veracruz; así lo manifestaron expresamente al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa desvirtuara tales negativas. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables, en su denominación correcta, 2. Doctora en Derecho María Andrea García Zavaleta, Titular de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz y 7. Fiscal Decimo Especializado en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en Xalapa, consistentes en la emisión de la orden de aprehensión en contra del quejoso Gabriel Camarillo Pérez, dentro del proceso penal 141/2015, y su ejecución, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Cabe indicar, además, que la certeza de dichos actos se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 141/2015, y con los discos versátiles digitales remitidos por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 205, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Lo anterior, acorde a lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción 1a./J.43/2013, consultable en la página 703, del Libro XXIII, correspondiente al mes de agosto de dos mil trece, tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Por otra parte, también son ciertos los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables, 5. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; 8. Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; 9. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad; 10. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro- Córdoba, con sede en esta ciudad; 12. Encargado de la Jefatura de Detectives de Cuitláhuac, Veracruz, pues no obstante que negaron su existencia, las autoridades ordenadoras precisadas en líneas que anteceden, aceptaron los actos que se les atribuyen, por lo que lo procedente es hacer extensiva esa existencia a los actos de ejecución; máxime si por la naturaleza de las funciones que desempeñan están facultadas para ejecutar los actos reclamados a las ordenadoras. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte -de oficio que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en el procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." En el asunto que nos ocupa, se reitera, el peticionario de amparo reclama de la 2. Doctora en Derecho María Andrea García Zavaleta, Titular de la Sala 1 del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, la orden de aprehensión emitida el trece de noviembre de dos mil dieciocho, en su contra, en el proceso penal 141/2015, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del Servicio Público y la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Cuitláhuac, Veracruz; y su ejecución. Sin embargo, mediante oficio recibido el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, la citada Juez de Control y Enjuiciamiento, remitió un disco de videograbación relativo al proceso penal 141/2015, que contiene la audiencia celebrada el once de noviembre del año pasado, en la que -en lo que trasciende- dictó en contra del aquí quejoso, Gabriel Camarillo Pérez, auto de vinculación a proceso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como incumplimiento de un deber legal, cometido en agravio del Servicio Público y la Hacienda Municipal del Ayuntamiento de Cuitláhuac, Veracruz. Disco de videograbación que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido autentificado por un servidor público en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, resulta inconcuso que en la especie cambió la situación jurídica en que se encontraba la impetrante con motivo del acto reclamado, que hace que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada de la resolución de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la citada Juez de Control y Enjuiciamiento, con residencia en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, dentro del proceso penal 141/2015, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad del acto reclamado para dejarlo sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Al respecto, cabe citar la tesis número II.2o.P.20 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 1287, correspondiente al 2, correspondiente al mes de diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia V.2. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados del 5. Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa; 8. Jefe de la Oficina de Apoyo Legal, por acuerdo del Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz; 9. Fiscal Auxiliar del Fiscal Regional Zona Centro Córdoba, con sede en esta ciudad; 10. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial encargado de la Comandancia Regional Zona Centro- Córdoba, con sede en esta ciudad; 12. Encargado de la Jefatura de Detectives de Cuitláhuac, Veracruz, dado que no fueron reclamados por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión impugnada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 50, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. Por las consideración que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1./J. 87/2012 (10.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar, que si bien por acuerdo de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes que para permitir el acceso a información confidencial, se requería de su consentimiento, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información. Ahora bien, de autos se advierte que ninguna de las partes realizó manifestación alguna en relación al acceso a la información confidencial, por lo que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en ese sentido, se tienen por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ***********, respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo, por los fundamentos y motivos expuestos en éstos.
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