Gabriel Omar López López
Expediente 1043/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1043/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gabriel Omar López López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior que no obre el acuse de recibo del oficio. veinticinco de abril de dos mil veintidós, dirigido al Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en su carácter de tercero interesado, toda vez que el sentido de la citada determinación no le causa ningún agravio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse negado la protección constitucional. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el aludido Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable. Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de esta ciudad, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del proceso penal. de su índice administrativo, así como un disco de videograbación, los cuales resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de esta fecha, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en el artículo 2o, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. No obsta lo anterior que no obre el acuse de recibo del oficio. veinticinco de abril de dos mil veintidós, dirigido al Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, en su carácter de tercero interesado, toda vez que el sentido de la citada determinación no le causa ningún agravio. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal y el original del incidente de suspensión, deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, por haberse negado la protección constitucional. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el aludido Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable. Jueza de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIV Distrito Judicial de esta ciudad, con residencia en Congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado, remitió copia certificada del proceso penal. de su índice administrativo, así como un disco de videograbación, los cuales resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 1043/2021, promovido por. contra un acto de la Doctora Paula Morales Marín, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y la autoridad que a continuación se precisan. SEGUNDO. INCOMPETENCIA. Por razón de turno correspondió conocer del asunto al Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, quien por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, lo radicó bajo el número 1011/2021; no obstante, se declaró legalmente incompetente para conocer el mismo, por las razones ahí expuestas; por ende, ordenó remitir los autos a este Juzgado de Distrito. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. En proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, aceptó la competencia planteada y admitió la demanda bajo el número 1043/2021; por ende, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a los terceros interesados y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. El cuatro y catorce de diciembre del referido año,4 se emplazó a los terceros interesados. según consta en el presente sumario. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitará el acto reclamado por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, y de la lectura integral de la demanda de amparo se precisa que aquél consiste en: La resolución de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el proceso penal. en la que la Juez responsable confirmó el auto de veinte de octubre de ese año, en donde se tuvo a la Fiscalía formulando en tiempo y forma acusación en contra de. aquí quejoso. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Doctora Paula Morales Marín, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, precisado en el considerando anterior, así lo manifestó al rendir su informe justificado Lo que además, se corrobora con las copias certificadas de las constancias deducidas del proceso penal. remitidas por la Juez responsable en apoyo a su informe, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada fue notificada personalmente al quejoso, por conducto de su defensor, el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el tres de noviembre, de modo que el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para promover la demanda de amparo, inició el cuatro de noviembre y concluyó el veinticinco de ese mes; ello, sin contar los días seis, siete, trece, catorce, quince, veinte y veintiuno de noviembre, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y 9°, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno;7 entonces, resulta oportuna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto, resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las constancias remitidas por la autoridad responsable en vía de informe, relativas al proceso penal. las cuales cuentan con el valor probatorio antes precisado, a saber. SEXTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado. SÉPTIMO. CUESTIÓN PREVIA. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la citada Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues la resolución reclamada es relativa a la materia penal y el quejoso es el imputado. Por otro lado, es pertinente indicar que el análisis de constitucionalidad del acto reclamado debe realizarse de conformidad con los artículos 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en razón de que la resolución impugnada fue dictada aplicando el sistema penal de corte acusatorio, instrumentado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. OCTAVO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia. NOVENO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo, y alguno de ellos de forma conjunta dada su estrecha vinculación; lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo. Así, en primer término resulta ineficaz el motivo de disenso en el que peticionario de amparo aduce, en esencia, que en el caso no se respetó el debido proceso, por lo siguiente. La ineficacia del planteamiento en análisis radica, esencialmente, en que constituye una repetición casi literal de algunos de los agravios que la impetrante propuso en recurso de revocación. En efecto, al interponer el recurso de revocación contra el auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, el aquí quejoso expuso, literalmente, lo siguiente. De lo transcrito se desprende que los argumentos que formula la parte quejosa a título de concepto de violación resultan ser una reproducción casi literal de algunos de los agravios que a ese respecto formuló en el recurso de revocación de trato, salvo algunas pequeñas diferencias y adecuaciones. Ahora, de la lectura integral de la resolución reclamada en comparación con el motivo de disenso en análisis, se advierte que el impetrante no combate de manera frontal las razones medulares en que la Juez responsable basó su determinación, las que se transcriben a continuación. De ahí que al no combatir tales consideraciones, el motivo de disenso en análisis resulta ineficaz. Es pertinente indicar que, con independencia de lo anteriormente dicho, la decisión de la responsable se estima ajustada a derecho, ya que con base en las constancias que conforman el proceso penal de origen, se concluye que la Fiscalía formuló de manera oportuna su acusación contra el ahora quejoso. Para sustentar lo anterior, es necesario citar los artículos 321, 323, 324 y 325, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen. De la interpretación sistemática de los preceptos transcritos se advierte que. El Ministerio Público debe concluir la investigación complementaria dentro del plazo señalado por el juez de control o antes de que venza el mismo. Transcurrido el plazo fijado para el cierre de la investigación el Ministerio Público deberá declararla cerrada o solicitar su prórroga. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los quince días siguientes deberá: solicitar el sobreseimiento parcial o total; solicitar la suspensión del proceso, o formular acusación. En caso de que el Ministerio Público no asuma alguna de las conductas antes indicadas en el plazo señalado, el Juez de control pondrá el hecho en conocimiento del Procurador o del servidor público en quien haya delegado esta facultad, para que se pronuncie en el plazo de quince días. De no existir pronunciamiento de éste último en el plazo indicado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Ahora, en el caso, de la narrativa de antecedentes de los actos reclamados efectuada en el considerando quinto de esta resolución, se advierte que el Fiscal Quinto de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XIV, con sede en esta ciudad, el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno declaró el cierre de la investigación complementaria y en esa misma fecha lo informó mediante oficio a la Juez de Control. Asimismo, el diecinueve de octubre de ese año, la responsable tuvo por recibido el oficio respectivo; y entre otras cosas estableció que la Fiscalía contaba con el término de quince días para pronunciarse en términos del artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, para solicitar el sobreseimiento parcial o total del proceso, solicitar la suspensión del proceso o formular acusación; plazo que, indicó, fenecía el cuatro de noviembre siguiente. En ese contexto, según las constancias que conforman el sumario natural, específicamente del sello receptor respectivo, se advierte que el escrito de acusación formulado por la fiscalía se presentó el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Por tanto, tal como lo sostuvo la responsable en el acto reclamado, dicha acusación fue oportunamente formulada por la representación social. Es así, en la medida de que la parte quejosa no aportó medio de prueba alguno tendiente a evidenciar que, contra lo que aparece en el proceso de origen, el escrito de conclusiones respectivo hubiere sido presentado en una fecha posterior a la que aparece en el sello receptor y a la en que indicó haberlo recibido la Juez responsable. Ante ello, debe prevalecer la presunción de legalidad y certeza con la que cuenta lo actuado en el juicio natural. Si bien el inconforme sostiene que el plazo para formular la acusación feneció el cinco de octubre de dos mil veintiuno, como se vio, la Fiscalía declaró el cierre de la investigación el dieciocho de dicho mes y año; por tanto, en proveído de diecinueve de ese mes y año, la Juez responsable indicó que a partir de aquélla data empezó a computarse el plazo en mención, mismo que, dijo, fenecía el cuatro de noviembre siguiente; y en autos no consta que el impetrante se hubiere inconformado contra dicha determinación. De ahí la ineficacia de sus manifestaciones. Por otra parte, también resultan ineficaces los conceptos de violación en los que la parte quejosa sostiene toralmente lo siguiente. La ineficacia de dichos motivos de disenso radica, esencialmente, en que se sustentan en una premisa incorrecta, pues la base de tales planteamientos la constituye precisamente el hecho de que, en opinión del quejoso, la Fiscalía formuló de forma extemporánea la acusación; lo que, como se vio, es inexacto, es decir, lo alegado por el inconforme en torno a que la responsable no actuó en los términos establecidos en el artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito en líneas precedentes, resulta ineficaz, pues al tenerse por formulada en tiempo la acusación de la Fiscalía, es evidente que no se materializó en perjuicio del peticionario el contenido de dicho numeral, que se traduce en poner en conocimiento del superior jerárquico del Ministerio Público, su omisión de determinar lo relativo en términos del artículo 324 de dicho ordenamiento, en el plazo de quince días, y que de no existir pronunciamiento de éste último en el plazo indicado, el Juez de control ordenará el sobreseimiento. Además, es pertinente indicar que, contrario a lo manifestado por el quejoso, en el supuesto de que se realice la presentación extemporánea de la acusación, ello no trae como consecuencia inmediata el sobreseimiento, ya que, se insiste, el propio citado artículo 325 del Código Nacional de Procedimientos prevé que fenecido el plazo de quince días previsto por el diverso 324 del citado ordenamiento, el Juez de Control requerirá al Procurador para que se pronuncie al respecto, y sólo en el caso en que no exista manifestación alguna, se declarará el sobreseimiento de la causa. Luego, en atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de toda la resolución reclamada. En tales condiciones, al resultar ineficaces los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. DÉCIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que, en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a. contra el acto reclamado de la Doctora Paula Morales Marín, Jueza de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando noveno de la presente resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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