Gabriel Dominguez Dominguez
Expediente 579/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 24/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Gabriel Dominguez Dominguez
- Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinticuatro de septiembre del año en curso, en la que se NEGÓ el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ********************; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad y Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Zitácuaro, Michoacán, las documentales y registros audiovisuales que remitieron como anexo a sus respectivos informes con justificación, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente; en el entendido que de no hacerlo dentro del término de tres días se deducirá que lo recibió a su entera satisfacción. Finalmente, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DEPURACIÓN, así como el original del cuaderno incidental, no así el duplicado que es destruible, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; pues este juzgado decretó negar el amparo y protección de la justicia federal, asimismo, se hace constar que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
- Principal
VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 579/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE A... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el emplazamiento del agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia respectiva dentro de la causa penal 8/2018 instruida a -, lo anterior para los efectos a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Como del estado de autos se advierte que el veinticuatro de agosto pasado, se solicitó al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en esta ciudad, a efecto de que emplazara al agente del Ministerio Público que intervino en la audiencia respectiva dentro de la causa penal 8/2018 instruida a -, y no obran en autos, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado de dicho proveído remita a este Juzgado Federal las constancias que acrediten el citado emplazamiento, o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello, a efecto de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda; por tanto, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy SE DIFIERE para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese.Así lo acordó y firma el licenciado Zirahuén Duarte Briz, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Rosa María Cortés Guzmán, Secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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